nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE-MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

Santiago, quince de abril de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece en esta causa don nombre reservado, abogado, miembro integrante de la Corporación de los Derechos del Pueblo, CODEPU, quien deduce recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, alegando la actuación ilegal y arbitraria de parte de los recurridos en el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios, y de medios de disuasión químicos como gases lacrimógenos y agua con agentes químicos, sin hacer ningún tipo de distinción entre transeúntes o manifestantes.

Segundo: Que, como antecedentes de hecho, señala que ante la situación actual de descontento social que afecta a nuestro país, según las declaraciones del Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos de Chile (COLMED), nombre reservado, aseguró que: "son más de 200 personas que en estos días han perdido uno de sus ojos. Esto es muy grave. No ha ocurrido nada de esta magnitud en ninguna parte del mundo". El experto además agregó que "Carabineros, en Chile dependen de la autoridad de Gobierno, directamente del Ministerio del Interior y el Presidente de la República; la responsabilidad de no haber escuchado las advertencias que insistentemente hizo el Colmed, es inaceptable".

Agrega que es hecho público y notorio que el uso indiscriminado de balines y de gas lacrimógeno no sólo afecta a quienes detentan el derecho constitucional de protestar, sino que además a todos los peatones y ciudadanía que transitan por el lugar. No es posible que ejercer este derecho condicione el desplazamiento libre por la ciudad, además de ser imposible y nocivo respirar sumado al riesgo de quedar con trauma ocular por el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios. No obstante lo anterior, el gobierno en particular a desvalorizado y descalificado, vulnerando así un derecho con plena protección constitucional como es el derecho a la protesta social, con el único fin de silenciarlo mediante la violación indiscriminada de los Derechos Humanos, sembrando miedo y división en la ciudadanía. El principal discurso que se ha manipulado para ello es asimilar la protesta pacífica a la violencia, sólo de esta forma buscan justificación para suprimir el estallido social actual. Por todo lo anterior, haciendo uso del derecho constitucional y demás tratados internacionales, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en relación a la vulneración, privación y amenaza respecto de su persona y de todo ciudadano, del derecho a protestar o manifestarse contra la autoridad, especialmente al derecho de manifestarse pacíficamente, además del derecho al libre tránsito, a la seguridad individual y al derecho de su persona y de toda la población a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Alega además que sus garantías fundamentales son vulneradas sistemáticamente y de forma permanente por Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, viéndose amedrentados y limitados en sus derechos de salir y marchar por las calles de Santiago, con el único objetivo de presionar al Gobierno de Chile para que tome medidas serias en materia de justicia social y repare la impunidad en la que han vivido por parte de quienes han cometido y siguen cometiendo enormes abusos en nuestro país en su economía, naturaleza y sociedad, pues cuando ejercen este derecho, corren el serio riesgo de perder sus ojos, de ser mutilados gravemente como ya ha ocurrido y que es de público conocimiento las identidades de esas víctimas, de ser secuestrados, intoxicados, golpeados, a ser vejados sexualmente, privados de su libertad e incluso, a perder sus vidas.

Tercero: Que, como antecedentes de derecho, señala que la acción cautelar de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecida para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias, que signifiquen la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma. La protesta social es una expresión del derecho a voz y reunión garantizado por la Constitución Política de la República y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así vemos en la Carta Magna en su artículo 19 las siguientes garantías protegidas por este recurso y que se encuentran vulneradas, privadas y amenazadas arbitrariamente: artículo 19 N°1 derecho a la vida, a la integridad física y psíquica; 19 N° 6 libertad de conciencia y expresión de las creencias; 19 N° 12 libertad de emitir opinión; 19 N° 13 derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; 19 N° 14 derecho a presentar peticiones a la autoridad; 19 N° 15, derecho a asociarse sin permiso previo; derecho a protestar en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de las Derechos Humanos; 21 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Cuarto: Que, adicionalmente impugna el Decreto Supremo N° 1086 del año 1983 del Ministerio del Interior, que regula el derecho a reunión en bienes nacionales de uso público, señalando que tiene su origen en un período autoritario, por lo que su constitucionalidad está en tela de juicio, por lo que debe remitirse al Tribunal Constitucional para su revisión, ya que sólo mediante una ley puede regularse el ejercicio de un derecho Constitucional, la que no se ha dictado, por lo que resulta obligatorio un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a este respecto.

