nombre reservado con DIRECCIÓN GENERAL MOVILIZACIÓN NACIONAL

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Con fecha 24 de junio de 2024, comparece doña nombre reservado, exOficial de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, representada por su Director General Sr. Jorge Hinojosa Riquelme, y del Ministerio de Defensa Nacional, representado por la Ministra Sra. Maya Fernández Allende, por haber declarado la vacancia de su cargo de Oficial de Reclutamiento, Grado 11° de la Escala de las Fuerzas Armadas, mediante Resolución TRA N° 118.406/4/2024 de 26 de marzo de 2024, acto administrativo que considera ilegal y arbitrario, ya que se le aplicó incorrectamente el artículo 151 del Estatuto Administrativo sin considerar su condición de funcionaria adscrita al régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y sin cumplir los requisitos legales establecidos, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°s 2 y 24, por lo que solicita dejar sin efecto el acto impugnado y ser reincorporada a su cargo.

Expone la recurrente que ingresó al Ejército de Chile el 1 de enero de 1999, siendo nombrada Cabo Segundo el 1 de enero de 2002, manteniéndose en dicho cargo hasta su retiro temporal el 13 de julio de 2003. Posteriormente, fue nombrada Empleada Civil de Planta de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) mediante Resolución MDN.SSG. Depto. III N° 1000/18 de fecha 05 de agosto de 2003, en el cargo Administrativo de Oficial de Reclutamiento, Grado 11° de la Escala de las Fuerzas Armadas, manteniéndose adscrita al régimen previsional y de salud de CAPREDENA.

Señala que en el año 2020 comenzó a sufrir actos de hostigamiento laboral por parte de la Sra. nombre reservado, Jefa de la Inspectoría de Zona de Concepción, lo que le generó problemas de salud que afectaron gravemente su integridad psíquica, obligándola a hacer uso de licencia médica.

Como consecuencia de estos hechos, se ordenó instruir una Investigación Sumaria Administrativa mediante Resolución DGMN N° 3239 de 15 de septiembre del año 2020, la cual fue tramitada por el Comando de Personal del Ejército de Chile, circunstancia que la recurrente considera irregular por no ser funcionaria de dicha institución.

Mediante Resolución CDO. DIVPER AS JUR (R) N° 11345/2510000/3810/9477 EXENTA de 31 de julio de 2023, el Comando de Personal del Ejército determinó que su enfermedad no era de origen profesional ni fue contraída como consecuencia del servicio, declarándola no apta para continuar en servicio por presentar una patología de salud mental curable pero cronificada, que ha requerido reposo prolongado sin lograr la estabilidad emocional necesaria para retornar a sus labores.

Señala que interpuso recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio contra dicha resolución, el cual fue rechazado mediante Resolución DIVPER.AS JUR/e (R) N° 11345/251000/15476/15213/EXENTA de fecha 01 de diciembre de 2023, notificada el 21 de diciembre de 2023.

Argumenta que el acto impugnado es ilegal por dos razones fundamentales: primero, por aplicársele una causal de cese contemplada en el Estatuto Administrativo cuando, según los dictámenes N° 18.854 de 2017 y 73.648 de 2015 de la Contraloría General de la República, por su condición de funcionaria adscrita a CAPREDENA solo le son aplicables las causales de cese contempladas para el personal civil de las Fuerzas Armadas; y segundo, porque aun si fuera aplicable el artículo 151 del Estatuto Administrativo, no se cumplió con el requisito esencial de requerir informe previo a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) sobre la condición de irrecuperabilidad de su salud.

Sostiene que el acto es además arbitrario por no encontrarse debidamente motivado, fundándose únicamente en la extensión de las licencias médicas sin hacer referencia a antecedentes que permitan concluir que su salud le impide el desempeño del cargo, especialmente considerando que la propia Comisión de Sanidad del Ejército concluyó que su enfermedad es curable.

Alega que se ha infringido su derecho a la igualdad ante la ley al aplicársele una causal de cese improcedente dada su condición especial y sin respetar el procedimiento establecido, así como su derecho de propiedad respecto de su cargo y remuneraciones al privársela ilegítimamente de su empleo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que las recurridas han incurrido en un acto ilegal y arbitrario al disponer su cese de funciones, dejándose sin efecto la declaración de vacancia de su cargo y se ordene su reincorporación y el pago de todas las remuneraciones por el tiempo en que ha estado ilegítimamente separada de su empleo, con expresa condena en costas.

