nombre reservado con AFP PROVIDA

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto, a su parecer, ilegal y/o arbitraria que rechaza la solicitud de retiro de fondos para el extranjero.

Señala que el 12 de julio de 2025 solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, identificada con el N°12844872. Precisa que mediante la plataforma de whatsapp del ente recurrido le es informado que se rechaza su solicitud por falta de constancia de afiliación el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado, debiendo hacerlo en la embajada del país de origen, esto es, Venezuela, Refiere que la recurrente realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que al ser profesional extranjero cumple con los del artículo 1 de la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con un obstáculo en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Argumenta que la AFP actuó de manera ilegal y arbitraria, realizando una interpretación formalista de la ley que vulnera el derecho de propiedad de la actora sobre sus ahorros.

Manifiesta que no pudo anexar la constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones, debido a que dicho documento se tramita y legaliza únicamente por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la cual actualmente se encuentra cerrada por motivos políticos, siendo esto un hecho público y notorio. Resalta que este documento no puede apostillarse ni en la propia República Bolivariana de Venezuela.

Alega que se vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso ordenando que autorizado el retiro de los fondos de pensión solicitados.

SEGUNDO: Que la recurrida AFP Provida S.A., evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por carecer de fundamentos legales, con expresa condenación en costas.

En primer término, sostiene la improcedencia de la acción de protección en este caso, señalando que dicha acción constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste el ejercicio de un derecho. Para que el recurso de protección sea acogido, argumenta, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad estén comprobados y que con estos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura.

En ese sentido, expone el marco normativo aplicable, comenzando por el análisis del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 y su reglamento, que señala las funciones de las AFP y las sanciones por incumplimiento a sus deberes.

Respecto a la situación particular del recurrente, informa que presentó una Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales en base a lo establecido y exigido por la Ley N° 18.156, rechazado debido a que no acreditó un requisito normativo y legal fundamental para solicitar la devolución de fondos previsionales.

Explica que, según lo dispuesto en la Ley N° 18.156 y el Libro II, sobre Cotizaciones Previsionales, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la recurrente presentó documentación que no cumplía con el requisito señalado en la letra b) de la normativa mencionada, que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Arguye que la solicitante no cumplió con las formalidades exigidas, ya que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales estaba vencido.

En cuanto al fundamento jurídico, señala que la Ley 18.156 contiene disposiciones especiales y de excepción que regulan la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros. Explica que para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicables a técnicos extranjeros, es necesario reunir ciertos requisitos, entre ellos: 1) que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el documento que acredite lo anterior debe encontrarse debidamente legalizado; 2) que cuente con un título técnico o profesional otorgado en el extranjero con sus debidas legalizaciones; y 3) que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la mantención de la afiliación a un régimen de previsión fuera de Chile.

Aclara que el texto del artículo 7° de la Ley 18.156 establece que los trabajadores extranjeros "podrán" solicitar la devolución de fondos previsionales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley. Argumenta que la Ley 18.156 constituye una norma especial y de excepción que debe interpretarse restrictivamente, aplicándose estrictamente a los casos descritos en los supuestos de hecho establecidos en la ley.

Por las razones expuestas, la recurrida solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de autos por carecer absolutamente de fundamentos legales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Provida, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal.

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”.

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-17256-2025.