Agrega que la criminalización de la protesta social se ha valido de la tipificación de esta conducta como un delito de desórdenes públicos del artículo 269 del Código Penal. Esta norma deviene en arbitraria al confundir recurrentemente a los manifestantes pacíficos o transeúntes con aquellos que cometen ilícitos. Carabineros de Chile a través de esta figura detiene de forma masiva, indiscriminada y abusivamente a manifestantes y transeúntes bajo la imputación de desórdenes públicos. Recurrentemente han detenido a personas por largo tiempo y al no existir pruebas concretas son liberados, resultando dicha detenciones ilegales y quedando totalmente impune ya que se "sacan" del sistema. No se ha respetado el Principio Constitucional de Objetividad que obliga a investigar y recabar, con el mismo celo, los antecedentes de un hecho delictivo que conduzcan a establecer la culpabilidad de un imputado como aquello que puedan probar su inocencia, por lo que dichos actos se constituyen como arbitrarios dándole el poder a Carabineros de Chile de tomar detenidos a cualquier persona o transeúnte para luego liberarlos quedando las policías en la total impunidad de su actuar.

A mayor abundamiento, los defensores penales públicos con recarga de trabajo han buscado salidas alternativas y en muchos casos obligando a los imputados, muchos de ellos inocentes a aceptar acuerdos con el Ministerio Público sin mediar otra posibilidad.

En este mismo orden de ideas, el abuso policial se ha visto en el empleo de medios de disuasión químicos como gases lacrimógenos y agua con agentes químicos en áreas urbanas sin discriminar entre manifestantes y transeúntes arrojando bombas en medio de la circulación, al interior de escuelas, recintos de salud, universidades, viviendas y locales comerciales.

Asimismo, queda patente la desprotección total de la población en materia medioambiental, ya que se convive a diario con los restos disuasivos químicos que permanecen en las calles y aceras durante días dañando la salud de la población. Tal es el caso de un niño de 14 años, en Quilpué, que hizo explotar una granada lacrimógena en su Escuela que encontró en la vía pública, terminando imputado por infracción a la Ley de Control de Armas y sus compañeros y profesores en un Servicio de Urgencia.

El total desconocimiento y la falta de interés por parte de quienes se dicen comprometidos con el cambio climático, en 22 días han contaminado de forma irresponsable, pues no existe estudio conocido que respalde la inocuidad -que en ningún caso puede serio de los gases con fines disuasivos. Estos gases van a parar a la atmósfera, donde está el compromiso con disminuir la huella de carbono suscrita en el Acuerdo de París, que al mismo Presidente de la República le valió un reconocimiento internacional.

El Estado, a través de todos sus poderes, tiene la obligación de cautelar los derechos constitucionales, e incluso en el caso del derecho a manifestarse tiene la obligación constitucional de protegerlo, junto con el resguardo al Orden Público. Ambos de forma coetánea y no uno por sobre el otro como ha venido ocurriendo. Por todo lo anterior, debe estar absolutamente prohibido utilizar políticamente a la fuerza pública para actuar al margen de la ley.

Por otro lado, muchos registros audiovisuales circulan entre las personas, ciudadanos, en redes sociales en los cuales se puede ver a muchos Carabineros de Chile en actos de presunto consumo de cocaína vistiendo el uniforme de la institución y en medio de las marchas, hecho no aclarado ni investigado hasta ahora. Eso podría también explicar el nivel de ensañamiento e inconsciencia en el actuar de muchos efectivos.

Quinto: Que, el recurrente realiza las siguientes peticiones: 1).- Exigir al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a sus policías pasar de una política de represión a una de conducción y protección del derecho a manifestarse. 2).- La creación de buzón para recibir denuncias audiovisuales por parte de tribunales. 3).- Sean publicados los protocolos de la actuación policial, transparentando si el uso de estupefacientes es parte de dicho protocolo. 4).- Detener a los sujetos violentos sólo en caso de flagrancia. Terminar con el castigo físico de los detenidos al interior de los buses y unidades policiales. 5).- Establecer procedimientos expeditos de constatación de lesiones y registro de detenidos en Comisarías además de dar estricto cumplimiento a los derechos de todo imputado. 6).- Prohibir la salida de vehículos policiales sin patente, uniformados sin identificación y retirar a las policías de civil. 7).- Utilizar cámaras de filmación continua por parte de todos los Carabineros a fin de evitar el abuso policial que es de notorio y público conocimiento. 8).- Se prohíba de forma inmediata el uso de balines a todo evento por parte de Carabineros de Chile a lo largo de todo el país y se prohíba la utilización de gases tóxicos con objetivos disuasivos. La recurrida ha efectuado un acto ilegal y arbitrario, en cuya virtud amenaza, privando de las garantías constitucionales, que señaló anteriormente y reproduce nuevamente.

Al finalizar su recurso, pide se ordene que el cese inmediato del uso de balines y otros medios represivos, como cargas de electricidad entre otros, además se ordene la prohibición de utilizar indiscriminadamente el uso de lacrimógenas y la limpieza inmediata de la ciudad de estos gases, y otras medidas que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho, para asegurar la debida protección de sus derechos constitucionales, con costas del recurso.

