nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE -VISTA CONJUNTA CON nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen William García Machmar, abogado, Francisco Bustos Bustos, abogado y Ramon Sepúlveda Castillo, abogado, domiciliados en domicilio reservado, por sí y en favor de nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, nombre reservado, administradora, nombre reservado, fotógrafo, nombre reservado, ingeniero, Bethania nombre reservado, cineasta, nombre reservado, fotógrafo, nombre reservado, auxiliar clínica, nombre reservado, anfitriona, nombre reservado, terapeuta ocupacional, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, nombre reservado, empleado, nombre reservado, trabajador, nombre reservado, psicóloga, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, jubilada, nombre reservado, ingeniero, nombre reservado, ingeniera, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, Pady nombre reservado, trabajador, nombre reservado, jubilado, nombre reservado, jubilada, nombre reservado, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, trabajador, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, ingeniera, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, periodista, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, Isidora nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, Isidora nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, Yertiz nombre reservado, analista de calidad, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, auditor de Gestión de calidad, nombre reservado, gerente, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, contadora, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, profesor, nombre reservado, publicista, nombre reservado, enfermera, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, bibliotecaria, nombre reservado, contador auditor, nombre reservado, profesora, Bernardo nombre reservado, ingeniero comercial, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, cesante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, periodista, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, tecnólogo médico, nombre reservado, profesor, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, nombre reservado, estudiante, quienes interponen recurso de protección en contra de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, con el objetivo de impedir el uso de proyectiles de goma (balines) durante las próximas manifestaciones públicas, especialmente la del 12 de noviembre, toda vez que dicho uso, ilegal y arbitrario, amenaza los derechos a la integridad física y psíquica, libertad de reunión y libertad de expresión.

Piden se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de disparar balines y/o perdigones en forma contraria a sus protocolos, causando lesiones gravísimas; se declaren amenazados el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y la libertad de expresión; se ordene a Carabineros de Chile suspender el empleo de los proyectiles “perdigón de goma y supersock”.

Fundan su pretensión cautelar señalando que los recurrentes son ciudadanos que interponen la acción para ejercer la libertad de reunirse y expresar su parecer sobre los problemas que aquejan el país, sin necesidad de autorización previa, pacíficamente, sin temer la mutilación de sus órganos de parte del Estado.

Expone que, planifican asistir a la marcha del 12 de noviembre de 2019 y aclaran que el objeto del recurso no es impugnar las normas reglamentarias y actos administrativos que regulan el uso de la fuerza por parte de Carabineros, sino allanar el camino para el ejercicio de sus derechos constitucionales ante el riesgo, real y plausible, de que sea amagado por el actuar ilegal y arbitrario de Carabineros.

Refieren que, desde el inicio de las manifestaciones sociales el 18 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha reportado el número de personas detenidas y heridas en hospitales y al 10 de noviembre de 2019, se reportaron 2009 personas heridas, de las cuales 42 fueron heridas de bala, 643 fueron heridas por perdigones, 41 por balines y del total, 197 personas presentaban heridas oculares.

Señalan que el día 9 de noviembre de 2019, la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador, hizo público un informe con el registro de pacientes con trauma ocular severo entre el 19 de octubre y 2 de noviembre de 2019, que incluye patologías como herida penetrante ocular (HPO), estallido ocular, contusión ocular del globo ocular y tejido orbitario, entre otros, presentándose 133 pacientes con Trauma Ocular Severo. De ellos un 83,3% corresponde a la Región Metropolitana, cuya causa, en el 80,9% de los casos, la acción de perdigones o balines antidisturbios. Como resultado del impacto de los balines, el informe señala que en un 60,3% de los casos se produjo la ceguera del ojo afectado.

Afirman que el informe de la UTO advierte el peligro para la integridad física de las personas que significa continuar haciendo uso de balines antidisturbios, solicitando expresamente su cese.

Añade que, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, nombre reservado, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos del H. Senado el 5 de noviembre de 2019, quien señaló que tenemos una emergencia sanitaria atendido el número de pacientes atendidos.

Resaltan que, ante estos hechos, el Sistema de Naciones Unidas en Chile llamó al Gobierno a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones y el 10 de noviembre, el INDH emitió un comunicado en el que señaló: “El uso de la fuerza debe ser el último recurso. Por ello el INDH exige terminantemente que se ponga fin al uso indiscriminado de escopetas antimotines. Además, se reitera al Gobierno que instruya a Carabineros de Chile, través del Ministerio del Interior, el respeto irrestricto de los protocolos policiales, lo que no se están observando en las calles”.

Resaltan que, el caso más dramático registrado es el de nombre reservado, estudiante de psicología de 21 años de edad, quien recibió impacto de balines en sus dos ojos y, como consecuencia, perdió totalmente la visión de su ojo izquierdo y probablemente perderá también completamente la visión de su ojo derecho, siendo este es el nivel de peligro al que se encuentran permanentemente expuestos los recurrentes, siendo necesario adoptar medidas tendientes a garantizar el derecho a manifestarse.

Sostienen que que el uso de la fuerza por parte de Carabineros no es autónomo, sino que el ejercicio de la coacción sobre las personas es el resultado de una orden de la autoridad competente y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de normas administrativas, ha regulado las hipótesis en que se puede utilizar la escopeta antimotines en contra de quienes se manifiestan pacíficamente. Entre estas normas destaca el DS N°1364/2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público (Reglamento sobre uso de la fuerza).

Exponen que el artículo 1° del Reglamento establece los lineamientos generales relativos al uso de la fuerza, siendo posible concluir, que el rol de los funcionarios policiales es tanto la protección de la seguridad pública como de los derechos de las personas, prefiriendo el empleo de elementos o la adopción de medidas menos dañinas para lograr sus objetivos. Incluso en reuniones no autorizadas los funcionarios policiales deben evitar el uso excesivo de la fuerza, debiendo dar cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, en materia de derechos humanos.

