Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, siete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente, con sus respectivos antecedentes, y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de su país de origen con fecha 13 de agosto de 2017, ingresando a Chile por pasos no habilitados el 7 de octubre de 2022. Precisa que el 3 de junio de 2025 acudió a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y que el 3 de julio de 2025 recibió la Resolución Exenta N° NUM000, que tuvo tener por desistida su solicitud fundado en que no reunía los requisitos legales, particularmente por haber mantenido residencia o tránsito en un país diferente sin entregar razones atendibles para no haber solicitado protección, exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, y mantener ingreso al país por paso no habilitado, sin presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 837.

Considera que la medida adoptada vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho que tiene a que se le reconozca su calidad de refugiado, dado que dicha situación le sitúa bajo la hipótesis del artículo 26 N° 1 de la Ley N° 20.430. Adicionalmente, argumenta que no le ha sido otorgada la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la misma ley.

Previas citas legales solicita se acoja la presente acción, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, de 3 de julio de 2025, ordenando la continuación de la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio.

Segundo: Que evacuando informe el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional.

Expone como antecedentes que la recurrente ingresó al país el 6 de octubre de 2022 por paso fronterizo no habilitado y que manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado el 4 de junio de 2025. Señala que fue citada a una entrevista el día 9 de ese mes y año, instancia en la que entregó la información requerida, informándosele por correo electrónico que no era posible dar inicio al procedimiento por no cumplir con requisitos formales, y otorgándosele un plazo de 15 días para subsanar, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud.

Refiere que el 30 de junio de 2025 la extranjera remitió documentación adicional, consistente en una fotocaptura de una comunicación electrónica de PDI, la cual no permitió tener por cumplidos los requisitos, por lo que, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 3 de julio de 2025, se dispuso el desistimiento de la solicitud, sin que la recurrente intentara oportunamente los recursos judiciales y administrativos reservados en dicho acto.

Sostiene que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que ha ceñido su proceder a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que el artículo 26 N° 3 de la Ley N° 20.430 dispone que la solicitante deberá indicar en su petición “Estados por los cuales el requirente ha transitado o en los que ha residido previo a su solicitud en el territorio nacional y las razones por las que, si pudo solicitar refugio, no lo hizo”. Asimismo en el inciso quinto se establece que “la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de siete días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional”. Por su parte el artículo 35 del Decreto N° 837, que establece el reglamento de la Ley N° 20.430, dispone que “los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 bis, habiendo cumplido previamente con lo establecido en el artículo 8°, inciso primero, de este reglamento”. Por su parte, el artículo 8° inciso primero señala que “los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

Quinto: Que no son hechos discutidos que la extranjera salió de su país el 13 d agosto de 2017, que ingresó a Chile por paso no habilitado el 7 de octubre de 2022 y que manifestó ante la autoridad migratoria su intención de acceder a refugio el 3 de junio de 2025.

De esta manera, se concluye que resulta aplicable lo dispuesto en las normas indicadas en el fundamento anterior y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, esta Corte estima que el proceder del recurrido se encuentra debidamente ajustado a las disposiciones tanto de la Ley N° 20.430 como a su Reglamento, atendido que la recurrente no dio cumplimiento a lo requerido en el plazo que le fue concedido, sin que se advierta que la actuación del recurrido sea ilegal o arbitraria, motivo por el cual el presente arbitrio será desestimado.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto en favor de nombre reservado y en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

N°Protección-17300-2025.