Protección contra Ministro del Interior y Seguridad Pública

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 55, a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen Álvaro Hernández Pieper; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; abogado; Karina O´nombre reservado, nombre reservado, en favor de: Colegio de Periodistas de Chile, representado por su presidenta nombre reservado, Colegio Médico de Chile (A.G.), representada legalmente por su presidente doña nombre reservado, médico-cirujano, y su Secretario General don nombre reservado, médico-cirujano,; Federación de Estudiantes Pontificia Universidad Católica de Chile presidida por María Belén Larrondo; Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, presidida por Emilia Schneider Videla; Centro de Estudiantes de Derecho Universidad de Chile, presidido por Vicente Bustos Sánchez; Comisión de Observadores DDHH de la Fundación 1367 Casa Memoria nombre reservado Domingo Cañas, presidida por Marta Cisterna nombre reservado; Sindicato Fundación Tiempos Nuevos, Museo Interactivo Mirador, presidido por Ronny Antonio González Zurita; Sindicato de Empresa Medical Hilfe S.A., presidido por Patricia Álvarez Rodríguez; Federación de estudiantes de la Universidad de Tarapacá, presidida por Paloma Camila Tapia Barrios, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes deducen acción de protección en favor de cada uno de los individualizados, y de todos los habitantes de la República de Chile, en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, ingeniero civil ambiental, domiciliado en domicilio reservado, Santiago y de don nombre reservado, General Director de Carabineros, domiciliado en domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías constitucionales de los numerales 1 y 13 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Piden se ordene el cese inmediato de la utilización de escopetas con balines, ya sea de acero, plomo o caucho o con perdigón, comunicando dicha resolución de manera inmediata a los recurridos.

Los fundamentos del recurso son de igual tenor que los señalados en los roles 172.790-2019 y 173.167-2019 reproduciendo los hechos que motivaron el denominado estallido social.

Precisan que el uso excesivo de la violencia por parte de los recurridos, ha llevado a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 10 de noviembre de 2019, haya deducido 5 querellas por homicidio, 52 querellas por violencia sexual, 192 querellas por torturas y tratos crueles y 12 querellas por lesiones, entre otras, las que en total suman 283 acciones judiciales desde los hechos ocurridos el 18 de octubre y según la Fiscalía, 23 personas han muerto desde que comenzaron las movilizaciones, 5 murieron a manos de agentes del Estado y otras dos fallecieron mientras estaban detenidas en una comisaría.

Reclama la cantidad de personas heridas producto del uso indiscriminado de escopetas de disparo de cartuchos con balas o balines de cualquier tipo, por parte de Carabineros, los que han quedado en evidencia por distintos medios de comunicación y lo que contradice el protocolo de uso progresivo de la fuerza, por lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha constatado 2009 personas heridas.

Resalta que, el uso de estas armas por parte de Carabineros es arbitrario e ilegal, desde que no se ajusta a los protocolos de acción prediseñados, demostrando una absoluta incapacidad de ajustarse a los mismos y denuncia conculcados el derecho a la vida e integridad física y psíquica y el derecho de reunión.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, los recurrentes acompañaron los siguientes documentos: 1. Informe de protocolos de la actuación policial de Chile, de la biblioteca del congreso Nacional; 2. Orden General 2635/2019 de la Dirección General de Carabineros; 3. Oficio 986/2019 del S. Fiscal Nacional; 4. DS 1364/2018 del Ministerio del Interior, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; 5. Noticia del portal web: www.onu.cl de fecha 8/11/2019 6. Noticia del portal web www.cooperativa.cl de fecha 6/11/2019 7. Publicación de la cuenta de Twitter de la Dra. nombre reservado, en que se publica una foto de una paciente de 18 años baleada por Carabineros; 8. Publicación de la cuenta de Twitter del INDH, que muestra balance de las acciones represivas y acciones durante las manifestaciones; 9. Informe del Colegio de Periodistas (A.G.) sobre vulneraciones de derechos ejercidas por fuerzas de seguridad durante estas manifestaciones.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don nombre reservado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que el recurso de protección no es una acción popular y conforme al propio libelo, se advierte que el mismo ha sido interpuesto a nombre de todos los habitantes de la República, lo que demuestra su improcedencia, por cuanto el artículo 20 de la Carta Fundamental exige que el mismo sea deducido por el afectado o por cualquier persona a su nombre, citando jurisprudencia en apoyo de su alegación.

Puntualiza que no se señala ninguna conducta atribuible al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que sea ilegal o arbitraria, lo que sería suficiente para rechazar el recurso.

Reclama que existen instrumentos normativos idóneos para abordar la pretensión de los recurrentes y perseguir las responsabilidades penales, administrativas de quienes hayan ejercido de manera deficiente su cargo, destacando que el Instituto de Derechos Humanos ha ejercido las acciones legales pertinentes cuando ha tomado conocimiento de los abusos denunciados.