Explican que por este Reglamento y de acuerdo a las competencias propias del General Director, se dictó en marzo de 2019 la Orden General N°2635, sobre protocolos para el mantenimiento del orden público, instrumento que es la principal regulación del uso de la fuerza, en la medida que tiene criterios generales y el detalle de cada uno de los instrumentos de coacción sobre los individuos, el que reitera los principios reconocidos en los tratados internacionales vigentes en Chile: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad (artículo 1.1) .

Citan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988)”, la que expresa: “[E]stá más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho, en relación a que “ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana”.

Cita el artículo 2.8 del Reglamento en estudio que regula las condiciones para el “empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal)”, en los siguientes términos: “1. El empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros instrumentos tales como, agua, humo gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o carabineros conforme a la circular número 1832 de fecha 1 de marzo del año 2019 el uso de la escopeta antidisturbios corresponde los niveles 4 y 5 agresión activa y agresión activa potencialmente letal la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada ”.

A su vez los niveles 4 y 5 de agresividad están definidos como:

Nivel 4 de agresión activa: El controlado intenta agredir al Carabinero para resistir el control o evadirlo. La amenaza no pone en riesgo vidas. Ejemplo: el controlado cierra sus puños para agredir o intenta golpear al Carabinero con un objeto.

Nivel 5 de agresión activa potencialmente letal: Se realiza un ataque con armas o tácticas lesivas graves o potencialmente letales. Ejemplo: una persona amenaza o agrede a un Carabinero, o a una tercera persona, mediante artes marciales, armas blancas, o armas de fuego.

Concluye que los requisitos para que pueda emplearse la escopeta antidisturbios, son los siguientes:

· Debe tratarse de una manifestación ilícita, esto es, violenta o agresiva.

· Deben haberse agotado los demás medios disuasivos, o · Debe ser necesaria para “evitar un mal mayor”, esto es, un riesgo a la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros.

· Debe existir una “agresión activa” o una “agresión activa potencialmente letal” de parte del destinatario del uso de la fuerza.

Añade que la norma, además, establece que: “3. Se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia entre tirador y la muchedumbre, las características del lugar (Abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.), o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud, lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia de su uso”.

Destacando la finalidad de protección de los derechos de las personas, la normativa administrativa agrega: “4. En el evento que se tomara conocimiento de haber ocasionado una lesión a una persona, se procederá lo antes posible a prestar asistencia al afectado, dar cuenta al Mando y adoptar el procedimiento policial correspondiente, incluyendo, si procediere, la detención del causante de las lesiones, haciendo la respectiva lectura de derechos”.

Concluyen que, la escopeta antidisturbios ha sido empleada de forma desproporcionada desde el 18 de octubre pasado, siendo plausible pensar que se mantendrá su uso en las próximas semanas de haber nuevas manifestaciones, ya que se ha empleado ante reuniones públicas o manifestaciones que no son violentas ni agresivas.

Recuerdan que, conforme al Protocolo, Carabineros de Chile debe actuar diferenciadamente frente a cada individuo, sin tratar a los manifestantes como una “masa”.

Indican que, el propio General nombre reservado el 10 de noviembre pasado, en una conferencia de prensa desde el Palacio de la Moneda dio cuenta de que no se ha utilizado la escopeta antidisturbios siguiendo el protocolo de Carabineros, esto es, no se ha restringido su uso a los casos extremos, previstos en las normas vigentes.

Estiman que la amenaza contra la cual se dirige el recurso constituye un riesgo actual y presente para el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, en cuanto al riesgo cierto de perder el uso, parcial o totalmente, temporal o definitivamente, de al menos uno de los ojos.

Precisan que, las armas “no letales”, producen el riesgo de ocasionar lesiones o muertes con el uso de todo tipo de armas y dispositivos”.

Asimismo, estiman infringida la libertad de reunión si se ejerce en bienes nacionales de uso público, al punto en que interfiere con el libre uso que tienen sobre él, se somete a un sistema de autorización previa, pero tienen el fundado temor de que la escopeta sea utilizada fuera de los casos establecidos en el reglamento respectivo, con el resultado de mutilación ocular.

Finalmente, afirman que la amenaza infringe su derecho a la libre expresión, sin censura previa, por cuanto la manifestación convocada para el 12 de noviembre tiene un carácter político, toda vez que buscan hacer presente su anhelo de transformar la sociedad chilena, a través de las fórmulas democráticas existentes u otras nuevas, pero la amenaza denunciada tiene un efecto paralizante en el ejercicio de dicho derecho, equiparable a una censura previa a nuestro mensaje político.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, los recurrentes acompañaron los siguientes documentos: 1. Decreto Supremo N°1364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; 2. Circular N°1832, de 2019, del General Director de Carabineros de Chile; 3. Orden General N°2635, de 2019, del General Director de Carabineros de Chile; 4. Informe Trauma Ocular de la Unidad de Trauma Ocular, Hospital Salvador, noviembre de 2019; 5. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos; 6. Copia de reportaje en Ciper Chile titulado “Ya en 2012 Informe de Carabineros advirtió que escopetas antidisturbios provocan lesiones letales y estallido ocular”.

Tercero: Que evacua el informe requerido el General Director de Carabineros don nombre reservado, quien solicitó el rechazo del recurso, con costas.

En primer término alega la falta de legitimación activa, fundada en que los abogados comparecientes, por sí y en representación de diversos ciudadanos, han deducido la presente acción de protección, la que no cumple con los requisitos que establece el Auto Acordado sobre “Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, porque esta acción debe ser interpuesta ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se ha cometido el acto u omisión arbitrario o ilegal, pero los recurrentes no especifican en qué lugar ocurrieron las eventuales vulneraciones, solo señalan a grandes rasgos que se habrían verificado en toda la ciudad de Santiago, es decir, más allá de la jurisdicción que el legislador ha entregado a esta Corte.

