nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR

Santiago, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, ingeniero civil en informática, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA N° 120336/466/2023, de 30 de noviembre de 2023, que dispuso no prorrogar su vinculación funcionaria en modalidad de contrata, para el año 2024, alegando vulneración de las garantías de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que conforme a la Resolución Exenta RA N° 120336/289/2017 de la citada Superintendencia, fue designado como funcionario a contrata de la recurrida en el estamento profesional, grado 9° EOF, desde el 20 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2017, desempeñándose como profesional en el Departamento de Tecnología y Procesos perteneciente a la División de Administración General.

Hace presente que dicha vinculación funcionaria fue prorrogada de forma constante e ininterrumpida durante los años 2018 a 2023, siendo su función la de encargado de la Unidad de Desarrollo.

Asimismo, refiere que durante toda su vinculación funcionaria fue calificado de buena forma, encontrándose en lista 1 de distinción.

Alega que, sin perjuicio de contar con confianza legítima, mediante la resolución impugnada se dispuso la decisión de no prorrogar su nombramiento para el 2024, motivada en una restructuración del Departamento de Tecnología y Procesos, motivada en argumentos que alega contradictorios y carentes de fundamento.

Sostiene que la Superintendencia estima que requiere una gran cantidad de funcionarios adicionales, y que no tendría la posibilidad de reubicarlo en la nueva Unidad de Arquitectura, Desarrollo y Continuidad, sin explicar las razones de la imposibilidad de reubicarlo en un cargo distinto de aquellos que reconoce necesitar, por lo que careciendo de justificación y siendo contradictorio deviene en arbitraria.

Junto con citar la normativa que regula el empleo a contrata, arguye además que se desconoce que cuenta con confianza legítima.

Agrega que el acto contra el que recurre tampoco especifica en qué consiste la restructuración ni en virtud de qué acto administrativo se habría decretado tal reorganización interna.

Afirma que, atendida la falta de fundamentación, pidió información aclaratoria a la encargada de la Unidad de Personal y al jefe subrogante del Departamento de Tecnología y Procesos, sin obtener respuesta sobre la racionalidad de la decisión, vulnerando los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

Finalmente, argumenta que, para poner término a su nombramiento se exigía realizar un procedimiento disciplinario que terminare en destitución; o bien haber sido mal calificado de forma legal en los periodos que la normativa exige, lo que no ocurrió ya que siempre se mantuvo en lista 1.

Conforme lo expuesto, alega vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, al ser marginado de una negociación entre la institución y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Educación, tendiente a evitar la desvinculación de otros funcionarios del servicio a consecuencia de la reestructuración que, en una de esas comunicaciones, se reconoce como errada.

También invoca su derecho de propiedad con respecto a su remuneración y demás prerrogativas de las que gozaba en su condición de funcionario público.

Pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N° 120336/466/2023, se lo reintegre al cargo y funciones asignadas según su nombramiento funcionario y se paguen todas las remuneraciones mensuales, incluidas las cotizaciones previsionales y de salud, devengadas desde la fecha de su desvinculación y a las que tenía derecho por su calidad funcionaria, incluyendo bonos trimestrales, con costas.

Comparece Christian Pino Barrientos, abogado, quien evacua el informe del recurso por la Superintendencia de Educación recurrida.

Expuso que la resolución impugnada se dictó en razón de las facultades del Superintendente de Educación en vías de la organización de interna, que le son inherentes como jefe superior del servicio, cumpliendo con la motivación que debe poseer un acto administrativo ajustado a Derecho.

Afirma la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad del acto recurrido, toda vez que la decisión de no prorrogar la contrata del recurrente forma parte del margen de discrecionalidad administrativa del que goza el Superintendente de Educación y que la acción de protección no es la vía idónea para conocer del asunto, debiendo la materia ser tramitada conforme al procedimiento de tutela laboral con ocasión del término de la relación, conforme el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, conforme prevé la Ley N° 21.280, que establece su aplicación a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración del Estado.

Agrega que la resolución que no prorroga la contratación del recurrente está fundada en la facultad del jefe del Servicio establecida en el artículo 100 de la Ley Nº 20.529, de 2011, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, Media y su fiscalización, la cual señala que corresponderá al Superintendente, especialmente:

“a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior de Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia.

c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Nombrar y remover al personal del Servicio, de conformidad a esta ley y a las normas estatutarias”.

Hace presente que la reestructuración quedó materializada mediante Resolución Exenta N° 0536, de 30 de noviembre de 2023, la que específicamente indica: “Deja sin efecto parte de la Resolución Exenta N° 0289 y dispone nueva organización interna y denominación del Departamento de Tecnología y Procesos de la División de Administración General”, fundada igualmente en un alza sostenida e histórica de las denuncias de comunidades educativas y de las necesidades de fiscalización como objetivo institucional de la Superintendencia.

En ese contexto, afirma que no fue posible reubicar al actor invocando las restricciones presupuestarias con la que cuentan hoy los servicios públicos y en especial la Superintendencia del ramo, situación de la que da cuenta el mismo acto.