Afirma que la acción ha perdido oportunidad, desde que el General Director de Carabineros anunció que el uso de las escopetas antidisturbios se utilizará, únicamente, en caso de amenaza a la vida del personal de Carabineros y no como medida disuasiva.

Concluye que no hay vulneración de garantías constitucionales.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, el recurrido acompañó los siguientes documentos: 1. Decreto Supremo N°472, de 18 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 2. Decreto Supremo N°533, de 27 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 3. Decreto Supremo N°1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 4. Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile. 5. Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile.

Quinto: Que, evacua el informe requerido el General Director de Carabineros don nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

En primer término, reclama la falta de legitimación activa por cuanto no se individualiza a ninguna víctima en particular y se pretende utilizar el presente arbitrio como una acción popular, desde que se dedujo a favor de todos los habitantes de la República, sin siquiera especificarse el lugar donde supuestamente habrían ocurrido los hechos que denuncian.

En cuanto al fondo, precisa que el 18 de octubre pasado, se produjo un estallido social en gran parte del territorio nacional y esa misma noche, en diversos punto de la capital, se incendiaron estaciones del metro y buses de la locomoción colectiva, se produjeron saqueos a supermercados y farmacias, se atacaron y destruyeron instalaciones públicas y otras de carácter estratégico, suscitándose graves alteraciones al orden y la seguridad pública, lo que obligó al Sr. Presidente de la República a decretar, en varias regiones del país, Estado de Emergencia, lo que implicó que las Fuerzas Armadas tomaran el control de los territorios afectados con el propósito de restablecer el orden y la seguridad pública. Sin embargo, aun cuando el 27 de octubre se puso término al Estado de Excepción Constitucional, posteriormente, los actos de vandalismo, la violencia desmedida y las graves alteraciones al orden público se siguen produciendo.

Explica que, el estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio no contaban con la autorización correspondiente, como eran desarrolladas de forma pacífica, Carabineros de Chile permitió que la ciudadanía se expresara libremente. Sin embargo, grupos de individuos que actuaban con una violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves incidentes que pusieron en riesgo no sólo la integridad física de los manifestantes pacíficos sino también la del personal policial y por ello fue necesario utilizar los elementos disuasivos que consagra el protocolo para el mantenimiento del orden público, especialmente cañón de agua, gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

Aclara que el uso de la escopeta antidisturbios, para el control del orden público, actualmente se encuentra suspendida y así se mantendrá mientras no se emitan los informes técnicos que la Institución encargó para determinar el material de la munición que utiliza esa arma de fuego.

Explica que, dentro de las obligaciones de Carabineros de Chile está el resguardo del orden público, como lo dispone el inciso 2° del artículo 101 de la Constitución Política, al señalar que “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Esta atribución, también está consagrada artículo 1°, de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

Refiere que, para garantizar y mantener el orden público, la Institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo, cuando ha sido quebrantado y, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos que señalan: a) El Decreto Supremo 1.364 de 2018 establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; b) La Circular N°1.832 de 2019, actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y; c) La Orden General N°2.635 de 2019, establece los protocolos para el mantenimiento del orden público.

Resalta que, en Carabineros de Chile, el uso de la fuerza se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos, a saber, a) el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 3° señala que “Los funcionados encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y, b) Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto de las disposiciones generales, precisa que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

Expone que, la Orden General N°2635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura a base de cuatro escenarios: a) Resguardo del derecho de manifestación; b) Restablecimiento del orden público; c) Desalojos, y; d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo N°1 contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin: primaria, Dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, Armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, Armas largas, y; cuarta, Armas de apoyo de alto poder de fuego.

Afirma que, el empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, las cuales pueden ser violentas o agresivas, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial. Destaca que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos, se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N°2.635 ha definido, lo que ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias.

Manifiesta que la escopeta antidisturbios, como ocurre en muchos países del mundo, es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de muchedumbres y su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes pacíficos y del personal de Carabineros de Chile, por lo que su empleo no es discrecional, pues se circunscribe a muchedumbres violentas y agresivas.

Resalta que, la Circular N°1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición letal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-Sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina.

Hace presente que la contingencia de orden público que vivió el país nunca pudo ser prevista en el actual protocolo, el cual fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad y con un nivel de convocatoria acotado.

Expone que, desde el 18 de octubre hasta el 27 de noviembre pasado, en la Región Metropolitana han ocurrido 1419 eventos, de los cuales 351 han sido desórdenes, 311 saqueos, 214 manifestaciones violentas, 232 daños, 19 cortes de ruta, 144 atentados incendiarios, 116 ataques a cuarteles, 152 vehículos policiales dañados y 32 casos catalogados como otros hechos y han sido detenidas 6281 personas y resultado lesionados 1385 Carabineros, lo que pone en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución.

Precisa que, si bien la escopeta antidisturbios está categorizada como un elemento no letal, eventualmente, podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás elementos de menor intensidad, como el cañón de agua y el gas lacrimógeno que afecta la vía respiratoria y produce irritación, siendo su uso una reacción que sólo busca restablecer el orden y la seguridad, pero en ningún caso su objetivo es poner en riegos la vida de personas.