En cuanto al fondo, precisa que el 18 de octubre pasado, se produjo un estallido social en gran parte del territorio nacional y esa misma noche, en diversos punto de la capital, se incendiaron estaciones del metro y buses de la locomoción colectiva, se produjeron saqueos a supermercados y farmacias, se atacaron y destruyeron instalaciones públicas y otras de carácter estratégico, suscitándose graves alteraciones al orden y la seguridad pública, lo que obligó al Sr. Presidente de la República a decretar, en varias regiones del país, Estado de Emergencia, lo que implicó que las Fuerzas Armadas tomaran el control de los territorios afectados con el propósito de restablecer el orden y la seguridad pública. Sin embargo, aun cuando el 27 de octubre se puso término al Estado de Excepción Constitucional, posteriormente, los actos de vandalismo, la violencia desmedida y las graves alteraciones al orden público se siguen produciendo.

Explica que, el estallido social provocó que muchas personas, a nivel nacional, salieran a las calles demandando reivindicaciones sociales y, aun cuando esas manifestaciones, en principio no contaban con la autorización correspondiente, como eran desarrolladas de forma pacífica, Carabineros de Chile permitió que la ciudadanía se expresara libremente. Sin embargo, grupos de individuos que actuaban con una violencia nunca antes vista, comenzaron a causar graves incidentes que pusieron en riesgo no sólo la integridad física de los manifestantes pacíficos sino también la del personal policial y por ello fue necesario utilizar los elementos disuasivos que consagra el protocolo para el mantenimiento del orden público, especialmente cañón de agua, gases lacrimógenos y la escopeta antidisturbios.

Aclara que el uso de la escopeta antidisturbios, para el control del orden público, actualmente se encuentra suspendida y así se mantendrá mientras no se emitan los informes técnicos que la Institución encargó para determinar el material de la munición que utiliza esa arma de fuego.

Explica que, dentro de las obligaciones de Carabineros de Chile está el resguardo del orden público, como lo dispone el inciso 2° del artículo 101 de la Constitución Política, al señalar que “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Esta atribución, también está consagrada artículo 1°, de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que establece “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

Refiere que, para garantizar y mantener el orden público, la Institución desarrolla acciones de carácter preventivo y otras de mayor intensidad para restablecerlo, cuando ha sido quebrantado y, dependiendo de las circunstancias, se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con elementos que señalan: a) El Decreto Supremo 1.364 de 2018 establece disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público; b) La Circular N°1.832 de 2019, actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza, y; c) La Orden General N°2.635 de 2019, establece los protocolos para el mantenimiento del orden público.

Resalta que, en Carabineros de Chile, el uso de la fuerza se ajusta al estándar internacional que fijan dos instrumentos, a saber, a) el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en su artículo 3° señala que “Los funcionados encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas” y, b) Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en el numeral cuarto de las disposiciones generales, precisa que “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

Expone que, la Orden General N°2635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura a base de cuatro escenarios: a) Resguardo del derecho de manifestación; b) Restablecimiento del orden público; c) Desalojos, y; d) Procedimiento con infractores de ley; además, regula el trabajo con distintos organismos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Luego, el anexo N°1 contempla los elementos que pueden utilizarse para este fin: primaria, Dispositivos, armas y/o munición no letal o menos letal; secundaria, Armas cortas y armas automáticas con munición de arma de puño; terciarias, Armas largas, y; cuarta, Armas de apoyo de alto poder de fuego.

Afirma que, el empleo diferenciado de la fuerza y la gradualidad de la intervención depende del tipo de manifestación, las cuales pueden ser violentas o agresivas, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial. Destaca que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Estos mecanismos, se utilizan bajo los criterios de empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención que la Orden General N°2.635 ha definido, lo que ello supone, un uso progresivo de acuerdo a las circunstancias.

Manifiesta que la escopeta antidisturbios, como ocurre en muchos países del mundo, es un elemento disuasivo que los cuerpos policiales utilizan para el control de muchedumbres y su uso procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y también cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes pacíficos y del personal de Carabineros de Chile, por lo que su empleo no es discrecional, pues se circunscribe a muchedumbres violentas y agresivas.

Resalta que, la Circular N°1.832, establece que este medio está un peldaño antes de las armas de fuego que se ocupan con munición letal, es decir, es considerado un elemento que no pone en riesgo la vida de las personas, pues funciona con un cartucho de 12 mm, que contiene un proyectil con 12 postas de goma endurecida de material de caucho, o bien, con un cartucho de 12 mm súper-Sock que se compone de un saquete o bolso, una tapa de cartón del plano de boca y una vaina.

Hace presente que la contingencia de orden público que vivió el país nunca pudo ser prevista en el actual protocolo, el cual fue creado para el control de muchedumbres en situaciones de normalidad y con un nivel de convocatoria acotado.

Expone que, desde el 18 de octubre hasta el 27 de noviembre pasado, en la Región Metropolitana han ocurrido 1419 eventos, de los cuales 351 han sido desórdenes, 311 saqueos, 214 manifestaciones violentas, 232 daños, 19 cortes de ruta, 144 atentados incendiarios, 116 ataques a cuarteles, 152 vehículos policiales dañados y 32 casos catalogados como otros hechos y han sido detenidas 6281 personas y resultado lesionados 1385 Carabineros, lo que pone en evidencia el nivel de dificultad y agresividad que ha debido afrontar el personal de la Institución.

Precisa que, si bien la escopeta antidisturbios está categorizada como un elemento no letal, eventualmente, podría causar afectación a la integridad física de las personas, pero ello también podría ocurrir con los demás elementos de menor intensidad, como el cañón de agua y el gas lacrimógeno que afecta la vía respiratoria y produce irritación, siendo su uso una reacción que sólo busca restablecer el orden y la seguridad, pero en ningún caso su objetivo es poner en riegos la vida de personas.

