nombre reservado con CARABINEROS ACUM. ING. CORTE 173780-2019- VISTA EN POS DE LA ANTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Proveyendo al escrito folio 52, a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen nombre reservado, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH; nombre reservado, Presidenta Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, FEUC; nombre reservado, Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH; nombre reservado, Consejera Académica Universitaria de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado, estudiantes, domiciliados para estos efectos en sus respectivas Casas Estudiantiles; junto con don nombre reservado, rector de la Universidad de Chile; don nombre reservado, rector de la Universidad de Santiago de Chile; don nombre reservado, rector de la Universidad Diego Portales; don nombre reservado, rector de la Universidad Alberto Hurtado; don nombre reservado, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; don nombre reservado, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez; y don nombre reservado, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano quienes interponen un recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director, don nombre reservado, debido al serio e inminente riesgo de actos ilegales y arbitrarios que enfrentarán quienes, siendo alumnos de Universidades chilenas y haciendo uso del derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, consagrado en el artículo 19 N°13 de la Constitución Política de la República, marcharán el 12 de noviembre de 2019, y muy plausiblemente en las marchas a las que se llame en días posteriores y sucesivos.

Piden se ordene a Carabineros de Chile que se abstenga por completo de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los estudiantes recurrentes; en subsidio, que ordene se suspenda por parte de Carabineros el uso de esas escopetas antidisturbios y sus municiones referidas mientras no se dicte una nueva normativa que regule su uso en estricta sujeción a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes, informándose acerca de esa normativa y de las medidas de capacitación sustantiva que haya desarrollado para que sea respetada por los funcionarios de Carabineros; y se informe acerca de qué tipo de elementos de disuasión pretende usar específicamente Carabineros en las manifestaciones sucesivas que se desarrollen; con costas.

Exponen que es un hecho público y notorio que, en pasadas manifestaciones, Carabineros ha hecho un uso desmedido de las denominadas “armas potencialmente letales” tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Las escopetas “antidisturbios” que lanzan los balines son parte de esas armas, aunque en el discurso público se denominan “elementos disuasivos” o “de disuasión”, señalando que su finalidad sería el de provocar dolor y/o heridas contusas en quienes reciban el disparo de que se trate, siendo proyectiles de energía cinética, o proyectiles de impacto cinético, porque se trata de municiones que no cuentan con punta y cuyo objeto, en principio, es el de transferir “la energía cinética desde el arma al cuerpo de la persona” que recibe el impacto, de manera de provocar lesiones contusas.

Señalan que existe un amplio rango de estas municiones, hechas con diversos materiales y que pueden ser disparadas individualmente, de manera continua, o bien a través de cartuchos que contienen diversos perdigones de plástico o metal, como es el caso de los cartuchos disparados por las escopetas que utilizan los funcionarios de Carabineros en Chile.

Indican que, la Circular N°1.832 del Director General de Carabineros de Chile, de 1 de marzo de 2019, regula el uso de la fuerza de Carabineros, y de acuerdo a la información de prensa, informes de la Sociedad Chilena de Oftalmología y del Colegio Médico de Chile -sobre la cantidad y tipos de lesiones que han afectado a personas atendidas en servicios de emergencias públicos-, sumados a los informes de lesionados reportados por observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (“INDH”), se puede presumir, con un alto grado de certeza, que en Chile se estarían utilizando los siguientes tipos de municiones por medio de las escopetas antidisturbios: - Munición de escopeta calibre 12mm “no letal” que contiene 15 perdigones de goma de 8 milímetros de diámetro, con un peso aproximado de 0,3 gramos. - Munición de escopeta calibre 12mm “Súper-sock” que es un cartucho que contiene un saco con perdigones de plomo y a diferencia de lo que ocurre con los cartuchos de balines o perdigones, en este caso se dispara una sola “bolsa”, por lo que quien percute el arma tiene mucho más control sobre a qué o a quién dispara, estimando que su uso puede ocasionar heridas graves e incluso la muerte.

Refieren que la tendencia de los gobiernos de llamar a este tipo de munición “no letal” es un eufemismo que propicia la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, dado que la evidencia empírica está conteste en torno a sus riesgos. Por ello es que, técnicamente corresponde identificarlas con el calificativo más preciso de “potencialmente letales”.

Expresan que la Circular N°1832 es clara en establecer los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad para el uso de las armas potencialmente letales, los que reproduce y puntualiza que ninguno de ellos se ha cumplido por gran parte de los funcionarios de Carabineros, por quienes la institución responde como un todo, lo que genera el legítimo temor de que esos incumplimientos se reiteren a futuro, particularmente de quienes se aprestan a participar en la marcha del 12 de noviembre pasado y las siguientes.

Refieren que, en las manifestaciones generadas en Chile desde finales de octubre de 2019, incluyendo las pacíficas, se encuentra documentado por el INDH que a lo menos 197 personas han sido afectadas por heridas oculares o graves mutilaciones en sus ojos (201, según otras versiones, como la del Colegio Médico de Chile), como resultado de disparos directos efectuados por parte de funcionarios al rostro de esas personas, dando cuenta de reportajes nacionales e internacionales al efecto.

Destacan que las cifras muestran que el número de lesiones oculares ocurridas durante los enfrentamientos en Chile, escapan de cualquier parámetro conocido, lo que da cuenta del uso desproporcionado de ese tipo de armamento, así como el abuso en su modalidad de utilización, por personal de Carabineros. Así, por ejemplo, durante los 10 meses de protesta que enfrentó la policía en Francia, se produjeron cerca de 40 lesiones oculares en total, con un promedio de 0,1 lesión/día, pero en Chile, era de aproximadamente 10 lesiones/día, lo que pone a nuestro país en 100 veces por sobre lo ocurrido en Francia.

Representan que es evidente que la mutilación de los ojos de un número tan importante de personas no responde a un azar o a una estadística poco representativa, sino que deja en evidencia que el personal de Carabineros ha disparado directamente al rostro de los manifestantes, a poca distancia de ellos, alejándose de cualquier criterio de necesidad, proporcionalidad o razonabilidad.

Citan el Decreto N°1364 que “Establece Disposiciones Relativas al Uso de la Fuerza en las Intervenciones Policiales para el Mantenimiento del Orden Público” precisando que no contiene ninguna referencia a la utilización de armas potencialmente letales, pero sí ordena a Carabineros de Chile revisar y actualizar sus “Protocolos de Intervención de Orden Público”, para dar cumplimiento a los lineamientos generales establecidos en el artículo primero de dicho Decreto.

Asimismo, citan la Orden General N°2635 que contiene los “Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público: Aprueba Nuevo Texto y Deroga Normativa que Indica”, destacando que, las hipótesis en que funcionarios de Carabineros pueden utilizar las escopetas antidisturbios y los correspondientes balines son restringidas.

Afirman que, Carabineros ha actuado ilegalmente (en un sentido amplio, pues ha violado el Decreto, la Circular y el Protocolo, así como la Constitución) al realizar las acciones que se han denunciado, existiendo la expectativa cierta de que siga incurriendo en dichas ilegalidades en el contexto de sucesivas manifestaciones pacíficas, pese a que existen estándares internacionales que entregan criterios básicos para el uso de la fuerza y el uso de armas menos letales por parte de funcionarios policiales.

Explican que, son los principales instrumentos internacionales que establecen dichos estándares: - el “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley”, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (“ONU”) en su Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979; - Los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, adoptados por el 8° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Por último, citan la Guía de Armas no Letales para las fuerzas policiales emitida por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que se funda en una serie de otros documentos preparados por Amnistía Internacional.

Refieren que, las conductas descritas afectan, a lo menos en grado de amenaza inminente y creíble el ejercicio legítimo del derecho de la integridad física y psíquica de los recurrentes, por la probabilidad de la ocurrencia del daño que afecta los estados físicos de los individuos, en atención a la repetición de las conductas por parte del personal de Carabineros.

