Protección contra Hospital Militar de Santiago y de la Dirección de Sanidad del Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 22 de julio de 2026, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Hospital Militar de Santiago y de la Dirección de Sanidad del Ejército de Chile (JEAFOSALE-DIVSAL), por haber forzado el alta médica del actor, quien es un paciente postrado y en cuidados paliativos, sin garantizar un plan de egreso seguro y ejercer presiones sobre su entorno familiar para concretar dicho egreso, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que interrumpe la continuidad de sus cuidados vitales y amenaza la cobertura de sus prestaciones, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y psíquica, a la protección de la salud y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se adopten las medidas conducentes a mantener su hospitalización y evitar los perjuicios denunciados.

Expone el recurrente, de 58 años de edad, y Oficial del Ejército de Chile, que padece un cuadro clínico crónico de extrema gravedad y dependencia severa, caracterizado por secuelas de accidentes cerebrovasculares, demencia vascular, enfermedad de Crohn, insuficiencia cardíaca severa y dolores crónicos manejados con opioides mayores.

Añade que, encontrándose hospitalizado desde el 15 de marzo de 2026 en el recinto recurrido por un cuadro infeccioso, el equipo médico intentó otorgar el alta en reiteradas ocasiones a partir del mes de abril, sin proveer una red de apoyo profesional en el domicilio. Frente a esta situación, la cónyuge del paciente presentó reclamos formales advirtiendo el riesgo vital inminente debido a la falta de asistencia técnica y la imposibilidad de realizar cuidados unipersonales complejos.

Enseguida, relata que el hospital rechazó las impugnaciones al alta médica argumentando que las patologías agudas del ingreso estaban superadas.

Posteriormente, la recurrida JEAFOSALE denegó de forma expresa la cobertura de hospitalización domiciliaria, instruyó al establecimiento agotar las instancias para materializar el egreso y advirtió con calificar la estadía como particular desde el 17 de abril de 2026. Asimismo, se denuncia que un funcionario del hospital ha ejercido constante presión y hostigamiento telefónico sobre la familia del paciente, amenazando con acciones legales por abandono para forzar su retiro, persistiendo dichas conductas y nuevas indicaciones médicas de alta hasta escasos días antes de la presentación de la acción constitucional.

Respecto de los fundamentos de derecho, el actor sostiene en primer término que la acción resulta oportuna por la doctrina de los efectos permanentes, toda vez que las omisiones y presiones para materializar el alta se renuevan continuamente. En el ámbito normativo, argumenta que el actuar de las recurridas resulta ilegal, puesto que contraviene la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, específicamente en lo relativo al derecho a un trato digno y a contar con mecanismos que aseguren la continuidad de la atención de salud. Igualmente, afirma que se transgrede la Ley N° 21.375 sobre Cuidados Paliativos Universales, al pretender imponer un alta que interrumpe el manejo del dolor y la asistencia integral.

Adicionalmente, califica la actuación como arbitraria, por carecer de un fundamento razonable, argumentando que se exige el egreso de un paciente postrado bajo el mero pretexto de que el hospital atiende solo patologías agudas, denegando alternativas de cuidado únicamente por haber sido requeridas por familiares.

En relación a la forma en que se han vulnerado las garantías constitucionales, explica que la ejecución de un alta sin plan de egreso seguro y las amenazas al entorno familiar del paciente exponen a este último a un riesgo inminente, conculcando el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental. A su vez, denuncia la vulneración del derecho a la protección de la salud, del artículo 19 N° 9, puesto que la negativa a asegurar la continuidad de los cuidados paliativos dentro de su sistema de salud vuelve ineficaz dicha garantía. Finalmente, señala que se ve conculcado el derecho de propiedad estipulado en el artículo 19 N° 24, debido a la amenaza de calificar como particular la hospitalización cursada, privando al afiliado de las coberturas integradas en su patrimonio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la conducta constituye una vulneración de derechos; se ordene al Hospital Militar mantener la hospitalización bajo cuidados paliativos hasta garantizar por escrito un Plan de Egreso Seguro con cobertura financiera; se instruya a las recurridas cesar toda presión, hostigamiento o amenaza en contra del entorno familiar; y se deje sin efecto cualquier cobro particular retroactivo o futuro por los días devengados con posterioridad al 17 de abril de 2026, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, con fecha 10 de agosto de 2026, la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército (JEAFOSALE), evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Explica que las Fuerzas Armadas cuentan con un régimen cerrado administrado por la División de Salud, donde JEAFOSALE actúa exclusivamente como el organismo asegurador encargado de recaudar y distribuir los recursos del Fondo de Medicina Curativa. A este respecto, aclara que los beneficiarios acceden a prestaciones de salud bajo un orden de prelación y normativa específica, debiendo financiarse únicamente aquellas atenciones de medicina curativa amparadas por la legislación vigente.