Hace hincapié que, la decisión de incrementar el uso de la fuerza llegando incluso hasta la escopeta antidisturbios, en ningún caso podría ser considerado un actuar arbitrario, pues obedece a los criterios de necesidad, progresividad y proporcionalidad que han determinado los instrumentos jurídicos que regulan la materia.

Expone que, si no pudiera utilizarse la escopeta antidisturbios, por aplicación del principio de progresividad, los funcionarios de la Institución estarán autorizados para utilizar sus armas letales, lo que sin duda causaría un peligro real para la vida de las personas.

En cuanto a la supuesta conculcación al derecho a la vida, destaca que el protocolo del uso de la fuerza, regulado en la Orden General N°2635, ha sido concebido para brindar protección a los manifestantes y así está señalado en el Protocolo N°1, donde se indica “Todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la Constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos”, mientras no existan situaciones que afecten la normalidad de la manifestación, Carabineros de Chile no intervendrá y solamente mantendrá un actitud de observación.

Sostiene que la Carta Fundamental establece que las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se rigen por las disposiciones de policía -Decreto Supremo N°1.086 de 1983-, la que establece una serie de requisitos administrativos que los organizadores deben cumplir.

Señala que, Carabineros de Chile está obligado a actuar y a utilizar los elementos disuasivos del protocolo cuando existen manifestaciones ilícitas, violentas o agresivas y cuando se utilizan armas, según consta en las siguientes normas:

- La letra f), del Decreto Supremo N°1086, establece que “Se considera que las reuniones se verifican con armas, cuando los concurrentes lleven palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y, en general, cualquier elemento de naturaleza semejante”, disponiéndose en forma imperativa que la fuerza de Orden y Seguridad Pública debe conminar a los sujetos a entregar esos elementos y si se niegan o se producen situaciones de hecho, la reunión será disuelta.

- El Protocolo N°1 de la Orden General N°2635, señala que las manifestaciones pueden ser lícitas e ilícitas y estas últimas violentas o agresivas. “Es violenta” cuando se contravienen las instrucciones de la autoridad policial y los actos involucren la vulneración de derechos de terceros, como sería la libre circulación por las vías. “Es agresiva”, cuando se generan daños o cuando se agrede intencionalmente a las personas o a la autoridad policial.

- Por todo lo anterior, no puede existir un acto arbitrario o ilegal en el actuar de la Institución, pues en la medida que existan manifestaciones como las descritas, se encuentra legalmente facultado para hacer uso de la fuerza, la que se ejerce sobre la base de criterios de necesidad, proporcionalidad y progresividad.

Finalmente, en sus conclusiones, cita sentencias dictadas por esta Corte y la de Temuco.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, como primera cuestión hay que precisar que la acción deducida en parte alguna explica cómo se ha amenazado, perturbado o conculcado las garantías constitucionales denunciadas por los recurrentes, desde que no se explica de qué forma, los presuntos actores, detentan el carácter de afectados por los hechos que denuncian, ni tampoco se explicita pormenorizadamente la relación de causalidad entre los dañinos efectos de los hechos denunciados en relación con sus personas.

Más bien, el presente recurso reviste la naturaleza jurídica de una verdadera acción popular, intentada por personas que no justifican ningún derecho cierto y determinado que se encuentra afectado con las denuncias realizadas en estos autos. En efecto, no existe ni un párrafo del libelo de protección que establezca que los recurrentes hayan sido afectados personal y directamente con los hechos que denuncian, sino que han actuado de manera genérica, haciendo presente los aislados hechos delictivos provocados por personal policial actualmente investigado, que ocurrieron con ocasión de las protestas callejeras suscitadas a partir del 18 de octubre del año recién pasado, en la cual, un determinado grupo de individuos actuó con una violencia inusitada provocando, lo que generó en ciertos y lamentables eventos, una reacción desmedida por parte de efectivos del personal policial, que podrían ser constitutivos de diversos delitos.

Sin embargo, ninguno de esos actos ilícitos afectó directamente a ninguno de los recurrentes y sostener que esos hechos aislados constituirían un actuar sistemático de la policía que, eventualmente podría afectarles, es una afirmación que no se explica de forma alguna en el recurso, al no existir evidencia de un ataque de esas características en protestas realmente pacíficas.

De lo anterior, fluye que afecta a todos los recurrentes la falta de perjuicio, amenaza o perturbación en los derechos por los cuales recurren, careciendo, por tanto, de legitimación activa para deducir la presente acción y ha sido la Excma. Corte Suprema la que ha sentado uniforme doctrina en este sentido, indicando que el recurso de protección no es de acción popular, sino que el recurrente debe sufrir o padecer algún perjuicio para poder deducirlo legalmente.

Séptimo: Que, siendo las razones esgrimidas en el motivo anterior más que suficientes para desestimar la presente acción, existe otro argumento que también motiva el rechazo de la presente acción y dice relación con la pérdida de toda oportunidad de la presente acción constitucional, tanto desde un punto de vista fáctico, como jurídico.

En lo fáctico, el recurso reclama la adopción de medidas tendientes a resguardar a los actores en su participación en la marcha de 12 de noviembre de 2019, fecha que ya ocurrió y en que ningún perjuicio efectivo experimentó ninguno de los recurrentes al no haberse dado cuenta de ello en estos autos, ni tampoco se ha acreditado algún perjuicio real en fechas posteriores derivados de los hechos que denuncian, motivo por el cual esta Corte no tendría ninguna medida que adoptar a ese respecto.