Destacan que, los hechos descritos constituyen la aplicación de apremios ilegítimos, conducta prohibida por la Constitución, y por lo tanto resultan en una amenaza real para estos recurrentes el temer que tales apremios se reiteren en las sucesivas manifestaciones que se desarrollarán en los próximos días.

Agregan que, la conducta antijurídica del recurrido afecta en grado de amenaza y perturbación el ejercicio legítimo del derecho de reunión, consagrado en el artículo 19 Nº13, y que se encuentra íntimamente vinculado con la libertad de expresión y el régimen democrático de gobierno, toda vez que la ocurrencia de actuaciones policiales que exceden toda legalidad y razonabilidad ha producido ya severos efectos en la vida, integridad y salud de personas que se han reunido en manifestaciones, representando para todas ellas un gravamen desproporcionado para su ejercicio.

Finalizan señalando que Carabineros de Chile ha reconocido, tanto de modo institucional como por medio de su General Director, señor nombre reservado, que: (i) ha actuado en violación de la normativa que la rige, incluido el Protocolo y la Circular, lo que supone la infracción de los principios de legalidad, racionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza; (ii) que ello ha violado los derechos fundamentales de muchas personas; y (iii) que, sin perjuicio de ello, planea continuar utilizando las escopetas antidisturbios y sus municiones.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, los recurrentes acompañaron los siguientes documentos: 1. Anexo conteniendo fotografías de la munición ocupada por Carabineros durante las manifestaciones de las últimas semanas. 2. Declaración escrita del Director General de Carabineros de Chile de 10 de noviembre de 2019. 3. Declaraciones del Director General de Carabineros de Chile en Chilevisión noticias de 10 de noviembre de 2019. 4. Comunicación del nombre reservado de la Universidad de Chile, Dr. nombre reservado, dirigida a S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el 7 de noviembre de 2019. 5. Informe Trauma ocular emitido por profesional del Hospital El Salvador. 6. Documento denominado “Cifra de daños”. 7. Registros fotográficos de municiones. 8. Anexo: Fotografías uso escopeta. 8. Copias de twuits. 9. Copias de notas de prensa.

Tercero: Que, evacua el informe requerido el General Director de Carabineros don nombre reservado, quien solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que, el 18 de octubre pasado, se produjo un estallido social en gran parte del territorio nacional y esa misma noche, en diversos puntos de la capital, se incendiaron estaciones del metro y buses de la locomoción colectiva, se produjeron saqueos a supermercados y farmacias, se atacaron y destruyeron instalaciones públicas y otras de carácter estratégico y en general, se suscitaron graves alteraciones al orden y la seguridad pública; acciones de vandalismo que se verificaron en otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta, las que posteriormente se extendieron a muchas más.

Refiere que esta grave situación, obligó a S.E. el Presidente de la República, a decretar en varias regiones del país Estado de Emergencia, lo que implicó que las Fuerzas Armadas, tomaran el control de los territorios afectados por estos hechos, con el propósito de restablecer el orden y la seguridad pública; sin embargo, aun cuando el 27 de octubre, se puso término al Estado de Excepción Constitucional, posteriormente, los actos de vandalismo, la violencia desmedida, y las graves alteraciones al orden público se siguieron produciendo.

Señala que, el estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio eran ilegales, al no contar con la autorización correspondiente, Carabineros de Chile, ha permitido que la ciudadanía se expresara libremente; sin embargo, grupos de individuos que actuaron con una violencia nunca antes vista, han causado graves incidentes, poniendo en riesgo, no sólo la integridad física de los manifestantes, sino también de los habitantes de los lugares aledaños a donde se desarrollan las manifestaciones, como también la integridad personal de los funcionarios policiales, lo que ha llevado a la utilización de elementos disuasivos permitidos por ley, y actuar conforme al protocolo para el mantenimiento del orden público, especialmente el uso del cañón de agua, gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

Explica que, para garantizar y mantener el orden público, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos conforme lo establece, el Decreto Supremo 1.364 del año 2018, publicado el 04.12.2018, relativo al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, la Circular N°1.832 del año 2019, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y la Orden General N°2.635 del año 2019, que establece los protocolos para el mantenimiento del orden público.

Precisa que, Carabineros de Chile, en el uso de la fuerza, se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos: - Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 3o señala que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; - Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto, de las disposiciones generales, precisa que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

En cuanto a la capacitación en el uso de la escopeta antidisturbios del personal de Carabineros de Chile, señala que la Prefectura Fuerzas Especiales es la repartición responsable de ejecutar los procesos de instrucción, tanto al personal dependiente de esa repartición como de otras, con excepción del personal de la Prefectura de Operaciones Especiales G.O.P.E., que es realizada por la propia repartición especializada.

Precisa que, conforme a lo informado por la Zona de Control de Orden Público e Intervención de Carabineros de Chile, la capacitación en el uso de la escopeta antidisturbios se efectúa bajo dos modalidades: a) Como una unidad (asignatura teórica/práctica), propia de los cursos de capacitación institucional "control del orden público (COP)" y "estrategias y tácticas policiales en operaciones rurales (TOR)"; b) La capacitación en el uso de la escopeta antidisturbios también se efectúa como un proceso de instrucción específico e independiente, para todo el personal territorial y dependiente de distintas Altas Reparticiones y Reparticiones, previo a las contingencias propias de las fechas emblemáticas de los meses de marzo y septiembre, en que históricamente se producen desórdenes públicos.

Expone que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego, mecanismos que se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N°2.635 ha definido y supone un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias.

Explica que la contingencia de orden público que se ha vivido nunca pudo ser prevista en el protocolo, pues fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad, pero los acontecimientos provocaron un aumento significativo de acciones violentas y su frecuencia se multiplicó, mencionando que hasta el 28 de noviembre pasado han ocurrido 6.803 eventos a nivel nacional, de los cuales, solo en la Región Metropolitana se han registrado 368 desórdenes, 315 saqueos, 236 daños, 146 atentados incendiarios, 19 cortes de ruta, 117 ataques a cuarteles policiales y 33 casos catalogados como otros hechos, lo que demuestra un nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución, quienes sólo cuentan con los elementos disuasivos que contempla el protocolo, como los indicados, los cuales son utilizados de forma racional y progresiva.

Afirma que, la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso al uso de la escopeta antidisturbios, en ningún caso puede considerarse un actuar arbitrario porque obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia y si se accediera a lo solicitado en la presente acción, Carabineros de Chile solo podrá utilizar el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, y por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución estarían autorizados a utilizar en caso de legítima defensa, sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas. En este escenario, la escopeta antidisturbios, constituye un mecanismo que impide llevar al extremo el uso de la fuerza que legítimamente se podría ejercer, y que a la fecha no ha tenido lugar justamente por la existencia de estos elementos.

Refiere que, Carabineros de Chile se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público y actualmente se encuentra suspendida la utilización de este tipo de escopeta como herramienta antidisturbios, la que sólo puede ser utilizada como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa.

En cuanto a la garantía de libertad de reunión, expone que carece de sustento, porque la Constitución Política, en su artículo 19°, N°13, asegura a todas las personas “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía”.

Expone que, el protocolo del uso de la fuerza, regulado en la Orden General N°2.635, ha sido concebido para brindar protección a los manifestantes, lo que implica que, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad de la manifestación, Carabineros de Chile no intervendrá y solamente mantendrá una actitud de observación.

Indica que, Carabineros está obligado a actuar y a utilizar los elementos disuasivos que contempla el protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas, y, además, cuando se utilizan armas, según consta en las siguientes normas: - La letra f), del Decreto Supremo N°1.086, que establece: “Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante”. - El Protocolo N°1, de la Orden General N°2.635, el que señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. “Es violenta” cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. “Es agresiva”, cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial.

