I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de Santiago Santiago, uno de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, comparece don Christopher Gotschlich Vázquez, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, quien interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada legalmente por don nombre reservado, por estimar que ésta ha incurrido en el acto ilegal y arbitrario de ordenar, mediante Oficio N° 14.040 de 15 de octubre de 2019, notificado con fecha 17 de octubre del mismo año, la reincorporación de doña nombre reservado a la dotación de la Ilustre Municipalidad de Santiago y al consecuente pago de dos remuneraciones adeudadas por el período de tiempo que estuvo separada indebidamente de sus funciones, orden que transgrede y vulnera las garantías fundamentales de los artículos 19 N° 2, 3 inciso cuarto y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la funcionaria nombre reservado ingresó a prestar servicios para la I. Municipalidad de Santiago como asistente de la educación en función administrativa, por lo que, en su relación laboral, se rige por las normas del Código del Trabajo.

Señala que el Director del establecimiento educacional en donde nombre reservado cumple servicios -la Escuela Libertadores de Chile (E-17)- informó a la empleadora que la funcionaria no concurrió a trabajar dos días seguidos -2 y 3 de abril de 2018-.

Agrega que a efectos de determinar la veracidad de las inasistencias injustificadas, con fecha 17 de abril de 2018, mediante Decreto Secc. 3era N° 1394, se instruyó una breve investigación en contra de doña nombre reservado.

Luego, indica que con fecha 26 de diciembre de 2018, mediante Decreto Secc. 3era N° 5336, el Alcalde decretó el término a la relación laboral de doña nombre reservado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo.

Relata que con fecha 06 de febrero de 2019, doña nombre reservado ingresó una presentación a la Contraloría Regional Metropolitana, exponiendo la situación que le afectaba y solicitando se le otorgaran dos días administrativos que le fueran denegados por la recurrida; la devolución de lo descontado por concepto de inasistencia; la anulación del sumario que derivó en su desvinculación y el traslado a otro recinto educacional, debido a que el Director había ejercido acoso laboral en su contra, situación que estaría respaldada por la ACHS.

Así las cosas, refiere que con fecha 17 de octubre de 2019, se recibió en la entidad edilicia, el Oficio N°14.040 de fecha 15 de octubre de 2019, que indica “La Municipalidad de Santiago deberá reincorporar a la funcionaria que indica y pagar las remuneraciones que corresponden desde que la servidora fue separada indebidamente de sus funciones. Además, deberá ponderar instruir un sumario en virtud de la denuncia de maltrato. Finalmente, es competencia del Alcalde determinar las destinaciones del personal de su dependencia”

Añade que, el referido oficio consigna en lo pertinente: “En efecto, de la revisión de las probanzas aportadas por la recurrente, tanto en la breve investigación como ante ese Órgano de Control, aparece que la señora nombre reservado efectivamente se vio impedida de asistir a su trabajo por la urgencia que afectó a su familiar, dado que así consta, por ejemplo, en el mandato conferido al Hospital de Talca, instrumento suscrito el día 1 de abril de 2018, en la ciudad de Talca, mediante el cual, la servidora se hace responsable de los gastos económicos que se derivaren de las atenciones de salud que dicho recinto prestaría a doña nombre reservado.

Por lo anteriormente expuesto, la desvinculación en análisis carece de una suficiente motivación.

Por consiguiente, es dable concluir que el término de la relación contractual de la ocurrente no se ajustó a derecho, por lo que corresponde que la entidad aludida proceda a reincorporar a la requirente y a pagar separada indebidamente de sus funciones…”

Arguye que la función fiscalizadora de la Contraloría y en lo atingente al caso de marras, se traduce en pronunciarse sobre la constitucionalidad y la legalidad de las resoluciones que emanen del Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago, en el presente, del acto que pone término a la breve investigación seguida contra la funcionaria nombre reservado, y mediante la cual se acreditó la causal del artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo.

En este sentido, cita los artículos 5 y 6 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, artículos 1, 5, y 6 de la Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que contemplan las atribuciones y deberes del Contralor, desde donde se desprende que carece de las facultades para interpretar y calificar jurídicamente las normas de carácter laboral, y si lo hace, infringe los artículos 6° y 7° de la Carta fundamental, que consagran el llamado principio de juridicidad. En consecuencia, alega que en el ordenamiento jurídico, los actos emanados de órganos administrativos que no tienen competencia para un acto en particular, como sería en este caso, incurren en un vicio susceptible de nulidad de derecho público.

