Protección contra Resolución N° C

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, sonidista, de 58 años, quien interpone recurso de protección en contra de la Resolución N° C.M.C. NUM000, de 12 de junio de 2024, de la Comisión Medica Central, que confirmó el Dictamen NUM001, de 6 de agosto de 2023, de la Comisión Medica Regional Santiago Centro, que resolvió que no procede declarar “invalidez por enfermedad auditiva” por no haber alcanzado el recurrente una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos un cincuenta por ciento.

Conjuntamente, denuncia haber recibido malos tratos de parte del otorrinolaringólogo Dr. nombre reservado de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, durante la evaluación médica destinada a determinar su porcentaje de invalidez con motivo de padecer de Hipoacusia bilateral profunda y Tinnitus en 37.7%, sin considerar que, además, sufre de vértigo sensoneuronal, sin tratamiento, enfermedad que avaluó con 14% porcentaje que no sumó al 37.7% y que antes había dado un 38% en la primera citación.

Agrega que se encuentra cesante desde enero de 2023 y que la situación país y su edad lo convierten en un mal postulante. (sic)

Finalmente, solicita la realización de nuevos peritajes para demostrar la incapacidad total y la reparación por trato denigrante y acceso a pensión por invalidez.

Segundo: Que, evacua informe el abogado Mario Valderrama Venegas, Fiscal de la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo de la presente acción de protección por las razones que pasa a exponer.

Alega en primer lugar, falta de legitimación pasiva, por cuanto, las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central no dependen de esta Superintendencia de Pensiones ni forman parte de su estructura orgánica para efectos de emitir sus pronunciamientos, por expresa disposición del artículo 18 del reglamento del D.L. N°3.500 gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración. En consecuencia, no ha tenido participación alguna en el proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez de nombre reservado.

Por otra parte, señala que el recurrente ha realizado múltiples consultas a ese Organismo Fiscalizador, la última el 19 de julio de 2024, señalando que habría sido víctima de un trato denigrante por parte del Dr. nombre reservado. La que fue respondida mediante Oficio Ordinario NUM002, realizando una cronología de las solicitudes del actor ante ese organismo, y en relación con el actuar del otorrinolaringólogo nombre reservado, le señala que la Superintendencia ha iniciado la fiscalización de cumplimiento normativo, cuyo objetivo es observar el cumplimiento de los estándares de atención definidos. Por ende, se está instruyendo al profesional que envíe un informe pormenorizado que dé respuesta a lo reclamado.

De esta manera, una vez que se tengan todos los antecedentes del caso, se emitirá el debido pronunciamiento, pues a la fecha del informe aún no han sido evacuados los descargos del Dr. nombre reservado.

Alega que no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales, toda vez que como se dijo, no interviene ni puede intervenir en la función exclusiva de las Comisiones Médicas de calificación de invalidez, para la cual gozan de autonomía. Tampoco se aprecian actos ilegales o arbitrarios por parte de las Comisiones Médicas en este caso, sino actuaciones efectuadas con estricto apego al marco legal que regula sus funciones.

Sobre el fondo, señala que la afección auditiva del recurrente fue evaluada por primera vez por el otorrinolaringólogo Dr. nombre reservado, quien configuró impedimento con un menoscabo laboral de 37,7%. Luego, la Comisión Médica Central, al conocer del reclamo en contra del dictamen de invalidez, solicitó un segundo peritaje por otro médico de la misma especialidad, Dr. nombre reservado, quien estima menoscabo laboral en 38%, confirmando lo dictaminado por el Dr. nombre reservado.

Con estos antecedentes mediante la Resolución C.M.C. NUM000, se acordó rechazar el reclamo; confirmar el dictamen de invalidez de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, y resolver que no procede otorgar invalidez considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes, no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de, a lo menos, un cincuenta por ciento, confirmando el menoscabo laboral de un 38%.

Tercero: Que, a su turno, evacuó informe por la AFP Provida, el abogado, Daniel Santoni, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Indica que, con fecha 20 de noviembre de 2019, el recurrente suscribió una Solicitud de Calificación de Invalidez ante su representada, la que fue resuelta mediante dictamen NUM003, de 11 de febrero de 2020, por la Comisión Médica Regional Santiago Centro que acordó rechazar solicitud de pensión de invalidez, quedando ejecutoriado el 12 de marzo de 2023.

Enseguida, con fecha 22 de marzo de 2023, el afiliado suscribió una nueva Solicitud de Calificación de Invalidez en esa Administradora, la que, por dictamen NUM001, de 16 de agosto de 2023, de la Comisión Médica Regional Santiago Centro acordó rechazar solicitud de pensión de invalidez.

El 24 de agosto de 2024 el recurrente de autos, nombre reservado dedujo recurso de apelación en contra de dictamen NUM001 de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, de 16 de agosto de 2023, y mediante Resolución Nº C.M.C NUM000, de 12 de junio de 2024 la Comisión Medica Central acuerda a rechazar el reclamo y confirmar el dictamen NUM001, que declara que no procede otorgar Invalidez Finalizando, expone que no se cumplen en la especie con los requisitos de la acción cautelar interpuesta.

Cuarto: Que, evacua informe la Dra. Sara Chernilo Steinmann, Presidenta de la Comisión Médica Regional Santiago Centro al tenor del recurso.

