nombre reservado con CARNES VERONICA LTDA.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 16 de marzo de 2017, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce en su favor recurso de protección en contra de SISTEMA NACIONAL DE COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. (SINACOFI S.A.) RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra de CARNES VERONICA LTDA., RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, señalando que a través de un acto arbitrario e ilegal, pretenden afectar el derecho de propiedad que tiene sobre sus antecedentes comerciales y financieros, a través de la inclusión de deudas no existentes en Dicom.

Señala que con fecha 9 de marzo de 2017, trató de obtener un crédito en el Banco Itaú, donde se le informó que era imposible debido a la existencia de morosidades importantes en el sistema financiero. Se adeudaba a Carnes Verónica Ltda., dos facturas, una por $909.788, que tenía fecha de vencimiento el 25 de julio de 2016 y otra por $918.914 con fecha de vencimiento el 17 de julio de 2016.

Refiere que no tiene ni ha tenido relación comercial alguna con Carnes Verónica Ltda., solo tuvo un negocio de compraventa de mariscos y pescados, que vendió hace aproximadamente un año, denominado Moon SpA, indicando que no existe norma alguna que permita que, ante el no pago de una deuda de una persona jurídica, se publique una deuda a nombre de la persona natural que la representa, agregando que se causa daño a su registro crediticio, impidiéndole ser sujeto de crédito.

Señala que las recurridas en forma ilegal y arbitraria, la han incluido en un registro que en Chile impide hasta mantener un trabajo sin que ella sea deudora de ellos, prefiriendo perjudicarla sin iniciar una acción judicial de cobro alguno, utilizando el sistema de morosidad como un medio de presión ilegítimo, antes de iniciar la acción de cobranza judicial conforme a derecho ante los tribunales de justicia.

Concluye señalando como conculcado su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, agregando que el derecho sobre su integridad económica es un derecho que se ve materializado en que sus antecedentes financieros se vean mejorados o afectados solo por su propia actuación, es decir que su imagen económica sea positiva en virtud de su bien comportamiento de pago, o el ser incluido en el sistema de morosidad porque tomó deudas que no analizó y no podría eventualmente cumplir.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección en contra de ambas recurridas, acogerlo y declarar: que la publicación realizada de sus antecedentes comerciales es ilegal y arbitraria; que sus antecedentes deben ser borrados y su “score” repuesto al momento de no tener deudas con Carnes Verónica Ltda.; que se condene en costas a las recurridas.

Acompaña informe emitido por el Banco Itaú, de fecha 9 de marzo de 2017, donde, entre otras deudas, consta el registro de deuda morosa con Carnes Verónica Ltda. por dos facturas por los montos indicados.

Segundo: Que con fecha 25 de marzo de 2017, don nombre reservado, en representación de la recurrida Carnes Verónica Ltda., informa al tenor del recurso, solicitando el rechazo, con costas, de la acción constitucional.

Señala que sí existió relación comercial entre Moon Sea Foods SpA y Carnes Verónica Ltda., informando en su oportunidad la recurrente al SII el giro de compra y venta de carnes de la empresa asociada a su nombre, la cual comercializa Carnes Verónica Ltda.

Indica que de dicha relación comercial emanaron las obligaciones informadas a SOCOFIN S.A. y que la recurrente no presenta antecedentes que demuestren que se realizó la venta de sus acciones en la empresa asociada, agregando que sin perjuicio de lo anterior, la recurrente no figura en ningún registro, según la consulta que se hizo del registro informático y que se acompaña al informe.

Refiere que no se observa cómo se vulnera el derecho garantizado en el artículo 19 Nº 24 al señalar la recurrente que se ha vulnerado su derecho de propiedad denominado “buen comportamiento financiero”, concluyendo la recurrida que sólo se trata de una mera expectativa, que no puede tener una consideración patrimonial asociada al derecho de propiedad.

Señala que no se cumplen los presupuestos para que prospere el recurso de protección interpuesto, particularmente la que dice relación con el atentado contra garantías constitucionales y que la Corte esté en situación material de brindar la acción pedida, lo que autoriza para rechazar de plano el recurso.

Finalmente señala que la acción de protección no es la vía jurídicamente idónea para para pretensión de la recurrente, excediendo el caso planteado el ámbito de la acción cautelar de protección y es propia de un juicio de lato conocimiento.

Acompaña informe web de SOCOFIN donde se acredita la incorporación de la información de morosidad y en la misma la eliminación de esta y consulta tributaria de terceros realizada en el portal web del Servicio de Impuestos Internos, donde la empresa informa como giro la venta de carnes.

Tercero: Que con fecha 13 de abril de 2017, don nombre reservado y doña nombre reservado, en representación de Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A., SINACOFI S.A., informan al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

En primer término alegan la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida atendido que con el informe comercial emitido por la empresa tan sólo 12 minutos después de haber sido requerida a informar por esta Corte y en la que se comprenden la totalidad de los registros o bancos de datos de propiedad de su representada referidos al incumplimiento de obligaciones económicas, bancarias, financieras o comerciales, a que se refiere el artículo 17 de la ley 19.628, a esa fecha SINACOFI no estaba comunicando, ni está comunicando actualmente, los datos a que se refiere la recurrente.

Señala que el documento acompañado por la recurrente no es un certificado emitido por SINACOFI sino que es una consulta comercial y que ha sido emitido e impreso por el Banco Itaú, sucursal El Golf, desde la cuenta de la propia recurrente doña nombre reservado, agregando que la información consignada en la página 4 del informe, emana de una fuente denominada como “Prov. Interno”, no correspondiendo a información de propiedad ni comunicada por su representada.

Alega a continuación la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, indicando cuál es la finalidad del recurso de protección y señalando que la acción constitucional no está destinada a reemplazar procedimientos precisos y urgentes como los contemplados en la ley. En la especie se interpuso un recurso de protección ante la comunicación de ciertos datos personales de aquellos a que se refiere el Título III de la ley 19.628, en circunstancias que esa misma ley contempla vías de amparo orientadas a resguardar rápida y eficazmente los derechos de los titulares de datos personales, a través del denominado “habeas data”, acción que la recurrente no ha utilizado, concluyendo que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el reclamo, debiendo en consecuencia, ser rechazado.

Finalmente expone que no existe privación o amenaza de los derechos constitucionales garantizados, indicando que la recurrente no ha señalado en qué forma el actuar de su representado había lesionado o amenazado su derecho a la propiedad, siendo el recurso vago e impreciso.

Acompaña informe comercial emitido por SINACOFI, con fecha 21 de marzo de 2017, en que no aparece la información de morosidad relacionada con Carnes Verónica Ltda.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

Quinto: Que como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Sexto: Que, del mérito de lo informado por las entidades recurridas, se desprende claramente que el recurso en estudio ha perdido oportunidad, toda vez que consta del informe comercial emitido por SOCOFIN que no existe información relativa a la recurrente y su relación con Carnes Verónica Ltda., lo menos desde la fecha de emisión del referido informe, esto es, el 21 de marzo de 2017. En consecuencia, el fin perseguido por la acción constitucional se ha cumplido, no pudiendo esta Corte, en definitiva, adoptar otras medidas en su favor, por lo que el presente recurso deberá ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido con fecha 16 de marzo de 2017, en favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. N°Protección-17450-2017.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Leopoldo Andrés Llanos Sagristá y el abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.