Agrega que, el hecho de declarar como inaplicable una causal de término establecida en el Código del Trabajo y además, ordenar el pago de las indemnizaciones legales respecto de una relación jurídica que no está vigente, es una función jurisdiccional, de la cual la Contraloría General de la República no tiene facultades para ello. Hace presente que el artículo 420 del Código del Trabajo señala: “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

Asegura que lo previamente descrito configura un acto un acto ilegal y arbitrario por cuanto priva, perturba y amenaza el ejercicio de los legítimos derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N° 2, 3 inciso cuarto y 24 de la Constitución Política de la República, que cautelan la igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el derecho a la propiedad, respectivamente.

Arguye que, con esta actuación el órgano contralor se erige como una comisión especial, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Por otra parte, esta orden que da la Contraloría General de la República en cuanto a ordenar el pago de “las remuneraciones que se le adeuden por el período de tiempo que estuvo separada indebidamente de sus funciones”, supone una afectación al artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental, es decir, “el derecho a la propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”, en particular en lo que dice relación con la propiedad que tiene la I. Municipalidad de Santiago sobre los dineros que deberán ser pagados como remuneración.

Finalmente, estima que la Contraloría incurre en un acto que es también arbitrario pues, para el caso en particular de la breve investigación seguida en contra de doña nombre reservado, y contrariando su propia jurisprudencia, sustituyó a la administración activa en la ponderación de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio de valor a cerca de la responsabilidad disciplinaria del inculpado, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República por cuanto, un mismo criterio jurisprudencial, que genera la confianza legítima de que será reiterado en el futuro es aplicado distinto en este caso en particular para un acto administrativo de la I. Municipalidad de Santiago, y que ha cumplido con toda la normativa vigente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicita se declare que el Oficio N° 14.040 de 15 de octubre de 2019, configura un acto ilegal y arbitrario, dejándoselo sin efecto.

Con fecha 22 de junio de 2020, la Contraloría General de la Republica alega en primer lugar, la falta de legitimación activa de la Municipalidad de Santiago. Al efecto, hace presente que la relación jurídica existente entre la Municipalidad de Santiago y la Contraloría, se configura, especialmente, por los artículos 98 de la Carta Fundamental; 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la Ley N° 10.336, que fija su Organización y Atribuciones, facultades que le fueron delegadas a las Contralorías Regionales por el Contralor General mediante Resolución N° 1.002 de 2011, y los artículos 51 y 52 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En virtud de las normas antes expuestas, señala que la Contraloría General detenta potestades y funciones, en orden a que, entre otros asuntos, garantice el irrestricto respeto al ordenamiento jurídico por parte de los organismos sometidos a su fiscalización, pudiendo para tales efectos emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control, siendo estos obligatorios para dichas entidades.

En consecuencia, alega que, atendido que las municipalidades son servicios fiscalizados por la recurrida, ellas se encuentran en el deber de someter su actuación a la jurisprudencia administrativa emanada del Órgano Contralor. Asegura que, esta circunstancia la priva para interponer el presente recurso de protección con el objeto de sustraerse del cumplimiento de los pronunciamientos la Contraloría, los cuales al interpretar la norma administrativa integran el bloque de juridicidad en que deben enmarcar sus actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Seguidamente, asegura que el oficio recurrido N° 14.040 de 2019 de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, ha sido emitido de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 51 y 52 de la Ley N° 18.695; 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley N° 10.336, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002 de 2011 con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia.

Arguye que, es atribución de la Contraloría General informar sobre los asuntos que se relacionan con el régimen jurídico que rige a los funcionarios de la Administración del Estado.

Agrega sobre el asunto, que con arreglo a lo dispuesto en la propia Constitución -en su artículo 98-, la Ley N° 10.336 -artículos 1°, 5° y 6°- y la Ley N° 18.695 -artículos 51 y 52-, la Contraloría General posee competencia para fiscalizar a las municipalidades en relación con aspectos vinculados, entre otros, con su funcionamiento y personal, y con la observancia de las normas estatutarias que rigen a los servidores municipales -incluidos los afectos al Código del Trabajo, para lo cual cuenta con diversas atribuciones, entre las que se contempla aquella que importa una labor de interpretación jurídica, que se exterioriza mediante la emisión de dictámenes, como se verificó en el presente caso.

En este sentido, asegura que, el Oficio N° 14.040 de 2019 de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago ha sido dictado en aplicación de la legislación vigente y la jurisprudencia administrativa de dicha Entidad Fiscalizadora.

Indica que, es atribución de la Contraloría General informar sobre los asuntos que se relacionan con el régimen jurídico que rige a los funcionarios de la Administración del Estado, cita jurisprudencia de la Corte Suprema en dicho sentido (Rol N° 16.730-2017).

