nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 17 y 18: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, psicólogo, interponiendo acción de protección en su favor, y en contra de Gendarmería de Chile por la dictación del acto que cataloga de arbitrario e ilegal contenido en la Resolución Exenta N°142/40/2025 de 27 de junio de 2025 que declaró la vacancia de su cargo de Profesional grado 15 E.U.S. del CRS Santiago Sur 2, lo que a su juicio vulnera gravemente sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que previas citas legales y jurisprudenciales, pide acoger su acción, ordenando a la recurrida dejar sin efecto en su totalidad la referida resolución, disponiendo la reincorporación del protegido como también el pago íntegro de todas las remuneraciones y demás prestaciones que dejó de percibir desde la fecha de su separación hasta su efectiva reincorporación debidamente reajustadas y con intereses correspondientes, con expresa condena en costas.

En los hechos indica que ingresó al servicio penitenciario el 28 de marzo del 2011 siempre calificado en con excepción del año 2012 con un férreo compromiso con el servicio público y los fines de la institución, desempeñándose como Delegado de Libertad Vigilada, cargo que no está exento de una sobrecarga laboral, llegando a mantener hasta 70 casos simultáneos lo que sobrepasa con creces la capacidad profesional razonable y genera estrés insostenible.

Sostiene que la resolución contra la cual recurre, mediante la cual se le destituye y que se ampara en un periodo de licencias médicas -la cual no es resultado de una dolencia crónica preexistente- si no que se debe a eventos traumáticos los cuales se produjeron a contar del septiembre de 2022 fecha en la cual se separó de su pareja en contexto de violencia intrafamiliar, sumado al fallecimiento de su padre el 7 de marzo del 2023 lo que agudizó un colapso psicológico severo, manteniendo diversas licencias médicas a raíz de las secuelas, las cuales se manifestaron en una depresión severa que requirió hospitalizaciones psiquiátricas el cual tuvo su punto álgido en mayo 2024, con un intento de suicidio; patologías de las cuales se encuentra absolutamente recuperados según certificado por su médico psiquiatra tratante, lo cual denota su total recuperación y plena aptitud para el cargo, encontrándose al momento de su destitución, trabajando normalmente.

Adiciona que la recurrida, esgrime como único fundamento de su decisión, los 321 días que se mantuvo con licencia médica declarando su cargo vacante por salud incompatible, sin perjuicio de aquello y en un acto contradictorio existe un pronunciamiento de la Comisión Médica Preventiva la cual declaró que su salud es recuperable, pero, sin perjuicio de aquello la recurrida desatendió aquel dictamen, dictando el acto contra el cual recurre.

Sostiene, además, que en la tramitación del expediente administrativo existen vicios procedimentales, toda vez que se encontraba hospitalizado en una unidad psiquiátrica, no pudiendo ejercer ningún derecho de la defensa mientras se tramitaba la pieza sumarial, sumado a que no existe notificación válida de las resoluciones dictadas, lo que deviene en manifiestamente ilegal el acto administrativo conforme lo establece el artículo 151 del estatuto administrativo.

Alega que el acto recurrido, además es arbitrario y denota una falta de fundamento racional, al ignorar toda la alta médica certificada por su psiquiatra tratante y una carta emitida por su jefatura directa, que se explaya en sostener que mantiene un excelente desempeño laboral actual, lo que es contrario a la decisión tomada por la Dirección de la recurrida, por lo que previa cita jurisprudenciales y legales solicita acoger su acción SEGUNDO: Que, evacuó informe don nombre reservado (S) Nacional de Gendarmería de Chile, quien solicita el rechazo en todas sus partes del recurso deducido, por carecer de fundamentos tantos en los hechos como en el derecho y por no existir un acto ilegal ni arbitrario.

Luego de extractar el recurso y las alegaciones, informa los antecedentes funcionarios del protegido el cual indica que desde su ingreso en el año 2011 mantiene 973 días de licencia médica de los cuales 53 corresponden sólo al año en curso, haciendo un análisis de las correspondientes licencias médicas presentadas en los años 2023 2024 y 2025 evidenciando un comportamiento particularmente relevante en cuanto a la frecuencia, duración y modalidad, lo cual ha afectado la regularidad del servicio, toda vez que obliga a continuos ajustes en la dotación operativa.

Que con respecto a la dictación de la Resolución contra la cual recurre de 27 de junio de 2025 la que declaró vacante el cargo, por salud incompatible, sostiene que éste se encuentra fundamentado en los considerandos de hecho y derecho; dándose en ella aplicación a la Ley N°18.834 al mantener más de seis meses de licencias médicas en el periodio de dos años, lo que a su juicio configura la causal establecida en el artículo 131 de la citada ley declarándose la vacancia del cargo por salud incompatible, el que sin perjuicio que existe un dictamen de la COMPÍN el cual es obligatorio, pero no vinculante según la jurisprudencia administrativa que indica, por lo que habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto administrativo se dicta la resolución que es objeto del presente recurso, la cual de ninguna forma podría constituir una amenaza ilegal una amenaza o un amago a las garantías constitucionales que indica el recurrente por lo que previas citas legales solicita el rechazo de la acción.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta Trámite N° 142/40/2025, de fecha 27 de junio de 2025, que declara la vacancia del cargo del recurrente de Profesional grado 15 E.U.S. en el CRS Santiago Sur II, por salud incompatible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, por haber hecho uso de licencias médicas durante un periodo que excede los seis meses en un periodo de dos años, debido a que ha acumulado 321 días de licencias médicas tipo 1, al 24 de junio de 2025.