Sexto: Que, informando el abogado Carlos Flores Larraín, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita su rechazo, con costas. En primer lugar, realiza una síntesis del recurso, exponiendo los hechos invocados por el recurrente; luego describe la situación ocurrida a contar del 18 de octubre de 2019, especialmente en la región metropolitana, que califica de graves alteraciones al orden público y la seguridad; posteriormente señala cuál es la naturaleza y alcance de la acción constitucional de protección, indicando que ella no es una acción popular, pese a que el recurrente en reiteradas oportunidades realiza aseveraciones que dan cuenta que ha deducido una acción de protección bajo esos términos; agrega además que el recurrente no precisa cuál es la acción u omisión que le imputa a su parte, que vulnere las garantías que invoca, y que esa Secretaría de Estado cuenta con facultades para mantener el orden público, habiendo dictado el Decreto Supremo 1.364, por el que entregó los lineamientos generales sobre el uso de la fuerza.

En párrafo aparte, alude a la existencia varios de instrumentos normativos idóneos para abordar la pretensión del recurrente, apuntando a lo que establece la ley y a lo que ha resuelto reiteradamente la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. También alega falta de oportunidad de la acción constitucional, toda vez que su pretensión principal, en esencia, ha sido satisfecha, porque entre otras peticiones, solicita se prohíba o suspenda el empleo de balines por parte de Carabineros de Chile y se prohíba la utilización de gases tóxicos con objetivos disuasivos, comunicando el 19 de noviembre el General Director de Carabineros nombre reservado, “como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”. En la actualidad, ella solo podrá ser utilizada en el nivel 5 de agresión activa potencialmente letal, para repeler la agresión y proteger la vida del propio Carabinero o de un tercero, citando jurisprudencia al respecto.

Por último, se refiere a la vulneración de los derechos constitucionales invocados que se le atribuyen, los que analiza señalando que uno ni siquiera es susceptible de resguardo por medio de este remedio judicial. En síntesis, señala que no se verifica en la especie, una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria, que sea imputable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Séptimo: Que, informando el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, también solicitó el rechazo del recurso, con costas. Advierte falta de legitimación activa y otros defectos en el recurso, alegando que el recurrente no especifica en qué lugar ocurrieron las eventuales vulneraciones que se reclaman, las que al parecer según su escrito, se habrían verificado en distintos lugares del territorio nacional, es decir, más allá de la jurisdicción que el legislador ha entregado a la Corte de Santiago, pretendiendo el recurrente se dispongan medidas sobre todo el territorio nacional. Realiza algunas consideraciones generales sobre el recurso, refiriéndose posteriormente a la actuación de Carabineros, al uso de la fuerza y a la normativa que justifica el actuar de Carabineros de Chile, señalado que las acciones desplegadas no pueden considerarse ilegales, pues una de las obligaciones que corresponde a Carabineros de Chile, es el resguardo de orden público, como lo señala el inciso 2° del artículo 101 de la Constitución Política de la República, mismo imperativo que contempla el artículo 1° de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional, que señala que “su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la Seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la Ley”.

Octavo: Que, en el orden normativo, agrega que para mantener el orden público, se ejecutan acciones de carácter preventivo y otras que son necesarias para restablecerlo, cuando se producen alteraciones; en este último caso, según las circunstancias se utiliza la fuerza que contemplan dos cuerpos normativos: a) El Decreto Supremo 1.364 del año 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; b) La Circular N° 1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y c) La Orden General N° 2.635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público, la cual se utiliza bajo los parámetros que establece el Derecho Internacional en sus dos principales instrumentos; el primero, corresponde al denominado Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 30 señala que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas" y, el segundo, a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medíos no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto", es decir, los usos de los elementos disuasivos se ejecutan sobre la base de los criterios de progresividad, necesidad y proporcionalidad. Los conjuntos de estas disposiciones configuran el marco normativo sobre el uso de la fuerza.

Agrega que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base de cuatro escenarios: a) Reguardo del derecho de manifestación; b)

Restablecimiento del orden público; e) Desalojos, y; d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, entre ellos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. El anexo número uno de la norma, contempla los elementos que pueden ser usados para este fin, según la siguiente clasificación: primaria, Dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, Armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, Armas largas, y; cuarta, Armas de apoyo de alto poder de fuego.

El empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención policial depende del tipo de manifestación, la cual, de acuerdo al protocolo, puede ser violenta o agresiva, y también del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal de la Institución, es decir, esta decisión no es enteramente discrecional como lo entienden los recurrentes. En este sentido, para una mejor comprensión de estos términos, el protocolo, en su anexo número dos, contempla el siguiente glosario: I) "Empleo diferenciado de la fuerza", corresponde al uso gradual según el grado de resistencia que se oponga, y; 2) "Gradualidad de la intervención», son los pasos a seguir para la utilización de los medios disponibles para el mantenimiento del orden público y consiste en dialogar, contener, despejar, dispersar y detener.