Luego, hace presente que los asistentes de la educación que laboran en los municipios poseen la calidad de funcionarios públicos, sin que obste a ello, la circunstancia de que su vínculo con el ente municipal se rija por las normas laborales, como lo dispone el artículo 4° de la Ley N° 19.464. Agrega que, en el mismo sentido, la Contraloría ha emitido los Dictámenes N° 72.785 de 2012 y N° 100.137 de 2014, relativos al régimen estatutario de los asistentes de la educación, entre otros, los que laboran en la propia Municipalidad de Santiago, refiriéndose específicamente a las causales de término de su relación laboral, sin que dicha entidad edilicia haya cuestionado, con ocasión de tales pronunciamientos, las potestades de Control de la recurrida para referirse a dichas materias.

Añade que, respecto de los funcionarios municipales que se rigen por el Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo en sus Dictámenes N° 2.125 de 2000 y N° 1.556 de 2017, ha señalado invariablemente que carece de competencia para interpretar y fiscalizar la aplicación de la legislación laboral respecto de funcionarios que se desempeñan en un Departamento de Educación de una municipalidad, administrado directamente por esta, correspondiendo tal facultad a Contraloría.

Asimismo, refiere que el acto impugnado sólo se ha referido a la ausencia de motivación del Decreto Alcaldicio de cese de doña nombre reservado y no al mérito de las pruebas en la respectiva breve investigación, pronunciándose sobre un aspecto de la legalidad del respectivo Decreto Alcaldicio.

En consecuencia, atendido lo expuesto, concluye que no se visualiza como su representada habría afectado las garantías que la recurrente estima conculcadas, razones por las que solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Sobre la existencia del acto no existe discusión, constando por lo demás, del documento agregado a los autos consistente en el Oficio N° 14.040 de 15 de octubre de 2019, notificado con fecha 17 de octubre del mismo año, que dispone la reincorporación de doña nombre reservado a la dotación de la Municipalidad de Santiago y al consecuente pago de dos remuneraciones adeudadas por el período de tiempo que estuvo separada indebidamente de sus funciones.

Tercero: De acuerdo a lo expuesto por las partes y los antecedentes allegados al proceso resulta posible establecer para los efectos de la presente acción cautelar, lo siguiente:

1. Doña nombre reservado ingresó a prestar servicios para la Municipalidad de Santiago como asistente de la educación en función administrativa, rigiéndose la relación por las normas del Código del Trabajo.

2. Con fecha 04 de abril, mediante Ord. N° 70, el Director del establecimiento educacional donde nombre reservado cumplía servicios, informó a la empleadora que la funcionaria no concurrió a trabajar dos días seguidos en el mes de abril de 2018 sin justificación.

3. Con fecha 17 de abril de 2018, mediante Decreto Secc. 3era N° 1394, se instruyó una breve investigación en contra de doña nombre reservado, a efectos de determinar la veracidad de las inasistencias injustificadas.

4. Con fecha 26 de diciembre de 2018, mediante Decreto Secc. 3era N° 5336, el Alcalde decretó el término de la relación laboral de doña nombre reservado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 N° 3 del Código del Trabajo, el que le fue notificado el 27 de enero de 2019.

5. Con fecha 06 de febrero de 2019, doña nombre reservado ingresó una presentación a la Contraloría Regional Metropolitana, exponiendo la situación que le afectaba, requiriendo se le otorgaran los dos días administrativos que había solicitado, correspondientes a los días 2 y 3 de abril de 2018, lo que le fue negado; a fin de que se le hiciera devolución de la suma de $34.541, descuento aplicado en el mes de mayo bajo el concepto de inasistencias; que se anulara el sumario 19/2018 por no corresponder el cargo único a la verdad de los hechos, y además por no haber tenido derecho a defenderse al recibir la notificación para ir a declarar tres días después de la fecha de la citación y que se la trasladara de establecimiento educacional.

6. Mediante Oficio N° 14.040, de fecha 15 de octubre de 2019, la Contraloría recurrida decidió que: “La Municipalidad de Santiago deberá reincorporar a la funcionaria que indica y pagar las remuneraciones que corresponden desde que la servidora fue separada indebidamente de sus funciones. Además, deberá ponderar instruir un sumario en virtud de la denuncia de maltrato. Finalmente, es competencia del Alcalde determinar las destinaciones del personal de su dependencia”.

En la referida decisión se consignó “Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, consta que se efectuó una breve investigación sobre la ausencia de la interesada, en la cual se le informaron los hechos indagados y, asimismo, tuvo la oportunidad de declarar sobre aquellos y efectuar sus respectivos descargos, adjuntando medios de prueba, dándosele de esa forma la posibilidad de defenderse.

