nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y Caja de Compensación La Araucana, por haber efectuado descuentos por planilla de su remuneración. Actuación que considera ilegal y arbitraria, que vulnera el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el recurso en todas sus partes declarando que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones y el reembolso de los montos indebidamente descontados.

Expone que el 7 de junio de 2022, solicitó un crédito social con la recurrida el cual fue pactado en 36 cuotas mensuales iguales y sucesivas, venciendo la primera el 31 de agosto de 2022, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Señala que, por causas ajenas a su voluntad, fue desvinculada de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo en mora desde la cuota con vencimiento el 31 de agosto de 2022, quedando un saldo pendiente de pago por $5.198.791. Agrega que en diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida para intentar regularizar su situación; sin embargo, la única opción que le ofrecieron fue repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva. Indica que sabía que repactar le dejaría en una situación financiera crítica, por lo que insistió en que se buscara otra solución, pero la recurrida expuso que si no lo hacía, se iniciarían en su contra las acciones judiciales que en Derecho correspondieren.

Manifiesta que lo anterior significó una absoluta incapacidad de su parte para dar cumplimiento a la obligación contenida en el pagaré y, como consecuencia, la recurrida con el fin de obtener el cobro forzado de las obligaciones, hizo uso de la cláusula de aceleración contenida en dicho documento, exigiendo el pago de todo lo adeudado e interponiendo el día 19 de agosto de 2024 una demanda ejecutiva en su contra, la que fue conocida en causa rol C-3115-2023, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, la cual se encuentra actualmente terminada con sentencia favorable, con su debida ejecutoria.

Argumenta que la recurrida está reviviendo de manera unilateral un derecho que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos, vulnerando su derecho de propiedad y dejándola en total indefensión, pues luego de obtener sentencia favorable de prescripción, un porcentaje importante de su remuneración le está siendo arrebatada de forma totalmente intempestiva y arbitraria, ya que la recurrente decidió hacer cobro de todo lo adeudado mediante la vía judicial y, a su vez, realizando descuentos de sus remuneraciones.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare arbitrario e ilegal los hechos descritos, ordenándose a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, que se le reembolsen los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que esta Corte mejor estime, y que se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que, informa el abogado Julio César Villalobos Villarroel, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer término aclara que la recurrente no mantiene crédito alguno con esa Caja de Compensación. Por el contrario, si se logró constatar que la señora nombre reservado mantiene un crédito moroso con la Caja de Compensación Los Andes.

Luego, refiere que en atención a esa deuda, y al mandato reciproco existente entre todas las Cajas de Compensación, es que en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.833, Caja la Araucana le solicitó al empleador afiliado a esta - Municipalidad de Nacimiento- el descuento de las cuotas morosas del crédito otorgado por Caja Los Andes.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que, conforme al artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, entre las que se encuentran los créditos sociales. Estos, según el Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del 2023, son definidos como beneficios de bienestar social consistentes en préstamos de dinero destinados a satisfacer necesidades de los trabajadores y pensionados afiliados.

Adicionalmente, fundamenta su actuar en los artículos 1.546 y 1.545 del Código Civil, que establecen que los contratos deben ejecutarse de buena fe y son ley para los contratantes, argumentando que la deuda existe y puede ser cobrada en derecho, a menos que haya prescrito mediante declaración judicial o se haya extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1.567 del mismo cuerpo legal, circunstancias que no han acontecido según la recurrida, pues la recurrente no acompañó documento que demuestre lo contrario.

Concluye su informe señalando que la Caja de Compensación La Araucana no ha privado, perturbado o amenazado los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, pues ha obrado conforme a derecho, fundando su actuar en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación se seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del orden público económico.

En virtud de los antecedentes expuestos, solicita el rechazo de la acción de protección interpuesta en su contra, por cuanto los cobros realizados no son arbitrarios ni injustificados, atendido que las obligaciones existen y se mantienen vigentes al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos, y que dichos cobros se ajustan al máximo permitido por la ley.

TERCERO: Que, informa Caja de Compensación de Asignación Familiar De Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Fundamenta su posición indicando que, el 7 de junio de 2022, otorgó a doña nombre reservado un crédito social por la suma de $5.198.791, código 016CON103858339, a una tasa del 1.73% en 36 meses, con una cuota de $199.724, cuyo primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2022.

