nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES
- Fecha
- 30 de junio de 2025
- Sala
- Novena
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1756-2025, sentencia de 30 de junio de 2025
Resumen
Se rechaza la protección contra la Caja de Compensación Los Andes: los descuentos por el crédito impago son un derecho dubitado, que requiere declaración judicial en juicio de lato conocimiento y no puede resolverse por esta vía.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, treinta de junio de dos mil veinticinco.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que, comparece nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en virtud de los actos ilegales y arbitrarios en que ha incurrido la recurrida, que privan, perturban y amenazan su derecho de propiedad asegurado por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°24.
Expone, que el 27 de septiembre del año 2022 suscribió un pagaré en favor de la recurrida, por un monto total de $15.093.513 por concepto de capital, y con una tasa de interés de 1,73 % en 48 cuotas, esto en virtud de un crédito otorgado por parte de la referida Caja de Compensación.
Explica, que, debido a situaciones personales, estuvo fuera del país por trabajo, volviendo recién a mediados del 2024, por lo cual no pudo continuar pagando las cuotas de dicho crédito, cayendo en mora respecto de su obligación.
Agrega, que fue demandado el 05 de octubre de 2023 en procedimiento ejecutivo por la recurrida, en causa ROL C-17143-2023 del 29º Juzgado Civil de Santiago. Señala que llegó a un acuerdo extrajudicial con la recurrida, sin embargo, ésta no desistió en sus acciones de cobro.
Refiere, que sus ingresos resultaban insuficientes para hacerse cargo de esta y otras deudas, por lo que, como una medida de emergencia, optó por iniciar un procedimiento de liquidación voluntaria simplificada ante el 13º Juzgado Civil de Santiago, el 14 de octubre del 2014, causa ROL C-18561-2024.
Agrega, que logró reincorporarse al mercado laboral, siendo contratado el 01 de octubre del 2024 por la Universidad Gabriela Mistral como encargado de contenidos digitales, casa de estudios que cuenta con un convenio con la recurrida, sin embargo, en ningún momento autorizó afiliarse a dicha Caja de Compensación.
Agrega, que, si bien recibió sus remuneraciones de manera íntegra en los meses de octubre y noviembre, en su liquidación del mes de diciembre del 2024, apareció un descuento de prácticamente un tercio de su remuneración, por concepto del préstamo antes señalado. Indica que dicho descuento fue realizado con posterioridad a la presentación de su liquidación voluntaria.
Refiere, que, la tramitación de la liquidación voluntaria se ha visto truncada por motivos completamente ajenos a su voluntad, ya que, se está esperando el Certificado de Nominación emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Asevera, que sus derechos se ven vulnerados, por un lado, por un actuar abusivo por parte de la recurrida, como también por la lentitud de las instituciones públicas que debieran de cautelar sus derechos, lo que lo deja en un estado de profunda indefensión e inquietud.
Por lo expuesto, pide acoger el presente recurso, y en definitiva ordenar a la recurrida que cese en los descuentos realizados a través de su remuneración, además de restituir los montos ya descontados, y hacer valer sus eventuales créditos sólo dentro de los procedimientos judiciales ya iniciados.
Segundo: Que, evacuando informe por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, comparece el abogado don Matías Amigo García, quien señala que la Caja Los Andes, con fecha 27 de septiembre 2022 otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código N°208COS100157672, por un capital inicial de $15.093.513, a una tasa de Interés mensual de 1.73, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $478.930, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de octubre 2022.
Explica, que la cuota del mes de octubre 2022, cuotas N°1, fue pagada con fecha 10 de noviembre 2022. Luego, indica que producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de noviembre 2022 a febrero 2023, cuotas N°2 a N°5, el recurrente, con fecha 10 de abril 2023, efectúa una reprogramación de la deuda por la suma de $16.450.555, con una tasa de interés de 1.73%, pagadero en 48 meses, con una cuota de $527.620, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de mayo 2023. Posteriormente, y producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de mayo 2023 a julio 2024, cuotas N°1 a N°15, el señor nombre reservado, con fecha 30 de agosto 2023, efectúa una reprogramación de la deuda por la suma de $20.972.559, con una tasa de interés de 1.73%, pagadero en 48 meses, con una cuota de $664.875, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de septiembre 2024. Luego, las cuotas de los meses de septiembre y abono a cuota del mes de octubre 2024 por $ 529.448, cuotas N°1 y N°2, fueron pagadas con fecha 04 de septiembre y 10 de enero 2025. Consecuentemente, a la fecha, la operación de crédito se mantiene en estado moroso, respecto de las cuotas de los meses de octubre a diciembre 2024, cuotas N°2 a N°4.
Afirma, que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.
Expone, que los descuentos para el pago de créditos sociales deben ser efectuados por el empleador del deudor, según lo establece el artículo 22 de la Ley N°18.833, de manera similar a las cotizaciones previsionales. Aclara, que la Caja de Compensación está cobrando una deuda cuya prescripción no ha sido declarada judicialmente, ya que, conforme al Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada por un tribunal competente, y no opera de pleno derecho. Además, sostiene que una acción de protección no es la vía adecuada para discutir la prescripción de la deuda, ya que esta debe tratarse en un juicio de lato conocimiento. Por tanto, la recurrente no puede eludir el pago de su obligación invocando un derecho que no ha sido declarado judicialmente y que no es indubitado.
Afirma no haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.
Por lo expuesto, y luego de citar diversa jurisprudencia, pide tener por evacuado informe, y rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.
Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.
Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, falto de razonabilidad de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.
Cuarto: Por lo pronto, acerca de la legalidad de la actuación impugnada, debe consignarse que el artículo 22 de la Ley N°18.833, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, para luego ser remesado a la Caja acreedora, la que está facultada para perseguir el cumplimiento de esa obligación.
Quinto: En tales condiciones, debe descartarse la posibilidad de un actuar ilegal de parte de la Caja de Compensación, de modo que el asunto se circunscribe a determinar una eventual arbitrariedad en el proceder reprochado.
El actor hace consistir tal imputación, en la circunstancia de que habría llegado a un acuerdo extrajudicial con la recurrida y sin perjuicio de aquel, ésta habría continuado con sus gestiones de cobro, sumado a que habría iniciado un proceso de liquidación voluntaria al no tener capacidad financiera para hacer frente a esta y otras deudas que mantiene, proceso que se encontraría en tramitación.
Sexto: Ahora bien, impone el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que, según su relato, responden al crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, el que efectivamente dejó de pagar.
Informando, por su parte, la caja de compensación manifiesta que es efectivo que la operación de crédito se mantiene en estado moroso, respecto de las cuotas de los meses de octubre a diciembre 2024, cuotas N°2 a N°4. Agrega que la exigibilidad de las obligaciones contraídas por el actor es actual y que ello justifica los descuentos que se efectúan a su remuneración.
Séptimo: Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de las obligaciones que sustentan jurídicamente los descuentos, situación que en cualquier caso debe ser esclarecido y reconocido en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.
Octavo: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.
Regístrese y, oportunamente, archívese.
N°Protección-1756-2025.