Concluye que, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues si existen manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

Cuarto: Que, la presente causa se acumuló al Rol Ingreso Corte Rol N° Protección 173.780-2019, en la que comparece don nombre reservado, Médico Cirujano, Rector de la Universidad de Chile, en nombre y en su calidad de representante legal de la referida Institución de Educación Superior, domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en favor de todos los estudiantes de la Universidad de Chile, especialmente de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, del mismo domicilio; en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y del Ministerio del Interior, representado por el Sr. Ministro Gonzalo Blumel, ambos domiciliados en el Palacio de la Moneda; debido al grave e inminente riesgo de actos ilegales y arbitrarios que enfrentarán quienes, teniendo la calidad de estudiantes de la Universidad de Chile, y haciendo uso del derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, consagrado en el artículo 19 N°13 de la Constitución Política de la República, se manifiestan pacíficamente y sin armas, desde hace ya tres semanas.

Pide se ordene a Carabineros de Chile que se abstenga por completo de usar en el marco de manifestaciones escopetas “antidisturbios” que lanzan balines, como medio disuasivo, con costas.

Funda su pretensión cautelar, reiterando los mismos argumentos señalados en el recurso acumulado y agrega que al menos 10 estudiantes de la Universidad de Chile, de diversas disciplinas, han sufrido ataques con perdigones en distintas partes de su cuerpo, y 5 de ellos tienen alojados perdigones en sus ojos, cabeza o garganta.

Refiere que, el 11 de noviembre de 2019, el estudiante de la carrera de Teatro de la Universidad de Chile, nombre reservado, fue herido con 6 perdigones, habiendo uno de ellos impactado y comprometido su ojo izquierdo, encontrándose en el Hospital Salvador. Este último caso, se suma a los casos de nombre reservado, impactado con perdigón en su cabeza, nombre reservado con perdigón infectado en la garganta, nombre reservado con pérdida de un ojo por disparo de perdigones y nombre reservado impactado con perdigón en su ojo derecho.

Precisa que todos son estudiantes de la Universidad de Chile, quienes se manifestaban pacíficamente y sin armas y que con motivos absolutamente irrazonables ven nuevamente amenazada su integridad física y síquica, así como el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, de continuar el actuar ilegal y arbitrario de Carabineros de Chile.

Hace presente que, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, reconoce como parte de su misión, la atención de los problemas y necesidades del país. En esa labor, se obliga al más completo conocimiento de la realidad nacional, propendiendo al bien común y a la formación de una ciudadanía inspirada en valores democráticos.

Tratándose de la Universidad de Chile, la primera Casa de Estudios Superiores chilena, de carácter público, le son aplicables las normas que establece la Ley de Universidades Estatales, que estipula que los principios que guían el quehacer de las universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, esto es, el respeto de toda expresión religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión; la libertad de cátedra, de investigación y de estudio; la participación, la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la transparencia y el acceso al conocimiento. Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados por las universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, y son vinculantes para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción Da cuenta de amenazas ciertas en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la integridad física y psíquica y de perturbaciones al derecho a la reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, garantizados por los artículos 19 N°1 y N°13, respectivamente, de la Constitución, para los estudiantes de la Universidad de Chile, quienes ejercen y ejercerán estos derechos en las manifestaciones y marchas que se realicen en el marco de movilización nacional.

Quinto: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia del DFL N°3 del Ministerio de Educación, publicado en el D.O. el 2 de octubre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N°153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile; 2. Anexo conteniendo fotografías de la munición ocupada por Carabineros durante las manifestaciones de las últimas semanas; 3. Declaración escrita del Director General de Carabineros de Chile de 10 de noviembre de 2019; 4. Declaraciones del Director General de Carabineros de Chile en Chilevisión noticias de 10 de noviembre de 2019; 5. Intervención del INDH en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 6. Declaración Centro de Estudiantes de nombre reservado; 7. Carta enviada por el Sr. nombre reservado de la Universidad de Chile.

Sexto: Que, evacua el informe requerido don Carlos Flores Larraín, abogado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Funda sus alegaciones señalando que, no hay una referencia expresa a una conducta de esta Secretaría de Estado que, prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por parte del recurrente y que puedan ser remediadas a través de esta vía cautelar.

Precisa que desde el 18 de octubre pasado, diversos sectores de la Región Metropolitana sufrieron graves alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos, especialmente, de la red de transporte del Metro y de buses; así como la interrupción de la libre circulación de las personas debido a la instalación de barricadas en las calles. El inédito fenómeno se fue propagando desde la Región Metropolitana hacia el resto del país y, dada la magnitud de la afectación, S.E. el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo N°472, de 18 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; declaró estado de excepción constitucional de emergencia en la Provincia de Santiago y de Chacabuco, así como las comunas de Puente Alto y San Bernardo, cuyos efectos fueron ampliados, posteriormente, a toda la Región Metropolitana, mediante el Decreto Supremo N°479, de 20 de octubre del mismo año y origen.

Señala que, se puso término al citado estado de excepción constitucional a través del Decreto Supremo N°533, de 27 de octubre de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a partir de ese momento, nuevamente, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, cumplen la función exclusiva de garantizar el orden público y la seguridad pública interior.

Indica que, si bien el recurso se refiere el caso particular de cinco personas respecto de las que señala haber accionado especialmente de protección, lo cierto es que, en reiteradas oportunidades, realiza aseveraciones que dan cuenta de que ha deducido una acción de protección en términos de una “acción popular”, ya que, se solicita el amparo y protección a la integridad de todos quienes manifiestan legítimamente sus puntos de vista en cuestiones públicas, con el objeto que, al hacerlo dentro de los márgenes de la ley.

Reclama que, la legitimación activa de la acción de protección supone analizar la exigencia del artículo 20 de la Constitución Política, en cuanto a que se deduzca por “el afectado o cualquier persona a su nombre” debiendo acreditarse un interés inmediato y directo comprometido, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos, cuestión que claramente no se verifica en la especie.

Afirma que no se imputa ninguna conducta ilegal o arbitraria al Ministerio recurrido y de acuerdo al artículo 1 de la Ley N°20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dicho servicio, es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y a la seguridad pública interior. Expone que, mediante el Decreto Supremo N°1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de ese mismo año), se establecieron los lineamientos generales y perentorios sobre el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, todos ellos, en armonía con los principios vigentes del derecho internacional que disciplinan la materia y en su artículo 2° se estableció que la institución policial debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes, dentro del plazo de noventa días corridos, disponiendo la publicación del instrumento final en el Diario Oficial.

Precisa que, el 4 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros de Chile, en cumplimiento de lo instruido, a saber: (i) la Circular N°1.832, de 1 de marzo de 2019, que actualiza las Instrucciones sobre el uso de la fuerza, y (ii) la Orden General N°2.635, también de 1 de marzo de 2019, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público.

Hace presente que, las conductas denunciadas podrían enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe a cada uno de los funcionarios que incurre en esos hechos, pero de ninguna manera, es el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus labores operativas.

Hace hincapié que, el ejercicio deficiente del cargo por parte de Carabineros puede llegar a generar responsabilidades de orden administrativo, penal o civil, las que no son posibles de establecer en un proceso de naturaleza cautelar, sino que, necesariamente, a través de procedimientos de lato conocimiento, citando jurisprudencia en apoyo.

Explica que, el Ministerio ha comprometido públicamente una total transparencia y colaboración para las investigaciones de eventuales ilícitos cometidos por el personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, en el ejercicio de sus funciones, instando para que, ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, las policías instruyan los procedimientos disciplinarios y den cuenta de ello al Ministerio Público.

Finalmente, señala que nuestro ordenamiento institucional contempla la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual, se encuentra actualmente recabando las denuncias de la ciudadanía y presentando las acciones penales correspondientes ante los tribunales competentes.

Añade que, el General Director de Carabineros ordenó suspender el uso de la munición no letal como herramienta antidisturbios, la que solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte, por lo que la acción ha perdido oportunidad.

