Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y del Subsecretario del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 21: a lo principal y primer otrosí, téngase presente. Al segundo otrosí, a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 5 de agosto de 2025, comparecen nombre reservado, nombre reservado y Alonso Grant Díaz, abogados, actuando en favor de don nombre reservado, de nacionalidad bielorrusa, y doña nombre reservado, de nacionalidad rusa, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Subsecretario del Interior, por haber incurrido —según afirman— en omisión ilegal y arbitraria al no resolver la solicitud de protección complementaria presentada el 2 de septiembre de 2022, lo que estiman vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho a la integridad psíquica, protegidas por el artículo 19 Nº2 y Nº1 de la Constitución Política, motivo por el cual solicitan que se ordene dar resolución al procedimiento administrativo pendiente.

Los recurrentes exponen su historia migratoria y vital que contextualiza la solicitud de protección, comenzando con el origen y desplazamientos de nombre reservado entre Rusia y Azerbaiyán, donde señalan que fue víctima de discriminación étnica, religiosa y limitaciones en el acceso a vivienda y trabajo. Relatan posteriormente la trayectoria de nombre reservado desde Bielorrusia a Rusia, su incorporación voluntaria a un pelotón de drones en Donetsk en 2016, su posterior deserción y las agresiones sufridas, así como la persecución y el riesgo que alegan enfrentar en caso de retorno a Rusia, Ucrania o Bielorrusia debido a su condición de desertor. Indican que ambos ingresaron a Chile el 16 de junio de 2016, presentando solicitud de refugio ese mismo mes, la cual fue rechazada mediante Resolución Exenta NºNUM000 de 3 de marzo de 2022, decisión frente a la cual interpusieron recursos judiciales sin éxito.

Señalan que el 2 de septiembre de 2022 presentaron solicitud de protección complementaria, permaneciendo hasta ahora sin resolución. Afirman haber requerido información y presentar antecedentes adicionales —incluida carta explicativa complementaria el 31 de julio de 2024, posteriormente incorporada al sistema el 12 de marzo de 2025— sin obtener un pronunciamiento terminal. Agregan que la falta de respuesta les ha generado afectación emocional, incertidumbre, desprotección jurídica y dificultades para trabajar, acceder a salud y proyectar su vida en Chile.

Sostienen que la omisión denunciada constituye un actuar contrario a derecho, infringiendo los plazos del artículo 27 de la Ley Nº19.880 sobre procedimientos administrativos, y que ello vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues —indican— existen casos análogos resueltos en menor tiempo, configurándose además afectación al derecho a la integridad psíquica.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a las recurridas emitir el acto administrativo terminal que resuelva la solicitud de protección complementaria, adoptándose las medidas necesarias para resguardar los derechos constitucionales afectados.

SEGUNDO: Que evacua informe la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto.

En primer término, la Subsecretaría sostiene la inexistencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de las recurridas, fundando tal afirmación en la naturaleza compleja y exhaustiva del procedimiento que rige las solicitudes de protección complementaria, en la distribución competencial prevista en la ley y en la ausencia de norma que imponga un plazo específico para resolver expresamente ese tipo de solicitudes.

A continuación anota que, conforme a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud de protección complementaria se encuentra ingresada como Carta N° NUM001 de fecha 02 de septiembre de 2022 y que el expediente obraría en la Subsecretaría en etapas finales de tramitación previo a su resolución; por ello se sostiene que no existe un acto terminal omisivo que permita calificar la conducta administrativa de manifiestamente arbitraria. En adición, se pone de relieve el contexto operativo en el que se tramitan estas solicitudes, caracterizado por un aumento exponencial en la presentación de requerimientos migratorios en los últimos años, circunstancia fáctica que, según la Subsecretaría, justifica tiempos de tramitación ampliados y la realización de análisis técnicos exhaustivos.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la Subsecretaría detalla que la protección complementaria fue incorporada por el artículo 10 de la Ley N°21.325 y que su regulación procedimental está desarrollada por la Política Nacional de Migración y Extranjería, contenida en el Decreto Supremo N°181 de 2023; asimismo recuerda que, por disposición legal, la resolución corresponde al Subsecretario del Interior mediante acto administrativo exento de toma de razón. Sobre la base de ese marco normativo, se alega que la decisión de concesión de protección complementaria constituye una facultad administrativa que exige ponderación y valoración de antecedentes, por lo que su ejercicio puede implicar plazos de análisis diversos sin que ello revele, por sí mismo, arbitrariedad o ilegalidad.

Aunado a lo anterior, la Subsecretaría articula como tercera defensa la doctrina y jurisprudencia administrativa y jurisdiccional que interpreta el artículo 27 de la Ley N°19.880 (plazo de seis meses) como un término orientador y no como un plazo fatal cuya expiración conlleve necesariamente la caducidad o nulidad del acto administrativo. En apoyo, se citan pronunciamientos y dictámenes que, en su línea, permiten sostener la improcedencia de estimar ilegítima una demora cuando el trámite exige análisis técnicos y no ha mediado actuación manifiestamente contraria a la ley. Asimismo, se postula que la acción de protección no puede convertirse en un mecanismo para obtener, de manera preferente, la aceleración de trámites cuya resolución es facultad exclusiva de la autoridad administrativa correspondiente, pues ello podría vulnerar la igualdad ante la ley de otros solicitantes que tramitan por la vía ordinaria.

