nombre reservado con DISTRIBUIDORA E INVERSIONES JCB SPA

C.A. de Santiago Santiago, seis de mayo de dos mil veinticinco.

A los folios 33 y 34: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, minero, representado convencionalmente por don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Distribuidora e Inversiones JCB SpA, representada por don nombre reservado, por haber bloqueado permanente e ininterrumpidamente desde el 1 de julio de 2024 el acceso por el portón y camino existente que permite acceder a las instalaciones de sus pertenencias mineras denominadas "Millaco 1 a la 10 inclusive", actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que impide el derecho que le asiste en su actividad de explotación en el Fundo Las nombre reservado, de la Reserva 2 del Valle, de la Comuna de Lampa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, libertad económica y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus numerales 3° inciso quinto, 21° y 24° del artículo 19, por lo que solicita que se ordene el cese de los actos perturbatorios.

En cuanto a los antecedentes, indica que la recurrida ha bloqueado permanente e ininterrumpidamente desde el 1 de julio del año 2024, atribuyéndose por vía de hecho la imposibilidad de ingresar por el portón existente y utilizar el camino que permite acceder a las instalaciones de las pertenencias mineras del recurrente denominadas "Millaco 1 a la 10 inclusive", mediante actos arbitrarios de bloqueo que impiden el derecho que le asiste en su actividad de explotación en el Fundo Las nombre reservado, de la Reserva 2 del Valle, de la Comuna de Lampa, forzando la paralización de las faenas y la imposibilidad para acceder al mencionado predio y ejercer la actividad de explotación minera.

Refiere que según proceso de Manifestación recaído en la causa V-132-2022, del Juzgado Civil de Colina, señaló haber descubierto un yacimiento de sustancias concesibles de libre denuncio y adquisición en el Fundo Las nombre reservado, de la Reserva 2 del Valle, de la Comuna de Lampa, cuyo Punto de Interés se encuentra ubicado en la Región Metropolitana, Provincia de Chacabuco, con coordenadas U.T.M. específicas. Indicó en su manifestación el deseo de constituir Concesión de Explotación sobre este yacimiento, solicitando se le concedan 14 pertenencias de 4 hectáreas cada una denominadas "Millaco 1 al 14" correlativamente.

Agrega que por sentencia de 7 de febrero del año 2024, encontrándose firme y ejecutoriada por resolución de fecha 25 de abril del año en curso, se declararon constituidas las concesiones mineras de explotación denominadas "Millaco 1" a "Millaco 10", con una superficie total de 40 hectáreas a favor de nombre reservado, ordenándose su publicación, inscripción y comunicación al Servicio Nacional de Geología y Minería.

Manifiesta que es de suma urgencia que se adopten las medidas necesarias para restablecer el statu quo y el imperio del derecho, puesto que el acto arbitrario e ilegal de la recurrida que atribuye la imposibilidad de ingresar por el portón vía existente y utilizar el camino idóneo e existente que permite acceder a las instalaciones de las pertenencias mineras del recurrente, impide el derecho que le asiste en su actividad de explotación concedida por un tribunal de la República.

Describe la entrada de acceso y el camino por donde se accede a las pertenencias mineras, señalando que en el predio denominado Sector Reserva 2 El Valle, del Fundo Las nombre reservado, existe un yacimiento de material de maicillo/cantera de maicillos, el que es explotado y administrado por la recurrida, quien mantiene el control de acceso, pero que ha realizado los actos arbitrarios e ilegales descritos e impedido que el recurrente realice y continúe con su actividad de explotación minera de cobre, no afectando la extracción del maicillo que realiza la recurrida con maquinaria adecuada.

En cuanto al yacimiento de cobre del recurrente, se trata de un yacimiento de sustancias concesibles, principalmente de material de cobre, de potencia variable, apreciados en laboratorios según los antecedentes de la causa voluntaria en sede civil del Juzgado de Colina. Las 10 pertenencias denominadas "Millaco 1 al 10" comprenden una superficie de 40 hectáreas.

Desde el 1 de julio del año 2024, la recurrida inició un bloqueo del camino con el que el recurrente contaba para acceder a sus instalaciones, con el objeto exclusivo de paralizar las faenas de explotación minera, mediante vías de hechos que hacen imposible ingresar con sus trabajadores y maquinarias. A pesar de que desde esa fecha el recurrente ha intentado dialogar con la parte recurrida, explicando que las operaciones de la explotación minera se realizan cumpliendo estrictamente las exigencias dispuestas por la autoridad sectorial y judicial, la recurrida ha dispuesto impedimentos y obstáculos fijos en el referido acceso y también bloqueo humano.