En relación con el derecho reclamado, sostiene que el derecho a la protección de la salud no se encuentra amparado por el recurso de protección, salvo en lo relativo a la libre elección del sistema, hipótesis que no concurre en la especie. En segundo lugar, reclama la falta de un derecho indubitado, toda vez que el otorgamiento de hospitalización domiciliaria o cuidados paliativos exige el cumplimiento estricto de normativas técnicas y legales, tales como la Ley N° 21.375 y diversos decretos del Ministerio de Salud. En este sentido, precisa que la modalidad domiciliaria es de carácter sustitutivo a la atención cerrada, requiriendo indefectiblemente de una indicación médica formal, un plan terapéutico y un diagnóstico de enfermedad terminal o grave acreditado por un médico cirujano, condiciones que no se satisfacen con la mera dependencia funcional o postración del paciente. Por consiguiente, asevera que cualquier discrepancia sobre el cumplimiento de estos requisitos clínicos y administrativos constituye una materia debatible que debe ser resuelta a través del procedimiento especial de reclamo contemplado en la Ley N° 20.584 ante la Superintendencia de Salud. Asimismo, añade que la pretensión de eximirse de los cobros como paciente particular exige un juicio declarativo de lato conocimiento para determinar la procedencia y cuantía de la cobertura.

En otro orden de ideas, aclara que la única gestión formal recibida por la jefatura corresponde a una solicitud de la cónyuge del paciente, la cual mezcla erróneamente prestaciones asistenciales con pretensiones de cobertura financiera.

A su turno, frente a la denuncia por vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la autoridad se defiende argumentando que, en su calidad de asegurador, no tiene competencia para ejecutar prestaciones médicas ni para diseñar un plan de egreso seguro, labores que recaen de manera exclusiva en el equipo clínico del hospital prestador. Siguiendo esta línea, descarta tajantemente haber forzado un alta médica o presionado a la familia, detallando que las comunicaciones internas objetadas se remitieron únicamente al personal de asistencia social del hospital para informar sobre los requisitos legales vigentes. En dicho intercambio interno se hizo presente que, habiéndose otorgado el alta médica el 17 de abril de 2026, la prolongación de la estadía hospitalaria carecía de un objetivo terapéutico curativo, por lo que los cuidados básicos de aseo y confort requeridos por el paciente pasaban a ser propios de un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) y no gozan de cobertura financiera bajo el alero de la medicina curativa.

Respecto a la garantía de protección de la salud, insiste en que no ha ejecutado acto u omisión alguna que impida el acceso a las prestaciones médicas del actor, limitándose a velar por el cumplimiento de las exigencias normativas previas a cualquier desembolso. Finalmente, al hacerse cargo de la supuesta infracción al derecho de propiedad, enfatiza la distinción jurisprudencial entre un derecho adquirido y una mera expectativa, arguyendo que el afiliado solo incorpora bienes a su patrimonio cuando se verifican todos los presupuestos legales para el otorgamiento de la bonificación. Subraya, además, que por mandato explícito de la Constitución y la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, la jefatura está obligada a resguardar celosamente el principio de legalidad del gasto público, mandato que le prohíbe financiar con fondos estatales cuidados de dependencia básica que exceden el catálogo legal de prestaciones de salud.

Por estas razones, solicita que el recurso de protección impetrado sea rechazado en todas sus partes, argumentando la manifiesta inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario y la absoluta falta de un derecho indubitado por parte del actor, solicitando expresamente que el recurrente sea condenado al pago de las costas de la causa.

