COMUNIDAD EDIFICIO ROSA EGUIGUREN con BANCO DE CHILE

Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece don Víctor Piñeiro Saavedra, abogado e interpone acción constitucional de protección a favor de la Comunidad Edificio nombre reservado representada por nombre reservado y en contra de Banco de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en privar al administrador de la Comunidad de ejercer su cargo a cabalidad, toda vez que le impide retirar talonarios de cheques y firmar los mismos, desconociendo su firma registrada en el Banco, lo que conculca la garantía fundamental de la libertad de trabajo y su protección, consagrada en el artículo 19, N° 16 de nuestra Constitución Política de la República.

Expresa que el 15 de julio de 2019 se designó en asamblea ordinaria de copropietarios a nombre reservado como administrador de la Comunidad recurrente, hasta junio de 2021, invistiéndolo con todas las atribuciones que le otorgan el reglamento interno de la Comunidad y la Ley de Copropiedad Horizontal, actual Ley N° 19.547, Agrega que entre la fecha de la designación y el 25 de octubre de 2019, retiró sin problemas dos talonarios de cheques a su sola solicitud junto a un miembro del comité de administración en ejercicio, señor nombre reservado, día en que concurrieron nuevamente a la sucursal de la recurrida de domicilio reservado, con el mismo propósito de retirar talonarios de cheques, sin embargo, el Banco rechazó la petición ordenándole en lo sucesivo que debía llenar un formulario por cada talonario solicitado, con la firma de al menos dos de los miembros del Comité en ejercicio, y no su firma, como siempre había sido, excluyendo ex profeso al cuarto miembro señor nombre reservado.

Sostiene que, en la práctica, se hace imposible por parte de la comunidad someterse a dicha obligación, cada vez que solicite un talonario de cheques, principalmente porque todos los otros miembros del Comité de Administración no se encuentran disponibles, por diversos motivos, y que tanto el administrador como el señor nombre reservado tienen derechos adquiridos, toda vez que ya el Banco le entregó anteriormente dos talonarios sin problemas, destacando además que desde el 13 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019 el administrador ha firmado más de 200 cheques con la firma de otros miembros del comité, no objetando la recurrida ni su firma ni la del señor nombre reservado.

Denuncia que lo anterior infringe los artículos 23 inciso 3° y 28 de la Ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria y el artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, por lo que pide a esta Corte que deje sin efecto la orden del Banco de Chile en cuanto obliga al administrador que, para proceder al retiro de talonarios de cheques, debe forzosamente y cada vez que necesite el retiro de talonario de cheques, llenar un formulario y estampar junto sólo las firmas de dos de los miembros de administración en ejercicio, excluyendo ex profeso al administrador recurrente y al cuarto, don nombre reservado, en lo sucesivo el Banco de Chile deberá entregar el talonario de cheques a la Comunidad Edificio nombre reservado, al sólo requerimiento por parte del administrador junto a uno cualquiera de los miembros del comité de administración en ejercicio, y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, y asegurar la debida protección del afectado, con expresa condenación en costas.

Comparece don nombre reservado, en representación del Banco de Chile, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo de la acción de protección intentada, con costas.

Parte negando todos los hechos en que se funda el recurso, y alega que es imposible que a la comunidad de autos se le pueda vulnerar el derecho a la libertad de trabajo y su protección, pues como persona jurídica es difícil entender cómo los someros hechos que relata podrían significar una limitación al contenido de la garantía invocada, por lo que se hace insostenible el recurso.

Agrega que hay un antecedente fundamental que se omite en el recurso, pero que consta de los documentos acompañados al mismo, en especial de la copia de la Asamblea de Copropietarios de la Comunidad Recurrente, de 15 de julio de 2019, pues en dicho instrumento consta que nombre reservado, renunció como miembro del Comité de Administración de la Comunidad, para poder asumir las funciones de administrador del edificio y que la comunidad informó al Banco lo anterior, por lo que el señor nombre reservado dejó de tener las facultades que tiene un miembro del comité administrador, informando de ello al Banco el día 25 de septiembre de 2019, registrando desde esa fecha los cambios de poderes, por lo que en el ejercicio de su cargo de administrador del edificio sólo tiene las atribuciones que le indica la ley o que le delega la comunidad a través de sus órganos de administración.