En relación a las garantías fundamentales vulneradas, sostiene que los hechos descritos dan cuenta de una serie de actos ilegales y arbitrarios en los que ha incurrido la recurrida, con el único fin de bloquear y alterar el desarrollo normal de las actividades y operaciones que eran desplegados por el recurrente en la zona.

Argumenta que los actos en los que ha incurrido la recurrida constituyen vías de hecho prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico, calificables de autotutela, ya que en nuestro ordenamiento jurídico, la autotutela se encuentra proscrita como mecanismo de solución de conflictos.

Sostiene que los actos cometidos por la recurrida constituyen una infracción al artículo 19 N°3 inciso 5 de la Constitución Política de la República, ya que la recurrida, sin mediar justificación alguna y en actos abiertamente ilegales y arbitrarios, ha prescindido de las decisiones de quienes, de acuerdo con nuestro ordenamiento, son los órganos llamados a conocer de tales conflictos a fin de resolverlos, pretendiendo hacer justicia por sus propias manos a costa de los derechos fundamentales del recurrente.

Argumenta que las vías de hecho denunciadas afectan la garantía del artículo 19 N°21, que ampara al recurrente en el ejercicio de su actividad de explotación minera, ya que los bloqueos e interrupciones que mantiene la recurrida han ocasionado una grave afectación a las actividades económicas ejercidas por el recurrente en las instalaciones en las que operaba de manera regular y cotidiana.

Sostiene que los actos en los que ha incurrido la recurrida vulneran, además, el derecho de propiedad del recurrente en conformidad al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que es titular del derecho real de dominio sobre las sustancias de las pertenencias mineras, cuyo ejercicio le permite operar la explotación de las pertenencias denominadas "Millaco 1 a la 10 inclusive", así como ingresar al fundo y realizar su actividad para ejecutar el plan de trabajo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida: a) levantar todos los bloqueos impuestos por ella y sus empleados o administradores que se mantienen permanentemente en la entrada del predio y que impiden ingresar al camino que perturban el acceso a las pertenencias mineras del recurrente; b) abstenerse de seguir impidiendo el normal desarrollo de las actividades relacionadas al avance de las obras y a la mantención y/o operación de la explotación minera "Millaco 1 a la 10"; c) abstenerse de cometer cualquier otro tipo de amenazas de bloqueos para impedir el tránsito del recurrente, sus trabajadores, maquinarias y empresas contratistas por el camino en cuestión, así como también el acceso pacífico al inmueble para desarrollar la actividad minera; d) en subsidio, que se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente; y e) se condene al pago de las costas.

SEGUNDO: Que don nombre reservado, empresario, en representación de la sociedad Distribuidora e Inversiones JCB SpA, evacuó informe, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección deducida en su contra, por ser ésta manifiestamente infundada, no existir ninguna garantía constitucional conculcada, carecer el recurrente de derecho alguno afectado y por el perjuicio que dicha acción importaría respecto de los derechos de su parte y también de la sociedad dueña del inmueble objeto del recurso.

Expone, en primer término, que su representada es arrendataria de un retazo correspondiente a un predio de mayor extensión, en el cual se emplaza la pertenencia minera destinada a la extracción y explotación de áridos, que actualmente explota en su calidad de arrendataria. Precisa que la propiedad de dicho inmueble corresponde a la sociedad "Inmobiliaria nombre reservado Álvarez Paredes, nombre reservado y Compañía Limitada" en liquidación, que actualmente es administrada por la liquidadora y partidora doña nombre reservado, quien anteriormente ejerció como albacea testamentaria, cargo mediante el cual se les otorgó el respectivo contrato de arriendo.

Manifiesta que, según se les ha expresado y fundamentando el título de arrendamiento, la arrendadora es titular del dominio, el cual se encuentra inscrito a fojas 63.711 N° 96.060 del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Añade que la pertenencia minera indicada precedentemente se encuentra actualmente inscrita en el Conservador de Minas de Santiago de doña nombre reservado, cuyo titular, según consta en dicho registro público, es la sociedad Áridos Chicauma, sociedad cuyos derechos forman parte de la universalidad jurídica administrada por la mencionada liquidadora y partidora, respecto de la cual se les otorgaron los derechos de explotación del yacimiento referido.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, sostiene que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1924 y 1939 del Código Civil, su representada tiene el derecho -en virtud del contrato y la ley- de ejercer su explotación libre de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, cuestión que la arrendadora y dueña del inmueble ha hecho sin ambages, demarcando los retazos de explotación y las vías de comunicación e ingreso, los que han quedado íntegra y completamente a su cuidado, como en derecho corresponde.