TERCERO: Que, con fecha 11 de agosto de 2026, el Hospital Militar de Santiago evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida.

Como cuestión previa, opone la excepción de pérdida de oportunidad del recurso, argumentando que el acto reprochado corresponde al alta médica otorgada con fecha 17 de abril de 2026, mientras que el arbitrio fue deducido recién el 22 de julio del mismo año. En este sentido, sostiene que han transcurrido más de noventa días, excediendo latamente el plazo reglamentario de 30 días contemplado para esta clase de acciones, advirtiendo que el egreso clínico es un acto único y agotado en su ejecución, por lo que las gestiones posteriores no constituyen reiteraciones capaces de renovar el término para recurrir.

Dicho lo anterior, indica que el actor ingresó el 15 de marzo de 2026 por un cuadro infeccioso asociado a una litiasis coraliforme bilateral. Tras recibir el respectivo tratamiento antibiótico y estabilizarse, el equipo médico tratante decretó su alta el 17 de abril de 2026, prescribiendo únicamente terapia supresora oral y control del dolor mediante parches transdérmicos. Sin embargo, el amparado no abandonó el recinto debido a la negativa sistemática de su red de apoyo familiar, en especial de su cónyuge, quien ha resistido el retiro argumentando la pretendida falta de un plan de egreso seguro.

Sobre este entorno familiar, expone una dinámica deficiente, revelando que la cónyuge visita escasamente al paciente pese a percibir su pensión, y mantiene constantes conflictos con la hermana del amparado, quien, por el contrario, sí ha ofrecido asistencia activa para gestionar su cuidado. Adicionalmente, el establecimiento señala que la referida cónyuge rechazó todas las alternativas de traslado a residencias externas sugeridas por el equipo de asistencia social, alegando anticipadamente que en dichos lugares no recibirían al paciente por su condición clínica.

Adicionalmente, explica que la familia solicitó acogerse a un régimen de hospitalización domiciliaria, modalidad que fue denegada por la entidad aseguradora de salud institucional tras verificar que no se cumplían los presupuestos clínicos para ello, toda vez que dicha prestación no procede a petición de un familiar y el paciente únicamente requiere labores cotidianas de aseo y confort. A raíz de la prolongación injustificada de la estadía y al no existir requerimientos que ameriten atenciones de medicina curativa, el área administrativa comunicó la evaluación pertinente para realizar el cobro particular de los días devengados con posterioridad a la fecha del alta médica, actuación que, a juicio del informante, responde a un criterio puramente objetivo frente a la ocupación involuntaria de una plaza hospitalaria.

Haciéndose cargo del concepto de plan de egreso seguro esgrimido en el recurso, el centro asistencial refuta su existencia normativa y su carácter obligatorio. En tal sentido, argumenta que dicho término no posee consagración constitucional, legal, ni reglamentaria en el ordenamiento jurídico nacional, careciendo asimismo de un desarrollo real en la práctica clínica. Por el contrario, asevera que la normativa vigente sobre Derechos y Deberes de las Personas en Atención de Salud únicamente exige la entrega de un informe legible que contenga los diagnósticos de ingreso y egreso, los exámenes pertinentes y las indicaciones futuras, mandato legal que el hospital afirma haber cumplido a cabalidad, tornando completamente artificiosa la exigencia impuesta por los recurrentes como condición suspensiva para materializar el retiro del establecimiento.

En relación con las supuestas vulneraciones de garantías constitucionales, el informe descarta tajantemente la existencia de amenazas u hostigamientos por parte de su personal asistente, aclarando que las reiteradas comunicaciones telefónicas obedecen a la obligación imperiosa de informar y coordinar el destino del paciente ante el bajísimo nivel de presencialidad de la cónyuge. Agrega que mantener a una persona con indicación de alta médica confinada dentro de un recinto de salud constituye, paradójicamente, un riesgo grave para su vida e integridad física debido a la alta exposición a contraer infecciones intrahospitalarias y a padecer un mayor deterioro funcional, lo cual atenta frontalmente contra su derecho a la seguridad individual y a la dignidad, apoyando esta tesis en sentencias recientes emanadas de diversas Cortes de Apelaciones. Respecto al derecho a la protección de la salud, indica que el arbitrio resulta improcedente por no versar la controversia sobre la libre elección del sistema. Finalmente, frente a la presunta transgresión al derecho de propiedad, reitera que la calificación como paciente particular emana como una consecuencia directa e insalvable del rechazo familiar a concretar la salida del centro médico, descartando de plano cualquier sesgo ilegal o arbitrario en sus procederes.

