Protección contra Gendarmería de Chile

C.A. de Santiago Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Carla Fernández Montero, abogada, e interpone recurso de protección en favor de 138 internos condenados y recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la decisión comunicada el 9 de julio de 2025 por el alcaide subrogante del establecimiento, en orden a prohibir el ingreso de encomiendas durante los días normales de visita y restringirlo sólo a los miércoles, entre las 10:00 y las 12:00 horas, disponiéndose además que las visitas sólo podrían ingresar desde las 14:00 horas, lo cual constituye una actuación ilegal y arbitraria que vulnera la garantía del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que dicha medida afecta a una población penal compuesta en su totalidad por adultos mayores, con un promedio de edad cercano a los 80 años, varios de ellos portadores de enfermedades crónicas, graves o terminales, cuyas condiciones de salud hacen especialmente relevante el abastecimiento externo de alimentos, útiles de aseo e insumos personales.

Sostiene que la restricción impuesta ocasiona un menoscabo real en las condiciones de vida de los recurrentes, porque existen familiares que sólo pueden concurrir los fines de semana, de modo que la nueva modalidad impediría el suministro oportuno de alimentos y artículos básicos de higiene.

Agrega que, tratándose de visitas que en muchos casos también son personas mayores o niños, la exigencia de entregar encomiendas en la mañana y esperar luego hasta las 14:00 horas para ingresar al recinto las obliga a permanecer a la intemperie por un lapso considerable, circunstancia que también repercute psíquicamente en los internos. Afirma que ello ya estaría produciendo desabastecimiento alimentario y déficit de insumos de higiene, que el rancho diario no alcanza a suplir, y que, por lo mismo, la medida aparece como arbitraria e ilegal, por afectar la integridad física y psíquica de los internos y agravar indebidamente sus condiciones de cumplimiento penitenciario.

Invoca al efecto el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en relación con el numeral 1° de su artículo 19, y sostiene que Gendarmería, en su calidad de órgano encargado de la administración penitenciaria, se encuentra obligada a resguardar la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, conforme al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y a los tratados internacionales sobre derechos humanos que cita.

Alega que la medida impugnada altera una situación preexistente, pues hasta entonces las encomiendas podían recibirse también los sábados y domingos, junto con las visitas, y que tal modificación carece de justificación razonable frente a las particulares necesidades de esta población penal.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad del acto denunciado y se ordene a Gendarmería restituir el régimen anterior de encomiendas para los módulos del CCP de Punta Peuco, esto es, los miércoles durante todo el horario de visitas, y los sábados o domingos según corresponda a cada módulo.

Segundo: Que comparece Cristian Roco Cristi, abogado, jefe de la Unidad de Fiscalía de Gendarmería de Chile, e informa en representación de la recurrida, señalando, en primer término, que el recurso fue declarado admisible únicamente en lo referido a las encomiendas, siendo inadmisible respecto del resto de las alegaciones formuladas por la recurrente.

Resume los hechos que sostiene la acción, señalando, sin embargo, que las afirmaciones contenidas en ella son inexactas, pues no existe disposición alguna emanada de la superioridad institucional que haya modificado el régimen vigente de visitas y encomiendas en el CCP de Punta Peuco.

Sostiene que toda alteración de una situación jurídica consolidada debe emanar de una decisión formal, debidamente fundada y comunicada por los canales institucionales correspondientes, y afirma que no existe acto administrativo alguno de esa naturaleza que respalde la tesis del recurso.

Explica que a la fecha del informe, continúa vigente el procedimiento establecido en el Acta N° 43 del año 2022, emanada del Consejo Técnico de la unidad penal, conforme al cual el régimen de visitas para los fines de semana se desarrolla los sábados, respecto de módulos impares, y los domingos, en relación con los módulos pares, entre las 10:00 y las 12:00 horas y entre las 14:00 y las 16:30 horas, generalmente extendido hasta las 17:00 horas, mientras que los miércoles rige para todos los módulos entre las 14:00 y las 16:30 horas. Indica que este instrumento fija de manera clara el régimen aplicable y que responde a criterios de orden, seguridad y resguardo del mantenimiento de vínculos familiares y sociales de la población penal.

En cuanto a las encomiendas, expresa que el mismo régimen contempla su recepción los miércoles entre las 10:00 y las 12:00 horas y también durante los fines de semana. Precisa que, no obstante, por Providencia de 3 de septiembre de 2024 se dispuso que no se recibirían encomiendas los fines de semana, salvo autorización expresa del alcaide, previa solicitud del interno canalizada por las jefaturas correspondientes.