Los elementos que se emplean para el control del orden público, según el mismo protocolo, son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Todos estos mecanismos, son utilizados bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que, como ya se indicó, están definidos en la Orden General N° 2.635; ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias y en la medida que las operaciones lo permitan, por ejemplo, en una manifestación no violenta, el diálogo podrá realizarse y sus resultados pueden ser exitosos, lo que, a contrario sensu, no ocurrirá en una de características violentas.

Noveno: Que, sobre el uso de la escopeta antidisturbios y de otros medios disuasivos para el control del orden público, señala que la primera es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales de distintos países del mundo utilizan para el control de muchedumbres. En la escala de progresividad que contempla la Orden General N° 2.635, su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando está en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes pacíficos y del personal policial, así está señalado en el numeral 2.8., es decir, su empleo no es discrecional, pues se circunscribe sólo a muchedumbres violentas y agresivas. Adicionalmente, la Circular N° 1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición letal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas porque funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina. El uso de este elemento, actualmente está suspendido por disposición del Alto Mando de la Institución y no puede ser usado para el control del orden público.

Décimo: Que, refiriéndose a los disuasivos químicos, también señala que ellos se encuentran en concordancia con las tácticas policiales a nivel mundial y se emplean para contrarrestar las alteraciones del orden público. En nuestro país, estos elementos son principalmente, el humo blanco, el gas lacrimógeno CS y el agente irritante, los cuales pueden ser utilizados como dispositivos manuales (granadas), rociadores (spray), lanza granadas (escopeta o pistola) o a través de máquinas y vehículos tácticos policiales.

Su utilización, además de estar consagrado en los protocolos, también está reconocida a nivel legal. En efecto, la letra e), del artículo 2°, de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Explosivos, señala que "estarán sometidos a su control, entre otras sustancias químicas, los elementos lacrimógenos; asimismo, establece, en su artículo 30, inciso 40, una excepción para Carabineros de Chile, en virtud de la cual, dentro de sus operaciones policiales para el control y restauración del orden público, está autorizado para poseer y tener disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, fabricados sobre la base de gases paralizantes, como también los implementos destinados a su lanzamiento y activación". En este sentido, se informa que en los procesos de licitación la Institución exige a los distintos proveedores una certificación para acreditar que los productos contienen agentes químicos CS, en las concentraciones que permite la legislación internacional, lo cual demuestra que el actuar de la Institución, se ajusta al Principio de Legalidad.

El uso de disuasivos químicos para el control del orden público ha sido efectivo y a la fecha no existen casos con consecuencias fatales, es decir, se trata de un elemento que minimiza el riesgo letal. Además, se puede informar que los gases lacrimógenos que son adquiridos reúnen los siguientes requisitos: a) No son letales (con un uso adecuado y con personal capacitado); b) Son de efecto rápido (genera una reacción inmediata); e) Los síntomas son disipados en breve tiempo al cesar la exposición, y; d) Las concentraciones no superan los 0.4 mg/m3, conforme a la norma tenida a la vista (niosh y osha). Ahora bien, la utilización de gases lacrimógenos en el control del orden público opera bajo los criterios de necesidad, progresividad, proporcionalidad, empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, pues están antes de la escopeta antidisturbios.

Sobre los efectos que produce este tipo de elemento en la población, resulta relevante el estudio que Instituto de Salud Pública remitió al Ministerio del Interior y Seguridad Pública el 20 de mayo de 2011, donde, a propósito de la posible relación de causalidad entre el gas lacrimógeno usado en Chile y los efectos abortivos, se indicó use reconoce la existencia de los habituales efectos agudos imitativos, tales como tos, lagrimeo, broncoespasmo, irritación bucal, rinorrea, etc. Sin embargo, no se dispone de evidencia científica consistente que permita concluir la presencia de una posible asociación causal entre gas lacrimógeno (CS) y aborto u otros patologías severas en población humana", lo cual permite descartar riegos para Carabineros de Chile, en el control de orden público, antes de utilizar gases lacrimógenos, tal como lo dispone el protocolo, por megafonía, debe advertir, a lo menos en tres oportunidades, que empleará disuasivos químicos, ello permite a las personas tomar los resguardos necesarios para no quedar expuestos la acción de los mismos. Obviamente, estos avisos se cumplen en la medida que las circunstancias y el teatro de operaciones así lo permita.

En la actual situación que vive la región, en materia de orden público, los eventos violentos se han multiplicado; en este sentido, sólo como dato estadístico, se debe informe que hasta el día 09 de diciembre del presente año, en la Región Metropolitana han ocurrido 1.712 eventos graves, de los cuales 442 han sido desórdenes, 334 saqueos, 244 daños, 20 cortes de ruta, 150 atentados incendiarios, 155 ataques a cuarteles, 162 vehículos dañados y 332 manifestaciones, por los cuales han sido detenidas 6.921 personas. Además, se hace presente que a la fecha se registran 1.570 Carabineros lesionados de distinta gravedad.

