nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de nombre reservado, venezolano, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero el treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador y agregando requisitos no estipulados en la ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y se ordene la devolución de los fondos previsionales.

Señala que el Sr. nombre reservado, solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, y que respecto a su petición, con fecha 31 de julio del año en curso, fue notificado mediante correo electrónico del rechazo de la misma fundamentando la recurrida su rechazo en que "no se han cumplido los requisitos señalados en las letras b) y c) del número 1 de la normativa antes mencionada consistentes en que El afiliado(a) debe acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión extranjero que le otorga prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y fallecimiento y para aquello acompaña una declaración jurada del propio afiliado y un certificado emitido por IVSS sin legalización.

Para dar cumplimiento a este requisito debe acompañarse un certificado emitido por la entidad de seguridad social que acredite que –durante todo el período que trabajó en Chile- tuvo derecho a prestaciones en caso de enfermedad (laboral y común), invalidez, vejez y fallecimiento y, además, en este documento, debe legalizarse la firma de quien lo suscribe en el país de origen (apostilla).

Señala que la Administradora debe exigir la presentación de la documentación pertinente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio la que deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario, la Administradora no puede dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156.

Argumenta que la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación, permitiendo a los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1° de esta ley.

Añade que, la recurrente cumple con los requisitos señalados en la Ley N°18.156. No obstante, se ha encontrado con una obstaculización en su proceso, ya que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, que es permitirle disponer de sus ahorros previsionales.

Expresa que los documentos acompañados junto a la solicitud cuentan con la validez necesaria y que de la simple lectura del documento se indica la fecha de afiliación a la seguridad social, lo que, a su juicio, lo que demuestra que la decisión de la recurrida es arbitraria e ilegal.

Alega que la constancia electrónica es verificable, y que la conducta omisiva de la recurrida al no verificar la afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal, al argumentar que la constancia electrónica no es un documento válido, a pesar de que emana de un organismo público y es verificable en la web oficial de esa institución, acreditando la recurrente que efectivamente se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen.

Pide que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacúo su informe la AFP recurrida y solicitó el rechazo de la acción de protección, con expresa condenación en costas.

En primer lugar, indica que esta acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, pues el recurso de protección fue concebido como un medio pronto y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado cada vez que un derecho básico este amenazado, restringido o coartado por actos u omisiones arbitrarios, debiendo tratarse de un derecho indubitado.

Luego, refiere qué por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observartodas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero. Finalmente, la recurrida destaca que, en todo este tiempo, la actora no ha recurrido a la Superintendencia de Pensiones, organismo estatal de carácter técnico que ejerce la supervigilancia de todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, para exponer su caso y obtener un pronunciamiento.

Indica que la recurrida no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política de la República de Chile, y solicita rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección interpuesto en su contra por parte de la recurrente de autos, todo con expresa condenación en costas TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Habitat, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-17432-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.