Hace hincapié que, la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso podría ser considerado un actuar arbitrario, pues obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia.

Expone que, si no pudiera utilizarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución estarán autorizados para utilizar sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas.

En cuanto a la supuesta conculcación al derecho a la vida, destaca que el protocolo del uso de la fuerza, regulado en la Orden General N°2635, ha sido concebido para brindar protección a los manifestantes y así está señalado en el Protocolo N°1, donde se indica “Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos”, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad de la manifestación, Carabineros de Chile no intervendrá y solamente mantendrá un actitud de observación.

Sostiene que la Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía -Decreto Supremo N°1.086 de 1983-, la que establece una serie de requisitos administrativos que los organizadores deben cumplir.

Señala que, Carabineros de Chile está obligado a actuar y a utilizar los elementos disuasivos del protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas y cuando se utilizan armas, según consta en las siguientes normas:

- La letra f), del Decreto Supremo N°1086, establece que “Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante”, disponiéndose en forma imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad Pública debe conminar a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta.

- El Protocolo N°1 de la Orden General N°2635, señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. “Es violenta” cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. “Es agresiva”, cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial.

- Por todo lo anterior, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

Sexto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Séptimo: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Octavo: Que, como primera cuestión hay que precisar que la acción deducida, en parte alguna explica cómo se han amenazado, perturbado o conculcado las garantías constitucionales denunciadas por los recurrentes, desde que no se explica de qué forma, los presuntos actores, detentan el carácter de afectados por los hechos que denuncian, ni tampoco se explicita pormenorizadamente la relación de causalidad entre los dañinos efectos de los hechos denunciados en relación con sus personas.

Más bien, el presente recurso reviste la naturaleza jurídica de una verdadera acción popular, intentada por personas que no justifican ningún derecho cierto y determinado que se encuentre afectado con las denuncias realizadas en estos autos. En efecto, no existe ni un párrafo del libelo de protección que establezca que los recurrentes hayan sido afectados personal y directamente con los hechos que denuncian, sino que han actuado de manera genérica, haciendo presente los aislados hechos delictivos provocados por personal policial actualmente investigado, que ocurrieron con ocasión de las protestas callejeras suscitadas a partir del 18 de octubre del año recién pasado, en la cual, un determinado grupo de individuos actuó con una violencia inusitada, lo que generó en ciertos y lamentables eventos, una reacción desmedida por parte de efectivos del personal policial, que podrían ser constitutivos de diversos delitos.

Sin embargo, ninguno de esos actos ilícitos afectó directamente a los recurrentes, por lo que sostener que esos hechos aislados constituirían un actuar sistemático de la policía que, eventualmente podría afectarles, es una afirmación que no se explica de forma alguna en el recurso, al no existir evidencia de un ataque de esas características en su perjuicio.

De lo anterior, fluye que afecta a los recurrentes la falta de perjuicio, amenaza o perturbación en los derechos por los cuales recurren, careciendo, por tanto, de legitimación activa para deducir la presente acción y ha sido la Excma. Corte Suprema la que ha sentado uniforme doctrina en este sentido, indicando que el recurso de protección no es de acción popular, sino que el recurrente debe sufrir o padecer algún perjuicio para poder deducirlo legalmente.

Noveno: Que, siendo las razones esgrimidas en el motivo anterior razón más que suficientes para desestimar la presente acción, igualmente, existe otro argumento que también conlleva al rechazo de la presente acción y dice relación con la pérdida de toda oportunidad de la presente acción constitucional, tanto desde un punto de vista fáctico, como jurídico.

En lo fáctico, el recurso reclama la adopción de medidas tendientes a resguardar a los actores en su participación en las sucesivas marchas, las que ya ocurrieron y en que ningún perjuicio efectivo experimentó ninguno de los recurrentes al no haberse dado cuenta de ello en estos autos, motivo por el cual esta Corte no tendría ninguna medida que adoptar a ese respecto.

Desde el punto de vista jurídico y motivado, precisamente, por el empleo de las escopetas antidisturbios por parte de personal de Carabineros para disipar a los manifestantes y que, en su uso, no se observaron los protocolos vigentes a esa fecha, dicha actuación irregular no sólo motivó la interposición por parte del Instituto de Derechos Humanos de las querellas respectivas (2499), sino que provocó las investigaciones a cargo del Ministerio Público de las cuales, a nivel nacional, hay 28 causas formalizadas, 68 personas imputadas: 64 funcionarios de Carabineros y 4 de las Fuerzas Armadas (3 militares y 1 miembro de la Infantería Marina) (Dato obtenido el 17 de septiembre de 2020 en https://www.indh.cl/balance-indh-a-11-meses-del-18-o-2499-querellas-y-28-causas-formalizadas/).