Advierte que, de acogerse el recurso, se establecería una imposibilidad absoluta a Carabineros de cumplir en cuanto a sus atribuciones constitucionales y legales, incidiendo directamente en las facultades que dicho servicio tiene para garantizar el orden público conforme al ordenamiento jurídico, afectando no solo la seguridad de su personal, sino la de todos los habitantes.

Concluye que, la acción de protección debe ser rechazada, además, por no haberse acreditado cómo este servicio atenta contra los derechos constitucionales invocado por el recurrente, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar de esta Secretaría de Estado.

Séptimo: Que, en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Decreto Supremo N°472, de 18 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 2. Decreto Supremo N°479, de 20 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 3. Decreto Supremo N°533, de 27 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 4. Decreto Supremo N°1.364, de 13 de noviembre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 5. Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile; 6. Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile.

Octavo: Que, evacua el informe requerido el General Director de Carabineros don nombre reservado, quien solicitó el rechazo del recurso En primer término alega la falta de legitimación activa, fundada en que los abogados comparecientes, por sí y en representación de diversos ciudadanos, han deducido la presente acción de protección, la que no cumple con los requisitos que establece el Auto Acordado sobre “Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, porque esta acción debe ser interpuesta ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se ha cometido el acto u omisión arbitrario o ilegal, pero los recurrentes no especifican en qué lugar ocurrieron las eventuales vulneraciones, solo señalan a grandes rasgos que se habrían verificado en toda la ciudad de Santiago, es decir, más allá de la jurisdicción que el legislador ha entregado a esta Corte.

En cuanto al fondo, precisa que el 18 de octubre pasado, se produjo un estallido social en gran parte del territorio nacional y esa misma noche, en diversos punto de la capital, se incendiaron estaciones del metro y buses de la locomoción colectiva, se produjeron saqueos a supermercados y farmacias, se atacaron y destruyeron instalaciones públicas y otras de carácter estratégico, suscitándose graves alteraciones al orden y la seguridad pública, lo que obligó al Sr. Presidente de la República a decretar, en varias regiones del país, Estado de Emergencia, lo que implicó que las Fuerzas Armadas tomaran el control de los territorios afectados con el propósito de restablecer el orden y la seguridad pública. Sin embargo, aun cuando el 27 de octubre se puso término al Estado de Excepción Constitucional, posteriormente, los actos de vandalismo, la violencia desmedida y las graves alteraciones al orden público se siguen produciendo.

Explica que, el estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio no contaban con la autorización correspondiente, como eran desarrolladas de forma pacífica, Carabineros de Chile permitió que la ciudadanía se expresara libremente. Sin embargo, grupos de individuos que actuaban con una violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves incidentes que pusieron en riesgo no sólo la integridad física de los manifestantes pacíficos sino también la del personal policial y por ello fue necesario utilizar los elementos disuasivos que consagra el protocolo para el mantenimiento del orden público, especialmente cañón de agua, gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

Aclara que el uso de la escopeta antidisturbios, para el control del orden público, actualmente se encuentra suspendida y así se mantendrá mientras no se emitan los informes técnicos que la Institución encargó para determinar el material de la munición que utiliza esa arma de fuego.

Explica que, dentro de las obligaciones de Carabineros de Chile está el resguardo del orden público, como lo dispone el inciso 2° del artículo 101 de la Constitución Política, al señalar que “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Esta atribución, también está consagrada artículo 1°, de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

Refiere que, para garantizar y mantener el orden público, la Institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo, cuando ha sido quebrantado y, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos que señalan: a) El Decreto Supremo 1.364 de 2018 establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; b) La Circular N°1.832 de 2019, actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y; c) La Orden General N°2.635 de 2019, establece los protocolos para el mantenimiento del orden público.

Resalta que, en Carabineros de Chile, el uso de la fuerza se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos, a saber, a) el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 3° señala que “Los funcionados encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y, b) Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto de las disposiciones generales, precisa que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

Expone que, la Orden General N°2635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura a base de cuatro escenarios: a) Resguardo del derecho de manifestación; b) Restablecimiento del orden público; c) Desalojos, y; d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo N°1 contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin: primaria, Dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, Armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, Armas largas, y; cuarta, Armas de apoyo de alto poder de fuego.

Afirma que, el empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, las cuales pueden ser violentas o agresivas, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial. Destaca que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos, se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N°2.635 ha definido, lo que ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias.

Manifiesta que la escopeta antidisturbios, como ocurre en muchos países del mundo, es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de muchedumbres y su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes pacíficos y del personal de Carabineros de Chile, por lo que su empleo no es discrecional, pues se circunscribe a muchedumbres violentas y agresivas.

Resalta que, la Circular N°1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición letal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-Sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina.

Hace presente que la contingencia de orden público que vivió el país nunca pudo ser prevista en el actual protocolo, el cual fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de n7ormalidad y con un nivel de convocatoria acotado.

Expone que, desde el 18 de octubre hasta el 27 de noviembre pasado, en la Región Metropolitana han ocurrido 1419 eventos, de los cuales 351 han sido desórdenes, 311 saqueos, 214 manifestaciones violentas, 232 daños, 19 cortes de ruta, 144 atentados incendiarios, 116 ataques a cuarteles, 152 vehículos policiales dañados y 32 casos catalogados como otros hechos y han sido detenidas 6281 personas y resultado lesionados 1385 Carabineros, lo que pone en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución.

Precisa que, si bien la escopeta antidisturbios está categorizada como un elemento no letal, eventualmente, podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás elementos de menor intensidad, como el cañón de agua y el gas lacrimógeno que afecta la vía respiratoria y produce irritación, siendo su uso una reacción que sólo busca restablecer el orden y la seguridad, pero en ningún caso su objetivo es poner en riegos la vida de personas.

Hace hincapié que, la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso podría ser considerado un actuar arbitrario, pues obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia.

Expone que, si no pudiera utilizarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución estarán autorizados para utilizar sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas.

En cuanto a la supuesta conculcación al derecho a la vida, destaca que el protocolo del uso de la fuerza, regulado en la Orden General N°2635, ha sido concebido para brindar protección a los manifestantes y así está señalado en el Protocolo N°1, donde se indica “Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos”, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad de la manifestación, Carabineros de Chile no intervendrá y solamente mantendrá un actitud de observación.

Sostiene que la Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía -Decreto Supremo N°1.086 de 1983-, la que establece una serie de requisitos administrativos que los organizadores deben cumplir.

Señala que, Carabineros de Chile está obligado a actuar y a utilizar los elementos disuasivos del protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas y cuando se utilizan armas, según consta en las siguientes normas:

- La letra f), del Decreto Supremo N°1086, establece que “Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante”, disponiéndose en forma imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad Pública debe conminar a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta.

- El Protocolo N°1 de la Orden General N°2635, señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. “Es violenta” cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. “Es agresiva”, cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial.

- Por todo lo anterior, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

Finalmente, en sus conclusiones, cita sentencias dictadas por esta Corte y la de Temuco.

Noveno: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Décimo: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Undécimo: Que, como primera cuestión hay que precisar que las acciones deducidas, salvo en aquella parte del recurso deducido por la Universidad de Chile respecto cinco alumnos de su Casa de Estudio y que analizaremos por separado, en parte alguna explica cómo se han amenazado, perturbado o conculcado las garantías constitucionales denunciadas por los recurrentes, desde que no se explica de qué forma, los presuntos actores, detentan el carácter de afectados por los hechos que denuncian, ni tampoco se explicita pormenorizadamente la relación de causalidad entre los dañinos efectos de los hechos denunciados en relación con sus personas.