Lo anterior deja en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes para hacer frente a esta realidad sólo cuentan con los mecanismos que contempla el protocolo. En este nuevo escenario, para restablecer el orden público, resulta más eficaz el uso de los elementos disuasivos de mayor intensidad como gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

En cuanto a los elementos disuasivos cuestionados, se debe aclarar que, si bien la escopeta antidisturbios está categorizada como un elemento no letal, por su propia naturaleza, eventualmente, podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás elementos de menor intensidad, como el cañón de agua y los gases lacrimógenos que afecta la vía respiratoria y produce irritación. Sin embargo, es importante mencionar que estos dispositivos sólo se utilizan para controlar y disuadir grupos que, actuando en muchedumbres, ejecutan actos violentos, provocan graves alteraciones al orden público y agreden a las personas que se manifiestan en forma pacífica y por supuesto al personal de Carabineros de Chile, es decir, su utilización constituye una reacción que busca restablecer el orden y la seguridad, pero en ningún caso su objetivo es poner en riegos la vida de personas.

La decisión de incrementar el uso de la fuerza, llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede ser considerado un actuar arbitrario como lo entienden los recurrentes, pues obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que el marco normativo determina.

Si no pudieran utilizarse los gases lacrimógenos ni la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, la Institución se encontraría autorizada para usar armas de fuego con munición letal, lo que, sin duda, causaría un peligro real para la vida de las personas; en ese contexto adquieren relevancia estos elementos (escopeta y gases), constituyen mecanismos que impiden llevar al extremo el uso de la fuerza Carabineros de Chile legítimamente podría emplear, y que, si hasta la fecha no ha tenido lugar, es justamente por su existencia.

Undécimo: Que, por último, en lo que se refiere a los derechos fundamentales cuya vulneración se alega, señala que el recurrente indica que el uso de la escopeta antidisturbios y los gases lacrimógenos constituirían un agravio para los derechos que le asegura la Carta Fundamental, sin embargo, en el libelo no queda claro sí la privación o perturbación ya se produjo o sólo busca un amparo ante una eventual amenaza. En segundo lugar, señala que las garantías de los numerales 1, 6 y 12 pretenden ser ejercidas dentro del derecho de reunión y en ese contexto las analiza, señalando que la del número 14, no se encuentra amparada por esta vía y la del 15, no tiene pertinencia con los fines que persigue la recurrente.

Entendiendo entonces que las garantías alegadas por los recurrentes están supeditadas al derecho de reunión, se debe aclarar que el protocolo para el mantenimiento del orden público regulado en la Orden General N° 2.635, fue concebido para proteger a los manifestantes pacíficos, así está consagrado en el Protocolo N° 1, donde se indica "Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos", es decir, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad que afecten a las personas que se manifiestan de forma pacífica, el personal de la Institución no interviene y sólo mantiene un actitud de observación y resguardo.

La Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía, en este caso, por el Decreto Supremo N° 1.086 del año 1983, norma que, si bien no afecta el contenido esencial del derecho a reunión, establece una serie de requisitos de índole administrativo que los organizadores deben cumplir.

Ahora bien, la Institución está obligada a actuar y puede utilizar los elementos disuasivos que contempla el protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas, y, además, cuando se utilizan armas, como consta en las siguientes normas:

- La letra f), del Decreto Supremo N° 1.086, establece que "Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante", en ese caso, dispone en forma imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad Pública debe conminar a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta.

- El Protocolo N° 1, de la Orden General N° 2.635, señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. "Es violenta" cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. "Es agresiva", cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial.

Por lo anterior, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en las acciones policiales que realiza la Institución para el control de orden público porque en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la cual se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad. Además, en conveniente aclarar que en la medida que las circunstancias lo permitan, Carabineros de Chile debe advertir los manifestantes, al menos en tres ocasiones, que usará elementos disuasivos, lo cual permite a las personas tomar los resguardos necesarios.

Finalmente, en lo que respecta a aseveraciones del recurrente en su presentación, tales como "muchos registros audiovisuales circulan entre las personas en redes sociales en los cuales se puede ver a muchos Carabineros en el consumo de cocaína vistiendo el uniforme de la Institución, en medio de las marchas". Al respecto cabe señalar que la recurrida no acompaña antecedentes que funden su grave aseveración, por lo que Carabineros de Chile se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que en derecho correspondan.