No obstante lo anterior, dicho anómalo actuar provocado en casos determinados, propició que Carabineros de Chile modificase el protocolo para el mantenimiento del orden público y actualizó el protocolo 2.8 sobre Empleo de Escopeta Antidisturbios, fundado, como se señala en la letra h) de lo resolutivo del referido protocolo, en “(…) las observaciones generales y recomendaciones específicas recibidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y del área temática de Seguridad Pública del COSOC de la Subsecretaría del Interior, como representantes de la sociedad civil, y a los procesos de capacitación y perfeccionando que conjuntamente ha desarrollado la Institución con el Ministro del Interior y Seguridad Pública”.

En este punto, en el nuevo instrumento reglamentario se estableció que: “El empleo de la escopeta antidisturbios será preferentemente defensivo, sobre todo para aquellos casos en que se persiga evitar o repeler agresiones contra la integridad física de manifestantes, otras personas o Carabineros o sus cuarteles especialmente si éstas se efectúan con armas de fuego, y deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos menos lesivos, tales como agua, gases y otros resulten o puedan resultar insuficientes para los fines previamente señalados o la aplicación de éstos no fuere posible para el caso específico.

Conforme a la Circular N° 1832, de fecha 01 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5, “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada. Si al funcionario le constare que la persona contra quien se tuviera que utilizar el arma fuere un niño, niña o adolescente, una mujer embarazada, un adulto mayor o una persona notoriamente con problemas de salud o discapacidad, sólo podrá utilizarla en el nivel 5”.

Un aspecto importante que incorpora el protocolo dice relación con el uso de determinados cartuchos en la escopeta, al indicarse que: “Previo a su uso, deberá verificar que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, de conformidad a la normativa vigente, y que se encuentran en condiciones de ser utilizados, debiendo tratarse de munición con proyectiles menos letales, tales como perdigones de goma u otros”.

Para el resguardo del personal policial y poder contar con elementos de prueba que demuestren que el uso de la escopeta se motiva por situaciones violentas que atenten contra su vida, el actual protocolo exige que: “Todo el personal que emplee escopeta antidisturbios deberá contar con una videocámara corporal, debiendo entregar sus registros al finalizar su servicio para su resguardo y archivo”.

Se impone, además, como obligación al funcionario policial en el empleo de la escopeta que: “(…) deberá considerar en todo momento las circunstancias de cada caso específico, especialmente aspectos tales como la distancia entre el tirador con el o los sujetos cuya agresión se intenta repeler o evitar, la presencia de otras personas ajenas al hecho, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.), o si le constare que entre los sujetos participantes hubiere niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, o personas notoriamente con problemas de salud o discapacidad, lo anterior con la finalidad de evaluar la conveniencia de su uso (…)”.

En cuanto al daño posible de ocasionar con el uso del armamento en estudio, se ha establecido que: “Si, considerando todas las circunstancias previamente señaladas el funcionario policial debiese usar la escopeta antidisturbios para repeler o evitar un ataque, lo hará intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler. En particular, deberá por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen, al igual que apuntar a una superficie para impactar por rebote, salvo que la gravedad de la acción y la necesidad de inmediatez de su actuar no lo permita”.

Décimo: Que, conforme con el instrumento analizado previamente, dictado el 14 de julio de 2020 por Carabineros de Chile, precisamente, a sugerencia del Instituto de Derechos Humanos y otros organismos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía, se ha restringido el uso de la referida escopeta para casos eminentemente defensivos y no disuasivos, cuando existan agresiones contra la integridad física de terceros o del propio personal de Carabineros y con todas las limitaciones y exigencias ya estudiadas, decisión que, también hace perder oportunidad el recurso intentado, al haberse adoptado las medidas por parte de la autoridad policial, tendientes a resguardar la vida de las personas y evitar, con ello, la provocación de daños a terceros.

Undécimo: Que, no puede perderse de vista que las manifestaciones ocurridas en el país fueron de una violencia y entidad inusitada, que no fue posible de prever por parte de las autoridades administrativas y policiales respectivas, ya que los antiguos protocolos no estaban diseñados para enfrentar la violencia de los desmanes, la destrucción a la propiedad pública y privada, los saqueos y en general, un actuar antijurídico desmedido y, es por ello que, ante el uso irregular del armamento de fuego, es que se están substanciando las investigaciones pertinentes, a fin de determinar la comisión de eventuales delitos en el errado ejercicio de la función policial respectiva.

No obstante el lamentable desenlace que determinados sujetos sufrieron con el actuar policial cuestionado, estos hechos no tienen la virtud de sustraer el uso de la fuerza legítima en los agentes que la sociedad, el constituyente y el estado de derecho han acordado radicar.

En este punto, no puede perderse de vista que el “Poder”, en tanto atributo del Estado, es una fuerza al servicio de una idea. Una fuerza nacida de la voluntad social preponderante, destinado a conducir al grupo hacia un orden social que estima benéfico y, llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que dicha búsqueda impone (V. Burdeau, George, Método de la ciencia política, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1964, p. 188).