En el mismo sentido, argumenta que los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración, sumado a la presunción de legalidad del acto.

Finalmente, refiere que, debido a que se trata de un ingeniero en informática, en las temáticas a reforzar por la autoridad, no era posible su reubicación.

En razón de lo informado, pide que se rechace el recurso en todas sus partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha deducido la presente acción en contra de la Superintendencia de Educación, por emitir la Resolución Exenta RA N° 120336/466/2023, que dispuso no prorrogar la contrata del actor para el año 2024, a la que se acusa de ilegal o arbitraria y de vulnerar las garantías de los números 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que el recurso de protección tiene por objeto se adopten las medidas o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho, en el evento de existir privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas de aquellas garantías fundamentales mencionadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Luego, es requisito indispensable de esta acción cautelar la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, carente de razonabilidad, y que provoque algunas de las situaciones ya indicadas.

TERCERO: Que, de los antecedentes allegados a estos autos constan los siguientes hechos:

a) Que, por Resolución Exenta RA N° 120336/289/2017, de la Superintendencia de Educación, el recurrente fue designado como funcionario a contrata de ese Servicio en el estamento profesional, grado 9° EOF, desde el 20 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2017, desempeñándose como profesional en el Departamento de Tecnología y Procesos perteneciente a la División de Administración General, bajo la cláusula: “mientras sean necesarios sus servicios”.

b) Que, por distintos actos administrativos de la Superintendencia recurrida, la vinculación funcionaria a contrata del recurrente fue sucesivamente prorrogada de forma ininterrumpida desde 2018 hasta 2023, siendo su función la de encargado de la Unidad de Desarrollo; sobre lo que, además, no existe controversia.

c) Que tampoco ha sido controvertido que -a lo largo de su vinculación administrativa- el desempeño funcionario del recurrente haya sido calificado en lista 1.

d) Que, por Resolución Exenta RA N° 120336/466/2023, la Superintendencia recurrida dispuso no prorrogar la contrata del recurrente para el año 2024, invocando una reestructuración del Departamento de Tecnología y Procesos de ese Servicio, alza en las denuncias de comunidades educativas y de necesidades de fiscalización propias del objetivo de la Superintendencia, la necesidad de nuevas contrataciones, restricciones presupuestarias y la imposibilidad de reubicar al actor en algún cargo disponible.

e) Que la reestructuración citada se materializó mediante Resolución Exenta N° 0536, de 30 de noviembre de 2023, que dejó sin efecto parte de la Resolución Exenta N° 0289, de 24 de abril de 2019, y dispuso nueva organización interna y denominación del Departamento de Tecnología y Procesos de la División de Administración General.

CUARTO: Que, para la adecuada resolución de este recurso, se ha de tener presente que el principio de legalidad o juridicidad impone a todos los órganos públicos, como elemento y condición del Estado de Derecho, someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Y que, el régimen jurídico del empleo público a contrata se halla en el artículo 3° letra c) del D.F.L. Nº 29, del año 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, expresando que: “Es aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; en tanto que su duración se prevé en el artículo 10 de la misma ley, al decir que: “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. De acuerdo con las disposiciones citadas, entonces, los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

QUINTO: Que, si bien es cierto que de las normas citadas precedentemente se colige que las potestades de que pueda estar dotada la autoridad administrativa deben siempre ejercerse con arreglo a la ley. De este modo, si el acto respectivo aparece inmotivado o esgrime justificaciones generales, vagas e imprecisas o que no se avienen al caso concreto, adolecerá de falta de un elemento esencial, o si el acto contiene fundamentos meramente formales deviene arbitrario e ilegal. En este sentido, la motivación del acto administrativo exige ser sometida a un examen riguroso para evaluar su razonabilidad y proporcionalidad, especialmente en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, como ocurre en la especie.

SEXTO: Que, en tal sentido y examinada atentamente la motivación del acto que no prorroga la contrata, esta Corte no sólo advierte que la pretendida reestructuración del Departamento de Tecnología y Procesos de la Superintendencia de Educación aparece genéricamente formulada y, por lo mismo, desprovista de la información concreta y suficiente para entender -verdaderamente- la razón de cese en el cargo.

Así, por ejemplo, del numeral 9 de la Resolución Exenta recurrida no es posible identificar cuáles serían las funciones precisas y distintas a las de la Unidad de Desarrollo y Mantención de Sistemas (en que sirvió el recurrente) de las que asumiría la nueva Unidad de Arquitectura, Desarrollo y Continuidad, máxime si esta última misión no resulta ajena a la de mantención de sistemas.

