Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, dos de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, ciudadano cubano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, impugnando la decisión administrativa que declaró abandonada su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y ordenó el archivo de los antecedentes.

Expone que residía en la ciudad de Iquique y trabajaba en un restaurante hasta el inicio de la pandemia por COVID-19, circunstancia que lo obligó a trasladarse a la comuna de Buin tras perder su fuente laboral.

Refiere que intentó comunicar su cambio de domicilio ante las oficinas de extranjería de Iquique, pero éstas se encontraban cerradas debido a las restricciones sanitarias vigentes.

Señala que posteriormente la autoridad migratoria remitió correspondencia relativa a la tramitación de su visa al domicilio que mantenía registrado en Iquique, sin que pudiera recibirla por ya no residir en dicho lugar.

Agrega que, luego de efectuar diversas gestiones para continuar con su trámite migratorio y una vez levantadas las restricciones de desplazamiento, concurrió a las oficinas de extranjería en Santiago, donde fue informado que su solicitud había sido archivada.

Indica que presentó una solicitud de desarchivo explicando que no recibió la comunicación respectiva debido a su traslado durante la pandemia, acompañando antecedentes que acreditarían que ya trabajaba y residía en la Región Metropolitana cuando se efectuó la notificación.

Sostiene que nunca se le notificó personalmente ni mediante correo electrónico, por lo que no puede atribuírsele abandono del procedimiento.

Afirma que la decisión recurrida vulnera diversas garantías constitucionales y solicita que se deje sin efecto el archivo de su solicitud, se reactive su trámite migratorio y se le conceda la nacionalidad chilena.

SEGUNDO: Que evacúa informe el Ministerio del Interior, sosteniendo, en primer término, que el acto cuestionado correspondería al Oficio Ordinario N° NUM000, de 26 de diciembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó una solicitud de reconsideración destinada al desarchivo del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Expone que dicho procedimiento se encuentra regulado por la Ley N° 20.430 y su Reglamento, correspondiendo al Servicio Nacional de Migraciones recibir las solicitudes, verificar el cumplimiento de los requisitos formales, coordinar las actuaciones necesarias, efectuar las notificaciones pertinentes y practicar las entrevistas de elegibilidad.

Precisa que la solicitud del actor fue declarada abandonada mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 16 de noviembre de 2020, luego de que éste no asistiera a la entrevista de elegibilidad, trámite que reviste carácter esencial dentro del procedimiento.

Argumenta que los hechos reclamados se sitúan íntegramente dentro de una etapa cuya tramitación compete exclusivamente al Servicio Nacional de Migraciones, siendo la intervención del Ministerio del Interior posterior y limitada al pronunciamiento sobre el otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado, de conformidad con el artículo 19 de la Ley N° 20.430.

Añade que la declaración de abandono se encuentra expresamente prevista en los artículos 40 y 43 de la Ley N° 19.880 y concluye que no le corresponde informar sobre el fondo de la controversia, por no haber intervenido en el procedimiento ni en la resolución impugnada.

TERCERO: Que informa el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo íntegro del recurso.

Expone que el recurrente presentó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado con fecha 8 de mayo de 2017, registrando domicilio en la ciudad de Iquique, y que, con ocasión de dicha solicitud, se le otorgó una visa temporal de refugio mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 20 de junio de 2017, beneficio que fue prorrogado sucesivamente hasta el 28 de febrero de 2020, siendo la última extensión concedida mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 13 de junio de 2019.

Señala que el 10 de junio de 2019 el actor informó un cambio de domicilio a la dirección de domicilio reservado.

Indica que mediante Oficio Ordinario N° NUM004, de 12 de febrero de 2020, fue citado a una entrevista de elegibilidad fijada para el 24 de marzo de 2020, comunicación remitida al domicilio informado por el propio interesado.

Añade que, al no comparecer, fue nuevamente citado mediante Oficio Ordinario N° NUM005, de 18 de agosto de 2020, para concurrir a una entrevista programada para el 14 de septiembre de 2020, advirtiéndosele expresamente que, en caso de inasistencia, debía justificarla oportunamente bajo apercibimiento de archivarse su solicitud.

