Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

Al folio N° 11: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 31 de julio de 2025 comparecen las abogadas Gabriela Hilliger Carrasco e Isadora Castro Zumarán, en representación de nombre reservado y nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra del (SERMIG). Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001, ambas de fecha 01 de julio de 2025, por las cuales la autoridad administrativa tuvo por desistidas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de los recurrentes, acto que estima arbitrario e ilegal y que vulnera las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1 y 2 de La Constitución Política de la República.

Exponen que los recurrentes huyeron de Venezuela en julio de 2024 debido a la persecución política que sufrió nombre reservado, quien fue arrestado arbitrariamente y torturado por la Guardia Nacional, recibiendo posteriormente amenazas.

Ingresaron a Chile por un paso no habilitado el 23 de enero de 2025, autodenunciándose a la PDI y recibiendo notificación de inicio de un proceso sancionatorio de expulsión.

Agregan que el 31 de enero de 2025, dentro de los 6 días hábiles siguientes a su ingreso, presentaron su solicitud de refugio ante el SERMIG y que el 6 de junio de 2025, en una cita en Migraciones, se les informó que faltaban documentos de la PDI y se les dio un plazo de 15 días para subsanar la solicitud. En dicho contexto, alegan que no pudieron cumplir con este plazo debido a demoras de la PDI y falta de asesoría, lo que derivó en las resoluciones impugnadas que declararon desistidas sus solicitudes.

Aducen que las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001 son ilegales y arbitrarias por infringir la Ley N° 20.430, la Ley N° 19.880, tratados internacionales de derechos humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo de 1967), y los principios pro persona y de no devolución. Afirman que se vulneran las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, relativo al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y N°2 de igualdad ante la ley de la Constitución Política de la República, así como los principios de celeridad, imparcialidad y conclusividad de la Ley N° 19.880.

En virtud de lo anterior, solicitan que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las resoluciones impugnadas y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dar curso a su solicitud de refugio, permitiéndoles ingresar al procedimiento contemplado en la Ley de Refugio y su Reglamento.

Segundo: Que con fecha 22 de agosto de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones evacuó informe solicitando el rechazo del recurso.

Funda su actuar en las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido conferidas y que no ha existido acto u omisión ilegal ni arbitrario.

Respecto a los antecedentes de hecho, señala que los recurrentes no registran fecha de ingreso al territorio nacional, lo que implica un ingreso clandestino. Afirma que nombre reservado y nombre reservado manifestaron su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado el 31 de enero de 2025.

El 6 de junio de 2025, en la fecha de la cita para iniciar la solicitud, se les informó mediante Resoluciones Exentas N° NUM002 y N° NUM003 que no era posible dar inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado al no haber cumplido con los requisitos formales establecidos en la Ley 20.430 y su Reglamento, específicamente: a) Exceder el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según el artículo 26 inciso quinto de la ley 20.430. b) Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430, según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la ley 20.430 de 2010.

Por lo que se les otorgó a los recurrentes un plazo de 15 días para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar las faltas indicadas, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, en atención a lo señalado en el artículo 28 bis de la Ley 20.430 y el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Afirma que los recurrentes no remitieron documentación alguna a título de descargos dentro del plazo otorgado. Por lo que mediante Resoluciones Exentas N° NUM001 y N° NUM000 de fecha 01 de julio de 2025, se dispuso el desistimiento de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Argumenta que la Ley N° 21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, modificó la Ley N° 20.430, estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de solicitudes de refugio, incluyendo los plazos mencionados.

Destaca que la presentación a la PDI debe ser dentro de los 10 días siguientes a la infracción migratoria, alegando una razón justificada, establecido en el artículo 6 de la Ley 20.430 y artículos 8, 35 D.S. 837, y la solicitud al Servicio Nacional de Migraciones dentro de los 7 días hábiles desde el ingreso al país, conforme a lo establecido en el artículo 26 Ley 20.430.

Concluye señalando que, al haber excedido los plazos y no haber subsanado las faltas dentro del término concedido, no hay antecedentes objetivos que reflejen un actuar negligente, ilegal o arbitrario por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Tercero: Que la acción constitucional de protección, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto cautelar el libre ejercicio de las garantías y derechos fundamentales que en dicha norma se señalan, frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que los priven, perturben o amenacen.

