Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, trece de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Claudio Quiroga Hinojosa, abogado, en favor de nombre reservado, venezolana, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta NUM000, notificada el 8 de octubre de 2024, que rechazó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, acto que estima vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a territorio nacional en junio de 2021 por un paso no habilitado, solicitando refugio el 20 de marzo de 2022, argumentando haber sido víctima de extorsiones por parte de bandas delictuales en Venezuela, lo que ponía en riesgo su integridad. Durante la tramitación de su solicitud, se le otorgaron cédulas de identidad temporales y desarrolló vínculos laborales estables en el país, además de tramitar y obtener residencia para su madre.

Aduce que el acto impugnado desestimó su situación sin ofrecer mecanismos alternativos de regularización y sin dar respuesta oportuna al recurso administrativo que presentó el 24 de octubre de 2024, todo lo cual estima vulnera los principios de legalidad, debido proceso y trato digno, conforme al artículo 20 de la Constitución, al Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección y a la Ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados.

Fundamenta su pretensión además en la aplicación del silencio administrativo positivo regulado en los artículos 64 y 24 de la Ley N° 19.880 y en instrumentos internacionales como la Declaración de Cartagena de 1984. Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida, se declare que ha operado el silencio administrativo positivo y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir resolución favorable a su solicitud, ya sea reconociendo la condición de refugiada o permitiendo su regularización migratoria, con expresa restitución de sus derechos fundamentales.

Segundo: Que Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, informa que nombre reservado ingresó a Chile el 13 de marzo de 2021 por paso no habilitado y solicitó refugio el 28 de marzo de 2022. En ese contexto, se le otorgaron permisos de residencia temporaria por ocho meses, prorrogados posteriormente hasta el 18 de agosto de 2024. Mediante Resolución Exenta NUM000, de 4 de octubre de 2024, se rechazó su solicitud por estimarse que los hechos relatados —extorsiones de bandas delictuales en Venezuela— no encuadraban en las causales contempladas en la Convención de 1951 ni en el artículo 2 de la Ley N° 20.430, al tratarse de delincuencia común.

Añade que la recurrente presentó recurso de reposición el 24 de octubre de 2024, el cual se encuentra actualmente en trámite. Destaca que dicha interposición suspende los efectos del rechazo, en virtud del artículo 44 de la Ley N° 20.430, manteniéndose la calidad de solicitante de refugio y sin que se haya dispuesto medida alguna de expulsión o sanción migratoria.

Refiere además que el plazo de seis meses del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no tiene carácter fatal, siendo prorrogable en virtud de causas justificadas como el aumento masivo de solicitudes migratorias, reconocido por la jurisprudencia administrativa y judicial, por lo que la demora no configuraría una omisión ilegal ni arbitraria.

Tercero: Que Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación de la Subsecretaría del Interior, informa que no ha existido actuación ilegal ni arbitraria por parte de la autoridad recurrida, señalando que el recurso de reposición interpuesto por la recurrente se encuentra en su fase final de tramitación, conforme al procedimiento técnico y reglado que exige el reconocimiento de la condición de refugiado, el cual involucra un análisis pormenorizado de antecedentes personales, contexto del país de origen y diligencias complementarias.

En cuanto al plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, sostiene que no posee naturaleza perentoria ni produce caducidad, conforme a dictámenes de la Contraloría General de la República y jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema. Agrega que el principio de no devolución contenido en el artículo 4 de la Ley N° 20.430 impide toda medida de expulsión mientras la solicitud esté pendiente. Finalmente, argumenta que acoger acciones como la presente implicaría otorgar un trato preferente a quienes judicializan los procesos administrativos, en perjuicio de quienes se sujetan a su curso regular, afectando el principio de igualdad ante la ley, por lo que solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que, conforme se advierte de los antecedentes allegados, la Resolución Exenta NUM000, de 4 de octubre de 2024, que rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada presentada por la recurrente, no constituye un acto terminal, desde que respecto de ella se encuentra pendiente la resolución del recurso de reposición deducido con fecha 24 de octubre de 2024.

Ello implica que el procedimiento administrativo aún no ha concluido, razón por la cual la acción cautelar interpuesta deviene improcedente, atendido que no existe todavía un acto administrativo firme ni ejecutoriado cuyos efectos puedan estimarse como lesivos de derechos fundamentales.

Séptimo: Que, de los antecedentes del proceso se desprende que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado en el marco normativo que regula la materia, particularmente en la Convención de Ginebra de 1951 y en los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley N° 20.430, por cuanto los hechos relatados por la recurrente —vinculados a la inseguridad pública, extorsiones y precariedad económica— no se enmarcan dentro de las causales que configuran el estatuto jurídico del refugiado. El acto administrativo recurrido no aparece, por tanto, como desprovisto de fundamentos de hecho o de derecho que revelen arbitrariedad o ilegalidad.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra reglado por la citada Ley N° 20.430 y su reglamento, estableciéndose etapas sucesivas y recursos administrativos que, conforme al artículo 44 de la misma, suspenden los efectos del acto impugnado mientras se encuentren pendientes de resolución. De esta manera, la recurrente mantiene su calidad de solicitante de refugio, con pleno resguardo de los derechos que le reconoce la ley, en especial el principio de no devolución, no existiendo constancia de que se haya dictado medida de expulsión o sanción migratoria en su contra.

Noveno: Que, en cuanto a la alegada omisión en la resolución del recurso administrativo interpuesto, cabe precisar que el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es de carácter fatal ni perentorio, según ha sostenido reiteradamente la Contraloría General de la República y la Excma. Corte Suprema, permitiéndose su extensión en casos debidamente justificados. En este sentido, la demora advertida no puede estimarse excesiva ni carente de justificación, atendido el volumen de solicitudes migratorias que tramita la autoridad competente, por lo que no resulta procedente calificar su conducta como omisiva, ilegal o arbitraria.

Décimo: Que, en armonía con lo sostenido por la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 115.064-2022, la demora del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de solicitudes migratorias o de refugio se enmarca dentro de un procedimiento reglado, con múltiples etapas de análisis técnico y revisión, lo cual impide calificar tal situación como vulneratoria de derechos fundamentales. La demora, además, no priva a la recurrente de su estatus jurídico ni de los derechos derivados de su condición de solicitante, lo que descarta la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que justifique la intervención de esta judicatura.

Undécimo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto terminal ni de una actuación ilegal o arbitraria imputable a las autoridades recurridas, y subsistiendo un procedimiento administrativo en curso que preserva los derechos de la solicitante, no concurren los presupuestos que habiliten el ejercicio de la acción constitucional de protección.

Duodécimo: Que, por lo expuesto, la acción constitucional deducida no puede prosperar, desde que no se vislumbra en la especie una vulneración efectiva, actual ni inminente de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1723-2025