Protección contra Instituto de Previsión Social y de la Superintendencia de Pensiones

C.A. de Santiago Santiago, dos de junio de dos mil veintiséis.

A los folios 97, 98 y 99: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social y de la Superintendencia de Pensiones, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistente en la falta de resolución de su solicitud de pensión de invalidez, lo que vulneraría las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 4, 9, 16, 18 y 26, de la Constitución.

Expone que, desde 2024, fue diagnosticado con distonía cervical, que implica tratamiento kinesiológico, y una serie de remedios para tratarlo, como clonazepam u otros ansiolíticos o relajantes musculares, afectando su desempeño laboral y vida diaria y que el 26 de julio de 2024 fue desvinculado de su empleo en Transbank.

Indica que el 21 de enero de 2025 presentó apelación ante la Comisión Médica Central, impugnación que, a la fecha de la interposición del presente recurso, no había sido resuelta, obteniendo, eso sí, en el intertanto, en febrero de 2025, el certificado de discapacidad física emitido por Compin; adjuntando el certificado de registro nacional de hogares y de asistentes sociales del Hospital San Borja Arriarán y la Fundación Distonía.

Señala que es parte de un grupo familiar integrado por 2 personas en situación de discapacidad y otra adulta mayor, que es su madre, quienes serían todas dependientes de él. Afirma que en causa Rol 8016-2025 del 29° Juzgado Civil de Santiago, se ha intentado practicar una diligencia de embargo en el inmueble donde reside, por una deuda de una tercera persona, quien no vive en ese domicilio. Y, añade que, por su parte, enfrentó una demanda ejecutiva seguida ante el 3° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-8298-2025, la que ha incrementado su precariedad económica y emocional.

Pide que se acoja el presente recurso, ordenando al Instituto de Previsión Social resolver de inmediato su pensión de invalidez y a la Superintendencia de Pensiones y Comisión Médica, que se emita un pronunciamiento técnico ajustado a derecho, sin dilaciones.

Segundo: Que, evacua el informe solicitado doña Carla Huerta Angulo, abogada, en representación del Instituto de Previsión Social (IPS), quien solicita el rechazo total de la acción de protección basándose en las siguientes alegaciones de hecho y de derecho.

En primer lugar, opone la excepción de falta de idoneidad del medio, argumentando que no existe un derecho indubitado en favor del recurrente, puesto que la pretensión de fondo —determinar el cumplimiento de requisitos legales para una pensión de invalidez— excede el ámbito de una acción cautelar de emergencia y debe ventilarse en un juicio declarativo de lato conocimiento.

En cuanto al fondo del asunto, expone que el recurrente se encuentra afiliado a la AFP Provida y que su solicitud de pensión de invalidez, suscrita el 25 de septiembre de 2024, fue rechazada por la Comisión Médica Regional, al no alcanzar el porcentaje mínimo de pérdida de capacidad de trabajo requerida.

Informa, además, que el 21 de enero de 2025 el interesado interpuso un recurso de apelación ante la Comisión Médica Central, el cual se encuentra pendiente de resolución, lo que evidencia que no se ha agotado la instancia administrativa previa.

Adicionalmente, alega la falta de legitimación pasiva de su representada, sosteniendo que el IPS no tiene participación ni injerencia legal en la tramitación o concesión de pensiones de invalidez, bajo el sistema del Decreto Ley N° 3.500, materia que compete exclusivamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Comisiones Médicas y la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente, señala que en sus registros institucionales no constan solicitudes de pensión básica solidaria de invalidez ni de aporte previsional solidario de invalidez asociadas al recurrente, por lo que solicita el rechazo de la acción en todas sus partes, al no existir un acto ilegal o arbitrario imputable al Instituto.

Tercero: Que la Superintendencia de Pensiones evacuó el informe solicitado, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto al fondo, expone que el recurrente inició un proceso de calificación de invalidez el 24 de septiembre de 2024, el cual concluyó mediante el Dictamen de Invalidez N°NUM000 de la Comisión Médica Regional, rechazando la solicitud, por encontrarse sus afecciones en tratamiento. Agrega que, tras el reclamo del actor, la Comisión Médica Central dictó la Resolución CMC N°NUM001, de 23 de enero de 2026, confirmando el rechazo, al no configurarse un menoscabo laboral permanente.

La recurrida sostiene como principal defensa la falta de facultades legales para intervenir en el proceso de calificación técnica indispensable para el éxito del pronunciamiento requerido, citando el artículo 11 del D.L. N°3.500 y los artículos 18, 19 y 37 del D.S. N°57 de 1990, los cuales dotan de autonomía técnica y exclusiva a las Comisiones Médicas, limitando el rol de la Superintendencia a una supervigilancia administrativa y operativa.