Más bien, el presente recurso reviste la naturaleza jurídica de una verdadera acción popular, intentada por personas que no justifican ningún derecho cierto y determinado que se encuentre afectado con las denuncias realizadas en estos autos. En efecto, no existe ni un párrafo del libelo de protección que establezca que los recurrentes hayan sido afectados personal y directamente con los hechos que denuncian, sino que han actuado de manera genérica, haciendo presente los aislados hechos delictivos provocados por personal policial actualmente investigado, que ocurrieron con ocasión de las protestas callejeras suscitadas a partir del 18 de octubre del año recién pasado, en la cual, un determinado grupo de individuos actuó con una violencia inusitada, lo que generó en ciertos y lamentables eventos, una reacción desmedida por parte de efectivos del personal policial, que podrían ser constitutivos de diversos delitos.

Sin embargo, ninguno de esos actos ilícitos afectó directamente a los recurrentes, salvo a aquellos consignados explícitamente por la acción deducida por la Universidad de Chile, la que también se dedujo a nombre de la sociedad toda, por lo que sostener que esos hechos aislados constituirían un actuar sistemático de la policía que, eventualmente podría afectarles, es una afirmación que no se explica de forma alguna en el recurso, al no existir evidencia de un ataque de esas características en su perjuicio.

De lo anterior, fluye que afecta a la mayoría de los recurrentes la falta de perjuicio, amenaza o perturbación en los derechos por los cuales recurren, careciendo, por tanto, de legitimación activa para deducir la presente acción y ha sido la Excma. Corte Suprema la que ha sentado uniforme doctrina en este sentido, indicando que el recurso de protección no es de acción popular, sino que el recurrente debe sufrir o padecer algún perjuicio para poder deducirlo legalmente.

En el caso de los estudiantes nombre reservado, quien habría sido herido con 6 perdigones, habiendo uno de ellos impactado y comprometido su ojo izquierdo, encontrándose en el Hospital Salvador, junto a los casos de nombre reservado, impactado con perdigón en su cabeza, nombre reservado con perdigón infectado en la garganta, nombre reservado con pérdida de un ojo por disparo de perdigones y nombre reservado impactado con perdigón en su ojo derecho, lo cierto es que no hay instrumento probatorio de los hechos aseverados en el libelo. Sin perjuicio de los anterior, dando por establecida la existencia de las lesiones denunciadas, las mismas constituyen lamentables hechos aislados que no pueden ser remediados por la presente vía cautelar, desde que, por su naturaleza y origen delictivo, requieren la substanciación de una investigación y procedimiento penal de lato conocimiento, que permita establecer la existencia del delito, la participación y en definitiva, la aplicación de las sanciones punibles a quienes cometieron dichos hechos, siendo fáctica y jurídicamente imposible establecer esa clase de derechos en el marco del presente procedimiento cautelar, el que no está diseñado para el establecimiento de esos derechos.

Duodécimo: Que, siendo las razones esgrimidas en el motivo anterior razón más que suficientes para desestimar la presente acción, igualmente, existe otro argumento que también conlleva al rechazo de la presente acción y dice relación con la pérdida de toda oportunidad de la presente acción constitucional, tanto desde un punto de vista fáctico, como jurídico.

En lo fáctico, el recurso reclama la adopción de medidas tendientes a resguardar a los actores en su participación en las sucesivas marchas, las que ya ocurrieron y en que ningún perjuicio efectivo experimentó ninguno de los recurrentes al no haberse dado cuenta de ello en estos autos, motivo por el cual esta Corte no tendría ninguna medida que adoptar a ese respecto.

Desde el punto de vista jurídico y motivado, precisamente, por el empleo de las escopetas antidisturbios por parte de personal de Carabineros para disipar a los manifestantes y que, en su uso, no se observaron los protocolos vigentes a esa fecha, dicha actuación irregular no sólo motivó la interposición por parte del Instituto de Derechos Humanos de las querellas respectivas (2499), sino que provocó las investigaciones a cargo del Ministerio Público de las cuales, a nivel nacional, hay 28 causas formalizadas, 68 personas imputadas: 64 funcionarios de Carabineros y 4 de las Fuerzas Armadas (3 militares y 1 miembro de la Infantería Marina) (Dato obtenido el 17 de septiembre de 2020 en https://www.indh.cl/balance-indh-a-11-meses-del-18-o-2499-querellas-y-28-causas-formalizadas/).

No obstante lo anterior, dicho anómalo actuar provocado en casos determinados, propició que Carabineros de Chile modificase el protocolo para el mantenimiento del orden público y actualizó el protocolo 2.8 sobre Empleo de Escopeta Antidisturbios, fundado, como se señala en la letra h) de lo resolutivo del referido protocolo, en “(…) las observaciones generales y recomendaciones específicas recibidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y del área temática de Seguridad Pública del COSOC de la Subsecretaría del Interior, como representantes de la sociedad civil, y a los procesos de capacitación y perfeccionando que conjuntamente ha desarrollado la Institución con el Ministro del Interior y Seguridad Pública”.

En este punto, en el nuevo instrumento reglamentario se estableció que: “El empleo de la escopeta antidisturbios será preferentemente defensivo, sobre todo para aquellos casos en que se persiga evitar o repeler agresiones contra la integridad física de manifestantes, otras personas o Carabineros o sus cuarteles especialmente si éstas se efectúan con armas de fuego, y deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos menos lesivos, tales como agua, gases y otros resulten o puedan resultar insuficientes para los fines previamente señalados o la aplicación de éstos no fuere posible para el caso específico.

Conforme a la Circular N° 1832, de fecha 01 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5, “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada. Si al funcionario le constare que la persona contra quien se tuviera que utilizar el arma fuere un niño, niña o adolescente, una mujer embarazada, un adulto mayor o una persona notoriamente con problemas de salud o discapacidad, sólo podrá utilizarla en el nivel 5”.

Un aspecto importante que incorpora el protocolo dice relación con el uso de determinados cartuchos en la escopeta, al indicarse que: “Previo a su uso, deberá verificar que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, de conformidad a la normativa vigente, y que se encuentran en condiciones de ser utilizados, debiendo tratarse de munición con proyectiles menos letales, tales como perdigones de goma u otros”.

Para el resguardo del personal policial y poder contar con elementos de prueba que demuestren que el uso de la escopeta se motiva por situaciones violentas que atenten contra su vida, el actual protocolo exige que: “Todo el personal que emplee escopeta antidisturbios deberá contar con una videocámara corporal, debiendo entregar sus registros al finalizar su servicio para su resguardo y archivo”.

Se impone, además, como obligación al funcionario policial en el empleo de la escopeta que: “(…) deberá considerar en todo momento las circunstancias de cada caso específico, especialmente aspectos tales como la distancia entre el tirador con el o los sujetos cuya agresión se intenta repeler o evitar, la presencia de otras personas ajenas al hecho, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.), o si le constare que entre los sujetos participantes hubiere niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, o personas notoriamente con problemas de salud o discapacidad, lo anterior con la finalidad de evaluar la conveniencia de su uso (…)”.

En cuanto al daño posible de ocasionar con el uso del armamento en estudio, se ha establecido que: “Si, considerando todas las circunstancias previamente señaladas el funcionario policial debiese usar la escopeta antidisturbios para repeler o evitar un ataque, lo hará intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler. En particular, deberá por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen, al igual que apuntar a una superficie para impactar por rebote, salvo que la gravedad de la acción y la necesidad de inmediatez de su actuar no lo permita”.

Décimo tercero: Que, conforme con el instrumento analizado previamente, dictado el 14 de julio de 2020 por Carabineros de Chile, precisamente, a sugerencia del Instituto de Derechos Humanos y otros organismos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía, se ha restringido el uso de la referida escopeta para casos eminentemente defensivos y no disuasivos, cuando existan agresiones contra la integridad física de terceros o del propio personal de Carabineros y con todas las limitaciones y exigencias ya estudiadas, decisión que, también hace perder oportunidad el recurso intentado, al haberse adoptado las medidas por parte de la autoridad policial, tendientes a resguardar la vida de las personas y evitar, con ello, la provocación de daños a terceros.

