INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA TRANEX LTDA. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE-CHACABUCO

Foja: 50 Cincuenta Santiago, doce de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 9, comparece don Rubén Rodrigo Campos Lobos, abogado, en representación de Ingeniería y Movimiento de Tierra Tranex Ltda., RUT RUT reservado, empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, representada por su Jefe de Inspección Comunal doña nombre reservado, funcionaria pública, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en no admitir a tramitación una solicitud de reconsideración de multa administrativa, por considerarla fuera de plazo, producto de contar los días para la interposición de la solicitud como de días corridos y no como días hábiles, según la normativa aplicable, lo que constituye una amenaza a la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

La Resolución de Multa tiene el N° 8047/2013/078 N° 1, 2 y 3 y fue aplicada por la Fiscalizadora Maritza Laborna Valdés.

Posteriormente, por Resolución Ordinaria N° 0317 de 27 de Febrero de 2014, enviada por correo el 8 de Marzo de 2014 y notificada con fecha 15 de Marzo de 2014, se les comunica que no se dio cumplimiento a los requisitos que permiten al Servicio conocer la solicitud, porque (hay tres opciones) y se marca con una X el casillero que señala NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN, con lo que, termina la resolución, indicando que no es posible al Servicio admitir a trámite la solicitud.

Sobre la Resolución de Multa N° 8047/2013/78 N° 2, de 30 de Diciembre de 2014, con fecha 11 de Febrero de 2014, se presentó recurso administrativo de reconsideración y por Resolución Ordinaria N° 0318 de 27 de Febrero de 2014, enviada por Correo el 8 de Marzo de 2014 y notificada por carta certificada el día 15 de Marzo de 2014, se comunica que no se dio cumplimiento a los requisitos que permiten al Servicio conocer la solicitud porque (hay tres opciones) y se marca con una X el casillero que señala NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN, con lo que, termina la resolución, indicando que no es posible al Servicio admitir a trámite la solicitud.

Funda su acción el recurrente, sucintamente, en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Como fundamentos de derecho plantea inicialmente como marco legal aplicable a la situación de que se trata, diversas disposiciones de la Constitución Política de la República, entre las que se destacan el artículo 1° inciso 4° según el cual el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es la de promover el bien común, el artículo 5° inciso 2°, de acuerdo con el cual es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por la Constitución y los tratados internacionales, el artículo 6° inciso 1° que señala la obligación de los órganos del Estado de someter su acción a la Constitución, el artículo 7°, al que califica como Regla de Oro del Derecho Público, el que transcribe en forma literal, el artículo 19 N° 2 que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, sin que ni la ley ni la autoridad puedan establecer diferencias arbitrarias.

Invoca también el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Termina este apartado general, destacando el Libro V del Código del Trabajo, cuyo título final regula la reconsideración administrativa y la Ley N° 18.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los Actos de la Administración del Estado.

Sobre la ilegalidad que específicamente reprocha a la conducta de la Inspectora del Trabajo, ella se configura, a su juicio, al tenor del artículo 512 inciso 1° del Código del Trabajo, cuyo texto reproduce literalmente y del que concluye que la solicitud de reconsideración administrativa debe hacerse por escrito y presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que aplicó la multa. Añade luego, que si la ley fijó en 30 días el plazo, solo una interpretación extensiva del texto puede llevar a que son días “corridos”, en atención a que la ley nada dice al respecto. Y en ausencia de norma recurre al artículo 25 inciso 1° de la Ley N° 18.880, según el cual “los Plazos establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles, los días sábados, los domingos y los festivos”. Por ser ésta, concluye, una ley especial que regula los Procedimientos Administrativos, en una interpretación armónica de ambos cuerpos legales debe aplicarse la regla del artículo 25 de la citada Ley N° 18.880.