Duodécimo: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes de una persona, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Décimo Tercero: Que, tales exigencias no se cumplen respecto al recurso interpuesto por el recurrente, porque como hizo presente la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no es una acción popular porque para su procedencia se exige que se deduzca por “el afectado o cualquier persona a su nombre”, siendo una exigencia básica para su acogimiento, que se justifique al menos un interés inmediato y directo comprometido, porque el constituyente legitimó su ejercicio en favor de una persona determinada, limitándolo a quienes hayan sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, lo que en la especie no precisa ni identifica de manera alguna el recurrente, salvo en cuanto señala que también él sería un afectado, pero sin precisar cuál es el hecho o circunstancia concreta que le afectó personalmente, limitándose en cambio a invocar intereses difusos, que afectarían no solo al recurrente, sino que a todas las personas -en general-, que tendrían el derecho a protestar o reunirse pacíficamente, sin permiso previo.

Décimo Cuarto: Que, ante esa falta de precisión respecto a la existencia de alguna persona afectada, por algún acto u omisión determinado y circunstanciado, que pueda atribuirse particularmente a alguna de las recurridas, que vulnere alguna de las variadas garantías que se invocan en el recurso, resulta es procedente acoger la excepción de la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cuanto alega que respecto a su parte, el recurso no precisa ni identifica ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria en que haya incurrido esa Secretaría de Estado, teniendo ella facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público, sobre todo el territorio nacional.

Décimo Quinto: Que, sin perjuicio que lo anterior basta para el rechazo del recurso, si se considera que lo que reprocha el recurrente es que la recurrida Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, por su condición de “autoridad de gobierno” –citando declaración del Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos-, y en su relación con la recurrida Carabineros de Chile, ha omitido realizar alguna acción o haber dado las instrucciones para que se hiciera un uso razonable y proporcional de los elementos disuasivos que Carabineros utiliza para mantener el orden público, también es posible considerar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública alegó que, con el objeto de verificar que la normativa interna de Carabineros de Chile, diera cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento el orden público, en armonía con los principios vigentes del derechos internacional que disciplinan la materia, se estableció en el artículo segundo de ese mismo Decreto Supremo, que dicha institución policial debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, dentro del plazo de noventa días corridos, disponiéndose la publicación del instrumento final en el Diario Oficial. En ese contexto, con fecha 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento a lo instruido por esa Cartera de Estado: la Circular N° 1.832 de 1 de marzo de 2019, que actualizó las instrucciones sobre el uso de la fuerza, como también la Orden General N° 2.635 de esa misma fecha, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

Décimo Sexto: Que, en relación a la pretensión del recurrente y las variadas peticiones que se explicitan en el motivo quinto de esta sentencia, tampoco es posible soslayar que ellas exceden los fines de esta acción constitucional, existiendo otras vías e instrumentos normativos para abordarlas, no siendo éste el instrumento idónea para ello, atendido el carácter excepcional y urgente del recurso de protección.

Décimo Séptimo: Que, desde este punto de vista, la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad, agregó que por tratarse de personal de Carabineros, el ejercicio deficiente de su cargo, puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil, las que no es posible determinar en esta causa, sino que a través de procedimientos de lato conocimiento. De asumir como efectivos los sucesos en que se sustenta el recurso, que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no letal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla, no siendo la acción de protección, evidentemente, la vía idónea para obtener tal finalidad.

Décimo Octavo: Que, por otro lado, tampoco es posible en esta causa sobre recurso de protección, discutir la impugnación que hace el recurrente, relativa al origen del Decreto Supremo N° 1086 del año 1983 del Ministerio del Interior, que regula el derecho a reunión en bienes nacionales de uso público, ni la petición correlativa con dicha afirmación, que debería remitirse al Tribunal Constitucional para su revisión.

Décimo Noveno: Que, en consecuencia, no visualizándose que exista un acto arbitrario o ilegal que pueda atribuirse al actuar u omisión de alguna de las recurridas, ni que ello produzca la afectación de una garantía constitucional de una persona que se individualice de manera concreta en el recurso, vinculada al sustrato fáctico que describe el recurrente y en que funda su acción constitucional, se rechazará el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, abogado, miembro integrante de la Corporación de los Derechos del Pueblo, CODEPU, en contra de Carabineros de Chile, y en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de acoger el recurso de protección sólo en contra de Carabineros de Chile, por considerar que han incurrido en actos ilegales, además del actuar omisivo ilegal del General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, considerando para ello lo siguiente:

a).- Que, independiente de los defectos formales de que adolece el recurso de protección interpuesto, y a la circunstancia que el abogado recurrente ni siquiera se presentó a alegar, lo concreto resulta ser que los órganos del Estado están obligados a permitir el acceso a la justica de toda persona, por la interposición de un recurso sencillo, siendo la acción constitucional la vía más idónea para reclamar protección si ha existido una vulneración de garantías fundamentales, imputable a un agente del Estado, para que esta Corte disponga de manera expedita y urgente, las medidas cautelares reparativas o correctivas que la situación amerite.