A lo que se añade la confusión que resulta del numeral 10 del acto recurrido cuando, tratando de justificar una reestructuración que -de acuerdo con máximas de experiencia- supone desvinculaciones de personal, sostenga -en cambio- que se requiere forzosamente contar con nuevos profesionales. Aunque ello podría ser explicable aludiendo a perfiles profesionales o técnicos determinados, como ciertamente esboza la Resolución al mencionar a “profesionales que cuenten con amplios conocimientos en arquitectura y desarrollo de software, conocimiento en gestión de proyectos y materias propias de la función fiscalizadora de la Superintendencia de Educación”, atendida la finalidad del acto, la justificación no reside tanto en ello como en explicar de qué manera el perfil, conocimientos y experiencia profesional del recurrente no alcanzan o no resultan idóneas para cubrir las exigencias de los nuevos profesionales forzosamente requeridos; o, al menos, las de los cargos subsistentes tras la reestructuración que habilitaren la reubicación del actor, atendida su profesión (ingeniero civil en informática), calificación funcionaria, continuidad y experiencia en el Servicio. En este último sentido, la Resolución recurrida impresiona en su motivación como especialmente desconectada del caso en concreto, al no explicar cómo un funcionario de las características mencionadas no calificaría para funciones tales como: desarrollo de software, gestión de proyectos o cuestiones propias de la función fiscalizadora de la Superintendencia; pues, si así lo estimaba, debió al menos referir elementos de análisis y calificación técnica objetivos; o, a la inversa, referir estudios oficiales que sustentaren la precisa necesidad de un arquitecto de software.

Por lo expuesto, en el control de la discrecionalidad administrativa (que permite no renovar una contrata) se debe atender al principio de proporcionalidad, que implica una relación lógica de los elementos de contexto que generan el acto (situación, decisión y finalidad) y una relación de adecuación de medio y fin, todo lo cual se echa en falta en la fundamentación de la Resolución recurrida.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, la Excma. Corte Suprema ha revisado la jurisprudencia sobre recursos de protección en que, como en el caso de autos, se impugna la decisión de la Administración del Estado de no renovar las contratas anuales del personal que se desempeña en ella y que, usualmente, son contratadas bajo la fórmula “mientras sus servicios sean necesarios”. Conforme a esta revisión, ha concluido que dicha fórmula si bien guarda relación con el carácter temporal o transitorio del nombramiento, no excluye la debida fundamentación del acto administrativo que la dispone; pero, además, sentando un criterio especial sobre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor, a las que protege el principio de confianza legítima (Rol Nº 134.562_2023 Protección, Excma. Corte Suprema).

En materia administrativa, dicho principio busca proteger los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los funcionarios públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen sus derechos.

Así, la decisión de no renovar una contrata respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años violenta este principio, violenta la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa que -al terminar el periodo cubierto por su designación sea recontratado para el año siguiente- y que se configura cuando concurre, como se adelantó, un elemento estabilizador manifestado en las renovaciones sucesivas por un lapso determinado; en el que, además, la Administración disponga de tiempo suficiente para evaluar el desempeño funcionario de quien sirve un cargo a contrata a través de los procedimientos de calificación o sumario administrativo, en su caso, por el que el funcionario pueda ser desvinculado.

La Excelentísima Corte Suprema estimó establecer un término de cinco años para entender que a un funcionario asiste la referida confianza legítima de que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que además será renovado. Tal presupuesto se cumple a cabalidad en la especie, pues no hay discusión con respecto a que el actor comenzó a prestar servicios bajo la modalidad a contrata, como profesional grado 9° EOF, desde el 20 de febrero de 2017, renovándose su vinculación en iguales términos y de forma ininterrumpida desde 2018 y hasta 2023; y, en consecuencia, le ampara el principio de confianza legítima; no pudiendo entonces la Superintendencia desvincularle sino a través de procesos afinados de calificación deficiente o sumarios administrativos con resultado de destitución, ninguna de estas dos circunstancias concurrente en la especie.

En consecuencia, esta Corte concluye que el acto administrativo impugnado no sólo adolece de falta de fundamentación suficiente para ajustarse al estándar legal contenido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo; sino que, también, contraría el principio de confianza legítima derivado del desarrollo continuo y estable de la función pública haciendo devenir en arbitrario el acto que lo interrumpe.

OCTAVO: Que, establecido el carácter ilegal y arbitrario del acto recurrido, surge evidente su impacto en las dos garantías constitucionales protegibles invocadas.

Por una parte, en cuanto el acto que decidió no renovar la contrata del recurrente ha contrariado el propósito que el legislador previó al establecer los empleos a contrata y definir sus características de transitoriedad, vulnerándose la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Y, por otra parte, porque la decisión de no renovar la contrata ha provocado una lesión patrimonial concreta al derecho de propiedad del recurrente sobre las prerrogativas y derechos de que habría gozado en condición de servidor público, de no mediar el acto ilegal y arbitrario que se la desconoció; garantía contemplada en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental.

Que, atendido lo razonado, la presente acción cautelar deberá ser acogida, para el solo efecto de ordenar formalmente la reincorporación del recurrente, sin perjuicio de haber sido ya dispuesta con motivo de la orden de no innovar concedida en su oportunidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales:

Se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, y se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta RA Nº 120336/466/2023, de 30 de noviembre de 2023, y se ordena a la recurrida reintegrar en su último cargo y funciones asignadas al Sr. nombre reservado, según su nombramiento funcionario.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Rafael Mauricio Plaza Reveco.

Rol N° 17.225-2023 – Protección.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra (s) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y por el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco. No firma el Abogado Integrante señor Plaza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

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