Décimo cuarto: Que, no puede perderse de vista que las manifestaciones ocurridas en el país fueron de una violencia y entidad inusitada, que no fue posible de prever por parte de las autoridades administrativas y policiales respectivas, ya que los antiguos protocolos no estaban diseñados para enfrentar la violencia de los desmanes, la destrucción a la propiedad pública y privada, los saqueos y en general, un actuar antijurídico desmedido y, es por ello que, ante el uso irregular del armamento de fuego, es que se están substanciando las investigaciones pertinentes, a fin de determinar la comisión de eventuales delitos en el errado ejercicio de la función policial respectiva.

No obstante el lamentable desenlace que determinados sujetos sufrieron con el actuar policial cuestionado, estos hechos no tienen la virtud de sustraer el uso de la fuerza legítima en los agentes que la sociedad, el constituyente y el estado de derecho han acordado radicar.

En este punto, no puede perderse de vista que el “Poder”, en tanto atributo del Estado, es una fuerza al servicio de una idea. Una fuerza nacida de la voluntad social preponderante, destinado a conducir al grupo hacia un orden social que estima benéfico y, llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que dicha búsqueda impone (V. Burdeau, George, Método de la ciencia política, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1964, p. 188).

El poder estatal representa, precisamente, el factor permanente de cohesión social y en este punto no puede pretenderse sustraer, por medio de la presente acción cautelar, el uso de la fuerza legítima a los agentes del Estado que, constitucional y legalmente, están llamado a resguardar el orden público social e institucional.

El lamentable desenlace en actos violentos por parte de algunos ciudadanos no puede ser una justificación para impedir el uso del armamento propio de los organismos policiales, menos cuando dichos cuerpos policiales han reglado y ajustado sus protocolos de acuerdo a los estándares internacionales de las policías, respetando las garantías fundamentales de todo sujeto de derecho, situación que incluso se endureció más, con el dictado de la Orden General N°2780, de 14 de julio de 2020, que actualizó el protocolo del uso de la escopeta antidisturbios.

Décimo quinto: Que, por su parte, en relación con la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la lectura del libelo de autos no existe ni un solo acto que pueda serle atribuido y que revista las características de arbitrariedad o ilegalidad que motiven la adopción de medida alguna, desde que todo el reproche descansa en el uso de armamento de forma antijurídica por parte del personal de Carabineros, lo que, también, conlleva al rechazo del arbitrio a su respecto por absoluta falta de motivación, participación y provocación de perjuicios.

Por el contrario, la autoridad gubernamental ha colaborado con el Ministerio Público en la investigación de todas las actuaciones antijurídicas por parte del personal de Carabineros involucrado, siendo un hecho público conocido por los constantes comunicados efectuados a la ciudadanía en el período álgido de las protestas, permitiendo, además, la participación de organizaciones internacionales en la indagación de los hechos que pudieran haber vulnerado algún derecho fundamental.

Décimo sexto: Que, en consecuencia, por todo lo antes razonado, es que la presente acción no puede prosperar y debe ser desestimada, tanto por no ser la vía idónea para la solución de acciones de índole popular, como por haber perdido toda oportunidad.

Por estas consideraciones, normas legales y reglamentarias citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los recurrentes individualizados en esta sentencia, en contra de Carabineros de Chile y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de acoger la petición principal del recurso de protección N° 173.167-2019 deducido por las y los estudiantes universitarios y representantes de Federaciones de estudiantes que se individualizan y además por el señor Rector de la Universidad de Chile don nombre reservado y otros destacados rectores de Universidades Chilenas que se individualizan, en contra de Carabineros de Chile, representada por su General Director don nombre reservado, en orden ordenar a Carabineros de Chile que se abstenga de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los y las estudiantes recurrentes, además de disponer que tanto el recurrido como el personal a su cargo, realice cursos de inducción sobre Derechos Humanos, ante alguna de las Universidades cuyos rectores comparecen en este recurso, o ante alguna entidad independiente de su institución, considerando para ello lo siguiente:

1).- Que, atendidos los hechos en que se funda el recurso, respecto de lo cual la recurrida no ha dado una respuesta adecuada sobre los fundamentos de las medidas y su proporcionalidad, o las razones para no dar cumplimiento real y efectivo a los Protocolos sobre el uso de la fuerza, limitándose a citar la normativa aplicable respecto a la cual siempre estará obligada a cumplir, es posible sostener la existencia de actos arbitrarios e ilegales, siendo determinante el sustrato fáctico que se esgrime para adoptar medidas cautelares urgentes por esta Corte, para evitar que se sigan repitiendo hechos de similar naturaleza.

2).- Que, atendidos los hechos en que se funda el recurso, se consideran que ellos constituyen el acto arbitrario e ilegal que se reclama, porque además de describirlos, documentarlos y sustentarlos en antecedentes probatorios, la recurrida no ha dado una respuesta adecuada sobre los fundamentos de las medidas y su proporcionalidad, ni de las razones para no dar cumplimiento real y efectivo a los Protocolos sobre el uso de la fuerza, limitándose a citar la normativa aplicable respecto a la cual siempre estará obligada a cumplir, por lo que es posible sostener su real existencia, siendo por lo mismo determinante ese sustrato fáctico que se esgrime para adoptar medidas cautelares urgentes por esta Corte, para evitar que se sigan repitiendo hechos de similar naturaleza. Como lo alegan los recurrentes, existe un serio e inminente riesgo que se sigan repitiendo esos actos ilegales y arbitrarios que enfrentarán quienes, siendo alumnos y alumnas de Universidades chilenas, y haciendo uso del derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas, consagrado en el artículo 19 N°13 de la Constitución Política de la República, marcharán el día 12 de noviembre de 2019, y muy plausiblemente en marchas a las que se llame en días inmediatamente posteriores y sucesivos, como ha venido ocurriendo.

2).- Que, en efecto, la recurrida no ha hecho cargo de la multiplicidad de hechos que se le imputan -los que en el presente caso se documentan y acreditan con antecedentes que se reproducen y acompañan en el recurso- sino que se ha limitado a realizar alegaciones formales, asilándose sólo en lo que disponen diversos cuerpos normativos, cuyo contenido no se ha cuestionado por los recurrentes, sino que su cumplimento efectivo por parte de la fuerza pública, señalando el recurso como fundamento fáctico, entre otros, el siguiente:

“En el curso de las manifestaciones anteriores generadas en Chile desde finales de octubre de 2019, incluyendo las pacíficas, se encuentra documentado por el INDH que a lo menos 197 personas han sido afectadas por heridas oculares o graves mutilaciones en sus ojos (201, según otras versiones, como la del Colegio Médico de Chile), como resultado de disparos directos efectuados por parte de tales funcionarios al rostro de esas personas –a lo que se agregan graves afectaciones físicas por disparos al resto de su cuerpo como brazos, espalda, torso, cara– según dan cuenta además variados testimonios que se han acumulado en estos días y que se conocen públicamente.

La prensa nacional y extranjera ha sido profusa en evidenciar cómo diversas personas que han estado ejerciendo su derecho de reunión y de expresión en manifestaciones pacíficas han sido apuntadas directamente hacia sus rostros por personal de Carabineros, con el directo resultado de dañarles o mutilarles uno de sus ojos o incluso ambos. Lo que han reconocido, por lo demás, altos funcionarios del gobierno. Así, el propio Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich expresó que “el número de personas con lesiones oculares es brutal. Carabineros tiene que restringir el uso de las armas antidisturbios”.

