nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

C.A. de Santiago.

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección contra el Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal de privarla de la rebaja de impuesto territorial a la que tiene derecho conforme a la Ley N° 20.732, lo que le ha significado una perturbación en el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 19 N° 22 y 24 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la no discriminación arbitraria y al derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Pide se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la decisión manifestada en el Oficio Ordinario N° 1162, de 5 de septiembre de 2019, en cuanto la excluye de la rebaja de impuestos establecida en la Ley N°20.732, manteniendo dicho beneficio a su favor respecto de las cuotas tercera y cuarta de 2019 y primera y segunda de 2020, y ordene la devolución de lo pagado en exceso por cobros indebidos de cuotas anteriores desde que se cumplieron las condiciones para la aplicación del beneficio, con los debidos reajustes e intereses legales.

Funda su pretensión cautelar señalando que es una mujer sola, separada hace muchos años, y que después de haber trabajado hasta los 77 años no tiene ingresos suficientes para solventar sus gastos, contando solo con la ayuda generosa de sus hijos.

Explica que según consta del documento del Servicio denominado “Consulta y/o aceptación del beneficio del adulto mayor” para el segundo semestre de 2019 que acompaña, que es dueña de un departamento con destino habitacional, una bodega, un estacionamiento y el 50% de un local comercial, alcanzando la sumatoria de sus avalúos a $ 112.120.798, lo que no excede los $ 121.914.000, encontrándose regulada su situación en el N°6 del artículo 1° de la Ley N° 20.732, debiendo aplicarse la rebaja de impuesto territorial.

Según consta del mismo documento sus ingresos durante el año 2018 fueron $ 0. No tiene jubilación ni de AFP ni de IPS ni otra institución previsional, sin embargo, el Estado le cobra $ 218.925 cada tres meses.

El día 18 de agosto de 2019 solicitó al Servicio la rebaja de las contribuciones de su departamento habitación. Sin embargo, éste entiende que si el avalúo del departamento es superior al monto fijado en el N°5 de la disposición citada ($ 91.435.500), no procede la rebaja.

El Servicio de Impuestos Internos por oficio ordinario N°1162 de 5 de septiembre de 2019 rechazó su solicitud. Hace presente que, erróneamente, la decisión se refiere al numeral 4 de la disposición legal. El Servicio, equivocadamente le habría aplicado el numeral 5 en circunstancias que corresponde aplicar el numeral 6.

Señala que el mencionado oficio nunca le fue notificado personalmente o por carta certificada, y solo se enteró de lo resuelto el día 15 de octubre pasado por una consulta presencial en las oficinas del Servicio. Afirma que nunca ha señalado un correo electrónico según da cuenta con el documento que acompaña.

En cuanto al fondo del asunto, aduce que el criterio del Servicio no es compartido por los tribunales superiores de justicia en cuanto han fallado que para gozar de la rebaja del impuesto territorial no es necesario que el contribuyente cumpla simultáneamente con los requisitos contenidos en ambos numerales, pues es suficiente que cumpla con cualquiera de ellos alternativamente.

Así las cosas, si cumple las condiciones establecidas en la Ley N° 20.732 para acoger la rebaja solicitada respecto de la vivienda urbana rol 2453-39 de la comuna de Vitacura, de manera que las cuotas no sean superiores al 5% de sus ingresos anuales.

Manifiesta que el rechazo arbitrario e injustificado de la solicitud ha provocado una perturbación en el ejercicio de sus derechos establecidos en los N°s 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe darle el Estado en materia económica, y el derecho de propiedad. El beneficio de la Ley N° 20.732 se establece en favor de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, dado que el sistema de pensiones no permite a sus beneficiarios dar cumplimiento al pago de cargas fiscales que suponen un ingreso mayor a las jubilaciones que en la mayoría de los casos se otorgan por el sistema de AFP.