Segundo: Informando el recurso, la Dirección General de Movilización Nacional, representada por su Director General, General de Brigada don nombre reservado, solicita el rechazo del mismo, fundado en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Como cuestión preliminar, expone que la recurrente pertenece a un grupo específico de funcionarios de la DGMN que permanecieron afectos al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas y como cotizantes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, a diferencia de aquellos incorporados a partir del año 2003, quienes, al igual que el resto de los funcionarios públicos de la administración del Estado, son cotizantes de AFP e ISAPRES o FONASA. Este grupo particular de funcionarios, entre los que se encuentra la recurrente, mantuvieron el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, gozando de sus prestaciones y permaneciendo afectos al sistema previsional de CAPREDENA, lo que les permite pensionarse conforme a las reglas aplicables al personal de las FF.AA.

Señala que la Resolución DIVPER.AS JUR/e (R) N° 11345/251000/15476/15213/EXENTA de fecha 1 de diciembre de 2023, que resolvió la última presentación recursiva de la Sra. nombre reservado, constituye un elemento fundante para la declaración de vacancia de su cargo y no adolece de ilegalidad alguna, encontrándose firme para todos los efectos legales. Agrega que la recurrente estuvo en conocimiento e hizo uso de las vías recursivas legales en resguardo de sus intereses y derechos.

Refiere que finalmente se dictó la Resolución TRA N° 118.406/4/2024 de fecha 26 de marzo de 2024, declarando la vacancia del cargo por salud incompatible, como conclusión de un proceso sumarial que respetó las normas que regulaban la relación funcionaria de la recurrente, sus beneficios previsionales y de salud, así como las reglas del debido proceso y la correcta aplicación del derecho. Destaca que dicha resolución, por disponer la vacancia de un funcionario de planta, fue sometida al control de legalidad de la Contraloría General de la República, quedando totalmente gestionada el 11 de junio de 2024 con el trámite de toma de razón.

Argumenta que en la tramitación señalada, la norma no contempla la intervención o participación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sino que la opinión técnica médica se entrega explícita y expresamente a la Comisión de Sanidad institucional. Fundamenta esta afirmación señalando que, al ser la funcionaria afecta al sistema de salud de las FF.AA. y cotizante de CAPREDENA, la determinación de la falta de aptitud física o mental para mantenerse en el servicio requiere necesaria y exclusivamente la opinión técnica de las Comisiones de Sanidad institucionales, en este caso, la Comisión de Salud del Ejército, debiendo evacuar su informe en el marco de un proceso sumarial incoado bajo las normas del DNL 910 sobre Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas.

Cita la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, específicamente los dictámenes N° E377055 del 4 de agosto de 2023 y N° E119861 del 8 de julio 2021, según los cuales a los funcionarios imponentes de CAPREDENA y adscritos al sistema de salud SISAE del Ejército de Chile no les corresponde informar su situación de licencias médicas a las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones de la Ley N° 3.500 de 1980.

Sostiene que el proceso sumarial iniciado en averiguación de la condición de salud de la señora nombre reservado se efectuó conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente, sin vicios en su sustanciación y sin vulneración de los derechos constitucionales alegados. Agrega que no corresponde iniciar un sumario administrativo conforme al DFL N° 29 sobre Estatuto Administrativo por los mismos hechos indagados en la investigación sumaria administrativa.

Finalmente, respecto a la solicitud de requerir informe previo de la COMPIN, reitera que dicho organismo carece de competencias para pronunciarse sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la condición de salud de la recurrente, debido a su calidad de cotizante de CAPREDENA y afiliada al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas.

Por estas razones, solicita tener por evacuado el informe y, en definitiva, no dar lugar al recurso de protección interpuesto, con costas.

Tercero: La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, informando el recurso, expone que la Resolución Trámite N° 118.406/4/2024 de 26 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional, que declaró la vacancia por salud incompatible del cargo servido por la recurrente, se ajusta plenamente a derecho por las siguientes consideraciones:

Como cuestión preliminar, explica que la recurrente se desempeñaba como Oficial de Reclutamiento en la Dirección General de Movilización Nacional, organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional según lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Ley N° 2.306 de 1978. Precisa que la dictación del acto administrativo impugnado fue formalizado por dicha cartera de Estado atendida la dependencia establecida en el citado Decreto Ley, pero corresponde a la finalización de un proceso llevado a cabo íntegramente en la institución.