Afirma que esta medida no es arbitraria, sino que obedece a criterios técnicos y operacionales orientados a optimizar recursos humanos y materiales en los días de mayor afluencia de visitantes, manteniéndose en todo caso una vía excepcional para casos justificados.

Refiere asimismo que durante el año 2024 se intentó modificar este régimen por medio del Acta N° 08 del Consejo Técnico, introduciéndose nuevos horarios para visitas y encomiendas, pero que tal alteración no prosperó debido a la interposición de un recurso de amparo deducido por la misma abogada recurrente, causa Rol N° 992- 2024, que fue acogido por esta Corte y confirmado por la Excma.

Corte Suprema en causa Rol N° 16.535-2024, manteniéndose así el régimen vigente con anterioridad. Destaca que este antecedente judicial demuestra que el sistema actualmente aplicable ya fue objeto de control jurisdiccional y quedó jurídicamente consolidado.

Sobre esa base, sostiene que la medida denunciada en el recurso no ha sido adoptada ni por la Jefatura del Servicio ni por la jefatura del establecimiento, permaneciendo plenamente vigente el régimen aprobado en el Acta N° 43 de 2022 y sus adecuaciones posteriores.

Asegura que no existe acto administrativo nuevo que modifique el sistema actual, que las alegaciones del recurso contradicen la realidad operacional del establecimiento y que, por ende, carecen de sustento fáctico y jurídico.

Concluye, en consecuencia, que no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a Gendarmería de Chile, ni afectación de garantías constitucionales, por cuanto la institución se ha limitado a mantener la plena vigencia de un sistema que estima ajustado a derecho y previamente validado judicialmente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En consecuencia, es requisito indispensable para la procedencia de esta acción cautelar, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, por resolución de 8 de agosto de 2025, se declaró admisible el recurso de protección respecto de Gendarmería de Chile, sólo en cuanto al actual régimen de encomiendas para los módulos del CCP de Punta Peuco.

Quinto: Que, para resolver es necesario tener en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, a Gendarmería de Chile le corresponde la administración de los establecimientos penitenciarios, en tanto el artículo 26 dispone que todos los internos están obligados a cumplir los preceptos reglamentarios y especialmente, los de orden y disciplina, sanidad e higiene, corrección en sus relaciones y en su presentación personal, así como conservar cuidadosamente las instalaciones del establecimiento y el utensilio y vestuario que eventualmente les sean proporcionados.

De lo anterior, se colige que Gendarmería de Chile puede adoptar todas las medidas que sean pertinentes para una buena administración de los recintos penitenciarios, con la única salvedad de respetar las condiciones básicas de vida que el mismo reglamento dispone, acorde con el respeto de la dignidad de los internos, lo que además se encuentra reflejado en el artículo 2 del citado reglamento, al señalar que será principio rector de dicha actividad el antecedente que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres.

Sexto: Que, la parte recurrida ha acompañado antecedentes que dan cuenta que el régimen de visitas y de entrega de encomiendas se ha mantenido vigente y sin cambios -por lo menos desde el año 2022- cuando por medio del Acta N° 43, emanada del Consejo Técnico de la unidad penal, se estableció que el régimen de visitas para los fines de semana se desarrollaría los sábados, respecto de módulos impares, y los domingos, en relación con los módulos pares, entre las 10:00 y las 12:00 horas y entre las 14:00 y las 16:30 horas, mientras que los miércoles rige para todos los módulos entre las 14:00 y las 16:30 horas. Por su parte, en cuanto a las encomiendas, el mismo régimen contempla su recepción los miércoles entre las 10:00 y las 12:00 horas y también durante los fines de semana -ropa, alimentos, artículos de limpieza y de aseo personal- A su vez, por providencia de 3 de septiembre de 2024 se dispuso que no se recibirían encomiendas los fines de semana, salvo autorización expresa del alcaide, previa solicitud del interno canalizada por las jefaturas correspondientes.

Por otra parte, de los mismos antecedentes aparece que por medio del Acta N° 08 del Consejo Técnico, de 2024, se intentó modificar los días y horarios de entrega de encomiendas, cambio que no se pudo implementar debido a la interposición de un recurso de amparo, en la causa Rol N° 992-2024, de esta Corte de Apelaciones de Santiago, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en causa Rol N° 16.535-2024, en virtud del cual se mantuvo el régimen vigente con anterioridad.

Séptimo: Que, de esta forma, no se acreditó por la parte recurrente la existencia de un acto emanado de la recurrida que modifique el sistema vigente en relación con la entrega de encomiendas, que limite el ejercicio de la garantía establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el interpuesto por Carla Fernández Montero, en favor de 138 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, hoy denominado Centro de Cumplimiento Penitenciario Til-Til, en contra de Gendarmería de Chile.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17428-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral, el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.