nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Primero: Que, compareció doña nombre reservado, de nacionalidad peruana, quien dedujo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, cuestionando el procedimiento administrativo que culminó con la Resolución Exenta N.º 25192103, de 2 de abril de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de residencia definitiva y se dispuso su abandono del territorio nacional dentro del plazo de diez días, así como la posterior Resolución Exenta N.º 2600100415852, de 20 de julio de 2026, que desestimó por extemporáneo el recurso administrativo que había interpuesto en contra de aquella decisión.

Expuso que ingresó regularmente a Chile, que fue beneficiaria de permisos de residencia temporal y que, encontrándose vigente el último de ellos, el 13 de junio de 2023 solicitó residencia definitiva, acompañando los antecedentes destinados a acreditar su identidad, situación migratoria, ausencia de antecedentes penales y vínculo laboral.

Sostuvo que el rechazo de su solicitud, fundado en no haber acompañado el original debidamente legalizado o apostillado de su certificado de antecedentes penales del país de origen, resultaba ilegal y arbitrario, por cuanto no se habrían ponderado debidamente los antecedentes aportados ni su voluntad de regularizar su permanencia en Chile.

Agregó que dedujo un recurso administrativo el 18 de noviembre de 2025, registrado bajo el ID N.º 74700542, el que solo fue resuelto el 20 de julio de 2026, rechazándose por extemporáneo.

Estimó que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones afectaba su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, al impedirle acceder a la residencia definitiva y mantener vigente una orden de abandono del país. Solicitó, en consecuencia, que se acogiera la acción, se dejaran sin efecto las resoluciones impugnadas y la orden de abandono, y se ordenara a la autoridad migratoria revisar nuevamente su solicitud de residencia definitiva, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informando el Servicio Nacional de Migraciones, comparecieron las abogadas Carolina Fernandoy Catalán y Sarai Estrada González, quienes, en lo principal, solicitaron el rechazo del recurso por haber sido interpuesto extemporáneamente.

Explicaron que la acción constitucional fue presentada el 21 de julio de 2026, mientras que la Resolución Exenta N.º 25192103, que rechazó la residencia definitiva y dispuso el abandono del territorio nacional, fue dictada y notificada el 2 de abril de 2025 al correo electrónico informado por la propia recurrente.

De este modo, sostuvieron que, al momento de interponerse el recurso, se encontraba ampliamente vencido el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el numeral primero del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

En subsidio, evacuaron informe sobre el fondo, expresando que la recurrente ingresó por primera vez a Chile el 4 de marzo de 2014, por el paso fronterizo habilitado Carretera Chacalluta; que el 15 de junio de 2018 se acogió a un procedimiento extraordinario de regularización, obteniendo, mediante Resolución Exenta N.º 81589, de 28 de marzo de 2019, una residencia temporaria por un año, vigente desde el 4 de julio de 2019 hasta el 4 de julio de 2020; y que, posteriormente, se acogió a un nuevo procedimiento de regularización el 7 de junio de 2021, otorgándosele, por Resolución Exenta N.º 22246279, de 14 de junio de 2022, una residencia temporal vigente desde el 1 de julio de 2022 hasta el 1 de julio de 2023.

Señalaron que el 13 de junio de 2023 la extranjera solicitó residencia definitiva, bajo el ID N.º 65755641, acompañando un certificado de antecedentes penales de Perú, de 2 de mayo de 2023, cuya autenticidad no pudo ser verificada.

Por ello, mediante Comunicación Electrónica Folio N.º 44627728, de 17 de agosto de 2023, se le requirió remitir por correo certificado el original debidamente legalizado por el consulado y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañar una copia notarialmente autorizada de su contrato de trabajo y pagar los derechos correspondientes al permiso solicitado, otorgándosele sesenta días para subsanar tales observaciones, bajo apercibimiento de rechazo. Afirman que la recurrente no cumplió con lo solicitado dentro del plazo concedido.

Añadieron que, mediante Comunicación Electrónica Folio N.º 58589306, de 14 de mayo de 2024, se notificó a la interesada el previo rechazo de su solicitud, fundado en no haber pagado los derechos migratorios, no haber acompañado el original verificable y debidamente legalizado o apostillado de su certificado de antecedentes penales y haber presentado un contrato de trabajo sin autorización notarial.

Se le otorgaron diez días hábiles para formular descargos y subsanar las observaciones, oportunidad en la que únicamente habría acompañado un contrato de trabajo de 1 de octubre de 2024, celebrado con Inversiones DLC SpA. Por consiguiente, al no haberse desvirtuado la causal comunicada, se dictó la Resolución Exenta N.º 25192103, de 2 de abril de 2025, que rechazó su residencia definitiva por no haber remitido el certificado original de antecedentes penales de su país de origen debidamente legalizado o apostillado, conforme al artículo 88 N.º 1 de la Ley N.º 21.325, ordenando que abandonara el territorio nacional en el plazo de diez días.

Manifestaron que la resolución fue notificada el 2 de abril de 2025 a los correos electrónicos proporcionados por la propia solicitante y que en ella se le reservaron los recursos contemplados en la Ley N.º 19.880. No obstante, la recurrente dedujo su recurso administrativo recién el 18 de noviembre de 2025, el que fue rechazado por extemporáneo mediante Resolución Exenta N.º 2600100415852, de 20 de julio de 2026.

En cuanto al derecho, el Servicio sostuvo que la residencia definitiva solo puede concederse a quienes cumplan los requisitos establecidos en los artículos 37 y 78 de la Ley N.º 21.325, en su reglamento y en el decreto que regula las subcategorías migratorias; que el artículo 157 N.º 5 de la misma ley le entrega competencia para otorgar, prorrogar, rechazar y revocar permisos de residencia; y que el artículo 88 N.º 1 obliga a rechazar las solicitudes de quienes no cumplan las exigencias de la respectiva categoría migratoria. Explicó que el certificado de antecedentes penales del país de origen constituye un documento indispensable para comprobar la existencia o ausencia de condenas que puedan configurar causales legales de rechazo y que, por tratarse de un instrumento público extranjero, debía presentarse debidamente legalizado o apostillado, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, sostuvo que la orden de abandono constituye una consecuencia legal del rechazo de un permiso de residencia, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley N.º 21.325, y que se diferencia de la expulsión por cuanto esta última es una medida de cumplimiento compulsivo.

Concluyó que la decisión fue pronunciada por autoridad competente, conforme al procedimiento y a las normas aplicables, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad ni vulnerar la igualdad ante la ley u otra garantía amparada por el artículo 20 de la Constitución, por lo que solicitó el rechazo íntegro de la acción.

Tercero: Que el recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, primeramente, se hace necesario entrar a conocer sobre la alegación de extemporaneidad que hacen las recurridas.

Al efecto, se debe establecer que el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, previene, que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones, en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal, que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Quinto: Que de los antecedentes de autos, y lo relacionado, se desprende que el acto impugnado y a partir del cual se debe contabilizar el plazo para deducir esta acción constitucional, es la respuesta negativa del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la petición de residencia definitiva de la recurrente de fecha 2 de abril de 2025, y no la de 20 de julio de 2026, por la cual se emitió pronunciamiento de trámite para rechazar un recurso administrativo extemporáneamente interpuesto.

Sexto: Que, de lo expuesto, es posible colegir, que el recurrente dedujo el recurso transcurrido el término de 30 días contemplado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección.

Todo lo que ha de conducir, necesariamente, a desestimar el presente arbitrio, por extemporáneo.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, se recurre en contra de una resolución administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el recurso de protección, por extemporáneo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°17421-2026 Protección.