nombre reservado con INSTITUTO SALUD PUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, seis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que doña nombre reservado dedujo acción de protección en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en poner término anticipado a su designación a contrata a través de la Resolución Exenta N° 01284 de 26 de junio de 2024, lo que vulneraría sus garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Expone su historial como funcionaria a contrata grado 5, indicando que empezó a prestar servicios en la institución recurrida a partir del 28 de agosto de 2019, como jefa de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, siendo prorrogada su contrata para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Asevera que no contaba con atribuciones de confianza o autonomía, sin embargo, conforme a la estructura organizacional, correspondía que tuviera funciona directivas. Destaca que el 3 de junio de 2024 asumió una nueva directora en la institución, con quien mantuvo una reunión a su llegada, en la cual se refirió de mala forma al trabajo de su parte.

Respecto a las circunstancias del término anticipado de su designación a contrata, indica que el 27 de junio de 2024 se le señaló por parte del jefe de gabinete y el jefe subrogante de personas que la directora no quería trabajar con ella, que no había confianza legítima y que, al tratarse de un cargo con funciones directivas podían despedirla de manera anticipada, ante lo cual respondió que no tenía funciones directivas, a diferencia de su jefatura directa.

Previa cita del acto administrativo impugnado asevera que en él no se advierte su motivación. Sobre este particular, puntualiza que en el numeral décimo del acto administrativo se indica que los fundamentos para el término anticipado tendrían relación con que se trata de una funcionaria de confianza, que no cumpliría con las capacidades o aptitudes personales para el desempeño de las funciones, que existen razones de eficiencia, que se deben utilizar los recursos de forma racional y que la autoridad estaría facultada para el término anticipado, aun cuando la función siga siendo necesaria, indicando incluso quién asumiría las funciones de su parte.

En cuanto al primer fundamento invocado en el acto impugnado, es decir, que se trata de una funcionaria de confianza, indica que el acto impugnado alude a tres resoluciones que le otorgarían funciones directivas: una de septiembre de 2018, dictada de forma previa a su ingreso al servicio y aplicable a su antecesora en el cargo y resoluciones de 2023 y 2024, que le asignan funciones directivas a lo menos a 100 funcionarios pertenecientes desde el grado 3 al grado 12, que no revisten las características de funcionarios de confianza.

Sobre este particular hace presente que su antecesora en el cargo recibía una asignación de funciones críticas, establecida debido a la responsabilidad y confianza en el cargo; sin embargo, su parte nunca recibió dicha asignación.

Agrega que nunca tuvo autonomía, y que todas las decisiones del área debían ser consultadas a la jefatura de gabinete o al coordinador jefe de asesorías.

Añade que, en la resolución impugnada, se indicaría que tendría la referida confianza al estar designada como jefe de gabinete subrogante, lo cual es efectivo, y ello ocurrió el año 2023, siendo la tercera en el orden de subrogación, cargo en el que asumió únicamente por un día ante la ausencia de quienes la precedían. A este respecto, indica que el orden de subrogación fue modificado posteriormente.

En cuanto al segundo fundamento invocado en el acto impugnado, relativo a la falta de competencias o aptitudes personales para ejercer el cargo, afirma que ello no es efectivo, por cuanto se desempeñó en él por varios años, siendo evaluada favorablemente, lo que le permitió mantenerse bajo 4 autoridades diferentes.

Respecto de este argumento añade que la actual directora asumió el 3 de junio de 2024 y que fue notificada del término de su contrata el 27 de junio del mismo año, sin haber mantenido alguna reunión con la ella para mostrarle el plan de trabajo para el año y enseñarle lo que se había realizado en la institución.

En cuanto al tercer fundamento invocado en el acto impugnado, relativo a una eventual sobredotación, afirma que ello no es efectivo, por cuanto la funcionaria que la reemplaza en el cargo percibía la misma asignación que su parte, por lo que, desde el punto de vista remuneratorio, nada las diferencia.

Asevera que el acto impugnado está dirigido caprichosamente en su contra, lo que se evidencia por cuanto la decisión fue tomada a menos de 20 días desde que la nueva autoridad asumió en el cargo, y sin indicarse por qué la actora no cuenta con las aptitudes necesarias, considerando que a lo largo de casi 5 años ejerció el cargo sin recibir cuestionamientos al respecto, de forma tal que no existe fundamento ni justificación del acto administrativo impugnado, ni reviste la motivación exigida para darle razonabilidad.

Previa referencia a la normativa que entiende aplicable, a los derechos que entiende afectados y a jurisprudencia afín, solicita que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el término anticipado de su designación a contrata; reincorporarla y pagarle las remuneraciones durante el tiempo de la separación o, en subsidio, que se le pague la remuneración hasta el 31 de diciembre de 2024, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrida evacuó su informe y solicitó el rechazo del recurso, por cuanto el acto impugnado se dictó dentro del marco de atribuciones que ostenta el jefe superior del servicio, con la debida motivación y justificación. Expone que la exdirectora del servicio, doña nombre reservado, contrató a la recurrente mediante la Resolución Exenta RA N° 165/646/2019, de fecha 4 de septiembre de 2019, sin concurso previo, e ingresó a prestar servicios como jefe de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, en grado 5. Indica que en la referida resolución se señala expresamente que el cargo depende de la Dirección, y que la contrata fue renovada por periodos anuales.

