nombre reservado con FISCO (CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO)

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de enero de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la medida administrativa decretada por el Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por el Jefe del Departamento de Extranjería, don nombre reservado, correspondiente a la Resolución Exenta Nº22078020, mediante la cual se rechazó su solicitud de regularización de condición migratoria, y se dispuso el abandono del país.

Invoca que, con tal medida se ha vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, de igualdad ante la ley, y su derecho a permanecer en Chile, en relación a otros miles de inmigrantes que han llegado al país por pasos fronterizos no habilitados, y que no han sido expulsados del país, como al contrario se ha procedido en su caso. En la misma línea, alude a los derechos consagrados en el artículo 19 números 3, 4, 7, 14 y 26 de la Carta Fundamental.

Pide que se disponga de los resguardos necesarios para restablecer el imperio del derecho, otorgándole la debida cautela, para que la recurrida revoque la resolución de rechazo a su solicitud de regularización de la condición migratoria, con costas, en caso de oposición.

En cuanto a los antecedentes fácticos del recurso, explica, que el Servicio Nacional de Migraciones, dictó la Resolución Exenta, que le fue notificada el 28 de febrero de 2022, mediante la cual, se rechazó su solicitud de regularización de situación migratoria en Chile, emitida el 10 de febrero de 2022; la cual, estima arbitraria e ilegal, en tanto le impide vivir en el país.

Aduce que, no tiene antecedentes penales, que desea permanecer en Chile por tener vínculos afectivos en el país y trabajo estable, además de no contar con impedimento legal para vivir en el país.

Se remite a los presupuestos del recurso de protección alegando que, en definitiva, el acto que acusa como arbitrario e ilegal causa agravio a su persona, al ser privado y perturbado en el derecho de vivir en el territorio nacional.

Segundo: Que comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa informe solicitando el rechazo de la acción. Lo anterior, en tanto afirma que no existe, o ha existido de parte de dicha autoridad, acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución Política de la República.

Indica que, con fecha 03 de mayo de 2019, el recurrente ingresó al país por paso fronterizo carretera Chacalluta, y que el 05 de noviembre de 2019, solicitó visa sujeta a contrato. Señala, que mediante Resolución Exenta N° 137.938, de 15 de julio de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le otorgó la visa solicitada, en calidad de titular, por el período de dos años, la cual no fue estampada por el extranjero, por lo que, el beneficio, no entró en vigencia.

Agrega que, el 06 de mayo de 2021, el recurrente, solicitó regularizar su situación migratoria, en virtud del Proceso de Regularización, contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley N° 21.325, y que mediante Resolución Exenta N° 21015373, de 06 de mayo de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se acogió a trámite la solicitud. Precisa que, en virtud de la misma resolución, se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria presentado por el extranjero, y se le otorgó permiso de trabajo, mientras la postulación se encontrara en trámite.

Indica que, mediante Resolución Exenta N° 22078020, de 10 de febrero de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó finalmente, la solicitud de regularización extraordinaria presentada por el recurrente, y se decretó orden de abandono del país, en un plazo de 30 días a contar de la notificación. Explica que, el rechazo se fundamenta, en la circunstancia de que el protegido presentó un certificado de antecedentes penales de su país de origen no legalizado en forma, o no apostillado por el país respectivo. Ello, en virtud de los artículos 345 N° 2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Aclara que, la misma resolución exenta, le reserva al actor, los recursos de reposición y jerárquico contemplados en la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

A su vez, justifica que la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de un extranjero a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia. Así lo disponía el artículo 67 del D.L. 1.094, Ley de Extranjería, vigente a la época, en su inciso segundo; y que así lo dispone actualmente el artículo 91 inciso 4° de la Ley N° 21.325. De todos modos, sostiene, que la orden de abandono es de carácter voluntario, lo que difiere de una orden de expulsión.

Añade y subraya, que el recurrente tiene derecho a interponer recurso administrativo en contra de la Resolución Exenta que rechazó su solicitud de regularización migratoria, en virtud del artículo 59 de la Ley N° 19.880, y que conforme al artículo 140 de la Ley N° 21.325, la interposición de un recurso administrativo suspende los efectos de la resolución impugnada mientras la autoridad administrativa no resuelva el recurso.

Junto a su informe acompaña copia de las resoluciones a las que se remite.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el acto que motiva la presente acción de amparo consiste en la dictación de la Resolución Exenta N° 22078020, por la que se rechazó la solicitud de regularización de la condición migratoria, presentada por el protegido, y dispuso la orden de abandono del país.

Quinto: Que al efecto, consta de los antecedentes acompañados en autos, la Resolución Exenta N° 22078020, del Servicio Nacional de Migraciones, de 10 de febrero de 2022, mediante la cual, se rechazó la solicitud de regularización extraordinaria del señor nombre reservado, y se dispuso la orden de abandono del país en el plazo de 30 días, contados desde su notificación, en razón de no haber dado cumplimiento al requerimiento de presentar un certificado de antecedentes del país de origen sin legalizar o no apostillado por el país respectivo.

Sexto: Que conforme lo anterior, resulta verificable, que el protegido, dentro del procedimiento de regularización extraordinaria, adjuntó un certificado de antecedentes que no reviste los requisitos de solemnidad que exige la ley chilena, respecto de los instrumentos públicos otorgados fuera del país, esto es, el artículo 345 y el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que en consecuencia, al no reunirse, en la especie los requisitos propios del instrumento público constitutivo del certificado de antecedentes del recurrente, no cabe sino concluir que el acto que se impugna ha sido expedido en conformidad a la ley, y dictado por la autoridad competente, en uso de las facultades que la ley le reconoce.

Octavo: Que en el escenario descrito, la orden de abandono voluntario dispuesta por la autoridad migratoria también se ajusta a la legalidad vigente, por así disponerlo el artículo 67 de la Ley de Extranjería, por lo cual, el presente arbitrio habrá de ser desestimado, sin perjuicio de los derechos que asisten al recurrente ante la autoridad competente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina.

No firma el Abogado Integrante señor García, por encontrarse ausente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección Ingreso Corte N° 1757 – 2022.- Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Inelie Duran Madina, e integrada por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y por el Abogado Integrante señor Claudio García Lamas.