nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Piero Palazzo Hauptli, abogado, e interpone acción de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Hábitat S.A. por el acto que tilda de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N°18.156, que, a su juicio, vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, refiere que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales, siendo informada por correo electrónico de 18 de julio de 2025 del rechazo de dicha petición, en atención a que el documento aportado como constancia de afiliación, no se encuentra debidamente apostillado, de acuerdo a la normativa vigente.

Sostiene que la extranjera cumple íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, al estar afiliada a un régimen de seguridad social extranjero que otorga prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Argumenta que la AFP incurrió en un actuar arbitrario e ilegal al rechazar la solicitud basándose únicamente en la falta de apostilla del certificado, sin verificar la autenticidad del documento mediante los medios electrónicos disponibles.

En el mismo orden de ideas, señala que dicho documento ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto de Venezolano de Seguridad Social, destacando que lo mismo puede realizarse con el número de cédula de identidad venezolana de la peticionaria.

Reclama que la AFP adoptó una conducta omisiva al no verificar la autenticidad de la constancia electrónica a través de los medios tecnológicos disponibles, limitándose a rechazar genéricamente el documento por falta de legalización o apostilla, requisito que no se encuentra expresamente establecido en la Ley N°18.156. Destaca que el artículo 1° de dicha ley no impone mayor carga a los peticionarios que acreditar su afiliación a un sistema previsional extranjero, lo cual puede verificarse mediante medios electrónicos modernos.

Explica que la cobertura de la seguridad social venezolana es independiente del estatus laboral activo o cesante del afiliado, financiándose las prestaciones conforme a las semanas cotizadas y posteriormente mediante pensiones estatales, de manera similar al sistema chileno con la Pensión Garantizada Universal. Lo relevante es que la protegida se encuentre efectivamente afiliada a un sistema previsional alternativo que cubra las prestaciones exigidas por ley, requisito que se cumple en este caso.

Finalmente, afirma que la conducta de la AFP vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho a propiedad privada consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, al imponer requisitos no establecidos en la ley y realizar una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio de la administrada, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos.

Pide, en definitiva, se ordene a la recurrida que reconozca como valida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, y dentro de un plazo razonable o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitada por la recurrente; y, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de AFP Hábitat S.A., quien solicita su rechazo.

Plantea, en primer lugar, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, dado que la recurrente no ha sufrido privación, perturbación ni amenaza arbitraria o ilegal de derecho alguno, sino que pretende utilizar este recurso para ejercer un derecho de forma distinta a lo establecido en el ordenamiento jurídico, sin acreditar el cumplimiento de los requisitos objetivos exigidos.

Expone sobre el particular que el día 7 de julio de 2025, doña nombre reservado presentó a esa institución previsional solicitud de fondos previsionales de acuerdo a la Ley N° 18.156, petición que fue rechazada por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cuenta con la debida legalización exigida por la normativa vigente.

Añade que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, presentada por la recurrente carece de firma autorizada y no cuenta con la correspondiente apostilla o legalización exigida por la normativa vigente, requisito que no suple el código de verificación electrónica, dado que conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil se exige expresamente la legalización o apostilla de los instrumentos públicos extranjeros para que estos produzcan efectos en territorio nacional.

Asevera que Ley 18.156 constituye una norma especial y de excepción, que debe interpretarse restrictivamente, por lo tanto, se debe aplicar estrictamente a los casos descritos en los supuestos de hecho establecidos en la Ley.

Expresa que el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio del presente año, de la Superintendencia de Pensiones, indica que según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe estarse a lo instruido por la normativa emitida por dicha Superintendencia en relación con la forma de acreditar el requisito, reiterando que Chile y Venezuela son Estados Parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, por lo que los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, sin requerirse ninguna otra intervención adicional. Precisa que el mismo oficio menciona que a través del sitio web https://mppre.gob.ve/ se encuentra activo el servicio de legalización y apostilla venezolana, permitiendo la verificación de apostillas.

Destaca que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio N°24.472 de 26 de octubre de 2015, instruyó en términos generales que todo trabajador, independiente de su nacionalidad, debe enterar cotizaciones para su cobertura previsional y no como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios.

Concluye que ha procurado dar estricto cumplimiento a la Ley N°18.156 y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones, teniendo en cuenta que el principio base de dicha ley que autoriza la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros es la doble cobertura previsional y no autorizar un mecanismo de ahorro de libre disponibilidad para determinados extranjeros, por lo que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, ni ha vulnerado las garantías constitucionales que se denuncian conculcadas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes y del informe evacuado por la recurrida, aparece que la solicitud del recurrente fue rechazada por no haber acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero con las formalidades de legalización o apostilla exigidas para que dicho documento tenga valor probatorio en Chile, conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, y a las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dictadas por la Superintendencia de Pensiones, las cuales son de observancia obligatoria para las Administradoras de Fondos de Pensiones.

QUINTO: Que, específicamente, el documento presentado por la actora, esto es, la constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, carece de firma autorizada, no fue legalizado ni apostillado conforme a los mecanismos previstos en el Convenio de La Haya de 1961, y, por tanto, no cumple con los requisitos de autenticidad y validez exigidos por la normativa nacional. El hecho de contener un código de verificación electrónica -el cual, por lo demás, se encuentra vencido a la fecha de esta sentencia- no suple las formalidades legales que rigen para la eficacia de los instrumentos públicos extranjeros en el territorio chileno, en tanto nuestro ordenamiento jurídico exige la legalización o apostilla como garantía de su autenticidad.

SEXTO: Que, en tales condiciones, no puede calificarse de ilegal ni arbitrario el actuar de AFP Hábitat S.A., al exigir el cumplimiento de los estándares formales y normativos establecidos por la ley y la autoridad administrativa competente. La Administradora, al verificar la insuficiencia de los antecedentes acompañados, se limitó a aplicar la regulación vigente, sin exceder el ámbito de sus atribuciones ni incurrir en trato desigual o discriminatorio respecto de otros afiliados en idéntica situación.

SÉPTIMO: Que, si bien la Ley N° 18.156 no contiene una mención expresa a la exigencia de apostilla o legalización de los documentos emitidos en el extranjero, ello no implica la derogación o inaplicabilidad de las normas generales sobre la validez y eficacia probatoria de tales instrumentos, previstas en el ordenamiento jurídico chileno. Por el contrario, tratándose de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento de los requisitos sustantivos exigidos por la ley, resulta indispensable acreditar su autenticidad por los medios legalmente previstos, máxime cuando se trata de un beneficio de carácter excepcional y restrictivo, que exige la verificación estricta de sus presupuestos.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada encuentra sustento en la aplicación razonada y fundada de la normativa legal y reglamentaria vigente, sin que pueda imputarse a la recurrida un actuar carente de legalidad o de fundamento racional, por lo que no se configura el acto arbitrario o ilegal que la acción de protección presupone, debiendo, en consecuencia, el recurso ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado y en contra de AFP Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°17.602-2025.