b).- Que, desde este punto de vista, resulta trascendente para evaluar la pertinencia de acoger la medida cautelar de suspensión del uso de la escopeta antidisturbios -única petición pertinente del recurso y acorde a los hechos del mismo-, que ella se cumpla mientras no se impartan cursos a los policías y agentes del Estado que deben intervenir en manifestaciones públicas, sobre respeto a los derechos humanos, o se acredite que conocen el Protocolo que se ha dictado para evitar el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios y medios de disuasión químicos, respecto de lo cual el recurrente describe hechos que resultan substanciales para fundar su acción constitucional –independiente que sus pretensiones y peticiones se desvinculen de ese sustrato fáctico-, cuando citando al Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Médicos de Chile (COLMED), nombre reservado, señala que a la fecha de interposición de su recurso -el 14 de noviembre de 2019-, existían “más de 200 personas” que han perdido uno de sus ojos.

c).- Que, desde este punto de vista, vinculado a una cuestión fáctica más que jurídica, es posible sostener que el recurrente no cuestiona la inexistencia de una normativa que obligue al Estado y sus agentes a respetar los derechos humanos de las personas que concurre a una manifestación pública, ejerciendo la garantía de reunirse pacíficamente sin permiso previo, desplegando bajo ese manto, las otras garantías fundamentales que alega vulneradas, como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad de conciencia y expresión, la libertad de emitir opinión y otras que enuncia, que tienen protección por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

d).- Que, la cuestión esencial entonces, se vincula con el actuar u omisión ilegal que se reprocha, vulneratorio de las citadas garantías fundamentales, relacionado con la falta aplicación práctica y adecuada por parte de personal de Carabineros de Chile, de los Protocolos –que citan ambas recurridas- que regulan y condicionan el actuar policial apegado al derecho humanitario a los derechos de terceros, durante el desarrollo de las manifestaciones públicas, cuando la policía debe cumplir su obligación de mantener el orden público, corresponde a una obligación que recae sobre el General Director de Carabineros, quien debió haber informado y justificado en esta causa, que ha empleado la diligencia debida en cuanto jefe superior del servicio, disponiendo todo lo que estuvo a su alcance, para que dichos Protocolos de actuación de la policía, se conocieran y cumplieran irrestrictamente por personal de su dependencia, justificando además que han existido cursos de inducción.

e).- Que, el cumplimiento de esa obligación de dar a conocer los Protocolos de actuación policial, deviene en una condición previa y necesaria para que se pudiese entregar a la policía una escopeta antidisturbios o alguno de los disuasivos químicos, de forma tal que los agentes del Estado hayan tenido la posibilidad de haber comprendido el sentido y alcance de dicha normativa, por la asistencia obligatoria o aprobación, de algún curso certificado e impartido por alguna institución de educación independiente e imparcial, lo que debió en la presente.

f).- Que, hábilmente frente a las circunstancia que expone el recurrente, donde describe reiteradas manifestaciones públicas, y que en sus informes ambas recurridas, alegan graves alteraciones del orden y la seguridad pública, lo que corresponde al contexto en que se sitúa la existencia de más de 200 personas que han perdido alguno de sus ojos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se excepciona de responsabilidad señalando que su parte dispuso de aquellas medidas que estaban dentro de sus facultades, dictando el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018, por el cual dispuso los lineamientos generales y perentorios que debían considerarse para el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, lo que reforzó con lo dispuesto en el artículo 2° del mismo cuerpo reglamentario, en orden a que Carabineros debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, por lo que establecida y dictada oportunamente dicha normativa reglamentaria por la autoridad de gobierno, correspondía que el General Director de Carabineros la ejecutara e implementara, disponiendo la forma cómo se daría a conocer y se daría estricto cumplimiento a la misma, para que los principios que la fundan y las condiciones bajo las cuales excepcionalmente puede operar el empleo de la fuerza, fuese conocida por todos y cada uno de los funcionarios policiales a su cargo, de forma tal que el uso racional de esas armas antidisturbios se realizara como medida de último recurso, de manera proporcional, en caso de ser necesaria una legítima defensa, como expresamente lo disponen dichos Protocolos, y no como un instrumento para disolver una manifestación pública, disparando a la bandada, de manera indiscriminada, sin hacer ningún tipo de distinción entre un ciudadano que se reúne y manifiesta pacíficamente, de aquellos que cometen delito u actos de violencia contra las personas y bienes.