Por estas razones, solicita que se rechace el recurso de protección deducido en contra del Hospital Militar de Santiago, argumentando en primer término que la acción ha perdido oportunidad, y en subsidio, fundamentado en la inexistencia probada de actos u omisiones que vulneren las prerrogativas fundamentales del amparado, solicitando se imponga la expresa condena en costas.

CUARTO: Que, con fecha 20 de agosto de 2026, el actor evacuó el traslado que le fuera conferido en atención a lo expuesto por las recurridas en sus respectivos informes, solicitando que las defensas señaladas sean desestimadas y se acoja íntegramente la acción constitucional.

A modo de precisión inicial, el recurrente aclara que su pretensión no busca mantener al amparado ocupando indefinidamente una cama de agudos ni cuestionar el criterio médico, sino reprochar el intento de materializar el egreso de un paciente postrado, dependiente severo y bajo cuidados paliativos, sin haber coordinado ni financiado previamente la modalidad de continuidad asistencial, sumado a las amenazas de cobros particulares y el hostigamiento familiar.

Haciéndose cargo de la excepción de extemporaneidad opuesta por el hospital, el actor la califica de artificiosa, argumentando que el alta médica del 17 de abril de 2026 no es un acto único y consumado, sino una conducta de tracto sucesivo que se renueva ininterrumpidamente. Sustenta lo anterior en comunicaciones institucionales denegatorias de junio, recetas médicas con indicaciones de manejo domiciliario emitidas incluso el día anterior a la interposición del recurso y presiones telefónicas constantes, afirmando que, conforme a la doctrina de los efectos permanentes, el plazo para recurrir se renueva mientras el daño no cese. En este punto, refuta la jurisprudencia de la Corte Suprema invocada por la contraria, precisando que en el caso de marras la amenaza de egreso inseguro y cobro retroactivo se mantiene plenamente vigente.

A su turno, sostiene que existiría una contradicción dirimente en la defensa del Hospital Militar que, pese a alegar un alta consumada, la propia evolución clínica de fecha 3 de agosto de 2026 reconoce ciento treinta y nueve días de hospitalización bajo tratamiento antibiótico supresor activo y manejo analgésico con opioides. Deduce de ello que la prolongada estadía obedece a una necesidad clínica para controlar un foco infeccioso crónico y no a un mero capricho de la cónyuge, desvirtuando la tesis del alta médica definitiva y la exención del deber de garantizar un egreso seguro.

Del mismo modo, advierte que la propia jurisprudencia citada por el recinto asistencial resuelve la controversia a su favor.

Explica que, si la mantención prolongada de un paciente con indicación de alta vulnera su seguridad individual, la carga de articular y resolver las condiciones para que dicho egreso se verifique sin sacrificar la vida e integridad del amparado recae ineludiblemente sobre el prestador y el asegurador, quienes no pueden utilizar dichos fallos como excusa para desentenderse de sus obligaciones y exigir el simple desalojo.

Frente a la alegada inexistencia de un derecho indubitado, rechaza que la controversia sea meramente debatible, asegurando que la gravedad clínica, el riesgo vital y la dependencia severa constan fehacientemente en los documentos médicos elaborados por las propias recurridas. Añade que derivar a la familia a un reclamo administrativo de resolución diferida resulta inidóneo ante una amenaza actual y grave a la vida, consolidando a la acción de protección como la vía idónea.