Argumenta que ningún supuesto derecho del recurrente se ha vulnerado, toda vez que las vías de acceso al retazo que su representada arrienda y sus vías de comunicación, su mantenimiento, como los cuidadores que ejercen labores de vigilancia de las maquinarias y elementos que se depositan en el predio para ejercer la explotación a la que se han referido, son la representación palmaria de su derecho de arrendatarios y a su derecho de explotación exclusiva del señalado predio y del yacimiento minero de maicillo que allí se encuentra. Consecuentemente, cualquier injerencia de terceros constituye un embarazo del contrato de arriendo del que son titulares.

Sostiene que el recurso de protección debería dirigirse en contra del propietario del terreno y no de su arrendatario, haciendo presente que el recurrente ha orientado incorrectamente su acción, al dirigirla contra quien solamente detenta la calidad de arrendatario de un inmueble donde se ubica una explotación minera de áridos y maicillo, cuya titularidad corresponde a una sociedad específica que forma parte de una universalidad jurídica administrada por una liquidadora y partidora.

En consecuencia, plantea que no existe ningún acto arbitrario o ilegal de su parte, sino el ejercicio legítimo de las facultades que le confiere el contrato de arrendamiento celebrado con la propietaria del inmueble. Desde esta perspectiva, cualquier restricción de acceso al recurrente no representaría un acto arbitrario o ilegal que pudiera vulnerar garantías constitucionales, sino la manifestación de su derecho a excluir a terceros del goce de la cosa arrendada, facultad inherente a su calidad de arrendatarios.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar con expresa y ejemplar condena en costas el recurso de protección intentado en contra de la sociedad Distribuidora e Inversiones JCB SpA.

TERCERO: Que don Renato Prenafeta Goic, abogado, en representación convencional de la comunidad hereditaria quedada al fallecimiento de doña nombre reservado y de la sociedad "Inmobiliaria nombre reservado Álvarez Paredes, nombre reservado y Compañía Limitada" en liquidación, representadas a su turno por la juez partidora y liquidadora doña nombre reservado, evacuó el informe como tercero interesado, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección intentada por el señor nombre reservado, por ser ésta manifiestamente infundada, no existir ninguna garantía constitucional conculcada, carecer el recurrente de derecho alguno afectado y por el perjuicio que dicha acción importaría respecto de los derechos de su representada y de la sociedad recurrida.

En cuanto a los antecedentes generales, señala que su representada es dueña del predio de mayor extensión en el cual se emplaza la pertenencia minera que actualmente es explotada por la sociedad recurrida de autos. Precisa que la propiedad de dicho inmueble corresponde a la sociedad "Inmobiliaria nombre reservado Álvarez Paredes, nombre reservado y Compañía Limitada" en liquidación, que es actualmente administrada por la liquidadora y partidora doña nombre reservado. Agrega que la titularidad del dominio del mencionado predio consta en la inscripción de dominio de fojas 63.711 N° 96.060 del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Expone que su representada arrienda a la sociedad Distribuidora e Inversiones JCB SpA un polígono determinado en el predio de mayor extensión denominado Fundo Las nombre reservado Reserva 2 del Valle, donde la recurrida se dedica a explotación y extracción de maicillo, lo que se indica en el contrato de arriendo mediante un gráfico que individualiza en su presentación.

Añade que la pertenencia minera indicada precedentemente se encuentra actualmente inscrita en el Conservador de Minas de Santiago de doña nombre reservado, cuyo titular, según consta en dicho registro público, es la sociedad Áridos Chicauma, sociedad cuyos derechos forman parte de la universalidad jurídica que es administrada por la mencionada liquidadora y partidora y respecto de la cual se otorgó a la sociedad recurrida los derechos de explotación respecto del yacimiento mencionado.

Expone que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1924 y 1939 del Código Civil, su representada tiene la obligación legal de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, cuestión que en el caso de la especie y por la acción constitucional de autos se configura, surgiendo para la parte arrendadora la correspondiente legitimación activa en este procedimiento para comparecer en su nombre y representación.