En cuanto al fondo, argumenta que los jefes de servicio tienen la facultad legal de declarar la vacancia por "salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo", según lo dispone el artículo 150 letra a) de la Ley N° 18.834. Específicamente respecto a la declaración de vacancia por salud incompatible, el artículo 151 inciso primero del Estatuto Administrativo faculta al jefe superior del servicio para considerar como tal el haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Sostiene que la declaración de vacancia por salud incompatible se dispone precisamente "sin mediar declaración de salud irrecuperable", es decir, cuando la autoridad técnica establece que la salud es recuperable. Explica que la incompatibilidad con el desempeño del cargo se configura por el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Respecto a la entidad que realizó la declaración de salud, cita la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, específicamente el dictamen N° E377055 de 2023, según el cual si la Comisión Médica Institucional concluye que la salud del funcionario que ha estado por más de seis meses con licencia médica en dos años es recuperable, el jefe de servicio puede declarar la salud incompatible, no obstante que la COMPIN haya opinado previamente que su salud es irrecuperable.

Enfatiza que se trata de una causal objetiva, configurada por el uso de licencia médica por más de seis meses en dos años conforme al artículo 151 de la Ley N° 18.834, por lo que no puede alegarse arbitrariedad cuando el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable por la institución médica que corresponde según la naturaleza de la contratación, y en haberse acreditado el uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años.

Insiste que, considerando que los antecedentes objetados emanan del organismo competente que dispone la ley y que se ha cumplido con las exigencias legales para la dictación del acto impugnado, no procede entender que dicho instrumento carezca de fundamentación, o sea arbitrario o ilegal. Agrega que en el acto impugnado constan expresamente todos los antecedentes tenidos a la vista para adoptar la decisión reclamada, por lo que no puede sostenerse que carezca de justificación.

Concluye que en la dictación del acto administrativo censurado, dicha Secretaría de Estado se sometió a la normativa que rige la materia, contando con la debida fundamentación, citando directamente la normativa habilitante, sin emplear conceptos jurídicos indeterminados, sin perjuicio que lo dispuesto sea o no compartido por la demandante.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

Quinto: El acto que se estima ilegal o arbitrario, consiste en la Resolución Trámite N° 118.406/4/2024 de 26 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional, que declaró la vacancia del cargo de Oficial de Reclutamiento, Grado 11° de la Escala de las Fuerzas Armadas, por salud incompatible de la recurrente, doña nombre reservado, en base a la Resolución CDO. DIVPER AS JUR (R) N° 11345/2510000/3810/9477 EXENTA de 31 de julio de 2023 del Comando de Personal del Ejército.

Sexto: Al respecto, y al tenor de los antecedentes allegados al recurso, es posible establecer los siguientes hechos relevantes:

1.- La recurrente, doña nombre reservado ingresó al Ejército de Chile el 1 de enero de 1999, siendo nombrada Cabo Segundo el 1 de enero de 2002, manteniéndose en dicho cargo hasta su retiro temporal el 13 de julio de 2003.

2.- Posteriormente, fue nombrada Empleada Civil de Planta de la Dirección General de Movilización Nacional, mediante Resolución MDN.SSG. Depto. III N° 1000/18 de fecha 05 de agosto de 2003, en el cargo Administrativo de Oficial de Reclutamiento, Grado 11° de la Escala de las Fuerzas Armadas, manteniéndose adscrita al régimen previsional y de salud de CAPREDENA.

3.- Mediante Resolución DGMN N° 3239 de 15 de septiembre del año 2020, se ordenó instruir una Investigación Sumaria Administrativa, tramitada por el Comando de Personal del Ejército de Chile, en la que por Resolución CDO. DIVPER AS JUR (R) N° 11345/2510000/3810/9477 EXENTA de 31 de julio de 2023, se calificó a la recurrente como no apta para continuar en servicio por presentar una patología de salud mental crónica, que ha requerido reposo prolongado sin lograr la estabilidad emocional necesaria para retornar a sus labores.

4.- El Ministerio de Defensa Nacional dictó la Resolución Trámite N° 118.406/4/2024 de 26 de marzo de 2024, que declaró la vacancia del cargo de Oficial de Reclutamiento, Grado 11° de la Escala de las Fuerzas Armadas, por salud incompatible de la recurrente.

Séptimo: Sobre la prerrogativa que se ha ejercido por parte del Ministerio de Defensa Nacional, éste ha invocado diversas disposiciones legales del Estatuto Administrativo, por lo que resulta ilustrativo analizar cómo tal potestad ha sido contemplada en dicho cuerpo legal.