Desde el punto de vista jurídico y motivado, precisamente, por el empleo de las escopetas antidisturbios por parte de personal de Carabineros para disipar a los manifestantes y que, en su uso, no se observaron los protocolos vigentes a esa fecha, dicha actuación irregular no sólo motivó la interposición por parte del Instituto de Derechos Humanos de las querellas respectivas (2499), sino que provocó las investigaciones a cargo del Ministerio Público de las cuales, a nivel nacional, hay 28 causas formalizadas, 68 personas imputadas: 64 funcionarios de Carabineros y 4 de las Fuerzas Armadas (3 militares y 1 miembro de la Infantería Marina) (Dato obtenido el 17 de septiembre de 2020 en https://www.indh.cl/balance-indh-a-11-meses-del-18-o-2499-querellas-y-28-causas-formalizadas/).

No obstante lo anterior, dicho anómalo actuar provocado en casos determinados, propició que Carabineros de Chile modificase el protocolo para el mantenimiento del orden público y actualizó el protocolo 2.8 sobre Empleo de Escopeta Antidisturbios, fundado, como se señala en la letra h) de lo resolutivo del referido protocolo, en “(…) las observaciones generales y recomendaciones específicas recibidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y del área temática de Seguridad Pública del COSOC de la Subsecretaría del Interior, como representantes de la sociedad civil, y a los procesos de capacitación y perfeccionando que conjuntamente ha desarrollado la Institución con el Ministro del Interior y Seguridad Pública”.

En este punto, en el nuevo instrumento reglamentario se estableció que: “El empleo de la escopeta antidisturbios será preferentemente defensivo, sobre todo para aquellos casos en que se persiga evitar o repeler agresiones contra la integridad física de manifestantes, otras personas o Carabineros o sus cuarteles especialmente si éstas se efectúan con armas de fuego, y deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios, cuando el efecto de otros elementos menos lesivos, tales como agua, gases y otros resulten o puedan resultar insuficientes para los fines previamente señalados o la aplicación de éstos no fuere posible para el caso específico.

Conforme a la Circular N° 1832, de fecha 01 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5, “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada. Si al funcionario le constare que la persona contra quien se tuviera que utilizar el arma fuere un niño, niña o adolescente, una mujer embarazada, un adulto mayor o una persona notoriamente con problemas de salud o discapacidad, sólo podrá utilizarla en el nivel 5”.

Un aspecto importante que incorpora el protocolo dice relación con el uso de determinados cartuchos en la escopeta, al indicarse que: “Previo a su uso, deberá verificar que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, de conformidad a la normativa vigente, y que se encuentran en condiciones de ser utilizados, debiendo tratarse de munición con proyectiles menos letales, tales como perdigones de goma u otros”.

Para el resguardo del personal policial y poder contar con elementos de prueba que demuestren que el uso de la escopeta se motiva por situaciones violentas que atenten contra su vida, el actual protocolo exige que: “Todo el personal que emplee escopeta antidisturbios deberá contar con una videocámara corporal, debiendo entregar sus registros al finalizar su servicio para su resguardo y archivo”.

Se impone, además, como obligación al funcionario policial en el empleo de la escopeta que: “(…) deberá considerar en todo momento las circunstancias de cada caso específico, especialmente aspectos tales como la distancia entre el tirador con el o los sujetos cuya agresión se intenta repeler o evitar, la presencia de otras personas ajenas al hecho, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.), o si le constare que entre los sujetos participantes hubiere niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, o personas notoriamente con problemas de salud o discapacidad, lo anterior con la finalidad de evaluar la conveniencia de su uso (…)”.

En cuanto al daño posible de ocasionar con el uso del armamento en estudio, se ha establecido que: “Si, considerando todas las circunstancias previamente señaladas el funcionario policial debiese usar la escopeta antidisturbios para repeler o evitar un ataque, lo hará intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler. En particular, deberá por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen, al igual que apuntar a una superficie para impactar por rebote, salvo que la gravedad de la acción y la necesidad de inmediatez de su actuar no lo permita”.

Octavo: Que, conforme con el instrumento analizado previamente, dictado el 14 de julio de 2020 por Carabineros de Chile, precisamente, a sugerencia del Instituto de Derechos Humanos y otros organismos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía, se ha restringido el uso de la referida escopeta para casos eminentemente defensivos y no disuasivos, cuando existan agresiones contra la integridad física de terceros o del propio personal de Carabineros y con todas las limitaciones y exigencias ya estudiadas, decisión que, también hace perder oportunidad el recurso intentado, al haberse adoptado las medidas por parte de la autoridad policial, tendientes a resguardar la vida de las personas y evitar, con ello, la provocación de daños a terceros.

Noveno: Que, no puede perderse de vista que las manifestaciones ocurridas en el país fueron de una violencia y entidad inusitada, que no fue posible de prever por parte de las autoridades administrativas y policiales respectivas, ya que los antiguos protocolos no estaban diseñados para enfrentar la violencia de los desmanes, la destrucción a la propiedad pública y privada, los saqueos y en general, un actuar antijurídico desmedido y, es por ello que, ante el uso irregular del armamento de fuego, es que se están substanciando las investigaciones pertinentes, a fin de determinar la comisión de eventuales delitos en el errado ejercicio de la función policial respectiva.

No obstante el lamentable desenlace que determinados sujetos sufrieron con el actuar policial cuestionado, estos hechos no tienen la virtud de sustraer el uso de la fuerza legítima en los agentes que la sociedad, el constituyente y el estado de derecho han acordado radicar.

En este punto, no puede perderse de vista que el “Poder”, en tanto atributo del Estado, es una fuerza al servicio de una idea. Una fuerza nacida de la voluntad social preponderante, destinado a conducir al grupo hacia un orden social que estima benéfico y, llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que dicha búsqueda impone (V. Burdeau, George, Método de la ciencia política, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1964, p. 188).

El poder estatal representa, precisamente, el factor permanente de cohesión social y en este punto no puede pretenderse sustraer, por medio de la presente acción cautelar, el uso de la fuerza legítima a los agentes del Estado que, constitucional y legalmente, están llamado a resguardar el orden público social e institucional.