Expone que el actor tampoco asistió a dicha diligencia ni realizó gestión alguna destinada a reactivar el procedimiento, razón por la cual, mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 16 de noviembre de 2020, se declaró abandonada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, se ordenó su archivo y se declaró la caducidad de la visa temporal otorgada como solicitante de refugio.

Agrega que dicha resolución fue notificada mediante Oficio Ordinario N° NUM006, de la misma fecha, al domicilio ubicado en domicilio reservado.

Refiere además que el actor solicitó el desarchivo de su expediente el 16 de mayo de 2024, petición rechazada por Oficio Ordinario N° NUM007, de 24 de junio de 2024, y que una nueva solicitud de desarchivo, presentada el 10 de noviembre de 2025, fue nuevamente rechazada mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de 26 de diciembre de 2025.

Sostiene que el archivo del procedimiento se ajustó a los artículos 40 y 43 de la Ley N° 19.880, que el recurrente no hizo uso oportuno de los recursos administrativos previstos en la legislación especial y que actualmente no existe en su contra multa, orden de abandono, expulsión ni otra sanción migratoria, por lo que solicita el rechazo de la presente acción constitucional.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa aparece que la autoridad migratoria ha obrado en conformidad a lo preceptuado en la normativa aplicable al presente caso.

En efecto, de lo expresado por las partes en sus respectivos escritos y los documentos aparejados, es posible establecer que el actor informó a la autoridad migratoria, con fecha 10 de junio de 2019, como domicilio para efectos del procedimiento el ubicado en domicilio reservado y que posteriormente fue citado a entrevistas de elegibilidad mediante comunicaciones remitidas a dicha dirección, sin asistir a ellas y sin justificar su inasistencia.

Asimismo, consta que, aun cuando el recurrente afirma haberse trasladado con posterioridad a la comuna de Buin producto de las consecuencias derivadas de la pandemia, dicho cambio de residencia no fue oportunamente informado a la autoridad competente en los términos exigidos por la normativa especial que regula el procedimiento de determinación de la condición de refugiado.

SEXTO: Que, en efecto, el artículo 33 N° 6 de la Ley N° 20.430 impone al solicitante la obligación de fijar domicilio e informar oportunamente cualquier modificación del mismo, mientras que el artículo 44 N° 6 del Decreto Supremo N° 837, que aprueba el Reglamento de dicha ley, establece expresamente que, de no comunicarse el cambio de domicilio dentro del plazo legal, se entenderán válidamente notificadas todas las comunicaciones y resoluciones remitidas al domicilio previamente informado por el solicitante. La misma disposición agrega que el incumplimiento grave o reiterado de tales obligaciones, cuando impida a la autoridad desarrollar adecuadamente el procedimiento, constituye antecedente suficiente para disponer el archivo o rechazo de la solicitud.

De esta forma, la circunstancia alegada por el recurrente, consistente en no haber recibido las comunicaciones enviadas por la autoridad debido a su traslado a otra ciudad, no puede ser imputada a la Administración, desde que fue precisamente su propia omisión en el cumplimiento de los deberes legales que le asistían la que generó tal situación.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, se debe precisar que el artículo 28 Bis de la Ley N° 20430 establece expresamente que si el solicitante no se presenta a la entrevista se archivará la solicitud por abandono del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del reglamento de la ley. A su turno, esta norma dispone que se podrá ordenar mediante resolución, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en la ley N°19.880, en los casos de abandono del procedimiento o de desistimiento de la solicitud, añadiendo que el abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante por más de treinta días, que paralice el procedimiento.

Así, en el presente caso, la actuación de la autoridad recurrida se ajustó a las facultades que le confieren los artículos 28 Bis de la ley N° 20430 y 52 del Decreto N° 837 que establece su reglamento, en relación con los artículos 40 y 43 de la Ley N° 19.880.

En efecto, luego de la inasistencia del solicitante a las diligencias esenciales del procedimiento y de la prolongada inactividad que impidió continuar su tramitación, la Administración se encontraba legalmente habilitada para declarar el abandono del procedimiento y ordenar su archivo, decisión que, además, constituye una de las formas de terminación expresamente previstas por el legislador.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no existe acto ilegal o arbitrario susceptible de amparo constitucional, motivo por el cual la presente acción será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N° Protección-175-2026.