Aclara que según consta del acta reducida a escritura pública que acompañó el recurrente, en su nombramiento la asamblea no le delega facultades bancarias, ni tampoco le entrega estas facultades al administrador del edificio el Reglamento de Copropiedad que consta en la escritura también acompañada por la recurrente, y si bien la ley N°19.537 establece, entre otras, como únicas facultades financieras del administrador, la de abrir una cuenta corriente o cuenta de ahorro para la comunidad, no le otorga facultades para girar cheques de la cuenta corriente y en consecuencia tampoco la de retirar talonarios de cheques.

Concluye que, al exigir la firma de dos miembros del Comité Administrador de la comunidad, con poderes para representarla, el Banco no comete ningún acto ilegal o arbitrario, sino que se limita a actuar en conformidad a las facultades de los apoderados, que la propia recurrente le ha informado.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, el acto ilegal y arbitrario que se le reprocha a la recurrida consiste en privar al administrador de la Comunidad recurrente de ejercer su cargo a cabalidad, al impedirle retirar talonarios de cheques y firmar los mismos, desconociendo su firma registrada en el Banco.

Tercero: Que, tal como consta del informe evacuado por el Banco recurrido, y es posible advertirlo de la sola lectura del documento aparejado por el recurrente a su recurso, consistente en una copia del acta de asamblea de copropietarios del Edificio nombre reservado 813, reducida a escritura pública de 15 de julio de 2019, ante el notario de Santiago nombre reservado, a don nombre reservado, administrador de la Comunidad recurrente, no le fueron entregadas por la Asamblea, que lo designó como tal, las facultades para girar cheques de la cuenta corriente de la Comunidad y para retirar los talonarios asociados a ésta.

No habiéndole sido entregada por la Asamblea de Copropietarios a los administradores de los condominios las facultades especiales de girar dineros de las cuentas corrientes que éstos puedan abrir en nombre del condominio ni de retirar los talonarios de cheques asociadas a éstas, y no encontrándose tampoco estas facultades contenidas en el Reglamento de la comunidad del Edificio ni en la Ley 19.537, no se advierte en el actuar del Banco recurrido el ejercicio de un acto arbitrario o ilegal al exigírselas al administrador de la Comunidad recurrente.

Cuarto: Que, en efecto, por una parte, el artículo 23 inciso 6° de la Ley 19.537 señala expresamente que sobre la cuenta corriente bancaria o cuenta de ahorro que todo condominio deberá mantener, sólo podrán girar de ellas “la o las personas que designe la asamblea de copropietarios”. Corrobora lo anterior lo expresado por el artículo 28 del Reglamento de esta ley, según el cual “el administrador o el Comité de Administración deberá abrir una cuenta corriente bancaria o una cuenta de ahorro, exclusiva, a nombre del condominio, registrando el nombre de la o de las personas designadas por la asamblea de copropietarios como habilitadas para girar en ella”. Ninguna duda cabe, entonces, de que una mención expresa entregándole esta facultad por la Asamblea de Copropietarios debía detentar el administrador de la comunidad recurrente para ese fin.

Por otra parte, tampoco puede colegirse que las facultades que le exigió detentar el banco recurrido para proceder al retiro y entrega de los talonarios de cheques asociados a la cuenta corriente de la Comunidad se encuentren contenidas en las facultades generales que se le entregan al administrador por el inciso 1° del artículo 23 de la ley señalada.

Finalmente, tampoco puede extraerse esta prerrogativa de la regla de general aplicación contenida en el artículo 2132 del Código Civil, que dispone que el mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración que a título ejemplar allí se detallan, y que para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial.

Quinto: Que, conforme a lo anterior aparece evidente que el acto que se le imputa al banco recurrido como arbitrario e ilegal no ha existido, y esto como lógica consecuencia del hecho de que el representante de la Comunidad recurrente carecía de las facultades, otorgadas por la Asamblea de Copropietarios que lo nombró, para proceder al retiro de los talonarios de cheques asociados a la cuenta corriente de la que es titular la Comunidad.

Sexto: Que, así las cosas, al no haberse comprobado la existencia de una acción u omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal por la recurrida, exigencia necesaria y previa para que el recurso pueda prosperar, resulta inconducente entrar al análisis de si las garantías fundamentales que se dicen afectadas por la recurrente han sido en efecto vulneradas, pues el estudio de si se ha seguido directo e inmediato atentado contra las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, supone necesariamente la existencia previa de un acto calificable como arbitrario e ilegal, que en la especie no ha podido configurarse, lo que llevará inevitablemente al rechazo de la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°1 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Edificio nombre reservado en contra de Banco de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante Gonzalo Ruz Lártiga.

Protección N°175.974-2019.