Abordando el deber de continuidad asistencial, el recurrente resta importancia a la falta de consagración formal del concepto específico de plan de egreso seguro, argumentando que la sustancia de este deber sí está amparada normativamente en la Ley N° 20.584 sobre continuidad de la atención y trato digno, y en la Ley N° 21.375 sobre cuidados paliativos. En este sentido, rechaza el reparto interno de responsabilidades entre el hospital y la entidad financiera, subrayando que la descoordinación institucional del sistema de salud castrense no puede resolverse a costa de la vida del paciente. Sumado a ello, sostiene que la expresa amenaza de imputar privadamente los costos devengados desde abril, sin mediar una resolución previa, fundada y notificada, vulnera flagrantemente el derecho de propiedad sobre las coberturas de salud ya incorporadas al patrimonio del afiliado.

Finalmente, respecto al hostigamiento familiar, denuncia que lo que el hospital denomina acompañamiento se ha traducido en reiterados llamados y amenazas de interponer acciones legales por abandono de paciente contra la cónyuge y el hijo. Por tal motivo, exige que las comunicaciones se canalicen exclusivamente por conductos formales y escritos, cesando toda presión que desestabilice a la red de apoyo de la cual depende la vida del amparado.

Por estas razones, solicita que se rechacen en todas sus partes los informes de los recurridos y se acoja el recurso, ordenando que no se materialice el alta médica mientras no se garantice por escrito la continuidad asistencial, que cese el hostigamiento al entorno familiar y que se deje sin efecto toda imputación particular por los días devengados desde el 17 de abril de 2026, con costas. En un otrosí, para el evento de estimarse necesario, solicita como medida para mejor resolver que el hospital informe la condición clínica actual del recurrente y acompañe exámenes pertinentes para verificar si subsisten los fundamentos del alta médica original.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

SEXTO: Que, los actos que el recurrente califica de arbitrarios e ilegales consisten en disponer y forzar el alta médica del actor, negar la cobertura de su hospitalización domiciliaria, anunciar el cobro como particular de la estadía posterior al alta, y ejercer presiones y hostigamientos sobre el entorno familiar del paciente, con el propósito de materializar compulsivamente dicho egreso de las dependencias médicas.

SÉPTIMO: Que, a partir de los dichos expuestos por las partes, es posible establecer los siguientes hechos: 1. Que don nombre reservado es beneficiario del Sistema de Salud del Ejército. 2. Que el actor padece un cuadro clínico crónico y complejo, caracterizado por una dependencia severa, postración, secuelas de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y una litiasis renal coraliforme bilateral inoperable que actúa como reservorio infeccioso, requiriendo además manejo del dolor mediante el uso de analgesia mayor. 3. Que el paciente ingresó al Hospital Militar de Santiago con fecha 15 de marzo de 2026 debido a un cuadro infeccioso urinario. 4. Que, una vez estabilizado dicho cuadro agudo mediante tratamiento empírico, el equipo médico tratante decretó el alta médica del paciente con fecha 17 de abril de 2026. 5. Que el actor no ha hecho abandono del recinto asistencial, permaneciendo hospitalizado de manera ininterrumpida hasta la actualidad, recibiendo en el establecimiento terapia antibiótica supresora oral y control del dolor mediante parches transdérmicos de Buprenorfina. 6. Que la permanencia del paciente en el nosocomio obedece a la negativa expresa de su cónyuge y red de apoyo familiar para concretar el egreso del recinto. 7. Que la cónyuge del actor solicitó formalmente la cobertura integral de una hospitalización domiciliaria o tratamiento paliativo en su lugar de residencia, sin que conste que la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército (JEAFOSALE) haya dictado resolución denegatoria.

OCTAVO: Que, atendido lo alegado por el Hospital Militar de Santiago como cuestión previa, corresponde examinar en primer término la oportunidad de la acción. El numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales dispone que «El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos». Se trata, como el propio texto lo declara, de un plazo fatal, cuyo cómputo exige identificar con precisión el acto cuya ejecución o la omisión cuya ocurrencia se reprocha.