Su procedencia exige la concurrencia copulativa de dichos requisitos: la existencia de un acto u omisión ilegal (contrario a derecho) o arbitrario (carente de razón, caprichoso o abusivo), y que este acto u omisión cause privación, perturbación o amenaza a alguna de las garantías constitucionales enumeradas en la propia Carta Fundamental.

Cuarto: Que, los actos impugnados por los recurrentes consisten en las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001, ambas de fecha 01 de julio de 2025, dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, que tuvieron por desistidas sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Quinto: Que la controversia principal se centra en la aplicación de los requisitos de formalización y plazos establecidos en la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre Protección de Refugiados, modificada por la Ley N° 21.655, y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 837.

Los recurrentes afirman haber ingresado el 23 de enero de 2025 por paso no habilitado, autodenunciarse el mismo día a la PDI y presentar su solicitud de refugio ante el SERMIG el 31 de enero de 2025, es decir, dentro de los 6 días hábiles siguientes a su ingreso.

Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones sostiene que los recurrentes excedieron los plazos legales y no subsanaron las observaciones realizadas.

Sexto: Que para la adecuada resolución del asunto, es necesario considerar el marco normativo aplicable. La Ley N° 20.430, en su artículo 26, inciso 5°, señala que la solicitud de reconocimiento deberá presentarse en el plazo de 7 días hábiles, contado desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. Asimismo, el numeral 5 del mismo artículo, en concordancia con los artículos 6, 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, establece que, en caso de ingreso irregular, el extranjero deberá presentarse ante la autoridad contralora de fronteras dentro del término de 10 días siguientes a la infracción migratoria, alegando una razón justificada.

Finalmente, el artículo 28 ter de la Ley N° 20.430, en relación con el artículo 31 de la Ley N° 19.880, permite a la autoridad requerir al solicitante subsanar deficiencias en el plazo de quince días hábiles, con el apercibimiento de tener por desistida la solicitud en caso de no hacerlo.

Séptimo: Que de los antecedentes agregados al expediente, y en particular del informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones, consta que los recurrentes, al presentar su solicitud el 31 de enero de 2025, declararon haber ingresado al país el 23 de enero de 2025. Esto implica que la presentación ante el SERMIG se realizó el octavo día desde su ingreso, excediendo el plazo de 7 días hábiles previsto en el artículo 26 de la Ley N° 20.430. Además, el informe del recurrido señala que los recurrentes no presentaron documentación alguna que permitiera dar cuenta del cumplimiento de los plazos establecidos para casos de ingreso por paso no habilitado, como lo son los artículos 8 y 35 del Reglamento de la Ley 20.430; y que ante estas observaciones, el Servicio Nacional de Migraciones, actuando conforme a la Ley N° 20.430 y la Ley N° 19.880, notificó a los recurrentes el 6 de junio de 2025, mediante Resoluciones Exentas N° NUM002 y N° NUM003, sobre las deficiencias formales detectadas y les otorgó un plazo de 15 días para subsanar dichas faltas, bajo expreso apercibimiento de tener por desistidas sus solicitudes.

Sin embargo, los recurrentes no remitieron documentación alguna ni realizaron actuaciones para corregir las observaciones dentro del plazo concedido, siendo dicha omisión la causa directa del desistimiento de sus solicitudes, conforme a lo establecido legalmente.

Octavo: Que, en consecuencia, esta Corte no advierte que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones al declarar desistidas las solicitudes de los recurrentes haya sido arbitraria o ilegal, por cuanto, dicho organismo se limitó a aplicar las disposiciones normativas relativas a los requisitos formales y plazos para las solicitudes de refugio y a las consecuencias de su incumplimiento, habiendo otorgado a los recurrentes la posibilidad de corregir las deficiencias, la cual no fue ejercida.

Por lo tanto, no se configuran los requisitos para acoger la acción constitucional de protección, al no existir un acto u omisión de la autoridad recurrida que carezca de fundamento legal o que sea caprichoso o abusivo, ni que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por las abogadas Gabriela Hilliger Carrasco e Isadora Castro Zumarán, en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-17284-2025.