Asimismo, aclara la distinción jurídica entre discapacidad de la Ley N°20.422 e invalidez del D.L. N°3.500, argumentando que los certificados de COMPIN obedecen a criterios de inclusión social y no a la pérdida de capacidad de trabajo evaluada en el sistema previsional.

Por lo anterior, afirma que no existe acto arbitrario o ilegal, y que habiéndose resuelto y notificado el reclamo administrativo con anterioridad, el recurso habría perdido oportunidad.

Cuarto: Que, a solicitud de esta Corte, evacúa informe la Comisión Médica Central.

Expone que el recurrente, don nombre reservado, registra una solicitud de calificación de invalidez, suscrita el 24 de septiembre de 2024, ante la Comisión Médica Regional Santiago Centro, la que, previo análisis de los antecedentes aportados y de la evaluación de dos peritos interconsultores de las especialidades de infectología y neurología, rechazó la solicitud, determinando que los impedimentos alegados no se configuraban.

En particular, en cuanto a los argumentos del rechazo por parte de la Comisión antedicha, refiere que se determinó respecto de la evaluación de VIH etapa A-1q invocado, que no se configuraba, debido a que el paciente se encuentra con una terapia antirretroviral adecuada, con éxito virológico, inmunológico y clínico, por lo cual su carga viral es indetectable y su afección se mantiene estable, lo que impide que la enfermedad le provoque un menoscabo laboral. En cuanto a la distonía cervical, argumenta que las normas técnicas exigen agotar toda instancia de tratamiento (terapéutica, quirúrgica o farmacológica) antes de poder configurar un impedimento.

En este caso, el paciente presentó una respuesta parcial, pero importante, al ser tratado con toxina botulínica, pero suspendió dicha rutina por problemas económicos y se encuentra a la espera de manejo en el Hospital San Borja. En consecuencia, al ser una condición susceptible de mejoría médica, la suspensión o espera del tratamiento se interpreta como un tratamiento incompleto, lo que impide legalmente la configuración del impedimento.

Por último, respecto a la patología del manguito rotador descrita por el afiliado, se determinó que evolucionó hacia la mejoría y que, al examen físico, no presentaba ninguna limitación funcional, razón por la cual no fue aceptada.

Afirma haber aplicado de manera estricta el Decreto Ley N°3.500 de 1980, el Decreto Supremo N°57 de 1990 y las "Normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez" vigentes.

Argumenta que, para asignar un porcentaje de menoscabo laboral, la patología debe cumplir obligatoriamente con 5 requisitos técnicos (ser objetivable, demostrable, tener tratamientos agotados o demostrar la falta de acceso mediante peritaje sociolaboral, evolución estabilizada/agravada y periodos de observación cumplidos), por lo que al faltar alguno de ellos, el impedimento se dictamina como "no configurado", aclarando que esto no significa ausencia de enfermedad, sino el incumplimiento de las condiciones técnicas para otorgar una pensión.

Destaca, por último, que se han respetado todas las instancias legales de revisión correspondientes tras la interposición del reclamo del afiliado, y añade que actualmente existe un recurso extraordinario de revisión que aún se encuentra en tramitación.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o carente de razonabilidad, que provoque una afectación actual a los derechos fundamentales protegidos.

Sexto: Que, a partir los antecedentes que obran en estos autos, ha quedado establecido que la solicitud de pensión de invalidez efectuada en septiembre de 2024 por el recurrente, fue resuelta, mediante un pronunciamiento de rechazo de la Comisión Médica, y confirmada mediante Resolución CMC N° NUM001, de 23 de enero de 2026, por la Comisión Médica Central, por cuanto las enfermades alegadas-a juicio de dichas entidades- no configuran un impedimento, a la data de evaluación, que provoque menoscabo laboral permanente.

Asimismo, consta que, en contra de la dilación en resolver la solicitud de invalidez por parte de la Comisión Médica Central, el actor reclamó ante la Superintendencia, lo que fue resuelto con fecha 16 de febrero de 2026.

Séptimo: Que, atendido lo anteriormente expuesto, el presente recurso ha perdido oportunidad respecto de la Comisión Médica Central y de la Superintendencia de Pensiones, por cuanto ambas instituciones han dado respuesta a sus solicitudes, en particular, en lo que respecta a la pensión de invalidez del recurrente.

Octavo: Que, por último, respecto al instituto de Previsión Social, el recurso será rechazado, por cuanto dicho organismo no tiene injerencia legal en la tramitación o concesión de pensiones de invalidez bajo el sistema del Decreto Ley N°3.500, materia que compete exclusivamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Comisiones Médicas y la Superintendencia de Pensiones.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17627-2025.