NOVENO: Que, conforme al motivo sexto, el acto que el recurso califica de ilegal y arbitrario consiste en disponer y forzar el alta médica del actor, y según el hecho signado con el número 4 del motivo séptimo esa alta fue decretada por el equipo médico tratante el 17 de abril de 2026. Habiéndose interpuesto la acción el 22 de julio del mismo año, entre la ejecución del acto y su impugnación transcurrieron noventa y seis días corridos, esto es, más del triple del término fatal de treinta días que franquea la disposición citada en el motivo precedente, lo que conduce a declarar la extemporaneidad del arbitrio en cuanto se dirige contra dicha alta y contra las conductas que de ella derivan.

DÉCIMO: Que la doctrina de los efectos permanentes que el actor invoca en su recurso, y que reitera al evacuar el traslado, no altera lo concluido. Esa doctrina supone una conducta lesiva que se renueva en el tiempo, y no concurre respecto de un acto que, como el alta médica, es de ejecución instantánea: se otorga en un momento determinado, queda íntegramente ejecutado en él y no se repite. Las actuaciones posteriores en que el actor hace descansar el tracto sucesivo —las comunicaciones institucionales de junio de 2026, las recetas externas con indicaciones de manejo domiciliario y los contactos telefónicos con su entorno familiar— no son reiteraciones del acto reprochado, sino gestiones dirigidas a materializar un egreso ya dispuesto, y carecen por sí mismas de la aptitud de renovar un plazo extinguido. Tampoco la tienen los reclamos deducidos ante la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias del establecimiento, pues los reclamos y recursos administrativos no interrumpen ni suspenden el plazo de esta acción, atendida su naturaleza cautelar y urgente, sin que resulte aplicable a su respecto el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

UNDÉCIMO: Que la conclusión anterior deja subsistentes tres capítulos del libelo cuya actuación más reciente podría situarse dentro del término: la respuesta dada a la solicitud de cobertura de hospitalización domiciliaria a que se refiere el hecho signado con el número 7 del motivo séptimo; la advertencia de calificar como particular la estadía devengada desde el 17 de abril de 2026; y la imputación de presiones sobre el entorno familiar, que el recurso sitúa hasta pocos días antes de su interposición.

Respecto de ellos, y sin perjuicio de lo razonado sobre la oportunidad de la acción, esta Corte se hará cargo del fondo en los motivos que siguen, los que se formulan además a mayor abundamiento de lo concluido en los motivos noveno y décimo.

DUODÉCIMO: Que, sobre el presupuesto enunciado en el motivo quinto, conviene precisar que la acción del artículo 20 de la Constitución Política de la República, por su naturaleza cautelar, no constituye una vía de revisión del mérito de decisiones regladas ni permite discutir y resolver materias propias de un procedimiento declarativo o de lato conocimiento; e imponer a la recurrida una obligación cuya existencia aún se discute importa una declaración de derechos que colisiona con ese carácter, que supone la preexistencia de un derecho indubitado. Así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en sentencia de seis de marzo de dos mil veintiséis, dictada en los autos Rol N° 41.915-2025, motivos sexto a octavo.

DÉCIMO TERCERO: Que el alta médica es un acto técnico- médico que la ley entrega al facultativo tratante, quien lo adopta ponderando la condición clínica del paciente y la necesidad terapéutica de mantener o cesar el régimen de atención cerrada.

Según el hecho signado con el número 4 del motivo séptimo, el alta fue decretada una vez estabilizado el cuadro agudo que motivó el ingreso, de modo que el equipo tratante obró dentro de su competencia y sobre la base de la evolución clínica que registran los antecedentes acompañados. La acción de protección no es la vía idónea para sustituir el criterio clínico del profesional por el de esta Corte. Así lo ha declarado este tribunal respecto de las calificaciones que la ley entrega a órganos técnicos especializados, al resolver que la acción de protección «no es la idónea para cuestionar lo decidido por un órgano técnico especializado, en circunstancias que su pronunciamiento descansa en una valoración pericial que excede el marco cautelar de la acción de protección» (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° Protección-403-2026, de diez de julio de dos mil veintiséis, Novena Sala, motivo séptimo), razón que concurre con igual fuerza respecto del juicio clínico del facultativo tratante. Cobra aquí particular relevancia que el propio actor, al evacuar el traslado, haya precisado que su pretensión no busca cuestionar el criterio médico: reconocida la validez técnica del alta, lo que en definitiva se pide es condicionar sus efectos a la previa obtención de una prestación distinta, sujeta a requisitos propios, que es materia de los motivos siguientes.