El lamentable desenlace en actos violentos por parte de algunos ciudadanos no puede ser una justificación para impedir el uso del armamento propio de los organismos policiales, menos cuando dichos cuerpos policiales han reglado y ajustado sus protocolos de acuerdo a los estándares internacionales de las policías, respetando las garantías fundamentales de todo sujeto de derecho, situación que incluso se endureció más, con el dictado de la Orden General N°2780, de 14 de julio de 2020, que actualizó el protocolo del uso de la escopeta antidisturbios.

Décimo: Que, en consecuencia, por todo lo antes razonado, es que la presente acción no puede prosperar y debe ser desestimada, tanto por no ser la vía idónea para la solución de acciones de índole popular, como por haber perdido toda oportunidad la acción intentada.

Por estas consideraciones, normas legales y reglamentarias citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los recurrentes individualizados en el motivo primero, en contra de Carabineros de Chile.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue de opinión de acoger las peticiones del recurso de protección N° 172.790-2019 deducido por todos y cada uno de los numerosos ciudadanos que se individualizan anteriormente, en contra de nombre reservado, en su calidad de General Director de Carabineros de Chile, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del acto atribuible a él en su calidad de tal y de funcionarios de Carabineros de Chile que se encuentran bajo su dependencia, al disparar de manera sistemática e indiscriminada balines y/o perdigones, sin haber cumplido los Protocolos, causando lesiones graves y mutilaciones a las personas; declarar también la amenaza para los derechos constitucionales de los recurrentes, en lo que se refiere a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y la libertad de expresión; ordenar a Carabineros de Chile suspender el empleo de los proyectiles “perdigones” y en general, los de similares características, cualquiera sea su denominación, que tengan los mismos efectos; y entre las otras providencias que se solicitan, disponer que tanto el recurrido como el personal a su cargo, realice cursos de inducción sobre Derechos Humanos, ante una Universidad o entidad independiente de su institución, considerando para ello lo siguiente:

1).- Que, atendidos los hechos en que se funda el recurso, respecto de lo cual la recurrida no ha dado una respuesta adecuada sobre los fundamentos de las medidas y su proporcionalidad, o las razones para no dar cumplimiento real y efectivo a los Protocolos sobre el uso de la fuerza, limitándose a citar la normativa aplicable respecto a la cual siempre estará obligada a cumplir, es posible sostener la existencia de actos arbitrarios e ilegales, siendo determinante el sustrato fáctico que se esgrime para adoptar medidas cautelares urgentes por esta Corte, para evitar que se sigan repitiendo hechos de similar naturaleza.

2).- Que, en efecto, la recurrida no ha hecho cargo de la multiplicidad de hechos que se imputan, sino que se ha limitado a realizar alegaciones formales, además de asilarse en lo que disponen diversos cuerpos normativos, cuyo contenido no se ha cuestionado, sino que su cumplimento efectivo por parte de la fuerza pública, siendo éstos los siguientes: “Desde el inicio de las manifestaciones sociales el día 18 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha reportado el número de personas detenidas, y heridas en hospitales. Al día 10 de noviembre de 2019, se reportaron 2.009 personas heridas, de las cuales 42 fueron heridas de bala, 643 fueron heridas por perdigones y 41 por balines. Del total, 197 personas presentaban heridas oculares. El día nueve de noviembre de 2019, la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador, que corresponde al centro de derivación de trauma ocular a nivel nacional, es decir, un organismo especializado, ha hecho público un informe con el registro de pacientes con trauma ocular severo entre los 1 días 19 de octubre y 2 de noviembre de 2019. Como detalla el informe, el trauma ocular grave incluye 2 patologías como la Herida Penetrante Ocular (HPO), Estallido Ocular, la contusión ocular del globo ocular y tejido orbitario, entre otros. Respecto del número de afectados por lesiones de esta naturaleza, el informe fija con claridad un hito en el inicio de las manifestaciones sociales en el país: “Desde el 19 de octubre del 2019, de manera paralela al decreto de Estado de Emergencia, se genera un aumento exponencial de los casos de trauma ocular”. Así, da cuenta de que desde el 19 al 02 de noviembre se presentaron 133 pacientes con Trauma Ocular Severo. De ellos un 83,3 corresponde a la Región Metropolitana. El informe señala que en el 80,9% de los casos se identificó como mecanismo de acción el impacto de perdigones o balines antidisturbios. Como resultado del impacto de los balines, 4 el informe señala en un 60,3% de los casos se produjo la ceguera del ojo afectado. El informe da cuenta de que los balines extraídos de los pacientes son de aproximadamente 8 milímetros de diámetros, de color negro y que impresionan ser de goma a primera vista. Sin embargo, el informe señala que, realizados los exámenes correspondientes, se ha constatado que los balines tienen densidad metálica, a lo que se añade que los pacientes han señalado que los disparos se han efectuado a una distancia inferior a diez metros y apuntando directamente hacia la zona de la cabeza, en contravención a las instrucciones del fabricante y a los protocolos policiales. El informe de la UTO advierten expresamente el peligro para la integridad física de las personas que significa continuar haciendo uso de balines antidisturbios, solicitando expresamente su cese: “Por todo lo expuesto, se solicita el cese inmediato de uso de balines como mecanismos antidisturbios por no ser un método seguro. Si se siguen ocupando estas armas, los casos de pacientes ciegos por trauma ocular seguirán aumentando, conllevando un daño físico, social y emocional irreparable”. Por su parte, el Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, nombre reservado, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos del H. Senado el día 5 de noviembre de 2019, donde señaló: “Cuando evaluamos esto a nivel internacional, haciendo una revisión exhaustiva del número de casos de pacientes que han perdido el globo ocular por uso de armas no letales, el número es también muy alarmante y lideramos, tristemente, esta cifra. A nivel internacional, haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflicto, y estoy incluyendo Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros, en total, son más de 1900 lesionados por balines, y de ellos 300, tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas. Por lo tanto, acá tenemos claramente una emergencia sanitaria”.