QUINTO: Que, al evacuar su informe, la recurrida señaló que la resolución impugnada se ajusta a la ley y al mérito de los antecedentes que la respaldan, agregando que la recurrente registró un total de 321 días de licencias médicas tipo 1 en los últimos dos años, lo que excede ampliamente el lapso de 6 meses contemplado en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, agregando que el cese en el cargo por declaración de salud incompatible es una facultad del jefe superior del servicio, cuando el organismo técnico determina que la salud es recuperable, que es lo que ocurre en la especie, incompatibilidad que además se encuentra fundada.

SEXTO: Que, para la adecuada decisión del presente recurso cabe tener presente que el artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de la modificación introducida por la Ley 21.050, dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

SEPTIMO: Que, la intención del legislador al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si la salud del funcionario resulta o no recuperable, como también si la misma le permite o no desempeñar el cargo, ello a propósito de fundar la incompatibilidad, informe que al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, en principio, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, si es que la Compin no concluye, a su vez, que la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

En este sentido, la norma legal es expresa en cuanto a que la evaluación del funcionario es “respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud” y “que no le permite desempeñar el cargo”, de manera tal que si la Compin concluye que la salud es irrecuperable, corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 152 del Estatuto Administrativo, en cambio, si dicha comisión concluye que la salud es recuperable, para que el jefe superior del servicio pueda dar aplicación al artículo 151, se requiere que además la Compin evalúe si la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo.

OCTAVO: Que, dicha interpretación es la única coherente con la intención del legislador al incorporar el nuevo inciso tercero del artículo 151, pues de otra forma se permitiría que la autoridad administrativa resolviera con independencia de la opinión del organismo técnico, con lo cual la decisión quedaría desprovista de dicha evaluación experta, al prescindirse del informe obligatorio de la Compin, el que no sólo ha de referirse a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sino también a la compatibilidad de la misma con el desempeño del cargo.

NOVENO: Que, la conclusión anterior, resulta además coherente con la jurisprudencia reiterada del Excma. Corte Suprema sobre la materia, reflejada, sólo a modo de ejemplo, en las sentencias dictadas en los roles 13.750-2024, 13.442-2024, 13.441-2024 y 12.022-2024, en las que se precisa que antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por ello, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que: “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012). Del mismo modo, el Tribunal Constitucional expresó que: “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016).

En razón de dichas objeciones, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N° 18.834, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales, proyecto de ley que dio origen al actual inciso tercero del artículo 151, norma que replica, entre otros, en el artículo 148 de la Ley 18.883.

DECIMO: Que, en la especie, la declaración de salud incompatible con el cargo, se basó únicamente en la circunstancia de haber hecho uso el recurrente de licencias médicas por un periodo superior a seis meses, en los últimos dos años, presupuesto que no basta para cumplir los requisitos del artículo 151 del Estatuto Administrativo, por cuanto es un hecho no discutido que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur, mediante Resolución Exenta 145.098 de 22 de mayo de 2024, declaró que la salud del recurrente es recuperable, sin pronunciarse sobre si, a pesar de ello, resulta incompatible con el cargo.

Lo anterior deja de manifiesto no sólo la ilegalidad del acto administrativo recurrido, al dar término al vínculo estatutario del actor sin cumplir con el presupuesto legal del citado artículo 151, sino también su arbitrariedad, dado que no cumple con el informe que la ley exige para determinar que la salud del actor no sería compatible con el cargo, limitándose a invocar el hecho de hacer uso de licencias médicas por el lapso establecido en la ley y que la salud del recurrente no sería compatible con su cargo, en base a las razones genéricas consignadas en el considerando décimo primero de la resolución impugnada, las que en ningún caso pueden suplir la exigencia legal antes referida, para sustentar la determinación de vacancia del cargo, pues el jefe superior del servicio carece de las competencias técnicas en materia de salud ocupacional, las que, para estos efectos, fueron radicadas por el legislador exclusivamente en la Compin.

UNDECIMO: Que, por lo demás, cabe tener presente que a la fecha en que se notificó el acto impugnado al recurrente con fecha 1 de julio de 2025, ésta ya se había reincorporado a sus labores, según consta en el documento firmado por la psicóloga jefe del CRS Sur II, que consta a folio 1.

DUODECIMO: Que, por lo expuesto, la ilegalidad constatada produce la vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso necesariamente debe ser acogido.

Por estas consideraciones, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado, en contra de Gendarmería de Chile y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta Trámite N° 142/40/2025, de fecha 27 de junio de 2025, que declara la vacancia del cargo del recurrente de Profesional grado 15 E.U.S. en el CRS Santiago Sur II, por salud incompatible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, debiendo la recurrida reincorporar al actor a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 17262-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Ministro (I) señor Pablo Toledo González.