DÉCIMO CUARTO: Que la exigencia sobre la que el recurso construye su pretensión principal —la entrega previa de un plan de egreso seguro— no tiene consagración en el ordenamiento jurídico nacional. Ni la Constitución Política de la República, ni la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, ni sus reglamentos complementarios contemplan esa figura o le asignan contenido. Lo que sí establece el artículo 11 de la Ley N° 20.584 es el derecho a recibir, una vez finalizada la hospitalización, un informe legible que contenga entre otras menciones, «Una información comprensible acerca del diagnóstico de ingreso y de alta, con sus respectivas fechas, y los resultados más relevantes de exámenes y procedimientos efectuados que sean pertinentes al diagnóstico e indicaciones a seguir» —letra c)— y «La modalidad de atención en que se efectuará el seguimiento del tratamiento de salud, con relación a la atención recibida, en caso de ser necesario» —letra e)—. Ese deber, que se satisface con la indicación de la modalidad de seguimiento, no se extiende a garantizar al paciente dado de alta la permanencia indefinida en una cama de atención cerrada ni la contratación de cuidadores profesionales permanentes. Ello no importa desconocer el deber de continuidad de la atención que grava a los prestadores institucionales, que el actor funda con acierto en la sustancia de las Leyes N° 20.584 y N° 21.375, sino precisar que su infracción debe alegarse y acreditarse respecto de prestaciones determinadas, y no mediante la invocación de una categoría que el legislador no ha creado y a la que se pretende asignar el efecto de una condición suspensiva del alta.

DÉCIMO QUINTO: Que otro tanto ocurre con la pretensión de que se ordene financiar una hospitalización domiciliaria. Esa modalidad no es una prestación que el beneficiario o su familia puedan requerir por sí, sino una forma de hospitalización sujeta a requisitos reglados. El inciso final del artículo 1° del Decreto N° 1 de 2022, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Establecimientos que Otorgan Prestaciones de Hospitalización Domiciliaria, dispone que «La hospitalización domiciliaria requiere una indicación y control médico, un plan terapéutico del equipo de salud y su término estará determinado por el egreso del paciente», y el artículo 15 del mismo Reglamento establece que «Podrán recibir prestaciones de hospitalización domiciliaria, los pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones clínicas, sanitarias y de apoyo: a) Patología aguda o crónica reagudizada, clínicamente estable y susceptible de tratar en domicilio o adecuación del esfuerzo terapéutico. […] c) Red de apoyo familiar, social o tutor responsable a cargo del cuidado. d)

Aceptación por escrito e informada del paciente, tutor o familiar de la modalidad de hospitalización domiciliaria».

DÉCIMO SEXTO: Que del cotejo de esas normas con los hechos asentados en el motivo séptimo resulta que la pretensión carece del derecho indubitado que la acción cautelar exige. La exigencia de indicación y control médico y de plan terapéutico del equipo de salud, que establece el inciso final del artículo 1° del Decreto N° 1 de 2022, es copulativa y opera cualquiera sea la condición habilitante de las que enumera el artículo 15 del mismo Reglamento, de modo que la eventual concurrencia de una adecuación del esfuerzo terapéutico no dispensa de aquélla. En estos autos no consta indicación médica de hospitalización domiciliaria emanada del equipo tratante, ni plan terapéutico formulado conforme a esa norma; tampoco consta acreditado ante el prestador el diagnóstico de enfermedad terminal que el artículo 2° de la Ley N° 21.375 reserva al médico cirujano, ni la calificación de enfermedad grave conforme a esa misma disposición, presupuestos de los cuidados paliativos que dicha ley regula.