g).- Que, del informe que ha entregado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, es posible extraer una total falta de reflexión respecto a los principios que inspiran dichos Protocolos de actuación, o que el jefe superior de Carabineros conociera los presupuestos que se exigían para que operara el uso racional de la fuerza, porque al transcribirse el comunicado de prensa efectuado el día 19 de noviembre por General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, éste señala que “como una conducta de prudencia” –no porque exista una normativa que lo exija y regule- se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios, “la que sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa”, como si los protocolos no hubiesen dispuesto precisamente eso, porque las armas antidisturbios sólo se pueden utilizar en caso de legítima defensa, es decir, sólo en caso que un funcionario policial sufra una agresión ilegítima, sin que exista otro medio proporcional disponible para repelerla, porque ningún funcionario o agente del Estado está autorizado para cometer delitos, como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (artículo 7 del Estatuto de Roma).

h).- Que, es bajo este contexto que cobra relevancia la alegación que también introduce la recurrida Ministerio del Interior al informar este recurso, para deslindar su responsabilidad, cuando señala que de asumirse “que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no legal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula –que es en definitiva lo que se denuncia en el recurso-, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación nacional y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla”.

i).- Que, con ello no hace más que subrayar que la autoridad civil alega exención de responsabilidad, por haber ordenado oportunamente mediante un Decreto Supremo, que Carabineros actualizara sus Protocolos, pero el acatamiento y ejecución posterior de los mismos, a los cuales deben sujetarse todos los funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, compete a su General Director, lo que comienza con haber dado cursos de inducción, porque si se apartan de su contenido y exigencias reglamentarias para el uso proporcional y racional de la fuerza, se arriesgan a comparecer a justificar su actuar ante la justicia penal, única que en definitiva podrá determinar la responsabilidad que les puede caber por la mutilación de los ojos, de más de 200 personas, en un contexto de ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, por lo que bien podría jurídicamente sostenerse que, en la especie, se está ante la comisión de crímenes de lesa humanidad, los que por ser imprescriptibles, podrán ser perseguidos en cualquier oportunidad en que se den las condiciones en el Estado para su juzgamiento.

j).- Que, no aclara el señor General Director de Carabineros de Chile en su informe, aquello que era relevante en esta causa, esto es, si efectivamente dicho personal policial estaba instruido, había asistido u aprobado algún curso de inducción, para la aplicación práctica de esos Protocolos; que si paralelamente a esas 200 personas civiles a quienes le han mutilado alguno de sus ojos, existe un similar número agentes del Estado, que se vieron compelidos a utilizar sus armas no letales, como una forma de defenderse de la agresión ilegítima de que fueron objeto por parte de esas personas; si se han realizado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, por alguna lesión u otro hecho ilícito que les haya afectado; si los integrantes de esas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tienen efectivo conocimiento que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados, ni procede la eximente de obediencia debida, para justificar la comisión de un crimen de ese tipo, por lo que si en un momento determinado, no se dan las condiciones para su juzgamiento, podrían posteriormente ser investigados y juzgados, por actos situados en un contexto que define el artículo 7 del Estatuto de Roma.

k).- Que, por otro lado, en su informe el señor General Director de Carabineros de Chile, al referirse al uso de la escopeta antidisturbios, señala que “es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas porque funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-sock que se compone de un soquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina”, en circunstancias que como jefe superior del servicio, está obligado a saber la composición exacta de los perdigones utilizados en esas escopetas antidisturbios, el que según se ha acreditado en esta causa, que no sólo está compuesto de caucho como lo señala la recurrida en su informe, sino que también de otros compuestos, como plomo. El recurrente ha acompañado a esta causa, un estudio o peritaje elaborado por los doctores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, en el que se concluye que: “las muestras analizadas son perdigones; los perdigones analizados contienen un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos; los otros compuestos son sílice (SiO2), sulfato de bario (BaSO4) y plomo (Pb); la dureza del perdigón es de 96,5 Shoe A”.

l).- Que, en lo que respecta al conocimiento de la ley y a la ejecución irrestricta de los Protocolos de actuación, bajo lo cual se encuentra sujeto Carabineros de Chile, en especial, su General Director, tampoco +6 se hace cargo en su informe sobre las graves imputaciones que le formula el recurrente, como el “sacar del sistema” a los detenidos de manera ilegal, para que no sea controlada posteriormente su detención ilegal por un juez de garantía, siendo éste un elemento más para calificar el contexto que define el artículo 7 del Estatuto de Roma; o cuando alude que “muchos registros audiovisuales circulan entre las personas, ciudadanos, en redes sociales en los cuales se pude ver a muchos Carabineros de Chile en actos de presunto consumo de cocaína vistiendo el uniforma de la institución y en medio de marchas, hecho no aclarado ni investigado hasta ahora”, en circunstancias que debió aclarar si su personal está constantemente sometido a algún test de detección de dicha sustancia ilícita, no correspondiendo que se limite a señalar, que “Carabineros de Chile se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que en derecho correspondan”, porque todo funcionario público está obligado a denunciar.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

No firman el Ministro (I) señor Advis y Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 174.181-2019