La recurrente pagó las dos primeras cuotas, y el saldo de capital al 30 de septiembre de 2022, por $4.986.399.- (menos una bonificación), fue reprogramado con fecha 20 de agosto de 2024 por la suma de $3.316.525.-, a una tasa del 1.73% en 34 meses, con una cuota de $132.717, cuyo primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2024. Señala que la recurrente pagó las cuatro primeras cuotas durante el período del 27 de agosto de 2024 al 23 de octubre de 2024, luego las cuotas de febrero y marzo de 2025 (5 y 6) fueron pagadas con desfase con fechas 10 de junio de 2025 y 10 de julio de 2025, generando mora por las cuotas de abril a julio de 2025 (7 a 10), encontrándose las cuotas restantes con vencimiento desde el 31 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2027.

Sostiene que el crédito se encuentra plenamente vigente y actualmente exigible, sin que la acción ordinaria se encuentre prescrita, por lo que su recaudación, de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, es pertinente y oportuna.

En cuanto a las consideraciones contextuales y jurídicas, argumenta el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, entidades de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, y que el régimen de crédito social constituye un beneficio de bienestar social, cuya finalidad es satisfacer las necesidades del trabajador afiliado. Destaca que el mecanismo de descuento por planilla, regulado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, es inherente al régimen de crédito social, obligatorio para el empleador (similar a las cotizaciones previsionales), y que el trabajador se entiende que paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, sin poder oponerse a este.

Subraya que no constituye una gestión de cobro por parte de la Caja, sino una obligación legal y reglamentaria. Respecto a la exigibilidad de la obligación, afirma que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, y que la acción de protección no es la vía idónea para debatir esta materia, citando el Dictamen N°2659-2020 de la SUSESO.

Finalmente, niega la vulneración al artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, dado que la propia Ley N°18.833 permite el descuento de cuotas de un crédito social actualmente exigible, sin que se requiera sentencia o proceso previo para informar dicho descuento, y que un acto arbitrario solo ocurriría si la prescripción hubiese sido judicialmente declarada.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente consiste en que la recurrida efectúa descuentos mensuales en su remuneración respecto a un crédito social mediante el mecanismo de descuento por planilla, a pesar de haber interpuesto previamente una demanda ejecutiva por la totalidad de la obligación, lo que, a su juicio, configura un acto de autotutela inoportuno que vulnera sus derechos fundamentales.

SEXTO: Que, en cuanto a la normativa legal aplicable a este caso, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Como puede advertirse, si bien es cierto que la norma citada discurre sobre la base de la existencia de un crédito social impago otorgado por una Caja de Compensación, no lo es menos que no hace mención alguna a la hipótesis de que el mismo hubiere sido objeto de cobro judicial, de lo que no cabe sino inferir que este último supuesto escapa de los márgenes fácticos sobre los cuales la misma –norma- descansa y que hacen procedente el beneficio –pues no lo prevé expresamente-; máxime considerando que la excepcionalidad del beneficio en nuestro ordenamiento impone, además, darle una interpretación restrictiva.

SÉPTIMO: Que, en este entendido, no puede soslayarse que la Caja de Compensación, ante la mora en el pago, optó por judicializar el cobro de la obligación, acelerando con ello su exigibilidad al momento de presentar su demanda y haciendo, por ende, caducar los plazos de las cuotas en que se había dividido su pago, con lo que sustrajo su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, optando, en consecuencia, por ceñirse a la vía jurisdiccional, con todas las consecuencias procesales que ella signifique; camino procesal que, por cierto, resulta incompatible con aquella que consagra el artículo 22 ya citado, en cuanto esta última posibilita que, en lugar de que sea un tribunal quien decida lo pertinente en torno al cobro, lo haga el propio acreedor, por sí y ante sí.

Máxime si en la causa rol C-3115-2023, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, el 6 de enero de 2025, mediante sentencia se acogió la excepción de prescripción a la demanda ejecutiva opuesta por la actora en contra de la recurrida, resolución que se encuentra ejecutoriada.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, el hecho de haber efectuado la entidad recurrida los descuentos de dicho crédito con el actual empleador del actor, luego de haber optado por presentar demanda ejecutiva, fuerza a calificar su actuar como ilegal y arbitrario, al pretender revivir extrajudicialmente un cobro judicial de un crédito basado en un especial beneficio que le concede la ley para una situación diversa que, como se ha visto, no se verifica en este caso.

NOVENO: Que, así entonces, constatada la ilegalidad y arbitrariedad del acto en que ha incurrido Caja de Compensación recurrida, se acogerá la presente acción a efectos de que la recurrida cese efectivamente con los descuentos y restituya los montos descontados a contar del mes de mayo del año 2025, pues su accionar afecta la garantía constitucional de la protegida establecida en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, en tanto se le priva de parte de sus remuneraciones.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, ordenándose a la recurrida cesar de inmediato con los descuentos a la remuneración del recurrente, y proceda a la brevedad a devolver los montos descontados desde el mes de mayo de 2025 a la fecha de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-17592-2025