nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Santiago, siete de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 12 de enero del año en curso comparece nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al rechazar el reclamo deducido contra el Dictamen de la Comisión Médica Regional de Santiago y rebajar en un 4% el porcentaje de invalidez que lo afecta, sin evaluación que lo justifique.

Expone que el 28 de diciembre de 2016 se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo dictado en el recurso de protección Rol N° 123.609-2016, que ordenó a la recurrida pronunciarse de forma inmediata respecto del reclamo deducido contra la decisión de la Comisión Médica Regional de Santiago, confirmándose lo resuelto en el dictamen de esa Comisión Médica y rebajándose el porcentaje de invalidez que lo afecta en un 4%, sin que se hayan efectuado nuevos exámenes ni entrevistas.

Agrega que su condición de salud es de índole neurológica y traumatológica y los médicos que evaluaron su caso no poseen dichas especialidades y no consideraron para resolver los antecedentes médicos que aportó, tales como resonancia magnética e informes de traumatólogo y neurólogo, que dan cuenta de dolor crónico y del tratamiento requerido, todo lo cual consta en el recurso de protección a que se ha hecho referencia. Indica que se han incumplido las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema Previsional, Séptima Edición, publicadas el 2 de enero de 2016 en el Diario Oficial y vigentes a contar del 1 de julio del mismo año; que el peritaje socio-laboral se efectuó bajo la ficción de que se trata de un trabajador dependiente, en circunstancias que se encuentra cesante desde hace dos años; y no se le asignó un porcentaje de invalidez por trabajo específico.

En cuanto a las garantías constitucionales que menciona vulneradas, expone que el actuar de la recurrida ha violentado su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la garantía de igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos, que señala consagra el N° 3 de la misma norma, y su derecho a la seguridad social, reconocido en el N° 18 del mismo artículo 19.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, ordenando informar a la recurrida las razones de la disminución de su porcentaje de invalidez y de las asignaciones de puntaje específicas en los peritajes socio-laboral, de trabajo específico y estudios superiores, e indique si los médicos que evaluaron su caso poseen la especialidad de neurología o traumatología.

Segundo: Que el 1 de febrero último la Superintendencia de Pensiones evacúa el informe requerido, haciendo presente, en primer término, que la acción deducida resulta inadmisible, ya que la situación reclamada, esto es, la decisión contenida en la Resolución C.M.C. N° 11591/2016 de 23 de diciembre de 2016, que confirmó el Dictamen N° 016.13451/2016 de 12 de octubre del mismo año, que fijó en un 39% la pérdida de capacidad de trabajo del recurrente, rechazando de esta forma su solicitud de pensión de invalidez, excede el ámbito del recurso de protección.

Sostiene que el recurrente pretende un pronunciamiento declarativo que no resulta admisible por la vía de esta acción cautelar, ya que plantea su disconformidad con el porcentaje de incapacidad otorgado, pues estima que le corresponde uno mayor, lo que debe ser discutido en un juicio declarativo de lato conocimiento, toda vez que se plantea una controversia en torno al grado de invalidez que le producen sus afecciones, por lo que en consecuencia no existe un derecho indiscutido y preexistente que proteger por esta vía.

Añade que del petitorio del recurso aparece que lo que pretende el actor es la entrega de información, lo que puede ser solicitado al amparo de la Ley N° 20.285.

En cuanto al procedimiento de calificación de invalidez del recurrente, indica que la Comisión Médica Regional de Santiago emitió el Dictamen N° 016.13451/2016 que determinó que el señor nombre reservado presenta un menoscabo de un 39% de pérdida de capacidad de trabajo, razón por la que se rechazó su solicitud de pensión de invalidez, pues no alcanzaba a un porcentaje de a lo menos un 50% respecto de las enfermedades alegadas como invalidantes (visión subnormal y cervicobraquialgia), por lo que apeló ante la Comisión Médica Central, ante cuya tardanza en decidir es que se resolvió en el recurso de protección anteriormente deducido que procediera a pronunciarse de inmediato. Dando cumplimiento a lo resuelto es que mediante Resolución N° 11591/2016 se concluyó que la evaluación practicada se encuentra conforme con los síntomas y hallazgos clínicos, de acuerdo a las Normas de Evaluación que por disposición del artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, se deben aplicar.

Expone que el recurrente con fecha 10 de enero presentó una nueva apelación contra esta última resolución de la Comisión Médica Central, recurso que se encuentra pendiente de pronunciamiento.

En cuanto al derecho, luego de exponer el marco normativo que regula el derecho a percibir pensión de invalidez por los afiliados al sistema de pensiones de capitalización individual, sostiene que las Comisiones Médicas gozan de autonomía en el conocimiento y resolución de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración, reservándose privativamente a la Superintendencia la fiscalización del sistema, esto es, para ejercer la supervigilancia administrativa de las Comisiones Médicas.