Faltando el presupuesto técnico del que la cobertura depende, el organismo asegurador no podía otorgarla sin comprometer el principio de legalidad del gasto público que consagran los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y no corresponde a esta Corte, por la vía de esta acción, elaborar la indicación clínica que el ordenamiento reserva al facultativo ni transformar una solicitud familiar en una orden de hospitalización.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que no altera lo anterior la contradicción que el actor denuncia al evacuar el traslado, fundada en que la evolución clínica de 3 de agosto de 2026 daría cuenta de una hospitalización prolongada bajo tratamiento antibiótico supresor y manejo analgésico con opioides. Según el hecho signado con el número 5 del motivo séptimo, esas son precisamente las prestaciones que el establecimiento ha continuado administrando después del alta —terapia antibiótica supresora por vía oral y control del dolor mediante parches transdérmicos—, y se trata de prestaciones de ejecución ambulatoria, que no requieren cama de atención cerrada ni soporte hospitalario. Su mantención no acredita, por tanto, la subsistencia de la necesidad terapéutica que justificaría el régimen de internación, sino la continuidad de un tratamiento compatible con el egreso.

DÉCIMO OCTAVO: Que la alegación fundada en el numeral 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República debe desestimarse por una razón previa a su mérito, que ambas recurridas hicieron valer: esa garantía no se encuentra cautelada por la acción del artículo 20 de la Carta Fundamental, que la comprende únicamente en su inciso final, esto es, en el derecho de cada persona a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea estatal o privado. El actor no ha alegado impedimento alguno al ejercicio de esa libertad de elección — permanece, por el contrario, dentro del sistema de salud institucional del que es beneficiario según el hecho signado con el número 1 del motivo séptimo—, sino la insuficiencia de las prestaciones que dentro de él recibe, materia que queda fuera del ámbito de esta acción.

DÉCIMO NOVENO: Que, en cuanto al numeral 24° del mismo artículo 19, y aun aceptando que los derechos de cobertura de un beneficiario constituyen bienes incorporales susceptibles de dominio, su nacimiento y ejercicio quedan sujetos a las normas legales y reglamentarias que los regulan, de modo que, mientras no se verifiquen los presupuestos que permiten su nacimiento, el beneficiario cuenta con una mera expectativa y no con un derecho incorporado a su patrimonio. Es el mismo criterio que esta Corte aplicó en el fallo citado en el motivo decimotercero, al declarar que el beneficio allí pretendido «no constituye un derecho indubitado incorporado a su patrimonio, sino que su reconocimiento se encontraba condicionado precisamente al pronunciamiento técnico definitivo del órgano competente» (motivo noveno). A ello se agrega que la amenaza denunciada no reúne el carácter cierto y actual que el artículo 20 de la Constitución Política de la República exige, pues según los propios informes no existe decisión adoptada sobre el cobro de los días posteriores al 17 de abril de 2026, sino una evaluación en curso cuyo resultado se anunció condicionado. Lo anterior se resuelve sin que importe pronunciamiento alguno sobre la procedencia de la cobertura ni del cobro, los que, de decidirse, deberán constar en un acto fundado y notificado al beneficiario, quedando a salvo a su respecto el procedimiento de reclamo de la Ley N° 20.584, los recursos de la Ley N° 19.880 y las acciones declarativas que en derecho correspondan.

VIGÉSIMO: Que la imputación de presión y hostigamiento telefónico sobre el entorno familiar del actor, y de amenaza de acciones legales por abandono de paciente, no puede tenerse por acreditada. No fue recogida entre los hechos establecidos en el motivo séptimo, el recurso la funda en su propio relato sin acompañar registro ni transcripción de las comunicaciones que denuncia, y ambas recurridas la niegan, atribuyendo el Hospital los contactos telefónicos a la necesidad de coordinar el egreso.

Se trata de un hecho controvertido cuya dilucidación exigiría una actividad probatoria que el procedimiento de esta acción no contempla, lo que impide construir sobre él la ilegalidad o arbitrariedad reclamadas.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, atendido lo razonado, no se accede a la medida para mejor resolver solicitada en el otrosí del escrito de traslado, por resultar innecesaria para la decisión.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Hospital Militar de Santiago y de la Dirección de Sanidad del Ejército de Chile (JEAFOSALE-DIVSAL).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro (S) señor Guillermo Rodríguez González.

No firma el ministro (S) señor Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber terminado su suplencia.

N° Protección-17532-2026.