Consta en la vista fiscal de la anotada breve investigación, que sirvió de fundamento a la decisión de poner término al contrato de trabajo de la ocurrente, que no se desconocen los hechos que motivaron su ausencia -cuidado de una prima con problemas de salud-, pero se estima que la causal en comento es de carácter objetiva, “por lo que la justificación entregada por la funcionaria no es suficiente para desvirtuar el presupuesto fáctico señalado en el citado artículo 160 N°3 del Código del Trabajo Al respecto, cumple con puntualizar que no se advierte por parte del Municipio un análisis fundado de la justificación invocada por la peticionaria ni de los antecedentes aportados por ella.

En efecto, de la revisión de las probanzas aportadas por la recurrente, tanto en la breve investigación como ante ese Órgano de Control, aparece que la señora nombre reservado efectivamente se vio impedida de asistir a su trabajo por la urgencia que afectó a su familiar, dado que así consta, por ejemplo, en el mandato conferido al Hospital de Talca, instrumento suscrito el día 1 de abril de 2018, en la ciudad de Talca, mediante el cual, la servidora se hace responsable de los gastos económicos que se derivaren de las atenciones de salud que dicho recinto prestaría a doña nombre reservado.

Por lo anteriormente expuesto, la desvinculación en análisis carece de una suficiente motivación.

Por consiguiente, es dable concluir que el término de la relación contractual de la ocurrente no se ajustó a derecho, por lo que corresponde que la entidad aludida proceda a reincorporar a la requirente y a pagar las remuneraciones que se le adeuden por el período de tiempo que estuvo separada indebidamente de sus funciones…”.

En cuanto a la falta de legitimación activa impetrada por la Contraloría General de la República:

Cuarto: Basta para desestimar la falta de legitimación activa que se alega, considerar que el hecho de tratarse -la Municipalidad recurrente- de un servicio fiscalizado por la recurrida no le priva del carácter de titular de la acción constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en tanto se trate de una persona afectada ilegal o arbitrariamente en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, tal como se ha denunciado en estos autos.

En cuanto al fondo del asunto:

Quinto: Para el análisis del fondo de la controversia, resulta útil atender a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la especie:

Así considerando la naturaleza del vínculo jurídico entre la Señora nombre reservado y la Municipalidad de Santiago, resulta aplicable la Ley N° 19.464 que Establece Normas para el Personal no docente de Establecimientos que indica, cuyo artículo 2° dispone que: “La presente ley aplicará al personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal, al de los establecimientos de educación particular subvencionada y al regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que tenga contrato vigente y que realice al menos una de las siguientes funciones (…) b) De paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza- aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento de los establecimientos. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado”. Enseguida, su artículo 4° establece que: “El personal de asistentes de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas, no obstante regirse por el Código del Trabajo, estará afecto en cuanto a permisos y licencias médicas, a las normas establecidas en la ley N° 18.883 y sus remuneraciones se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajusten las remuneraciones del sector público, siendo dicho reajuste de cargo de su entidad empleadora”.

Por su parte la Constitución Política de la República, en sus artículos 98 y siguientes determina la competencia de la Contraloría: “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”.

Luego el artículo 99 de la Carta Fundamental establece: “En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá darles curso y cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia íntegra de los antecedentes a la misma Cámara”. El inciso 3° prescribe: “En los demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional”.

A su turno el inciso 1° del artículo 1° de la Ley N° 10.336 -Orgánica del ente contralor- dispone: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General; vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten en el futuro, que le den intervención”.

Por último, conforme al artículo 51 de la Ley Orgánica de Municipalidades “Las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al alcalde, al concejo y a las unidades municipales dentro del ámbito de su competencia.”

Sexto: Entiende esta Corte que la fiscalización aludida no puede importar inmiscuirse en aspectos propiamente jurisdiccionales, como lo es la calificación jurídica de un despido. Así, pareciera entenderlo también la propia recurrida, cuando al informar precisa que el acto impugnado sólo se ha referido a la ausencia de motivación del Decreto Alcaldicio de cese de doña nombre reservado y no al mérito de las pruebas en la respectiva breve investigación, pronunciándose sobre un aspecto de la legalidad del respectivo Decreto Alcaldicio. Sin embargo, la decisión no resulta acorde a lo expresado, en cuanto califica el despido de la recurrente y ordena su reincorporación.