Prosigue planteando la arbitrariedad en que incurrió la recurrida, a partir de la sentencia de la Excma. Corte Suprema recaída en causa Rol N° 5282-2013, cuyos considerandos más relevantes copia en forma textual y de los que concluye que se cumplieron los dos requisitos del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, solicitud por escrito y presentación de la solicitud dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que aplicó la multa, término que según la sentencia citada es de días hábiles y no de días corridos como pretende la recurrida.

El recurso encaminado a obtener la reconsideración de la multa fue presentado con fecha 15 de Enero y 11 de Febrero a través de un recurso Administrativo simplificado (RAS) y una reconsideración de multa, respectivamente, por lo que siguiendo la doctrina de la Corte Suprema, contando el plazo conforme al artículo 25 de la Ley N° 18.880, éste es de 10 y 30 días hábiles y no corridos como pretende la recurrida.

Como garantías constitucionales afectadas el recurrente invoca el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, por cuanto juzga ilegal y arbitrario el proceder de la autoridad administrativa, al establecer requisitos que la ley no dispone, y ello desprovisto de una adecuada fundamentación racional y de norma legal que lo ampare.

Termina solicitando tener por interpuesto el recurso de protección, que sea acogido y que la recurrida realice las gestiones para admitir a tramitación el recurso simplificado administrativo y recurso de reconsideración respectivamente, planteado respecto de la Multa N° 8047/13/078 N° 1, 2 y 3, hasta su completa tramitación o en su defecto se adopten las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho y resguardar la debida protección de las garantías, con costas.

A fojas 36, doña Paulina Ossa Orellana, abogada, en representación de la recurrida, informa el recurso de protección, pidiendo su rechazo con costas, por los fundamentos de hecho y de derecho siguientes:

Plantea inicialmente la improcedencia de la acción deducida en atención al tiempo transcurrido, dado que la Resolución N° 1323/14/7 de 4 de Febrero de 2014 fue notificada por carta despachada el 5 de Febrero de 2014, por lo que en conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, se entiende notificada al sexto día hábil, es decir, el 12 de Febrero de 2014. En cuanto al Ordinario N° 317, de 27 de Febrero de 2014, fue notificado por carta despachada el 3 de Marzo de 2014, por lo que en conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, se entiende notificado al sexto día hábil, es decir, el 10 de Marzo de 2014.

El Auto Acordado de la E. Corte Suprema de 24 de Junio de 1992, establece que el Recurso de Protección deberá interponerse “nombre reservado fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o de la ocurrencia de la omisión….”, de lo que la recurrida concluye que la acción deducida ha caducado, porque las Resoluciones que resolvieron el Recurso Administrativo Simplificado, así como la Solicitud de Reconsideración fueron notificadas el 12 de Febrero y 10 de Marzo de 2014, respectivamente, venciendo el plazo para reclamar judicialmente de ellas, en caso de la Resolución N° 1323/14/17 el día 14 de Marzo de 2014 y respecto del Ordinario 317 el día 9 de Abril de 2014. Sin embargo, el recurso de protección fue ingresado a distribución de causas el día 14 de Abril de 2014, esto es, en forma extemporánea en caso de la Resolución N° 1323/14/17, un mes después de vencido el plazo para la interposición del recurso y en el caso del Ordinario N° 317, 5 días después de vencido el plazo para interponer el recurso En su primer capítulo, la recurrida plantea la improcedencia de la acción interpuesta en atención a la naturaleza del acto impugnado, fundada en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, que establece el recurso de protección con la finalidad de restablecer el imperio del derecho y de asegurar la debida protección del ofendido cuando ha sufrido en forma arbitraria e ilegal privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran en dicha norma.

Agrega que si bien esa norma expresa que el recurso se puede deducir “sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, ello no significa que pueda utilizarse como un “sustituto procesal” de los procedimientos específicos contemplados en la ley como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida.