El poder estatal representa, precisamente, el factor permanente de cohesión social y en este punto no puede pretenderse sustraer, por medio de la presente acción cautelar, el uso de la fuerza legítima a los agentes del Estado que, constitucional y legalmente, están llamado a resguardar el orden público social e institucional.

El lamentable desenlace en actos violentos por parte de algunos ciudadanos no puede ser una justificación para impedir el uso del armamento propio de los organismos policiales, menos cuando dichos cuerpos policiales han reglado y ajustado sus protocolos de acuerdo a los estándares internacionales de las policías, respetando las garantías fundamentales de todo sujeto de derecho, situación que incluso se endureció más, con el dictado de la Orden General N°2780, de 14 de julio de 2020, que actualizó el protocolo del uso de la escopeta antidisturbios.

Duodécimo: Que, por su parte, en relación con la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la lectura del libelo de autos no existe ni un solo acto que pueda serle atribuido y que revista las características de arbitrariedad o ilegalidad que motiven la adopción de medida alguna, desde que todo el reproche descansa en el uso de armamento de forma antijurídica por parte del personal de Carabineros, lo que, también, conlleva al rechazo del arbitrio a su respecto por absoluta falta de motivación, participación y provocación de perjuicios.

Por el contrario, la autoridad gubernamental ha colaborado con el Ministerio Público en la investigación de todas las actuaciones antijurídicas por parte del personal de Carabineros involucrado, siendo un hecho público conocido por los constantes comunicados efectuados a la ciudadanía en el período álgido de las protestas, permitiendo, además, la participación de organizaciones internacionales en la indagación de los hechos que pudieran haber vulnerado algún derecho fundamental.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, por todo lo antes razonado, es que la presente acción no puede prosperar y debe ser desestimada, tanto por no ser la vía idónea para la solución de acciones de índole popular, como por haber perdido toda oportunidad.

Por estas consideraciones, normas legales y reglamentarias citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los recurrentes individualizados en el motivo primero, en contra de Carabineros de Chile y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de acoger la petición del recurso de protección N° 173.198-2019 deducido por los recurrentes en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública, y de don nombre reservado, General Director de Carabineros, en cuanto a ordenar a Carabineros de Chile que se abstenga de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los y las recurrentes, además de disponer que tanto el recurrido Director General de Carabineros como el personal a su cargo, realicen cursos de inducción sobre Derechos Humanos, ante alguna Universidad o entidad independiente de su institución, considerando para ello lo siguiente:

1).- Que, atendidos los hechos en que se funda el recurso, se consideran que ellos constituyen el acto arbitrario e ilegal que se reclama, porque además de describirlos, documentarlos y sustentarlos en antecedentes probatorios, la recurrida no ha dado una respuesta adecuada sobre los fundamentos de las medidas y su proporcionalidad, ni de las razones para no dar cumplimiento real y efectivo a los Protocolos sobre el uso de la fuerza, limitándose a citar la normativa aplicable respecto a la cual siempre estará obligada a cumplir, por lo que es posible sostener su real existencia, siendo por lo mismo determinante ese sustrato fáctico que se esgrime para adoptar medidas cautelares urgentes por esta Corte, para evitar que se sigan repitiendo hechos de similar naturaleza. Como lo alegan los recurrentes, existe un serio e inminente riesgo que se sigan repitiendo esos actos ilegales y arbitrarios que enfrentarán las personas que hagan uso del derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, consagrado en el artículo 19 N°13 de la Constitución Política de la República.

2).- Que, en efecto, la recurrida no ha hecho cargo de la multiplicidad de hechos que se le imputan -los que en el presente caso se documentan y acreditan con antecedentes que se reproducen y acompañan en el recurso- sino que se ha limitado a realizar alegaciones formales, asilándose sólo en lo que disponen diversos cuerpos normativos, cuyo contenido no se ha cuestionado por los recurrentes, sino que su cumplimento efectivo por parte de la fuerza pública, señalando el recurso como fundamento fáctico, entre otros:

Que “resulta pertinente para esta acción constitucional, hacer mención que el uso excesivo de la violencia por parte de los agentes del Estado de Chile y en especial de los recurridos, ha llevado a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos al 10 de noviembre de 2019 haya deducido 5 querellas por homicidio, 52 querellas por violencia sexual, 192 querellas por torturas y tratos crueles y 12 querellas por lesiones, entre otras, las que en total suman la alarmante suma de 283 acciones judiciales desde los hechos ocurridos el 18 de octubre. Según la Fiscalía de Chile, 23 personas han muerto desde que comenzaron las movilizaciones. Cinco murieron a manos de agentes del Estado y otras dos fallecieron mientras estaban detenidas en una comisaría”.