Respecto a la carga probatoria, la Subsecretaría alega que corresponde a la parte recurrente demostrar no solo la existencia de una omisión, sino también la relación de causalidad entre esa omisión y una privación, perturbación o amenaza real de alguno de los derechos enumerados en el artículo 20 de la Constitución.

En ese sentido, se impugna la suficiencia de alegaciones genéricas que no acrediten de modo efectivo el perjuicio constitucional reclamado.

En virtud de los fundamentos expuestos, la Subsecretaría solicita que el Tribunal tenga por evacuado el informe requerido y, en definitiva, rechace la acción de protección en todas sus partes.

Asimismo, pide que no se ampare la pretensión de obtener por vía de este arbitrio una resolución administrativa que legalmente compete al Subsecretario del Interior y que, de prosperar, perjudicaría la igualdad en el trato de las demás solicitudes en trámite.

TERCERO: Que evacua informe al tenor del recurso el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección interpuesta por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio En primer lugar, la recurrida sostiene una excepción de falta de legitimación pasiva, fundada en la literalidad y en la lógica funcional de la Ley N°21.325. Se invoca, específicamente, el tenor del artículo 155 N°3 de dicha norma, sobre la base del cual la competencia para pronunciarse acerca de materias vinculadas con la protección complementaria corresponde a la Subsecretaría del Interior. En apoyo de esta tesis, el informe explicita que la solicitud presentada por los recurrentes el 2 de septiembre de 2022 fue recibida por el Servicio Nacional de Migraciones en calidad de instancia receptora y de análisis preliminar, pero que la tramitación sustantiva y el pronunciamiento final son atribuciones indelegables de la Subsecretaría. En consecuencia, la recurrida alega que la pretensión dirigida a obtener un pronunciamiento definitivo contra el Servicio se dirige erróneamente contra un órgano que no ostenta la facultad decisoria reclamada, lo que, de prosperar, vulneraría la distribución competencial establecida por la ley.

En segundo término, la recurrida plantea la excepción sobre la ausencia de acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a su gestión. En apoyo de ésta, se relata cronológicamente la actuación administrativa: ingreso de la solicitud de refugio en junio de 2016; la tramitación y las diligencias propias del procedimiento de refugio; la propuesta técnica de rechazo elevada por la Secretaría Técnica; la Resolución Exenta N°NUM000 de 3 de marzo de 2022 que rechazó la condición de refugiado; y la iniciativa subsecuente de los recurrentes de solicitar protección complementaria el 2 de septiembre de 2022. El informe añade que, con Minuta N°NUM002 de fecha 20 de agosto de 2025, el Servicio remitió todos los antecedentes pertinentes al órgano legalmente facultado para resolver —la Subsecretaría del Interior — quedando así acreditado, según la recurrida, que no existe una labor pendiente por parte del Servicio que pueda calificarse de omisiva. Además, se puntualiza que no se ha dictado ninguna orden de abandono, expulsión ni sanción migratoria que pudiera configurar una amenaza o perturbación concreta a la libertad personal de los recurrentes.

En tercer lugar, la defensa administrativa se apoya en fundamentos de derecho relativos a la naturaleza de la protección complementaria y a la interpretación de plazos procedimentales.

Se invoca el artículo 10 de la Ley N°21.325 que sujeta el otorgamiento de la protección complementaria a los requisitos y visados que establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería, y, por ende, a un procedimiento que exige valoración técnica y competencia de la Subsecretaría.

CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que como se colige del libelo en que se plasma la presente acción constitucional, en ella se denuncia como acto ilegal o arbitrario la demora del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la tramitación otorgada a la solicitud de protección complementaria efectuada ante dicha entidad por el actor y su cónyuge;

SEXTO: Que según señala el artículo 10 de la Ley 21.325: “Protección complementaria. A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere reconocida tal calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta en la ley Nº 20.430, conforme a los requisitos y visados que al efecto establezca la Política Nacional de Migración y Extranjería, la que asimismo establecerá las causales de cesación de dicha protección complementaria. Ningún extranjero titular de protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o la libertad personal corran riesgo de ser vulneradas en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología u opinión política, orientación sexual o identidad de género. No podrá invocar los beneficios de la presente disposición el extranjero que haya sido condenado por crimen o simple delito en Chile o el extranjero; o respecto del cual existan fundados motivos de que ha cometido un delito contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad definido en algún instrumento internacional, ratificado por Chile; o que ha realizado actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones Unidas; o que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra”;

SÉPTIMO: Que la Corte Suprema con fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte “dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que la demora en una tramitación reglada en la Ley 21.325 no constituye vulneración de derechos fundamentales;

OCTAVO: Que luego de lo dicho y atendido lo informado por las instituciones recurridas en orden a que los antecedentes del recurrente fueron recibidos en la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública recién en el mes de agosto de este año, aparece incuestionable concluir que no existe de su parte una demora injustificada Así, lo cierto es que no existiendo actuación ilegal o arbitraria de parte de la aludida recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el actor denuncia vulnerados, deberá necesariamente desestimarse la presente acción constitucional;

OCTAVO: Que finalmente se dirá, también, que el Servicio Nacional de Migraciones carece de legitimación pasiva en esta acción, dado que la demora reclamada no depende actualmente de ninguna actuación de parte de alguno de sus funcionarios.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de Servicio Nacional de Migraciones y del Subsecretaría del Interior, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-17559-2025.