Respecto de los fundamentos de hecho y de derecho que desvirtúan la acción constitucional, sostiene, en primer lugar, que resulta absolutamente equívoco por parte de la recurrente accionar de protección en contra de su arrendataria, Distribuidora e Inversiones JCB SpA, puesto que la sociedad recurrida tiene la administración y los derechos de explotación sobre un yacimiento minero de maicillo, que se encuentra emplazado en un polígono dentro de un predio de mayor extensión (aproximadamente 2.000 hectáreas). Señala que, en lo que respecta a la sociedad recurrida, su calidad es de mero tenedor respecto del mencionado inmueble, lo cual queda de manifiesto en el contrato de arrendamiento que acompaña a su presentación.

El informante plantea que la parte recurrente, ya sea por desconocimiento o por un aprovechamiento del mecanismo procesal que entrega el recurso de protección, utiliza esta vía a fin de conseguir el libre tránsito por un predio ajeno. Indica que, en tal sentido, lo que corresponde en esta situación es el estudio y aplicación de las disposiciones contenidas en el Código de Minería, norma que indica en su título IX, Párrafo 1°, artículo 120 y siguientes, las disposiciones relativas a las servidumbres que gravan a los predios superficiales. Sostiene que es dicho gravamen el camino legal que han de seguir aquellos a quienes se les otorgue una concesión sobre un determinado yacimiento para lograr la más conveniente y cómoda explotación minera, precisando que el recurrente carece de dicho gravamen.

Advierte que no resulta irrelevante, a fin de develar la intención de la actora de aprovecharse de la acción constitucional de protección, recordar que las servidumbres consideran el pago de una indemnización, considerando que se está frente al gravamen sobre el predio, que pasa en aquel caso a denominarse sirviente. Por tanto, argumenta que además de no corresponder esta acción para los fines que pretende la actora, se devela con toda claridad una intención de obtener un beneficio por una vía que no corresponde y sin pagar por tal derecho lo que debería.

En conclusión, sostiene que se está frente a una acción de protección que se interpone en contra de una sociedad que es mero tenedor de un polígono dentro de un predio de mayor extensión, aduciendo actos arbitrarios o ilegales respecto de la apertura y acceso, en circunstancias que no es su arrendataria quien realiza dicha función. Además, plantea que el recurrente busca, por la vía proteccional, ser titular de un derecho y, por tanto, gravar consecuencialmente el predio de un tercero, en circunstancia que el legislador ha otorgado la institución de las servidumbres, que requeriría de un acuerdo voluntario de las partes o bien la resolución judicial que la declare, en ambos casos previo pago de una indemnización.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar con expresa y ejemplar condena en costas el recurso de protección intentado en contra de la sociedad Distribuidora e Inversiones JCB SpA.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que como se colige del libelo pretensor, el acto que se denuncia ilegal o arbitrario consiste en el impedimento del arrendatario del predio Fundo Las nombre reservado 2, a objeto de permitirle al actor el ingreso al camino y el tránsito que le resulta indispensable para acceder al lugar en que se ubica la pertenencia minera inscrita a su nombre;

SEXTO: Que en relación a la recurrida Distribuidora e Inversiones J.C.B SpA, deberá acogerse la excepción de falta de legitimación pasiva, dado que atendida su calidad de arrendataria del predio a través del cual pretende transitar el recurrente, solo son oponibles a ella los derechos y obligaciones que se encuentran debidamente estipulados en el contrato de arrendamiento suscrito con la propietaria del inmueble, no correspondiéndole la administración del ingreso y de la salida al predio de mayor extensión, por lo que la pretendida acción arbitraria o ilegal en la cual se sustenta el recurso mal podría haber sido realizada por dicha empresa;

SÉPTIMO: Que ahora bien, impone en cualquier caso el rechazo de la presente acción cautelar la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la negativa de paso a través de un predio de propiedad de un tercero, actualmente arrendado por la recurrida, en circunstancias que no posee una servidumbre de tránsito declarada judicialmente, ni acordada convencionalmente con la propietaria del terreno, de conformidad a lo previsto en los artículos 121 y 123 del Código de Minería, que le otorgue el derecho a ingresar y transitar a través de una heredad ajena.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan la conducta que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial ni una convención que establezca de modo cierto su derecho de servidumbre de tránsito que le permita trasladarse por un predio ajeno hasta el lugar en que se sitúa su pertenencia minera, situación que de no existir acuerdo entre el actor y la propietaria de la finca, debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

OCTAVO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido por nombre reservado el 20 de julio de 2024, en contra de Distribuidora e Inversiones JCB SpA.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-17248-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

En Santiago, seis de mayo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.