Al efecto, el artículo 150 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley 29 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, establece expresamente que la declaración de vacancia del cargo ocupado por los funcionarios públicos procederá por la causal de “Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Por su parte el inciso primero del artículo 151 dispone que “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Finalmente, el último inciso de la norma procedente estipula que “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Octavo: El Ministerio de Defensa Nacional, en virtud de las facultades enunciadas, ha estimado que ha actuado dentro de sus competencias y atribuciones legales concedidas, al haber dispuesto la vacancia del cargo en cuestión, servido por doña nombre reservado, por la causal de salud incompatible con el desempeño de la función de oficial de reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional, mediante Resolución Trámite N° 118.406/4/2024 de 26 de marzo de 2024, verificando el cumplimiento de algunos de los requisitos necesarios:

a) La Resolución CDO. DIVPER AS JUR (R) N° 11345/2510000/3810/9477 EXENTA de 31 de julio de 2023, dictada en procedimiento administrativo incoado por el Comando de Personal del Ejército de Chile, que determinó que la recurrente no estaba apta para continuar en servicio por presentar una patología de salud mental crónica, que ha requerido reposo prolongado sin lograr la estabilidad emocional necesaria para retornar a sus labores;

b) La recurrente Gédrez nombre reservado hizo uso de licencias médicas que excedieron los 180 días en un período continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar una declaración de salud irrecuperable;

c) Las licencias médicas en cuestión no se concedieron por accidentes del trabajo, por enfermedades profesionales ni para la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar (Título II del Libro II del Código del Trabajo); y d) Se requirió previamente a la Comisión de Sanidad Institucional (Comisión de Salud del Ejército Ad Hoc Concepción) respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud que no le permitiría desempeñar el cargo.

Noveno: En cuanto a las alegaciones de la recurrente, de que el procedimiento administrativo debió ser instruido por la Dirección General de Movilización Nacional y no por el Comando de Personal del Ejército, debe tenerse presente que, habiéndose la recurrente desempeñado como Oficial de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional, organismo estatal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional -Decreto Ley N° 2306 de 1978-, es dicha cartera ministerial la que dictó el acto administrativo de término cuestionado, basado en el informe de fecha 05 de agosto de 2024, de la jefatura de servicio, esto es, precisamente de la Dirección General de Movilización Nacional, la que determinó la salud incompatible con el cargo.

Décimo: En relación a que el informe sobre su estado de salud se emitió por la Comisión de Salud del Ejército, en circunstancias que debió evacuarse por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, al aplicársele la normativa del Estatuto Administrativo, debe destacarse que al estar la recurrente adscrita al sistema previsional de CAPREDENA bastaba que la aptitud física o mental fuera diagnosticada por los especialistas del sistema de salud de las FF.AA. (SISAE del Ejército de Chile).

Undécimo: Sin embargo, esta Corte comparte la alegación de la recurrente, en cuanto no procedía aplicar el Estatuto Administrativo en la determinación de las causales de cesación del cargo, sino el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, en relación con la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerza Armadas N° 18.948, cuerpos normativos especialísimos y de aplicación preferente a las normas comunes, que no contemplan la declaración de vacancia del cargo por la causal de salud incompatible con el desempeño al haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

En efecto, el artículo 244 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas dispone que “La carrera profesional de los oficiales, personal del cuadro permanente y de gente de mar, de tropa profesional y de los empleados civiles terminará por alguna de las causales establecidas en la Ley Nº 18.948”.

Al respecto, el Título IV de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas N° 18.948, regula expresamente el término de la carrera profesional de sus miembros.

Así, el artículo 52(54) señala que “El personal deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas por retiro o fallecimiento. El retiro puede ser temporal o absoluto”.

El artículo 53(55) señala que “Serán comprendidos en el retiro temporal los Oficiales que se encuentren en alguno de los siguientes casos: a) Que contrajeren enfermedad curable que los imposibilite temporalmente para el servicio; b) Que hubieren permanecido tres meses sin destino o comisión de servicio; c) Que se hallaren en disponibilidad por más de tres meses; d) Que fueren llamados a calificar servicios, y e) A quienes el Presidente de la República conceda o disponga su retiro a proposición del Comandante en Jefe respectivo”.