Por su parte, la cadena de noticias británica BBC ha dado cuenta de que el número de lesiones oculares alcanzado en las últimas dos semanas en Chile no tiene precedentes a nivel mundial. En términos estadísticos, ese medio de prensa se remitió a un estudio llevado a cabo por las Universidad de California, Emory y otros organismos de Salud en los Estados Unidos, que analizaron la información recopilada entre 1990 y 2017 en siete regiones del mundo, dando cuenta de 261 casos de pérdidas oculares para todo ese período de 27 años, lo que representa menos del doble de los 197 casos ocurridos en nuestro país en menos de un mes. Por su parte, The Dispatch, de The New York Times habla directamente sobre mutilaciones, titulando la noticia “La policía en Chile está provocando la ceguera de los protestantes”. En el video, el corresponsal entrevista a varios afectados y a profesionales de la salud que dan cuenta de la cantidad de lesiones que han debido atender en las últimas semanas, explicitando que los disparos a la cara en muchos casos han sido efectuados sin provocación alguna y como primer recurso. En el mismo sentido, la publicación del sitio web Interferencia27, de fecha 25 de octubre 2019, documenta decenas de heridos oculares desde el estallido social, destacando además que en más del 50% de los casos ello se ha traducido en una pérdida total de visión en uno de los ojos de los afectados. El doctor nombre reservado, del Colegio Médico, señala que la mayor concentración de los afectados se encuentra en un rango de edad de entre 20 y 30 años A modo ilustrativo de la amenaza y de su carácter cierto y fundado, refieren los siguientes casos, de los que ha dado cuenta la prensa escrita: (i) don nombre reservado, estudiante de topografía, quien al caminar por Vicuña Mackenna en dirección a Plaza Italia, recibió el impacto de un perdigón directo en el ojo que le provocó trauma ocular; (ii) don nombre reservado, quien iba cruzando el Parque Bustamante y recibió un disparo de Carabineros en el ojo; (iii) don nombre reservado, estudiante de educación media, quien se encontraba en el sector aledaño al Teatro de la Universidad de Chile cuando recibió un perdigón en el ojo; (iv) don nombre reservado, camarógrafo del canal de televisión Mega, quien se encontraba en Manquimávida reporteando sobre los hechos de la jornada, cuando recibió un disparo de balín en el ojo; (v) una víctima no identificada, quien se encontraba en una manifestación pacífica cuando recibió un disparo de perdigón por parte de Carabineros, tras lo cual fue aprehendida y recibió burlas sobre su eventual ceguera; (vi) don nombre reservado, quien se encontraba manifestándose cuando un Carabinero le disparó un perdigón a menos de 15 metros de distancia, directo a su cara, provocándole lesiones oculares graves; (vii) una víctima no identificada N°2, quien se encontraba manifestándose por el “futuro de sus hijos” cuando recibió un disparo de perdigón, a corta distancia, en su cara. En un sentido similar, la doctora nombre reservado explicó al periódico New York Times las características específicas de los balines utilizados por Carabineros en Chile en los pacientes que ella atendió y las razones del fuerte daño por ellos causados. Por su parte, el doctor nombre reservado describió al mismo medio la “epidemia de trauma ocular” que se está produciendo en nuestro país, que excede con creces el número de víctimas en manifestantes en otros países. Por ello, la calificó como una “catástrofe de derechos humanos”.

3).- Que, respecto al informe de la recurrida, se limita a dar cuenta de la existencia de normativa, de Protocolos del uso de la fuerza, además de señalar como debería Carabineros utilizar las escopetas, siendo lo único determinante para que esta Corte adopte medidas cautelares, que del sustrato fáctico que reseñan los recurrentes en su libelo, emanan indicios de la existencia de actos –arbitrarios e ilegales-, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Por lo mismo, resulta relevante en lo que atañe al cumplimiento real de dicha normativa, lo que alegó en estrados la abogada Paula Vial, en representación de los y las recurrentes, aludiendo a “lo repentino y sorpresivo de la normativa que se invoca, la que no subsana los hechos que se señalan en el recurso, porque ello se mantiene. El uso de los elementos sigue siendo desproporcionado por Carabineros, incluso en los Protocolos de noviembre de 2019, en que se indicaba teóricamente suspender el arma, que no se cumplió, no existiendo proporción ni legítima defensa, e incluso ya no se habla de una legítima defensa de un funcionario de Carabineros, sino que de un cuartel policial. La naturaleza de la munición utilizada tampoco ha sido subsanada por el Protocolo que se publicó el día de la vista de la causa, lo que no puede ser una página en blanco, para que Carabineros pueda hacer lo que quiera. El nuevo Protocolo no regula la distancia; mientras más cerca se dispare, mayor será el daño. Agregó que la nueva normativa no soluciona les graves lesiones que produce el uso de armas que disparan perdigones, y que incluso en noviembre del año pasado, el Director General de Carabineros determinó la suspensión de este armamento, salvo en casos determinados; sin embargo, en estrados ahora se alega por su abogado, que esa suspensión se extendía hasta la dictación de este nuevo Protocolo; y no obstante ello, tampoco eso fue efectivo, porque pese a esa indicación, sus funcionarios desoyen esa instrucción, y siguen utilizando el armamento, existiendo después de esa fecha más y nuevas personas lesionadas, por lo que esa auto regulación no ha sido efectiva. Si pretendían limitarse hasta el día de la vista de la causa, y este nuevo Protocolo no lo resuelve, porque la nueva regulación no supone una disminución del riesgo, por lo que es deber de la Corte regular a Carabineros, si ellos no han sido capaces de auto regularse.

4).- Que, en lo que respecta a la “pérdida de oportunidad”, se concuerda con los recurrentes que corresponde a otro argumento meramente formal que soslaya el fondo del asunto y la grave vulneración de derechos fundamentales que se denuncian, siendo además una cuestión que tampoco atañe a los afectados, porque toda persona tiene el derecho de acceder a un recurso sencillo y expedito, no siendo atribuible a los recurrentes -sino que a los respectivos órganos del Estado- que siendo ésta una acción cautelar destinada a estos fines, no se resolviera con prontitud ni se adoptaran oportunamente las medidas urgentes que el caso ameritaba. Por lo demás, en el presente recurso se pide se abstenga de usar “escopetas antidisturbios” y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los y las estudiantes recurrentes, no solo aquella que citan con fecha cierta y determinada.

5).- Que, por otro lado, independiente de cualquier defecto meramente formal de que podría adolecer el recurso de protección interpuesto, lo concreto resulta ser que los órganos del Estado estamos obligados a permitir el acceso a la justica de todas las personas a través de un recurso expedito, siendo esta acción constitucional la vía más idónea para reclamar esa protección, cuando ha existido una vulneración de garantías fundamentales imputable a un agente del Estado, para disponer de manera expedita las medidas cautelares reparativas o correctivas que correspondan, por lo que siempre corresponderá que la respectiva Corte de Apelaciones adopte las medidas que considere adecuadas para restablecer el imperio del derecho y la adecuada protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de la República, en este caso, en lo que se refiere a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y la libertad de expresión.

6).- Que, desde este punto de vista, resulta trascendente para el acogimiento de medidas cautelares, el establecimiento de hechos que provienen de la existencia de actos u omisiones ilegales y de indicios suficientes de vulneración de garantías fundamentales, atendida la circunstancia que describen los recurrentes, bajo la cual funda substancialmente su acción constitucional. La primacía de la realidad establecida por los antecedentes aportados por los recurrentes, desborda todas las alegaciones formales que hace la recurrida, resultando atingente a este respecto lo que alegó en estrados la abogada de los y las recurrentes, según se ha expuesto anteriormente.