Explica que la autoridad que nombró a la actora lo hizo para que prestara labores de asesoría y colaboración directa de la dirección del Instituto, reportando sus tareas de forma directa a la jefatura superior del servicio, por lo que sus funciones se enmarcan en labores de asesoría del gabinete de dirección, formando parte del gabinete de la institución.

Por otro lado, señala que la actora, desde que fue nombrada en el cargo, ha ejercido funciones directivas, tal como consta en la Resolución Exenta N° 2312, de fecha 7 de septiembre de 2018, y en las Resoluciones RA N° 165/915/2023 y RA N° 165/291/2024.

Indica que, en este orden de ideas, las labores que desempeñaba la recurrente son de confianza, por cuanto en dicho cargo recae la responsabilidad de asesorar a la dirección en materias relacionadas con la comunicación entre el Instituto y el público interno y externo.

Agrega que el carácter de confianza entre la funcionaria y el cargo queda patente si se atiende a la Resolución 740, de 2023, del Instituto, por el cual se designó a la jefatura de la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, esto es, la recurrente, en la línea de subrogación del cargo de jefe de gabinete de la institución, posición que se le asigna por la estrecha y legítima relación de confianza y cercanía que debe existir en ese cargo con la dirección de turno, resolución que no ha sido modificada, contrariamente a lo señalado por la recurrente.

Refiere que el 3 de junio de 2024 se designó a la actual directora titular del servicio, siendo elegida a través del sistema de Alta Dirección Pública, quien, en el ejercicio de sus atribuciones, dictó el 26 de junio de 2024 el acto impugnado. En cuanto a los argumentos del recurso, afirma que no existe acto ilegal o arbitrario, por cuanto, de conformidad a la normativa que cita, es atribución de la autoridad decidir sobre el término anticipado de las contratas correspondientes, como ha ocurrido en este caso.

Agrega que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que cita, el acto administrativo impugnado contiene los antecedentes de hecho y derecho que le sirven de sustento, de forma tal que, de su sola lectura, es posible conocer cuál ha sido el raciocinio seguido para dictarlo. Sobre este particular, indica que, al haber ejercido la actora funciones directivas desde su nombramiento, existe una relación de confianza entre la Dirección del Servicio y la funcionaria, por lo que la terminación anticipada de la contrata se encuentra ajustada a derecho. En efecto, afirma que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, al encontrarse debidamente fundado, y teniendo en consideración que el principio de confianza legítima no resulta aplicable respecto de los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de jefes de servicio, añadiendo, a este respecto, que tampoco se cumple el término de cinco años de prestación de servicios de manera continua por al menos cinco años, toda vez que la actora se desempeñó en él cargo por 4 años y 10 meses.

Finalmente, niega que se hayan afectado las garantías constitucionales de la actora, por lo que solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el Instituto de Salud Pública (ISP) no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a terminar anticipadamente la contrata de la actora por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio.

QUINTO: Que, en efecto, lo cierto es que el acto está motivado —se puede leer en la resolución impugnada que la señora nombre reservado fue contratada mediante la Resolución Exenta RA N° 165/646/2019, como jefe de la Unidad e Comunicaciones e Imagen Institucional del Instituto de Salud Pública, en grado 5° EUS, cargo que dependía de la dirección del ISP; que su contrata fue renovada por períodos anuales y que su última renovación fue aquella de que da cuenta la Resolución Exenta N° 32 de 2024; que el denominado “principio de confianza legítima” no se aplica a quienes ejercen funciones directivas; y que la señora nombre reservado era, en consecuencia, una funcionaria “de confianza” de las pertinentes autoridades— y el hecho que la recurrente no comparta los argumentos del ISP no torna el acto administrativo en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonarían su papel de juzgadores y se convertirían en administradores, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por la recurrida, se tiene desde el 28 de agosto de 2019, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que procedía poner término anticipado a la última contrata, que vencía el 31 de diciembre de 2024, el 23 de julio del mismo año.

SEXTO: Que, por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que la recurrente fue nombrada “a contrata” para desempeñar funciones en el ISP “y mientras sean necesarios sus servicios”, y que la resolución impugnada decidió poner término anticipado a esta contrata, contratas que, en conjunto, no superaron, en todo caso, el lapso de cinco años.

SÉPTIMO: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración plasmada en la resolución impugnada de no renovar la contrata de la señora nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley —N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República—, debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que la recurrente, lo que no ha sucedido; el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil; y en lo que respecta al N° 16 del aludido artículo 19, el artículo 20 de la Constitución sólo lo protege en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Redacción del ministro señor Mera.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-17513-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministra señora María Loreto Gutiérrez Alvear y por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo. No firma la ministra señora Gutiérrez por encontrarse ausente ni el ministro señor Gray por hacer uso de licencia médica.