Asimismo, el artículo 54(56) estipula que “Serán comprendidos en el retiro absoluto los Oficiales que se encuentren en alguno de los siguientes casos: a) Que contrajeren enfermedad declarada incurable o que estuviere comprendido en alguna de las inutilidades señaladas en esta ley. b) Que opten por el retiro voluntario después de haber cumplido treinta años de servicios válidos para el retiro. c) Que fueren separados o suspendidos en atención a medidas disciplinarias, administrativas o a sanciones penales conforme al Código de Justicia Militar. Con respecto a los separados, el decreto de retiro se dictará de oficio y, a más tardar, dentro de los treinta días, contado desde la notificación de la sentencia judicial dictada en última instancia. Con respecto a los suspendidos, el decreto de retiro se dictará sólo cuando cumplida la sanción no obtuviere nuevo destino en el plazo de treinta días, contado desde el día en que se cumplió las suspensión. d) Que hubieren permanecido tres años en retiro temporal. No obstante, para el Oficial en contra del cual se hubiere dictado auto de apertura del juicio oral, tratándose de la jurisdicción ordinaria, o auto de procesamiento, en el caso de la jurisdicción militar, este plazo se prolongará hasta la terminación de la causa. e) Que cumplieren treinta y ocho años de servicio como Oficiales o cuarenta y un años efectivos computables para el retiro. Lo dispuesto en esta letra no se aplicará a los Comandantes en Jefe ni a los Oficiales que se encuentren desempeñando los cargos o funciones que señale el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. f) Quienes deban ser eliminados de acuerdo a las resoluciones que adopten las respectivas Juntas de Selección y de Apelación, en su caso, como consecuencia del proceso de calificaciones que establece esta ley”.

Finalmente, el artículo 55(57) indica que “El retiro temporal de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas procederá por las mismas causales de los Oficiales, con excepción de las letras b) y d) del artículo anterior, y el retiro absoluto, por las que afectan a éstos”.

Décimo Segundo: En consecuencia, la declaración de vacancia del cargo de reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional en cuestión, por salud incompatible de la recurrente, se basó en el criterio objetivo estipulado en al artículo 151 del Estatuto Administrativo, no aplicable para personal civil con grado en Escala de las Fuerzas Armadas, adscrito al sistema previsional de la Defensa Nacional (CAPREDENA), cuyo término de la carrera profesional debe ajustarse a las causales de retiro temporal o absoluto reguladas en la Ley N° 18.948.

Así lo confirma la Contraloría General de la República, en su Dictamen E14720 del 30 de junio de 2020, que señala que “el alejamiento de un imponente del régimen de la mencionada caja de previsión, que se rija laboralmente por la ley N° 18.834 o por el Código del Trabajo, debe disponerse conforme con las causales de los funcionarios civiles de las Fuerzas Armadas, contenidas en la ley N° 18.948 y en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, por ser las que guardan mayor similitud con las características de las labores realizadas por los servidores de que se trata.

Ahora bien, es menester anotar, por una parte, que los servidores por los que se consulta, son cotizantes de la referida caja previsional y, por la otra, que, acorde con el reseñado criterio jurisprudencial, aun cuando un funcionario se rija laboralmente por la ley N° 18.834 o por el Código del Trabajo, su cese debe producirse según la casuales de retiro estipuladas para los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, por el hecho de haber permanecido adscrito a ese régimen institucional”.

Décimo tercero: Establecida la inexistencia de los requisitos que admiten el ejercicio concreto de la prerrogativa del Ministerio de Defensa en la declaración de vacancia del cargo por la causal invocada, a saber: incompatibilidad de la salud de la trabajadora afectada por haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años según se desprende del procedimiento administrativo interno incoado, permite a esta Corte sostener la actuación ilegal de la autoridad pública, la que con los antecedentes reunidos única y exclusivamente estaba habilitada para declarar el retiro temporal de la recurrente.

Décimo cuarto: Con su proceder las recurridas han vulnerado las garantías constitucionales que los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República aseguran a la recurrente, a saber: la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad, en la medida que se le ha dado un trato desigual como funcionaria civil de un órgano perteneciente a la Defensa Nacional en la que cotiza en su Caja de Previsión Social (CAPREDENA), según el Decreto con Fuerza de Ley 209 de 1953 del Ministerio de Hacienda, privándole del empleo y las remuneraciones a que tiene derecho.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional, por declarar la vacancia del cargo de Oficial de Reclutamiento de la planta Administrativos de la DGMN, Grado 11° Escala de Fuerza de Armadas, y en consecuencia, se ordena:

I Dejar sin efecto la Resolución Trámite N° 118.406/4/2024 de 26 de marzo de 2024 del Ministerio de Defensa Nacional;

II Dejar sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del acto invalidado por esta vía; y III Restituir en el cargo de Oficial de Reclutamiento de la planta Administrativos de la Dirección General de Movilización Nacional, Grado 11° Escala de Fuerza de Armadas, a la recurrente doña nombre reservado, con la remuneración y asignaciones correspondientes al cargo.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro (I) señor Guzmán Fuenzalida.

No firma la Abogado Integrante señor Moreno Fernández, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por no encontrarse integrando.

N°Protección-17430-2024.