Respecto del acto impugnado señala que éste es plenamente legal, pues ha sido dictado por el órgano competente, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por la ley, constando en actas de las sesiones respectivas que tanto la Comisión Médica Regional como la Comisión Médica Central procedieron a estudiar y discutir los antecedentes médicos del afiliado, concluyendo de la misma forma, ajustándose a las normas de evaluación y calificación correspondientes, por lo que ambas decisiones carecen de arbitrariedad, encontrándose debidamente motivadas, razonadas y discutidas a la luz de las pericias médicas y exámenes complementarios, constituyendo ambas comisiones cuerpos colegiados de especialistas, considerando todos los antecedentes médicos contenidos en el expediente electrónico de calificación de invalidez del recurrente, que acompaña.

En relación a las garantías supuestamente vulneradas, señala que no es posible pretender que se ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley, ya que en la dictación de la resolución impugnada se ha aplicado un procedimiento establecido por la ley, que se aplica de igual forma a todos los afiliados al Sistema de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 3.500, siguiendo estrictamente los criterios médicos objetivos establecidos en las Normas de Evaluación a que se ha hecho referencia. Tampoco se ha vulnerado la garantía establecida en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expone, ya que la Comisión Médica Central se ha ceñido al procedimiento legal establecido al efecto, ni se ha vulnerado el derecho del recurrente a la seguridad social, ya que no por el hecho de haber obtenido una resolución desfavorable puede estimar la vulneración de una garantía que por lo demás no se encuentra amparada por esta acción cautelar.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso de protección deducido, con costas, por cuanto lo solicitado no es susceptible de ser reclamado por esta vía y, en subsidio, atendidas las razones de fondo expuestas precedentemente.

Tercero: Que con fecha 21 de febrero informa la Presidenta Subrogante de la Comisión Médica Central, quien expone que la acción constitucional deducida debe ser rechazada, por cuanto de los antecedentes disponibles en el expediente del recurrente se encuentra expresamente consignado en el acta respectiva que este caso fue ampliamente discutido en sesión, constatándose que en la evaluación de neuróloga interconsultora y en la electromiografía realizada, las alteraciones que éste presenta son leves, crónicas y no hay denervación aguda actual que ameriten mayores menoscabos al otorgado en clase I, rango alto.

Agrega que el día 6 de enero último el actor interpuso un recurso de reposición administrativo ante la referida Comisión, el que con fecha 13 de febrero fue estudiado, llamando la atención que las limitaciones descritas por el recurrente no encuentran adecuado respaldo en la evaluación neurológica efectuada por especialista y dado que el dolor es un elemento de juicio tan subjetivo, se acordó una nueva evaluación neurológica, cuya citación se encuentra en curso.

Expone que, en consecuencia, encontrándose en trámite el recurso de reposición deducido por el interesado, la Comisión no se referirá en el informe a los aspectos técnicos controvertidos, por cuanto se trata precisamente de la materia de fondo pendiente de ser resuelta, para lo que es necesario contar con un nuevo examen de la especialidad.

Cuarto: Que como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben tomarse ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Quinto: Que en el caso de la especie resulta evidente, en primer término, que el conflicto planteado por el recurrente sobrepasa los márgenes del recurso de protección, pues supone efectuar una declaración respecto de una cuestión controvertida, sobre la que quien acciona no posee un derecho indubitado y que, por lo mismo, necesita de un procedimiento lato y de naturaleza, precisamente, declarativa, que esta acción constitucional de emergencia no puede reemplazar.

Dicho de otro modo, la vía por la que ha optado el recurrente no resulta ser la idónea para la solución del conflicto que plantea, contemplando el ordenamiento otros caminos para el debido resguardo de sus derechos, sin que ello importe desconocer lo que señala la parte final del inciso primero del artículo 20 de la Carta Fundamental, pues la justificación de la Corte para desestimar la protección que se impetra no encuentra su razón de ser en la existencia de esos otros procedimientos, sino en la inidoneidad del recurso para reemplazarlos.

Sexto: Que sin perjuicio de todo lo dicho, suficiente -como se dijo- para desestimar el recurso en estudio, debe también anotarse, en apoyo del rechazo que se impone, que la decisión que ha motivado la acción no es aún la definitiva respecto de la situación que incumbe al recurrente, pues se halla pendiente de resolución, como se expuso por la Comisión Médica Central, el recurso de reposición que se dedujera contra la decisión emitida por este organismo y que evidentemente puede cambiar el curso de las cosas.

Séptimo: Que por las razones expuestas en los motivos anteriores no cabe sino declarar sin lugar el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en la presentación de 12 de enero de 2016.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 1726-2017.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, siete de marzo de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.