3).- Que, respecto al informe de la recurrida, específicamente a la “falta de legitimidad activa y jurisdiccional” que alega, se funda en que no se indica en qué lugar sucedieron los hechos, lo que carece de trascendencia si se considera la gran cantidad de hechos y personas lesionadas o mutiladas que se aluden en esta acción cautelar, lo que naturalmente dificulta a los recurrentes identificarlos y situarlos en determinado lugar, siendo lo único determinante para que esta Corte adopte medidas cautelares, que de ese sustrato fáctico emanan indicios de la existencia de actos –arbitrarios e ilegales-, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque.

4).- Que, en lo que respecta a la “pérdida de oportunidad”, se concuerda con los recurrentes que corresponde a otro argumento meramente formal que soslaya el fondo del asunto y la grave vulneración de derechos fundamentales que se denuncian, siendo además una cuestión que tampoco atañe a los afectados, porque toda persona tiene el derecho de acceder a un recurso sencillo y expedito, no siendo atribuible a los recurrentes -sino que a los respectivos órganos del Estado- que siendo ésta una acción cautelar destinada a estos fines, no se resolviera con prontitud ni se adoptaran oportunamente las medidas urgentes que el caso ameritaba.

5).- Que, por otro lado, independiente de cualquier defecto meramente formal de que podría adolecer el recurso de protección interpuesto -o que algunas peticiones se refieran a políticas públicas-, lo concreto resulta ser que los órganos del Estado estamos obligados a permitir el acceso a la justica de todas las personas a través de un recurso expedito, siendo esta acción constitucional la vía más idónea para reclamar esa protección, cuando ha existido una vulneración de garantías fundamentales imputable a un agente del Estado, para disponer de manera expedita las medidas cautelares reparativas o correctivas que correspondan, por lo que siempre corresponderá que la respectiva Corte de Apelaciones adopte las medidas que considere adecuadas para restablecer el imperio del derecho y la adecuada protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de la República, en este caso, en lo que se refiere a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y la libertad de expresión.

6).- Que, desde este punto de vista, resulta trascendente para el acogimiento de medidas cautelares, el establecimiento de hechos que provienen de la existencia de actos u omisiones ilegales y de indicios suficientes de vulneración de garantías fundamentales, atendida la circunstancia que describen los recurrentes, bajo la cual funda substancialmente su acción constitucional, independiente que alguna de sus pretensiones y peticiones se desvinculen de ese sustrato fáctico. La primacía de la realidad establecida por los antecedentes aportados por los recurrentes, desborda todas las alegaciones formales que hace la recurrida, resultando atingente a este respecto lo que alegó en estrados el abogado de los recurrentes, que “el papel aguanta todo; existe un Protocolo, y después de algunos hechos se publicó uno nuevo, pero siguen habiendo lesionados”.

7).- Que, desde este punto de vista, es posible sostener que lo que se denuncia, no es solo la inexistencia de una normativa que obligue al Estado y sus agentes a respetar los derechos fundamentales de todas las personas, aun cuando formalmente en su texto los Protocolos se conformen al estándar del derecho internacional humanitario; ni tampoco se reclama un error de interpretación dogmático de la legislación o de esos Protocolos vigentes; ni que la utilización de armas no letales se encuentre excepcionalmente permitida bajo ciertos supuestos de legalidad, proporcionalidad y progresión, y sólo para los casos de legítima defensa personal, sino que sustancialmente se reclama la falta de una aplicación práctica y adecuada por parte de personal de Carabineros de Chile, de esos Protocolos que regulan su actuar en las manifestaciones públicas, cuando deben cumplir su obligación de mantener el orden público. Por lo tanto, no basta que los agentes del Estado se limiten a citar esos Protocolos y/o normas que reconocen derechos y garantías en favor de las personas, sino que están obligados a justificar ante esta Corte, que efectiva y realmente los conocen y han dado cumplimiento a ellos, lo que no es posible establecer en este caso con lo que se ha informado, atendida la multiplicidad de hechos y su progresividad temporal, según se da cuenta en este y en los restantes recursos de protección que se han alegado de manera sucesiva en la vista de la causa, todo lo cual desvirtúa las alegaciones formales que realiza la recurrida en su informe.

8).- Que, es bajo ese estándar normativo, que la obligación de cuidado de la integridad de las personas que participan en una manifestación pública, corresponde cumplirla a las autoridades superiores encargadas del orden público, correspondiendo al recurrido General Director de Carabineros al informar este recurso, haber justificado que ha empleado la diligencia debida en cuanto jefe superior del servicio, respecto al cumplimiento de esa legislación que regula la materia por parte del personal a su cargo, disponiendo la realización oportuna de las debidas inducciones a ellos; o justificar que adoptó otra medida similar y adecuada, para verificar que Carabineros que interviene en la mantención del orden durante una manifestación pública, antes de recibir una escopeta antidisturbios o alguno de los disuasivos químicos, efectiva y realmente ha comprendido y conocido -por su asistencia a algún curso certificado e impartido por alguna institución de educación independiente y otra forma que permita acreditarlo-, el contenido y las exigencias que le imponen los Protocolos de actuación, los principios que los informan, la mejor forma de ejecutar de manera práctica esas normas, y las consecuencias que podrían generarle el no acatarlos.

9).- Que, en la vista de este recurso, se han alegado catorce recursos de protección sobre esa materia, uno en post de otro, los que han sido interpuesto por múltiples personas, organizaciones e instituciones, siendo común en todos ellos, el sustrato fáctico referido a la gran cantidad de personas lesionadas y mutiladas en sus ojos, sustrato fáctico que ha sido puesto en conocimiento de esta Corte para que adopte las medidas cautelares adecuadas, precisamente para evitar que se vuelvan a repetir, siendo un antecedente relevante la progresividad en el aumento de casos al no disponerse orden de no innovar, señalándose ejemplos de Cortes que sí las decretaron, en que el efecto fue diferente al haberse accedido a ellas.