7).- Que, desde este punto de vista, es posible sostener que lo que se denuncia, no es solo la inexistencia de una normativa que obligue al Estado y sus agentes a respetar los derechos fundamentales de todas las personas, aun cuando formalmente en su texto los Protocolos se conformen al estándar del derecho internacional humanitario; ni tampoco se reclama un error de interpretación dogmático de la legislación o de esos Protocolos vigentes; ni que la utilización de armas no letales se encuentre excepcionalmente permitida bajo ciertos supuestos de legalidad, proporcionalidad y progresión, y sólo para los casos de legítima defensa personal, sino que sustancialmente se reclama la falta de una aplicación práctica y adecuada por parte de personal de Carabineros de Chile, de esos Protocolos que regulan su actuar en las manifestaciones públicas, cuando deben cumplir su obligación de mantener el orden público. Por lo tanto, no basta que los agentes del Estado se limiten a citar esos Protocolos y/o normas que reconocen derechos y garantías en favor de las personas, sino que están obligados a justificar ante esta Corte, que efectiva y realmente los conocen y han dado cumplimiento a ellos, lo que no es posible establecer en este caso con lo que se ha informado, atendida la multiplicidad de hechos y su progresividad temporal, según se da cuenta en este y en los restantes recursos de protección que se han alegado de manera sucesiva en la vista de la causa, todo lo cual desvirtúa las alegaciones formales que realiza la recurrida en su informe.

8).- Que, es bajo ese estándar normativo, que la obligación de cuidado de la integridad de las personas que participan en una manifestación pública, corresponde cumplirla a las autoridades superiores encargadas del orden público, correspondiendo al recurrido General Director de Carabineros al informar este recurso, haber justificado que ha empleado la diligencia debida en cuanto jefe superior del servicio, respecto al cumplimiento de esa legislación que regula la materia por parte del personal a su cargo, disponiendo la realización oportuna de las debidas inducciones a ellos; o justificar que adoptó otra medida similar y adecuada, para verificar que Carabineros que interviene en la mantención del orden durante una manifestación pública, antes de recibir una escopeta antidisturbios o alguno de los disuasivos químicos, efectiva y realmente ha comprendido y conocido -por su asistencia a algún curso certificado e impartido por alguna institución de educación independiente y otra forma que permita acreditarlo-, el contenido y las exigencias que le imponen los Protocolos de actuación, los principios que los informan, la mejor forma de ejecutar de manera práctica esas normas, y las consecuencias que podrían generarle el no acatarlos.

9).- Que, en la vista de este recurso, se han alegado catorce recursos de protección sobre esa materia, uno en post de otro, los que han sido interpuesto por múltiples personas, organizaciones e instituciones, siendo común en todos ellos, el sustrato fáctico referido a la gran cantidad de personas lesionadas y mutiladas en sus ojos, sustrato fáctico que ha sido puesto en conocimiento de esta Corte para que adopte las medidas cautelares adecuadas, precisamente para evitar que se vuelvan a repetir, siendo un antecedente relevante la progresividad en el aumento de casos al no disponerse orden de no innovar, señalándose ejemplos de Cortes que sí las decretaron, en que el efecto fue diferente al haberse accedido a ellas.

10).- Que, en algunos de estos catorce recursos que se han visto uno en post de otros, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha pretendido desligarse de responsabilidad, deslizándola hacia el Director General de Carabineros, al alegar que su parte dispuso de aquellas medidas que estaban dentro de sus facultades al haber dictado el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018 y otros posteriores, uno de los cuales se publicó el mismo día de la vista de la causa, por el cual dispuso los lineamientos generales y perentorios que debían considerarse para el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, lo que se refuerza con lo que dispuesto en el artículo 2° del citado Decreto Supremo, en orden a que Carabineros debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes. Por consiguiente, es posible señalar que establecida y dictada dicha normativa por la autoridad de gobierno competente, efectivamente correspondía que su General Director dispusiera su ejecución, disponiendo que los principios que los informan y la reglamentación que en ellos se contiene, fuese conocida por todos los funcionarios policiales a su cargo, de forma tal que el uso racional de la fuerza se realizara como medida de último recurso, de manera proporcional, y sólo en caso de una legítima defensa, como expresamente lo disponen dichos Protocolos, y no como una forma de disolver una manifestación pública, lo que debió haber explicado y justificado ante esta Corte, lo que no ha hecho, pues su informe es formal y meramente normativo.

11).- Que, en este contexto, constituye un antecedente más a considerar para establecer la responsabilidad del recurrido, lo que alegó en estrados uno de los abogados recurrentes, cuando cita el audio de 13 de noviembre de 2019, en que el General nombre reservado señala que personal a su cargo “tienen todo mi apoyo y respaldo. A nadie voy a dar de baja”; y entre esos mismos antecedentes, es posible asentar una falta de reflexión y conocimiento a dichos Protocolos, porque cuando se transcribe un comunicado de prensa efectuado el día 19 de noviembre por el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, señala que “como una conducta de prudencia” –no porque exista una normativa que lo exija y regula- se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios, “la que sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa”. Sin embargo, como lo alegó en estrados la abogada de los recurrentes, eso no se ha cumplido, porque desde esa fecha siguen habiendo lesionados y mutilados. Existe una gran brecha entre la teoría y la supremacía de la realidad, porque los Protocolos disponen precisamente que las armas antidisturbios sólo se pueden utilizar en caso de legítima defensa, es decir, en caso que un funcionario policial sufra una agresión ilegítima –sin indicar el informe que exista un funcionario en esa circunstancia-, a lo que se agrega la exigencia que no exista otro medio proporcional disponible para repelerla, porque ningún funcionario del Estado, está autorizado para cometer delitos de lesiones gravísimas y mutilaciones, como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (artículo 7 del Estatuto de Roma).

12).- Que, bajo este contexto cobra relevancia para establecer la responsabilidad del recurrido, la alegación que ha realizado el Ministerio del Interior en otros recursos, cuando para deslindar responsabilidad señala que de asumirse “que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no legal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula –que es en definitiva lo que se denuncia en el recurso-, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación nacional y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla”. Lo anterior no es más que un fundamento adicional, para sostener que la autoridad civil alega exención de responsabilidad, por haber dispuesto oportunamente mediante un Decreto Supremo, que Carabineros actualizara sus Protocolos, pero su acatamiento posterior -a los cuales deben sujetarse todos los funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública-, corresponde a una cuestión de ejecución y cumplimiento efectivo que compete a su General Director y a las demás autoridades del orden superior, porque si el personal de Carabineros se aparta de ese contenido y exigencia reglamentaria mínima, se arriesgan a comparecer a justificar su actuar no solo ante esta Corte, sino que también ante la justicia penal, única que en definitiva podrá determinar la responsabilidad que les puede caber en el crimen de mutilación en los ojos de las víctimas que se describen en el presente recurso como heridas oculares de más de 197 personas, y que en las otras causas que se han visto en forma conjunta, se agrega ya exceden las 200.

13).- Que, en consecuencia, existiendo la obligación de ejercer control jerárquico, sin haber justificado ante esta Corte de Apelaciones el señor General Director de Carabineros de Chile en su informe, que efectivamente haya empleado la debida diligencia y cuidado debido para cumplir esta obligación de medio, por las inconductas en que han incurrido los funcionarios de Carabineros bajo su dependencia, es posible establecer que existe responsabilidad en los actos arbitrarios e ilegales que se denuncian en la presente causa, porque no es posible asentar en esta causa, que dicho personal policial esté verdaderamente instruido en la aplicación práctica de esos Protocolos, como tampoco es posible establecer que se manden solos. En ese mismo sentido, lo que informa el recurrido no es concordante con el número de personas lesionadas o mutiladas en sus ojos, en relación a un número similar de agentes del Estado, que se hayan visto obligados a utilizar las armas no letales, como una forma de defenderse de la agresión ilegítima de que fueron objeto por parte de los lesionados; nada indica el informe que se hayan realizado las denuncias correspondientes ante la jurisdicción; tampoco se aclara, si los integrantes de esas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se les han dado cursos sobre derechos humanos y si tienen un efectivo conocimiento que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados; que no es procedente la eximente de obediencia debida, para justificar la comisión de un crimen, por lo que si por ahora no se dan las condiciones para su juzgamiento, podrían ser posteriormente investigados y juzgados, por infringir normas ius cogens, por actos que se enmarcan dentro del estándar que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Redactada por el Ministro señor Muñoz Pardo y la disidencia por su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-173167-2019.