Que les resulta preocupante la alta cantidad de personas que han resultado heridas producto del uso indiscriminado de escopetas de disparo de cartuchos con balas o balines de cualquier tipo, por parte de Carabineros de Chile, los que han quedado en evidencia por distintos medios de comunicación y lo que contradice el protocolo de uso progresivo de la fuerza, por ello el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha constatado 2009 personas heridas y se detalla de la siguiente manera: Heridos por disparo de bala: 42 personas; Heridos por disparo de perdigones: 643; heridos por arma de fuego no identificada: 345; heridos por balines: 41; por otras golpes, gases y otros: 938; personas con heridas oculares : 197”.

Añaden que “el uso de arma letal y/o potencialmente letal ha ocasionado casi 200 lesionados en los ojos por balas de gomas. En este contexto, el presidente de Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof) don nombre reservado señaló que dicha cantidad no solo es récord en la historia de Chile. Tampoco tiene precedentes en el mundo. Así señaló que "No hay ningún número en la historia de nuestra especialidad que avale estos números que tenemos en este momento”. El Colegio Médico de Chile ya ha calificado esta situación como "una catástrofe sanitaria", señalando que "la cantidad histórica de pacientes que están quedando ciegos de un ojo es tremenda". En este contexto, don nombre reservado, presidente de Derechos Humanos del Colegio Médico, destacó que "cuando empezamos a investigar esto, llevábamos 29 ojos perdidos. Hoy llevamos más de 200 y no se escucha, hemos tratado de dialogar y nos enfrentamos a una pared que no responde".

3).- Que, respecto al informe de la recurrida Director de Carabineros de Chile, y de lo que alegó en estrados su abogado, se reduce a invocar argumentos meramente formales, tales como que no se individualizan las personas en favor de quienes se recurre, lo que lo transformaría en una acción popular; que el recurso ha perdido oportunidad; que no se podría fallar para el futuro, además de asilarse en la existencia de una nueva normativa, de Protocolos del uso de la fuerza, siendo lo único determinante para que esta Corte adopte medidas cautelares, que del sustrato fáctico que reseñan los recurrentes en su libelo, emanan indicios de la existencia de actos –arbitrarios e ilegales-, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Por lo mismo, resulta relevante lo que se ha alegado por los recurrentes, que pese a la existencia de dicha normativa, ella no se cumple, no existiendo proporcionalidad en el uso de esos elementos disuasivos, no utilizándose solo en el caso de legítima defensa de Carabineros.

Lo mismo es posible sostener respecto a la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque es a este ministerio que le corresponde controlar la política de seguridad interior, y no al Director General de Carabineros, para establecer sólo ante sí qué es lo necesario para compatibilizar el orden público con las garantías fundamentales de las personas, no siendo sólo un problema de existencia de normas y Protocolos, sino que también se debe fiscalizar que ellos se cumplan, no pudiendo dejarse a Carabineros a su suerte, mucho menos en la ponderación del uso de armas, que han ocasionados el gran número de personas lesionadas y mutiladas, como se denuncia en esta acción constitucional.

En su alegato en el recurso N° 176.052-2019 visto en post de éste, la abogado de los recurrentes nombre reservado señaló que el Ministerio del Interior no ejerce un control efectivo de Carabineros; que los Protocolos entregan una apariencia de fantasía, no limitándolos; que es importante que la autoridad civil los regule; que lo haga por sobre una apariencia normativa, porque ellos no cuentan con el control de la autoridad civil; que la autoridad civil no tiene función real y operativa respeto de Carabineros; que ellos mismos lo han señalado es así; que por eso es importante que la Corte lo establezca, porque lo que no se ha subsanado hasta hoy; que los Protocolos son insuficientes; que existe una falacia en lo que informan; que también es una falacia que lo único que tienen sean las municiones que han utilizado, para no tener que llegar a la utilización de armas de fuego; solicitan que la Corte mandate, de forma que esos Protocolos no sean sólo formales, sino que exista operatividad; que en información obtenida a través de transparencia, se da cuenta que no hay auto regulación en Carabineros, no hay instrucción o cultura que limite la intervención y el uso de la fuerza; que en ese informe aparece que solo once sumarios han terminado con sanciones contra Carabineros; que es ésta la oportunidad para cumplir con el mandato constitucional, para que el Estado de Chile regule el uso de la fuerza.

4).- Que, en lo que respecta a la “pérdida de oportunidad”, se concuerda con los recurrentes que corresponde a otro argumento meramente formal que soslaya el fondo del asunto y la grave vulneración de derechos fundamentales que se denuncian, siendo además una cuestión que tampoco atañe a los afectados, porque toda persona tiene el derecho de acceder a un recurso sencillo y expedito, no siendo atribuible a los recurrentes -sino que a los respectivos órganos del Estado- que siendo ésta una acción cautelar destinada a estos fines, no se resolviera con prontitud ni se adoptaran oportunamente las medidas urgentes que el caso ameritaba. Por lo demás, en el presente recurso se pide se abstenga de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los y las estudiantes recurrentes, no solo aquella que citan con fecha cierta y determinada.

5).- Que, por otro lado, independiente de cualquier defecto meramente formal de que podría adolecer el recurso de protección interpuesto, lo concreto resulta ser que los órganos del Estado estamos obligados a permitir el acceso a la justica de todas las personas a través de un recurso expedito, siendo esta acción constitucional la vía más idónea para reclamar esa protección, cuando ha existido una vulneración de garantías fundamentales imputable a un agente del Estado, para disponer de manera expedita las medidas cautelares reparativas o correctivas que correspondan, por lo que siempre corresponderá que la respectiva Corte de Apelaciones adopte las medidas que considere adecuadas para restablecer el imperio del derecho y la adecuada protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de la República, en este caso, en lo que se refiere a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y la libertad de expresión.

6).- Que, desde este punto de vista, resulta trascendente para el acogimiento de medidas cautelares, el establecimiento de hechos que provienen de la existencia de actos u omisiones ilegales y de indicios suficientes de vulneración de garantías fundamentales, atendida la circunstancia que describen los recurrentes, bajo la cual funda substancialmente su acción constitucional. La primacía de la realidad establecida por los antecedentes aportados por los recurrentes, desborda todas las alegaciones formales que hace la recurrida, resultando atingente a este respecto lo que alegó en estrados el abogado de los y las recurrentes, según se ha expuesto anteriormente.

7).- Que, desde este punto de vista, es posible sostener que lo que se denuncia, no es solo la inexistencia de una normativa que obligue al Estado y sus agentes a respetar los derechos fundamentales de todas las personas, aun cuando formalmente en su texto los Protocolos se conformen al estándar del derecho internacional humanitario; ni tampoco se reclama un error de interpretación dogmático de la legislación o de esos Protocolos vigentes; ni que la utilización de armas no letales se encuentre excepcionalmente permitida bajo ciertos supuestos de legalidad, proporcionalidad y progresión, y sólo para los casos de legítima defensa personal, sino que sustancialmente se reclama la falta de una aplicación práctica y adecuada por parte de personal de Carabineros de Chile, de esos Protocolos que regulan su actuar en las manifestaciones públicas, cuando deben cumplir su obligación de mantener el orden público. Por lo tanto, no basta que los agentes del Estado se limiten a citar esos Protocolos y/o normas que reconocen derechos y garantías en favor de las personas, sino que están obligados a justificar ante esta Corte, que efectiva y realmente los conocen y han dado cumplimiento a ellos, lo que no es posible establecer en este caso con lo que se ha informado, atendida la multiplicidad de hechos y su progresividad temporal, según se da cuenta en este y en los restantes recursos de protección que se han alegado de manera sucesiva en la vista de la causa, todo lo cual desvirtúa las alegaciones formales que realiza la recurrida en su informe.

8).- Que, es bajo ese estándar normativo, que la obligación de cuidado de la integridad de las personas que participan en una manifestación pública, corresponde cumplirla a las autoridades superiores encargadas del orden público, correspondiendo al recurrido General Director de Carabineros al informar este recurso, haber justificado que ha empleado la diligencia debida en cuanto jefe superior del servicio, respecto al cumplimiento de esa legislación que regula la materia por parte del personal a su cargo, disponiendo la realización oportuna de las debidas inducciones a ellos; o justificar que adoptó otra medida similar y adecuada, para verificar que Carabineros que interviene en la mantención del orden durante una manifestación pública, antes de recibir una escopeta antidisturbios o alguno de los disuasivos químicos, efectiva y realmente ha comprendido y conocido -por su asistencia a algún curso certificado e impartido por alguna institución de educación independiente y otra forma que permita acreditarlo-, el contenido y las exigencias que le imponen los Protocolos de actuación, los principios que los informan, la mejor forma de ejecutar de manera práctica esas normas, y las consecuencias que podrían generarle el no acatarlos.

9).- Que, en la vista de este recurso, se han alegado catorce recursos de protección sobre esa materia, uno en post de otro, los que han sido interpuesto por múltiples personas, organizaciones e instituciones, siendo común en todos ellos, el sustrato fáctico referido a la gran cantidad de personas lesionadas y mutiladas en sus ojos, sustrato fáctico que ha sido puesto en conocimiento de esta Corte para que adopte las medidas cautelares adecuadas, precisamente para evitar que se vuelvan a repetir, siendo un antecedente relevante la progresividad en el aumento de casos al no disponerse orden de no innovar, señalándose ejemplos de nombre reservado que sí las decretaron, en que el efecto fue diferente al haberse accedido a ellas.

10).- Que, en algunos de estos catorce recursos que se han visto uno en post de otros, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha pretendido desligarse de responsabilidad, deslizándola hacia el Director General de Carabineros, al alegar que su parte dispuso de aquellas medidas que estaban dentro de sus facultades al haber dictado el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018 y otros posteriores, uno de los cuales se publicó el mismo día de la vista de la causa, por el cual dispuso los lineamientos generales y perentorios que debían considerarse para el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, lo que se refuerza con lo que dispuesto en el artículo 2° del citado Decreto Supremo, en orden a que Carabineros debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes. Por consiguiente, es posible señalar que establecida y dictada dicha normativa por la autoridad de gobierno competente, efectivamente correspondía que su General Director dispusiera su ejecución, disponiendo que los principios que los informan y la reglamentación que en ellos se contiene, fuese conocida por todos los funcionarios policiales a su cargo, de forma tal que el uso racional de la fuerza se realizara como medida de último recurso, de manera proporcional, y sólo en caso de una legítima defensa, como expresamente lo disponen dichos Protocolos, y no como una forma de disolver una manifestación pública, lo que debió haber explicado y justificado ante esta Corte, lo que no ha hecho, pues su informe es formal y meramente normativo.

11).- Que, en este contexto, constituye un antecedente más a considerar para establecer la responsabilidad del recurrido, lo que alegó en estrados uno de los abogados recurrentes, cuando cita el audio de 13 de noviembre de 2019, en que el General nombre reservado señala que personal a su cargo “tienen todo mi apoyo y respaldo. A nadie voy a dar de baja”; y entre esos mismos antecedentes, es posible asentar una falta de reflexión y conocimiento a dichos Protocolos, porque cuando se transcribe un comunicado de prensa efectuado el día 19 de noviembre por el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, señala que “como una conducta de prudencia” –no porque exista una normativa que lo exija y regula- se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios, “la que sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa”. Sin embargo, como lo alegó en estrados la abogada de los recurrentes, eso no se ha cumplido, porque desde esa fecha siguen habiendo lesionados y mutilados. Existe una gran brecha entre la teoría y la supremacía de la realidad, porque los Protocolos disponen precisamente que las armas antidisturbios sólo se pueden utilizar en caso de legítima defensa, es decir, en caso que un funcionario policial sufra una agresión ilegítima –sin indicar el informe que exista un funcionario en esa circunstancia-, a lo que se agrega la exigencia que no exista otro medio proporcional disponible para repelerla, porque ningún funcionario del Estado, está autorizado para cometer delitos de lesiones gravísimas y mutilaciones, como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (artículo 7 del Estatuto de Roma).

12).- Que, bajo este contexto cobra relevancia para establecer la responsabilidad del recurrido, la alegación que ha realizado el Ministerio del Interior en otros recursos, cuando para deslindar responsabilidad señala que de asumirse “que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no legal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula –que es en definitiva lo que se denuncia en el recurso-, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación nacional y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla”. Lo anterior no es más que un fundamento adicional, para sostener que la autoridad civil alega exención de responsabilidad, por haber dispuesto oportunamente mediante un Decreto Supremo, que Carabineros actualizara sus Protocolos, pero su acatamiento posterior -a los cuales deben sujetarse todos los funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública-, corresponde a una cuestión de ejecución y cumplimiento efectivo que compete a su General Director y a las demás autoridades del orden superior, porque si el personal de Carabineros se aparta de ese contenido y exigencia reglamentaria mínima, se arriesgan a comparecer a justificar su actuar no solo ante esta Corte, sino que también ante la justicia penal, única que en definitiva podrá determinar la responsabilidad que les puede caber en el crimen de mutilación en los ojos de las víctimas que se describen en el presente recurso como heridas oculares de más de 197 personas, y que en las otras causas que se han visto en forma conjunta, se agrega ya exceden las 200.

13).- Que, en consecuencia, existiendo la obligación de ejercer control jerárquico, sin haber justificado ante esta Corte de Apelaciones el señor General Director de Carabineros de Chile en su informe, que efectivamente haya empleado la debida diligencia y cuidado debido para cumplir esta obligación de medio, por las inconductas en que han incurrido los funcionarios de Carabineros bajo su dependencia, es posible establecer que existe responsabilidad en los actos arbitrarios e ilegales que se denuncian en la presente causa, porque no es posible asentar en esta causa, que dicho personal policial esté verdaderamente instruido en la aplicación práctica de esos Protocolos, como tampoco es posible establecer que se manden solos. En ese mismo sentido, lo que informa el recurrido no es concordante con el número de personas lesionadas o mutiladas en sus ojos, en relación a un número similar de agentes del Estado, que se hayan visto obligados a utilizar las armas no letales, como una forma de defenderse de la agresión ilegítima de que fueron objeto por parte de los lesionados; nada indica el informe que se hayan realizado las denuncias correspondientes ante la jurisdicción; tampoco se aclara, si los integrantes de esas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se les han dado cursos sobre derechos humanos y si tienen un efectivo conocimiento que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados; que no es procedente la eximente de obediencia debida, para justificar la comisión de un crimen, por lo que si por ahora no se dan las condiciones para su juzgamiento, podrían ser posteriormente investigados y juzgados, por infringir normas ius cogens, por actos que se enmarcan dentro del estándar que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Redactada por el Ministro señor Muñoz Pardo y la disidencia por su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-173198-2019.