10).- Que, en algunos de estos catorce recursos que se han visto uno en post de otros, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha pretendido desligarse de responsabilidad, deslizándola hacia el Director General de Carabineros, al alegar que su parte dispuso de aquellas medidas que estaban dentro de sus facultades al haber dictado el Decreto Supremo N° 1.364, de 13 de noviembre de 2018 y otros posteriores, uno de los cuales se publicó el mismo día de la vista de la causa, por el cual dispuso los lineamientos generales y perentorios que debían considerarse para el uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, lo que se refuerza con lo que dispuesto en el artículo 2° del citado Decreto Supremo, en orden a que Carabineros debía revisar y actualizar sus protocolos de actuación vigentes. Por consiguiente, es posible señalar que establecida y dictada dicha normativa por la autoridad de gobierno competente, efectivamente correspondía que su General Director dispusiera su ejecución, disponiendo que los principios que los informan y la reglamentación que en ellos se contiene, fuese conocida por todos los funcionarios policiales a su cargo, de forma tal que el uso racional de la fuerza se realizara como medida de último recurso, de manera proporcional, y sólo en caso de una legítima defensa, como expresamente lo disponen dichos Protocolos, y no como una forma de disolver una manifestación pública, lo que debió haber explicado y justificado ante esta Corte, lo que no ha hecho, pues su informe es formal y meramente normativo.

11).- Que, en este contexto, constituye un antecedente más a considerar para establecer la responsabilidad del recurrido, lo que alegó en estrados el abogado de los recurrentes, cuando cita el audio de 13 de noviembre de 2019, en que el General nombre reservado señala que personal a su cargo “tienen todo mi apoyo y respaldo. A nadie voy a dar de baja”; y entre esos mismos antecedentes, es posible asentar una falta de reflexión y conocimiento a dichos Protocolos, porque cuando se transcribe un comunicado de prensa efectuado el día 19 de noviembre por el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, señala que “como una conducta de prudencia” –no porque exista una normativa que lo exija y regula- se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios, “la que sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa”. Sin embargo, como lo alegó en estrados el abogado de los recurrentes, eso no se ha cumplido, porque desde esa fecha siguen habiendo lesionados y mutilados. Existe una gran brecha entre la teoría y la supremacía de la realidad, porque los Protocolos disponen precisamente que las armas antidisturbios sólo se pueden utilizar en caso de legítima defensa, es decir, en caso que un funcionario policial sufra una agresión ilegítima –sin indicar el informe que exista un funcionario en esa circunstancia-, a lo que se agrega la exigencia que no exista otro medio proporcional disponible para repelerla, porque ningún funcionario del Estado, está autorizado para cometer delitos de lesiones gravísimas y mutilaciones, como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (artículo 7 del Estatuto de Roma).

12).- Que, bajo este contexto cobra relevancia para establecer la responsabilidad del recurrido, la alegación que ha realizado el Ministerio del Interior en otros recursos, cuando para deslindar responsabilidad señala que de asumirse “que funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública utilizaron el armamento no legal de que disponen en contravención a la normativa que lo regula –que es en definitiva lo que se denuncia en el recurso-, causando lesiones a las personas, evidentemente, esos hechos importarían la comisión de ilícitos cuya sanción debe ser perseguida por las vías establecidas en la legislación nacional y con arreglo a las normas procedimentales que ella misma contempla”. Lo anterior no es más que un fundamento adicional, para sostener que la autoridad civil alega exención de responsabilidad, por haber dispuesto oportunamente mediante un Decreto Supremo, que Carabineros actualizara sus Protocolos, pero su acatamiento posterior -a los cuales deben sujetarse todos los funcionarios integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública-, corresponde a una cuestión de ejecución y cumplimiento efectivo que compete a su General Director y a las demás autoridades del orden superior, porque si el personal de Carabineros se aparta de ese contenido y exigencia reglamentaria mínima, se arriesgan a comparecer a justificar su actuar no solo ante esta Corte, sino que también ante la justicia penal, única que en definitiva podrá determinar la responsabilidad que les puede caber en el crimen de mutilación en los ojos de las víctimas que se describen en el presente recurso como heridas oculares de más de 197 personas, y que en las otras causas que se han visto en forma conjunta, se agrega ya exceden las 200.

13).- Que, en consecuencia, existiendo la obligación de ejercer control jerárquico, sin haber justificar ante esta Corte de Apelaciones el señor General Director de Carabineros de Chile en su informe, que efectivamente haya empleado la debida diligencia y cuidado debido para cumplir esta obligación de medio, por las inconductas en que han incurrido los funcionarios de Carabineros bajo su dependencia, es posible establecer que existe responsabilidad en los actos arbitrarios e ilegales que se denuncian en la presente causa, porque no es posible asentar en esta causa, que dicho personal policial esté verdaderamente instruido en la aplicación práctica de esos Protocolos. Porque además, lo que informa el recurrido no es concordante con el número de personas lesionadas o mutiladas en sus ojos, en relación a un número similar de agentes del Estado, que se hayan visto obligados a utilizar las armas no letales, como una forma de defenderse de la agresión ilegítima de que fueron objeto por parte de los lesionados; nada indica el informe que se hayan realizado las denuncias correspondientes ante la jurisdicción; tampoco se aclara, si los integrantes de esas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se les han dado cursos sobre derechos humanos y si tienen un efectivo conocimiento que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados; que no es procedente la eximente de obediencia debida, para justificar la comisión de un crimen, por lo que si por ahora no se dan las condiciones para su juzgamiento, podrían ser posteriormente investigados y juzgados, por infringir normas ius cogens, por actos que se enmarcan dentro del estándar que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma.

Redactada por el Ministro señor Muñoz Pardo y la disidencia por su autor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-172790-2019.