Señala que el actor ha presentado dos solicitudes de evaluación y calificación del grado de invalidez, la primera fue presentada el 20 de noviembre de 2019, en la que se indicó como principal afección una afección hipoacusia bilateral y tinnitus. La Comisión Médica Regional discutió la calificación de invalidez del actor en la Sesión NUM004, del 11 de febrero de 2020, acordando configurar el impedimento auditivo, con una pérdida de un 19%, es decir, menor al 50% exigido por el D.L. 3500, por tanto, mediante Dictamen de Invalidez NUM003, de 12 de marzo de 2020, rechazó la solicitud de invalidez del actor, resolución que no fue apelada. Expresa que el 22 de marzo de 2023, concurre el actor ante la Comisión Médica Regional Santiago Centro a efectuar su segunda solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez, alegando como principal afección una hipoacusia mixta profunda, bilateral, con audífonos. En esa oportunidad, la Comisión Médica Regional discutió la calificación de invalidez del actor en la Sesión NUM005, del 16 de agosto de 2023, acordando configurar el impedimento auditivo, con una pérdida de un 38% de su capacidad de trabajo, por lo que no procede otorgar invalidez, de modo que mediante Dictamen de Invalidez NUM001, acordó rechazar la solicitud de pensión y calificación de invalidez. Indica que contra este dictamen el afiliado recurrente apeló, elevando los antecedentes ante la Comisión Médica Central.

Quinto: Que, informa la Comisión Médica Central al tenor del recurso, señalando que el 22 de marzo de 2023, concurre el actor ante la Comisión Médica Regional-Santiago Centro a efectuar su segunda solicitud de evaluación y calificación del grado de invalidez, alegando como principal afección una hipoacusia mixta profunda bilateral con audífonos.

En esa oportunidad la Comisión Médica Regional discutió la calificación de invalidez del actor en la sesión NUM005, de 16 de agosto de 2023, acordando configurar el impedimento auditivo con una pérdida del 38% de la capacidad de trabajo por lo que no procedió a declarar la invalidez, de modo que mediante Dictamen de Invalidez NUM001 acordó rechazar la solicitud de pensión y calificación de invalidez.

Indica que contra este dictamen el afiliado recurrente apeló, argumentando que, además, padece de vértigo, por lo que se elevaron los antecedentes a esa Comisión Médica Central que asignó el caso al médico Dr. nombre reservado quien estudió el expediente de invalidez del actor y sobre esa base solicitó que la actor fuera reevaluado por el otorrinolaringólogo, con nuevos exámenes, y con ello esta Comisión Médica Central en sesión NUM006 de 12 de junio de 2024 acordó configurar la hipoacusia sensorial neural bilateral/ tinnitus severo con un 38% de invalidez y configuró el vértigo posicional paroxístico benigno en 14%, otorgándose un menoscabo global de la capacidad de trabajo del 38%, puesto que, en este caso, no procede la suma combinada de impedimentos.

En consecuencia, la Comisión Médica Central mediante Res. CMC NUM000 acordó rechazar el reclamo y confirmar el dictamen de invalidez impugnado y resolver que no procede otorgar invalidez.

Advierte que tal resolución no fue objeto de otros recursos administrativos de modo que quedó ejecutoriada en esos términos.

Sexto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de hpprotección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Séptimo: Que, dada su naturaleza cautelar, en este procedimiento únicamente se pueden plantear situaciones que dicen relación con derechos indubitados y respecto de los cuales, su titular, se encuentre en ejercicio legítimo.

Octavo: Que, la Superintendencia de Pensiones oponiéndose al recurso, alega falta de legitimación pasiva, para lo cual señala que el acto en que se funda la acción de protección fue dictado por la Comisión Médica Central, respecto del cual la Superintendencia no le cabe intervención alguna, pues las comisiones médicas carecen de personalidad jurídica y patrimonio propio, y forman parte de la Administración Central del Estado, por lo que su representación le corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

En relación con dicha alegación, si bien el recurso de protección se trata de un procedimiento de carácter desformalizado, existe reiterada jurisprudencia, en cuanto a que la fiscalización y supervigilancia que la ley le otorga a la Superintendencia de Pensiones sobre la Comisiones Médicas Regional y Central, no conllevan un control jerárquico sobre sus atribuciones y que la Comisión Médica Central es un organismo autónomo dependiente de la Administración, por lo que dentro de esa autonomía, no es posible imputar una ilegalidad o arbitrariedad a la Superintendencia por el actuar de la Comisión Médica, de manera que el recurso debe desestimarse a su respecto.

Noveno: Que, en cuanto al fondo, la acción ha sido deducida en contra de Resolución N° C.M.C. NUM000 de la Comisión Médica Central, que confirmó el Dictamen NUM001, de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, de 6 de agosto de 2023, que declaró que no procede otorgar Invalidez por enfermedad, por no haber alcanzado una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos un cincuenta por ciento.

De lo anterior, se advierte que el objeto del recurso es un hecho discutido y que por tanto no corresponde ser zanjado a través de este procedimiento, más todavía cuando se trata de un asunto eminentemente técnico, sobre el cual han existido pronunciamientos previos de profesionales con conocimientos especializados y experiencia en la materia debatida, contando inclusive con pericias practicadas, que hacen imposible que esta Corte emita un pronunciamiento sobre dichas materias.

Décimo: Que, por otra parte, del análisis de la resolución impugnada y de los antecedentes que la originan, no es posible observar la existencia de arbitrariedad, en cuanto no se fundan en el mero capricho de quien las ha dictado, ni tampoco ilegalidad.

Al contrario, la resolución emana del órgano administrativo facultado al efecto, aparece motivado y se han acompañado los antecedentes para justificar su decisión, cosa distinta es que tal decisión no satisfaga las pretensiones de la recurrente, asunto que no es objeto de este recurso.

Undécimo: Que, así las cosas, el presente recurso deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y, visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Comisión Médica Regional Santiago Centro Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N° 17328-2024. Protección.