nombre reservado con SERVICIO DE BIENESTAR MINVU SERVIU

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 20 de julio de 2024 comparece el abogado Danilo Andrés Rojas Sepúlveda en representación de nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra del Servicio de Bienestar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa a incorporar a su representada, en calidad de beneficiaria del Servicio de Bienestar de su conviviente civil nombre reservado, lo que sostiene, infringe las garantías constitucionales de los números 2, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se ordene al referido Servicio de Bienestar incorporar a nombre reservado, en calidad de beneficiaria del afiliado Danilo Andrés Rojas Sepúlveda, a contar de la fecha en que fue formalizada dicha solicitud, 17 de junio de 2024, con costas.

Señala que, a fines de 2023, la recurrente quedó sin trabajo lo que resultó en la pérdida de sus coberturas de salud, procediendo su conviviente civil a solicitar su incorporación como beneficiaria de carga de salud suya.

Indica que, para incorporarla como beneficiaria del Servicio de Bienestar, nombre reservado realizó consultas a la Unidad de Personal de Servicio recurrida, indicándosele que debía completar formularios y que su conviviente civil debía presentar una declaración jurada sobre su situación económica.

Sostiene que, el 17 de junio de 2024, el Señor nombre reservado envió por correo electrónico la solicitud de incorporación de su conviviente civil, junto con los formularios y la declaración jurada. Esta solicitud fue tramitada y se emitió la Resolución Exenta N° 2255, de 18 de junio de 2024, que reconocía el derecho de nombre reservado a percibir asignación familiar por su conviviente, aunque erróneamente se la refirió como "cónyuge".

Posteriormente, con fecha 25 de junio de 2024, el Servicio de Bienestar rechazó la solicitud de incorporación de Bárbara, argumentando que no era causante de asignación familiar atendido el estado civil entre ambos.

Segundo: Que, con fecha 12 de agosto, comparece la abogado Marcela Rivas Cerda, quien evacúa el informe que le fuera requerido a su representada Servicio de Bienestar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pide el rechazo del recurso.

Indica que, por medio del D.S. N° 41 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se crea el Servicio de Bienestar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de los Servicios de Vivienda y Urbanización Regionales y Metropolitano, y se aprueba su Reglamento, en conformidad a lo indicado en el numeral anterior. Hace referencia al artículo 11 del citado D.S. N° 41, indicando que no modificó expresamente el D.F.L. N° 150 de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en lo referente a aquellas categorías por las cuales es posible solicitar asignación familiar, no resultando posible interpretar extensivamente las normas sobre estado civil atendida su naturaleza jurídica de derecho público.

Refiere que su representada rechazó la solicitud de inclusión de la recurrente como beneficiaria del Servicio, fundado en que su estado civil de "conviviente civil" no habilita a nombre reservado a solicitar la correspondiente asignación familiar, según la normativa vigente precedentemente referida, decisión que resultó refrendada por la Contraloría General de la República mediante su Dictamen N° 20.077 de 2017, que establece, precisamente, que el Acuerdo de Unión Civil solo permite a los convivientes ser carga del otro para efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, sin extenderse a otros beneficios como la asignación familiar.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el quid del asunto de marras consiste en que la recurrente asegura tener derecho a ser incorporada como beneficiaria de su conviviente civil ante el Servicio de Bienestar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo donde éste trabaja y contra el que recurre, derecho que éste último niega fundado en que la legislación pertinente no le otorga ese derecho, atendida su calidad de conviviente civil y no cónyuge del afiliado.

Tal es la discusión.

Quinto: Que, es menester hacer referencia a la normativa pertinente que rige esta materia.

El artículo 11 del D.S. N°41 de 1995 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social reza como sigue:

“El Servicio de Bienestar, en la medida que sus recursos se lo permitan, otorgará a sus afiliados, las cargas legalmente reconocidas, como también sus cónyuges, hijos e hijas y padres y madres que vivan a expresas del afiliado, que sean beneficiarios de pensión básica solidaria de vejez o invalidez y, aquellos a los cuales se les ha otorgado la tuición legal o cuidado personal en favor del afiliado ayudas de carácter médico y odontológico por los conceptos señalados en el artículo 15 del Reglamento General”, De su mera lectura es claro que la norma no hace referencia a la calidad de conviviente civil que ostenta la recurrente.

Sexto: Que, la decisión de la recurrida referida en el considerando precedente se encuentra respaldada mediante Dictamen N° 20.077 de 2017 de la Contraloría General de la República.

En él se establece que el Acuerdo de Unión Civil solo permite a los convivientes ser carga del otro para efectos del Régimen Público de Salud y del Sistema Privado de Salud, más no se extiende a otros beneficios tales como la asignación familiar, como es el caso de marras.

Séptimo: Que, en consecuencia, habiendo actuado la recurrida dentro del marco legal, no se vislumbra de qué forma podría haber vulnerado las garantías constitucionales según pretende la recurrente, por lo que el recurso de protección ha de ser rechazado.

Octavo: Que, por otra parte, es menester señalar el presente arbitrio, consistente en una acción de naturaleza rápida y de urgencia para la oportuna cautela de garantías constitucionales, no es la vía idónea para resolver cuestiones como la planteada por la recurrente en su libelo como quiera que carece de un derecho indubitado. Ello requiere que el asunto sea ventilado ante la sede competente, que no es esta Corte mediante el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Servicio de Bienestar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante Jorge Benítez Urrutia Protección N° 17.246-2024.

No firma la ministra señora Marisol Rojas Moya, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.