Por otra parte, un gran porcentaje de adultos mayores son propietarios del inmueble donde habitan, adquirido durante su vida activa, lo que los obliga al pago del impuesto territorial que se calcula sobre el avalúo fiscal de dicho bien raíz, y atendida la alta plusvalía sobrevenida durante los últimos años, pone a los pensionados en una situación de seria amenaza, pues mientras las pensiones se mantienen en montos exiguos en relación con sus sueldos en servicio activo, sus propiedades se valorizan aumentando las contribuciones, lo que conlleva un trato desigual en perjuicio de los contribuyentes que carecen de medios para pagar el impuesto territorial.

Estima que la Ley N° 20.732 establece un mecanismo corrector que implica un trato no discriminatorio para sus beneficiarios, mientras que la recurrida, al privarla del beneficio, incurre en una discriminación arbitraria pues la obliga a pagar un impuesto mayor al que una persona con sus ingresos debe enterar en arcas fiscales, vulnerando el artículo 19 N° 22 de la Carta Fundamental.

Por otra parte, el obrar de la recurrida constituye un acto expropiatorio no autorizado por Ley, pues implica una apropiación ilegítima del dinero que por concepto de contribuciones ha cobrado y seguirá cobrando ilegítimamente, conculcando su derecho de propiedad.

Segundo: Que al efecto la recurrente acompañó los siguientes documentos:

1.-certificados de avalúo correspondientes al segundo semestre del año 2019, de las propiedades que se enuncian en el libelo;

2.- copia de documento consulta y/o aceptación del beneficio del adulto mayor (BAM) del Servicio de Impuestos Internos, en el que constan las propiedades de la recurrente y su avalúo, y el detalle de sus ingresos en $ 0;

3.- copia de solicitud de aplicación del beneficio para el adulto mayor de acuerdo a la ley N° 20.732, presentada al Servicio de Impuestos Internos el 19 de agosto de 2019;

4.- copia de Oficio Ordinario N° 1162, del Servicio de Impuestos Internos, de 5 de septiembre de 2019;

5.- copia de documento del Servicio de Impuestos Internos;

6.- copias de sentencias de la Excma. Corte Suprema y esta Corte.

Tercero: Que, evacua el informe requerido doña nombre reservado, abogado, por el Servicio de Impuestos Internos, quien solicita el rechazo del recurso.

Señala que según los registros que obran en su poder la recurrente es propietaria de inmuebles (4) cuyo avalúo fiscal en total, asciende a la suma de $ 118.123.216. Agrega que desde el establecimiento del beneficio de rebaja de impuesto territorial, establecido para el Adulto Mayor, la recurrente nunca ha gozado de él, por no reunir las exigencias legales. Con fecha 19 de agosto del 2019, la ocurrente solicitó al Servicio la aplicación del beneficio en cuestión, respecto de la propiedad Rol de avalúo N° 2453-39, de la comuna de Vitacura, a lo que se dio respuesta, mediante Oficio Ord. N° 1162, de 5 de septiembre de 2019, del Jefe de Departamento de Avaluaciones, negando lugar a lo solicitado, fundado en que el avalúo fiscal del inmueble tiene un valor que excede el monto señalado en la ley. Este Oficio fue notificado, mediante envío por correo electrónico, al mandatario de la recurrente correo reservado, con fecha 16 de septiembre de 2019, conforme consta en la certificación que acompaña.

Posteriormente analiza la norma aplicable haciendo presente que el inciso penúltimo del artículo 1° de la Ley N° 20.732 ha dispuesto que la rebaja opera cada año, debiendo el Servicio verificar el cumplimiento de los requisitos, y en caso de estimar procedente la rebaja, efectúa una propuesta que se comunica al contribuyente. En el evento de que el Servicio, en virtud de los antecedentes, concluya que no se reúnen los requisitos o condiciones de procedencia del beneficio procede a emitir los giros de impuesto territorial respectivos, sin incluir en ello rebaja alguna, sin estar obligado a emitir resolución. Recalca que desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.732 el año 2014, hasta la fecha, el Servicio ha concluido que la contribuyente no se encuentra dentro de los casos y en las condiciones que la ley señala, lo que se revela en la circunstancia de que, cada año se han emitido los giros correspondientes sin que figure dicha rebaja.

Luego, alega la extemporaneidad del recurso, fundado en que la decisión del Servicio en orden a que no resultaba procedente el beneficio tributario respecto de la recurrente se manifestó a través de la emisión de los respectivos giros de impuesto territorial. Por lo tanto, la recurrente tuvo conocimiento, de que no gozaba de aquel, a lo menos, desde septiembre de 2019, fecha en que se despacharon las comunicaciones de cobro de Impuesto Territorial. Además, considerando que la Ley N° 20.732 contempla expresamente la posibilidad de efectuar una solicitud administrativa al Director Regional, que en el caso es de 19 de agosto de 2019, el plazo para la interposición del recurso de protección debiera contarse, desde que dicha solicitud fue resuelta y notificada a la contribuyente. Así las cosas, el Servicio, a través del Oficio Ord. N° 1.162 de 5 de septiembre de 2019, se pronunció respecto de la solicitud administrativa contenida en formulario N° RUT reservado, efectuada por don nombre reservado, mandatario de la recurrente, la que fue notificada, el 16 de septiembre de 2019, mediante correo electrónico dirigido al mandatario. En uno u otro caso, se ha excedido con creces el plazo de interposición señalado en el auto acordado respectivo. A su juicio, los argumentos de la recurrente para sostener que tomó conocimiento en el mes de octubre de 2019 son un intento de crear un nuevo plazo para interponer la presente acción.

Posteriormente, alega que la acción impetrada no es la vía idónea para conocer del asunto, por cuanto la ley establece que, en todo caso, los contribuyentes podrán reclamar del giro de la cuota de contribuciones que no haya considerado la rebaja el beneficio establecido en ella, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.

La recurrente ha solicitado que se ordene al Servicio que reconozca el derecho a la rebaja de contribuciones relativas al inmueble que señala, calculándola en conformidad con el número 6 del artículo primero de la Ley N°20.732, de manera que las cuotas de contribuciones 3° y 4° del año 2019. y 1° y 2° de 2020, se rebajen al 5%, de sus ingresos anuales, de lo que se sigue que, necesariamente, deberá pronunciarse sobre materias de fondo, consistentes en declarar si cumple o no con los requisitos para tener derecho al beneficio que pretende, lo que constituye una materia de lato conocimiento que debe ser resuelta en el procedimiento establecido para tales efectos.

Luego, alega la falta de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar del Servicio, por cuanto para que una acción sea arbitraria, ésta deberá emanar de un órgano que haya obrado en contravención de sus facultades legales, o bien, sin facultad alguna para ello. Por su parte, será arbitraria una acción cuando carezca de fundamentación o no se encuentre debidamente justificada, requisitos cuyo cumplimiento no acontece en el caso de marras.

En relación a las garantías constitucionales denunciadas, sostiene que si bien el Recurso de Protección protege la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la propiedad en sus diversas especies, no puede considerarse que el beneficio tributario que en la especie alega la recurrente, sea de su propiedad.

En este sentido, -indica-, nuestra jurisprudencia ha establecido que la garantía del derecho de propiedad, para ser objeto de protección, debe tener la condición de indubitado y hallarse incorporada al patrimonio del recurrente, de lo contrario constituye sólo una mera expectativa. De esta forma, en el caso de autos, la contribuyente nunca ha sido titular del beneficio, por no cumplir con los requisitos legales.

En relación con la supuesta vulneración de la garantía constitucional, establecida en el N° 22 del artículo 19 de la Constitución Política, hace presente que no ha cometido una discriminación arbitraria por cuanto, el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en el artículo 1°, de la Ley N° 20.732, ha sido exigido por el Servicio, a todos los adultos mayores que se encuentran en la misma condición de vulnerabilidad.

Concluye que estima que la presente acción cautelar es improcedente y debe ser rechazada, con costas, por cuanto ha sido interpuesta en forma extemporánea, y no es la vía idónea para conocer del asunto. Además, en la especie no existe un acto u omisión arbitrario y/o ilegal imputable al Servicio y no existe ninguna garantía constitucional infringida, atendido que esta repartición ha obrado en todo momento conforme derecho y de manera razonable, de acuerdo a criterios objetivos, racionales y estrictamente apegados a la normativa legal vigente.

Cuarto: Que el Servicio acompañó, los siguientes documentos:

1.- copia de consulta de notificación por correo electrónico de don nombre reservado;

2.- certificado de notificación de fecha 16.09.2019, efectuada al correo electrónico a dirección correo reservado , emitida por Anita Maibe Pérez, Ministro de Fe, Departamento de Avaluaciones, XV Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, Servicio de Impuestos Internos;

3.- Resolución Exenta N° 53, de 30.05.2014, del Director del SII que establece forma y plazo de aceptación de propuesta de rebaja del impuesto territorial, efectuada por el SII y de presentación de antecedentes para solicitar el beneficio establecido en la Ley N° 20.732, para las cuotas 3 y 4 de un año y 1 y 2 del año siguiente;

4.- Resolución Exenta N° 71, de 10.08.2015, del Director del SII que modifica fecha de aceptación de propuesta de rebaja del impuesto territorial efectuada por el SII en el marco de la ley N° 20.732.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Sexto: Que en relación a la alegación de extemporaneidad de la recurrida, el Servicio de Impuestos Internos mediante su Oficio Ordinario N° 1.162, de 5 de septiembre de 2019, se pronunció respecto de la solicitud administrativa de concesión de Rebaja Adulto Mayor de la Ley N° 20.732, contenida en formulario N° RUT reservado, verificada mediante el documento denominado “Comprobante de Solicitud F2118”, efectuada por don nombre reservado, quien se identifica allí como mandatario de la propietaria registrada doña nombre reservado, indicando como Email de contacto el siguiente: correo reservado. En este contexto el mandatario de la recurrente, fue notificado el día 16 de septiembre de 2019, al correo electrónico antes indicado, según consta del documento acompañado por la recurrida.

De modo tal que al haberse interpuesto esta acción cautelar el trece de noviembre del año pasado, lo ha sido fuera del plazo legal, conforme lo expresamente dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Séptimo: Que sin perjuicio de lo anterior, respecto del fondo del recurso, en lo tocante a la alegación de improcedencia de esta acción constitucional que hace la recurrida, ha de ser desestimada, toda vez que ésta dice relación con la vulneración de garantías fundamentales, cuyo amparo encuentra sustento precisamente en la norma prevista en el artículo 20 de la Carta Fundamental, derecho del que ha hecho uso la recurrente, ello sin perjuicio de otros derechos que pudieren asistirle.

Octavo: Que la cuestión planteada, en esta acción, dice relación con establecer si el Servicio de Impuestos Internos en su Oficio Ordinario N° 1162 de 5 de septiembre de 2019, ha incurrido en arbitrariedad e ilegalidad, toda vez que mientras la actora alega que cumpliría con el requisito establecido en el numeral 6° del artículo 1° de Ley N° 20.732, siendo por tanto beneficiaria de la rebaja correspondiente al impuesto territorial, el Servicio recurrido, sostiene que cualquier contribuyente que desee acogerse a dicha rebaja tributaria, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en dicha disposición, de manera que al faltar cualquiera de ellos la solicitud debe ser desestimada sin más trámite, y que en el caso de la recurrente, ésta no cumple con el numeral 5° de la norma en cuestión; y asimismo determinar si la recurrida ha conculcado con ello alguna de las garantías constitucionales denunciadas por la recurrente.

Noveno: Que el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 20.732 dispone una rebaja del impuesto territorial a las propiedades de adultos mayores, estableciendo que en el caso que el importe de la tercera y cuarta cuota de dicho impuesto de un año, y la primera y segunda del año siguiente, sea superior al 5% de los ingresos anuales del contribuyente, el importe referido será disminuido de forma tal que sea equivalente a dicho cinco por ciento, siempre que, además, se cumplan los siguientes requisitos copulativos:

1.- Tener el contribuyente beneficiario al menos 60 años de edad si es mujer o 65 años de edad si es hombre, en el año anterior a aquél en que se haga efectiva la rebaja.