Séptimo: Entonces, reconociendo la facultad de fiscalización, que sobre las Municipalidades tiene la Contraloría General de la República, ella opera sobre márgenes acotados, a saber, en este caso, la ausencia de motivación de la decisión en relación a los antecedentes que obraban en la breve investigación desarrollada. Hasta ahí ningún reproche cabe hacer a su actuación, realizada en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, respondiendo el reclamo presentado por doña nombre reservado, examinando cuestiones de su incumbencia, esto es aquellas que la habilitan para precisar, en el orden administrativo, la hermenéutica de las disposiciones legales y reglamentarias de su injerencia.

Octavo: Sin embargo, enseguida cuando valorado tales antecedentes, califica el despido y concluye que el término de la relación contractual de la ocurrente no se ajustó a derecho, ordenando la reincorporación y el pago de las remuneraciones que se le adeudan a la recurrente, por el periodo de tiempo que estuvo separada indebidamente de sus funciones, ejerce funciones reservadas a los Juzgados de Letras del Trabajo, con arreglo al artículo 420 letra a) del Código del Trabajo.

Noveno: Al actuar de esa manera la recurrida se ha erigido en una comisión especial vulnerando lo dispuesto por el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, en su inciso quinto, toda vez que conforme al artículo 76 del mismo texto, “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos” y con arreglo al artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales “los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes” .Por último el artículo 420 del Código del Trabajo establece: “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.”

Décimo: Asimismo, tiene el referido acto tiene efecto directo en el patrimonio de la recurrente, y en dicha medida vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta por la I. Municipalidad de Santiago en contra de la Contraloría General de la República, representada por don nombre reservado, dejándose sin efecto el Oficio N° 14.040 de 15 de octubre de 2019, solo en cuanto calificó el despido de la actora, dispuso su reincorporación y el pago de las remuneraciones adeudadas, que indica.

Acordado lo anterior contra el voto de la Ministra señora Sabaj, quien estuvo por rechazar el recurso, teniendo presente para ello:

1°: Que en primer término es dable consignar que no existe acto ilegal -supuesto en que no se atiende a la normativa por la que debe regirse o en que un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley- o arbitrario -carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los mecanismos empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar- llevado a cabo por la Contraloría General de la República, dado que de conformidad con el artículo 98 de la Carta Fundamental y 5° inciso tercero -“En los casos en que el Contralor informe a petición de parte o de jefaturas de Servicio o de otras autoridades, lo hará por medio de dictámenes”-, 6° inciso primero y final -“Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen” y “sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a que se refiere el artículo 1°”-, 9 y 19 -los Dictámenes de la Contraloría General son obligatorios para los órganos sujetos a su fiscalización, como también para las autoridades y funcionarios de los mismos”- de la Ley N° 10.336, le corresponde cautelar y vigilar la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que rigen a los servicios y entes públicos, sujetos a su fiscalización, entre los cuales se encuentra la recurrente. Al respecto resulta ilustrador señalar que existen dictámenes previos que se pronunciaron bajo el mismo tenor que el acto recurrido, a saber, los N° 20.442 de 2008, N° 33.452 de 2013 y N° 27.837 de 2016.

Añade, que conforme al artículo 3° de la Ley N° 19.880, aplicable a las Municipalidades, la Administración del Estado sólo manifiesta su voluntad a través de decisiones formales y escritas, que se expresan por medio de actos administrativos, los que, en el caso de los municipios, se materializa a través de Decretos Alcaldicios cuando versen sobre casos particulares -artículo 12 de la Ley N° 18.695-.

2°: Que igual derrotero seguirá la desestimación de la arbitrariedad, por cuanto de la sola lectura del oficio recurrido, aparece que contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a la Contraloría General de la República a la conclusión que en él se expresa. Así, amparándose en las facultades fiscalizadoras emitió la decisión que se objeta.

En este orden de ideas, el dictamen cuestionado de la Contraloría General de la República resulta razonado y suficientemente motivado haciéndose cargo de los antecedentes existentes en la investigación seguida por la Municipalidad.

3°: Que la acción de protección ha sido instituida por el constituyente como un arbitrio procesal destinado a poner rápido remedio a la conculcación o vulneración de garantías y derechos fundamentales indubitados expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto ellos hayan sido afectados por una actuación ilegal o arbitraria por parte de las autoridades o los particulares.

En efecto, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto se trata de determinar los alcances o interpretación de las normas que rigen al personal de la Administración del Estado dentro de sus facultades fiscalizadoras. De esta forma, la recurrente discrepa del criterio hermenéutico arribado por el órgano contralor para decidir sobre el particular, por lo que esta acción resulta absolutamente improcedente, atendida la naturaleza cautelar del arbitrio en análisis.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección – 174.654-2019.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada, conformada por la Ministra señora Jenny Book Reyes, quien no firma por ausencia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa y la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero.