Protección contra nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 24: téngase presente.

Al folio 26: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Natalia Paz Cabezas Martínez, abogada, en favor del adolescente nombre reservado, alumno del IV° Medio, hijo de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, sostenedora del colegio nombre reservado de Quilicura, representada por doña nombre reservado.

Reprocha, como acto ilegal y arbitrario, el retiro del estudiante del establecimiento, que habría sido forzado o inducido el 19 de junio de 2026 mediante presión sobre su madre, en el curso de un procedimiento disciplinario no concluido. Sostiene que esta actuación produce, en los hechos, el mismo efecto que una expulsión o cancelación de matrícula, sin sujeción al procedimiento que la ley exige.

Explica que el 8 de junio de 2026, fuera del establecimiento, el estudiante tuvo un enfrentamiento con otro estudiante, quien habría iniciado la agresión. En ese contexto, nombre reservado profirió una expresión amenazante que quedó registrada en un video recibido por el colegio, aunque afirma que el video no muestra la secuencia completa, sin perjuicio de reconocer la gravedad de los hechos. Posteriormente, el 9 de junio, el establecimiento comunicó la apertura de una investigación y una medida de resguardo de cinco días hábiles, con reincorporación prevista para el 17 de junio. Luego, el 16 de junio se le informó que el protocolo por maltrato entre pares todavía se encuentra en desarrollo y citó a la madre a una reunión para conocer sus conclusiones preliminares, que se fijó finalmente para el 19 de ese mes.

Añade que en esa reunión se inició la lectura de un informe que contenía afirmaciones sobre supuesta violencia intrafamiliar y consumo problemático de alcohol de los padres, nunca antes comunicadas a la familia.

Según expone, la Directora interrumpió la lectura y anunció que el alumno sería expulsado “sí o sí” y que se efectuaría una denuncia ante la Policía de Investigaciones. Añade que se refirió a él con la expresión “flaite” y sugirió enviarlo a trabajar y acto seguido le presentó a la madre un formulario de retiro voluntario ya impreso, indicándole que así se evitaría que la expulsión manchara los antecedentes del estudiante. Indica que la madre lo firmó en estado de shock y no recibió copia del formulario, del informe ni de acta alguna. Hace presente que el alumno tenía promedio 5,8 y no registraba anotaciones, condicionalidad ni sanciones previas. Refiere que los padres pidieron la reconsideración por correo de 26 de junio, por carta de 6 de julio y concurriendo al colegio el 7 de julio, sin ser atendidos. Señala, además, que la Superintendencia de Educación le indicó que no podía fiscalizar una expulsión que formalmente no fue aplicada. Agrega que la familia debió matricular de urgencia al estudiante en otro establecimiento, como medida de mitigación del daño, y que el alumno se encuentra en tratamiento psicológico desde el 24 de junio de 2026.

En cuanto al derecho, sostiene que el artículo 46 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación, exige un justo procedimiento para aplicar medidas disciplinarias. Agrega que la Ley N° 21.128 exige que la expulsión o la cancelación de matrícula conste en una resolución escrita y fundada, notificada y precedida de un procedimiento con bilateralidad y derecho a presentar pruebas. Afirma que el propio colegio reconoció que la investigación seguía abierta y que nunca dictó esa resolución. A su juicio, el retiro se utilizó para producir el efecto práctico de una cancelación de matrícula, al margen del procedimiento legal. Agrega que calificar de libre una firma obtenida en esas circunstancias carece de todo sustrato racional. Invoca los numerales 1°, 2°, 4° y, en subsidio, 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Respecto de la integridad psíquica, alude a la afectación emocional del estudiante, certificada por una psicóloga clínica. Sobre la igualdad ante la ley, alude al trato estigmatizante y a la separación del alumno sin un criterio objetivo. En cuanto a la vida privada y la honra, alude al uso de antecedentes familiares no verificados y a su difusión a otros apoderados. Respecto del derecho de propiedad, alude a la calidad de alumno regular. Invoca, además, el derecho a la educación y el interés superior del niño como bienes jurídicos subyacentes.

Pide que se ordene a la recurrida reincorporar de inmediato al estudiante como alumno regular de IV° Medio. Solicita, además, que se adopten las medidas administrativas y académicas necesarias para que finalice el año escolar 2026 en el establecimiento, con costas.

Posteriormente, al evacuar el traslado que se le confirió, precisó que la conciliación efectuada ante la Superintendencia de Educación el 11 de agosto de 2026 tuvo un alcance exclusivamente académico. Según expone, se limitó al envío de dos evaluaciones pendientes para cerrar el primer semestre, sin que se tratara la reincorporación del alumno. Agregó que, con posterioridad, el establecimiento le presentó un formulario de renuncia de matrícula voluntaria 2026, que incluía la restitución de los cheques de colegiatura de agosto a diciembre de 2026 a lo que la apoderada se negó.

Segundo: Que la recurrida nombre reservado evacúa informe y solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que el 1 de diciembre de 2025 celebró con la madre del estudiante un contrato de prestación de servicios educacionales para el año 2026. Reconoce el altercado del 8 de junio de 2026 y la expresión amenazante registrada en video y sostiene que la medida del 9 de junio fue de resguardo, de carácter temporal y cautelar y no sancionatoria. Refiere que el 19 de junio la apoderada suscribió un “Acta de reunión con apoderado por retiro voluntario de estudiante” y una entrevista con el apoderado, en las cuales, expuso su decisión de retirar al alumno por motivos personales o familiares y declaró comprender la información y confirmar su decisión de manera libre y voluntaria. Añade que tramitó las solicitudes de reconsideración y remitió material pedagógico al estudiante. Agrega que la Superintendencia de Educación derivó el requerimiento de la recurrente a una conciliación directa entre las partes, sin ordenar la reincorporación del alumno. Esa conciliación se celebró el 11 de agosto de 2026 y en ella se acordó el envío de evaluaciones y el cierre del primer semestre.

Alega, en primer término, que la acción es improcedente. Sostiene que su fundamento es un supuesto vicio del consentimiento en la firma del retiro, materia que debe discutirse en un juicio declarativo de lato conocimiento.

Agrega que la calidad de alumno regular es precisamente el objeto controvertido, por lo que no constituye un derecho indubitado. Afirma también que la situación se encuentra consumada, porque el estudiante asiste a otro establecimiento por decisión de su familia, lo que priva a la acción de actualidad.

En cuanto al fondo, sostiene que no hubo expulsión ni cancelación de matrícula. No existe resolución escrita y fundada de la Directora, notificación, reconsideración, consulta al Consejo de Profesores ni reporte a la Superintendencia, como exige su Reglamento Interno para esas medidas.

Añade que el retiro voluntario es un acto de naturaleza contractual que no figura en el catálogo de sanciones del reglamento. Agrega que la conducta posterior de la familia, que matriculó al alumno en otro colegio, es incompatible con un retiro impuesto. Controvierte las expresiones y la lectura de antecedentes familiares que se le atribuyen, por no estar acreditadas.

Explica que la denuncia ante la Policía de Investigaciones se presentó en cumplimiento de un deber legal y reglamentario. Precisa que el cobro de la mensualidad de julio deriva de la cláusula del contrato que regula los efectos económicos del retiro.

Descarta, por último, la afectación de las garantías invocadas.

Sostiene que no existe nexo causal entre una conducta suya y el malestar del estudiante; que no se aplicó un trato diferenciado; que no se acreditó la divulgación de antecedentes privados, y que la calidad de alumno regular cesó por un acto propio de la apoderada.

Tercero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción de naturaleza cautelar.

Está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Cuarto: Que en el caso presente la acción se dirige contra la sostenedora del colegio nombre reservado por la separación del estudiante nombre reservado, materializada mediante el retiro suscrito por su madre el 19 de junio de 2026, y por la negativa posterior a reincorporarlo. A juicio de la recurrente, esta actuación constituye una expulsión de hecho que afecta las garantías del artículo 19 Nos 1, 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que la recurrida funda su defensa, esencialmente, en tres órdenes de ideas. Primero, que no adoptó medida disciplinaria alguna, pues el régimen sancionatorio de su reglamento interno nunca se activó y el retiro es un acto voluntario, documentado y suscrito por la apoderada. Segundo, que la eventual existencia de un vicio en la voluntad de la apoderada es una cuestión de lato conocimiento, ajena a esta sede cautelar, que impide reconocer un derecho indubitado. Tercero, que la situación se encuentra consumada, porque el estudiante cursa en otro establecimiento y su situación académica fue abordada en la conciliación ante la Superintendencia de Educación.

Sexto: Que sobre la base de los antecedentes allegados al presente recurso, los que se valoras conforma a las reglas de la sana crítica de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, no es posible calificar de ilegal el actuar de la recurrida, por cuanto la situación del estudiante fue sometida al conocimiento del órgano técnico competente, la Superintendencia de Educación, que intervino en la tramitación del requerimiento formulado por la apoderada y lo derivó a una instancia de conciliación entre las partes. Ello, sin que se advierta que el establecimiento haya actuado al margen de la normativa educacional o de su reglamento interno, desde que no consta la dictación de medida disciplinaria alguna en contra del alumno y el término de su matrícula se sustenta en un instrumento suscrito por su madre y apoderada.

Tampoco resulta arbitrario, por cuanto la conducta de la recurrida aparece fundada en el acta de retiro voluntario y en la entrevista suscritas por la apoderada el 19 de junio de 2026, en las que esta declaró adoptar dicha decisión de manera libre y voluntaria. Las circunstancias en que esa voluntad se habría manifestado, así como la eventual presión que la recurrente atribuye a la Dirección del establecimiento, son controvertidas por la recurrida y carecen de respaldo en los antecedentes allegados a estos autos.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver lo que por este arbitrio se solicita. En este caso, lo pretendido, esto es, que se tenga por ineficaz el retiro suscrito por la apoderada y se ordene la reincorporación del estudiante, supone determinar previamente si la voluntad manifestada en dicho acto adoleció de algún vicio. Esa cuestión ha de ser analizada por la entidad técnica o bien en un juicio de lato conocimiento, destinado a presentar y probar cada una de las proposiciones fácticas de los litigantes. Ello por cuanto no es posible dilucidar la cuestión controvertida mediante esta acción cautelar y de emergencia, la que jamás ha constituido una instancia declarativa de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo indubitados, se encuentran afectados por alguna acción ilegal o arbitraria.

En consecuencia, tales presupuestos no se configuran en autos, por lo que, no cabe sino concluir que el recurso de protección no podrá ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por Natalia Paz Cabezas Martínez en favor del adolescente nombre reservado, en contra de nombre reservado

Regístrese y archívese.

N° Protección-17319-2026.