Para dilucidar la materia, la recurrida plantea que siguiendo la norma del artículo 50 del Código Civil, cuando el Código del Trabajo ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consagrado expresamente, citando como ejemplos, el artículo 12 inciso final, 162 incisos segundo y séptimo, 168 inciso primero, 171 inciso primero, 201 inciso cuarto, 223 inciso cuarto, 282 incisos primero y cuarto y 503 inciso tercero en los que se señala en forma expresa que son de días hábiles. De acuerdo con tal predicamento, concluye, el artículo 512 no hace tal mención, por lo que corresponde entender que es de días corridos.

Este criterio, prosigue, es también sostenido por la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 64.985 de 21 de Noviembre de 2009, que transcribe extensamente, el que, entre otras consideraciones, se apoya en el artículo 435, inciso tercero del Código del Trabajo, ubicado en su Libro V, según el cual los términos de días que establece el Título I de ese libro “se entenderán suspendidos durante los días feriados”, quedando fuera de esa regla el artículo 512, que pertenece a otro título del mismo libro. En estas condiciones no resulta posible la aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880, a cuyo tenor los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, toda vez que sus prescripciones no son conciliables con lo regulado sistemáticamente en el Código del Trabajo.

Cita numerosa jurisprudencia emanada de Juzgados del Trabajo y Corte de Apelaciones de Santiago, que acoge el criterio sostenido por la Dirección del Trabajo, en cuanto a considerar el plazo de 30 días establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, como un plazo de días corridos.

Expone luego la improcedencia del recurso por no reunirse al efecto los requisitos constitucionales para su interposición, idea que desarrolla con el análisis que realiza del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En armonía con este planteamiento, el informe hace un análisis de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y del artículo 512 del Código del Trabajo, para arribar a la conclusión de que no ha habido acto arbitrario o ilegal en los actos administrativos impugnados.

Concluye argumentando que no ha habido infracción al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que el acto impugnado no es arbitrario y está perfectamente fundado y razonado conforme a la doctrina del Servicio, por lo que pide el rechazo del recurso con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

2.- Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, nombre reservado señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

3.- Que cabe primeramente abocarse al análisis de extemporaneidad alegada por la recurrida, ello en razón que el recurso fue presentado a distribución con fecha 14 de Abril del presente año, la Resolución N°8047 por la cual se le aplicaron las multas, es de fecha 30 de Diciembre del 2013, en contra de ellas se presentaron dos Reconsideraciones el 11 de Febrero del 2014, las que fueron declaradas inadmisibles por extemporáneas por Ordinarios N°000317, y 000318, ambos de 27 de Febrero, notificados por Correos de Chile el 8 de Marzo, fechas todas del año 2014. Lo reseñado precedentemente consta de los documentos acompañados por la propia recurrente y que rolan de fs. 1 a 6.

4.- Que, así las cosas el presente recurso a la luz del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema fue presentado fuera del plazo de 30 días, por cuanto el recurrente tenía conocimiento de lo resuelto por el organismo fiscalizador a lo menos en el mes de Febrero del 2014 cuando presentó reconsideraciones a las multas aplicadas, razón por la cual cabe acoger la extemporaneidad alegada.

5.- Que en todo caso y a mayor abundamiento, si bien es cierto que la acción cautelar procede, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante las autoridad o los tribunales, también lo es, que para el caso que nos ocupa se han establecido procedimiento especiales para reclamar de las multas impuestas por los fiscalizadores, tanto por la vía administrativo, como ante los Tribunales del Trabajo, procedimientos de naturaleza breve y concentrada de competencia de las entidades especializadas, que son las llamadas a dilucidar la controversia planteada, lo que demuestra que nos encontramos ante derechos de carácter controvertidos.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Falla del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fs. 9 por don Rubén Rodrigo Campos Lobos en representación de Ingeniería y Movimiento de Tierra Tranex Ltda, por extemporáneo, sin costas.

Redacción de la Ministra señora Kittsteiner.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Proteccción-17593-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por el Ministro (S) Señor Sergio Córdova Alarcón y por el abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez. No firma el Ministro (S) Señor Córdova, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de agosto de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.