2.- Que los ingresos anuales del contribuyente no excedan de la cantidad equivalente al tramo exento de pago del impuesto global complementario, considerando para este efecto el valor de la unidad tributaria anual en el mes de diciembre del año anterior a aquel en que se hace efectiva la rebaja.

3.- Que el inmueble por el que se hace efectiva la rebaja se encuentre inscrito a su nombre, exclusivamente o en conjunto con su cónyuge o hijos que hayan sucedido a su cónyuge fallecido, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, con al menos dos años de antigüedad al 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se haga efectiva la rebaja.

4.- Que el respectivo inmueble se encuentre destinado efectivamente a la habitación.

5.- Que el avalúo fiscal vigente del inmueble en el semestre del cobro del impuesto territorial por el que se hace efectiva la rebaja, no exceda de la cantidad de setenta y cinco millones de pesos, al 1° de julio de 2013, cantidad que se reajustará semestralmente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9° de la ley N° 17.235. En caso que el contribuyente tenga más de una propiedad que califique para el beneficio, éste se aplicará a la que tenga el avalúo fiscal mayor.

6.- Que la suma de los avalúos fiscales de los bienes raíces del contribuyente, independientemente de su serie o destino, no exceda de cien millones de pesos, reajustada en la misma forma, considerando para estos efectos el avalúo vigente en el semestre del cobro del impuesto territorial respectivo.

Décimo: Que en relación a la situación de la actora en lo tocante al cumplimiento del requisito del numeral 5 o 6 de la norma en comento, es apreciable de los documentos acompañados, que la recurrente es dueña de un bien raíz habitacional consiste en un departamento, con bodega y estacionamiento, inscritos todos bajo un registro de propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y con avalúos asignados a cada uno, además de una propiedad de tipo comercial.

Asimismo, el valor al año 2019, de los avalúos de la propiedad habitacional, es de: $ 101.968.898 para el departamento, $ 3.371.396 para el estacionamiento, y $ 778.085 para la bodega; asciendo el total a la suma de $ 106.118.379.

Undécimo: Que el artículo 1° de la ley N° 20.732, dispone que los bienes raíces afectos al beneficio, entre los otros requisitos que enumera, deben tener el carácter de habitacional.

En este caso la actora ha dado cuenta del dominio de una propiedad habitacional -conformada por un departamento, que incluye una bodega y un estacionamiento) y una de tipo comercial.

Duodécimo: Que en consecuencia, resulta apreciable que el predio afecto al beneficio previsto en la citada ley, es aquel que tiene la calidad habitacional, en cuyo caso ha de cumplir el requisito del numeral 5 del señalado artículo 1°.

Así entonces, como lo informa el Servicio de Impuestos Internos, y lo alude la recurrente en el libelo, la suma reajustada del tope allí establecido para el año 2019, -aplicable a este caso-, es de $ 91.435.500, mientras que el inmueble –departamento-, excede dicho monto.

Y sin perjuicio de ello, si se considerare respecto del numeral 6° de la citada norma y ley, la sumatoria de los avalúos tanto del predio habitacional, -departamento-, como de aquel comercial, -del que afirma solo ser dueña del 50%, lo que no consta de los antecedentes acompañados-, asciende a $ 113.973.735, mientras que el tope reajustado para este numeral es de $ 100.000.000, caso en el que también lo excede.

Décimo Tercero: Que así las cosas, el Servicio recurrido al emitir el Oficio Ordinario N° 1162, de 5 de septiembre de 2019, consideró los antecedentes, imputando los mismos a la norma prevista en el artículo 1° de la ley N° 20.732, verificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la misma, encontrándose la recurrida facultada para ello, conforme la normativa legal ya reseñada, lo que no deviene su actuar en irracional, arbitrario o ilegal, consideraciones por las que el presente recurso no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de Servicio de Impuestos Internos, representado por su Director nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción de la Ministro (S) sra. Durán.

N° Protección 173880 – 2019.

Pronunciada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo, e integrada por la Ministro (S) señora Inelie Durán Madina, y por el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia