Protección contra administrador de la comunidad

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de febrero de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 24: a todo, estése a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada en representación de nombre reservado, propietaria del departamento N°1311 del condominio Vista Vivaceta, ubicado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra del administrador de la comunidad, don nombre reservado, por actos que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes en la imposición de una multa y la amenaza de corte del suministro eléctrico a su unidad; ingresando el recurso con fecha 30 de julio del presente año.

Señala que la recurrente mantiene al día sus gastos comunes, pero que el administrador pretende suspender el servicio eléctrico por el no pago de una multa impuesta tras un cruce de palabras entre él y don nombre reservado, quien indica sería un familiar allegado de la propietaria. Dicha sanción, según expone, se aplicó invocando la “Ley Karin”, sin seguir protocolo ni procedimiento alguno, y sin que existiera investigación ni resolución fundada que justificara la medida. Sostiene que el administrador ha excedido sus facultades legales, actuando como juez y parte, vulnerando así los derechos constitucionales de la afectada.

La recurrente afirma que la multa fue impuesta de forma arbitraria, sobre hechos no acreditados, y que aun cuando fuese válida, el corte del suministro eléctrico carece de sustento legal, pues la Ley N° 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria, en su artículo 36, autoriza dicha medida únicamente en caso de morosidad en el pago de los gastos comunes, no por multas. Asimismo, el artículo 31 de la misma ley distingue expresamente entre ambas obligaciones, de modo que no puede equipararse la multa a un gasto común para efectos de exigir su pago. Indica que el administrador ha incurrido en una actuación discriminatoria y desproporcionada, afectando injustificadamente a la propietaria del departamento y a su familiar, quienes quedarían en una situación de vulnerabilidad al verse privados de un servicio básico esencial.

En el plano jurídico, el recurso se funda en el artículo 20 de la Constitución Política y en el artículo 19 N° 2, que consagra la igualdad ante la ley, señalando que la actuación del administrador constituye un acto arbitrario e ilegal al imponer sanciones sin respaldo normativo y en contravención del reglamento de copropiedad. Además, cita los artículos 6 y 19 N° 16 de la Constitución, relativos al principio de legalidad y al derecho al trabajo y a la vida digna, en cuanto el corte de electricidad afectaría directamente la calidad de vida de los habitantes del inmueble.

Por todo lo anterior, solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos del administrador, ordene dejar sin efecto la multa impuesta, disponga la suspensión inmediata del corte de suministro eléctrico, y condene en costas al recurrido, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y garantizar la protección constitucional de la afectada.

Segundo: Que, evacuando informe el recurrido, solicita el rechazo del presente arbitrio.

En primer término, niega los hechos expuestos en el recurso, calificándolos de falsos, y sostiene que la multa impuesta al residente nombre reservado no se originó por un “cruce de palabras”, sino por graves insultos, amenazas e injurias dirigidas hacia él, acreditadas mediante audios, video de seguridad y declaraciones de testigos.

Explica que el 5 y 10 de marzo de 2025, el Sr. nombre reservado lo insultó y amenazó reiteradamente en presencia de trabajadores del condominio, por lo que, conforme al artículo séptimo del Reglamento de Copropiedad, se le aplicó una multa de 5 UF, la máxima prevista, notificada el 24 de marzo de 2025. Precisa que la propietaria del inmueble es solidariamente responsable del pago, conforme a los artículos primero y segundo del Reglamento, que extienden las obligaciones a los ocupantes de las unidades.

Sostiene que, ante la morosidad prolongada de cuatro meses, la administración, con acuerdo del Comité de Administración, dispuso el corte del suministro eléctrico, fundado en el artículo 37 de la Ley N° 21.442, que extiende los apremios aplicables por morosidad en gastos comunes —como el corte eléctrico— a las multas e intereses. Cita además el artículo 20 N° 9 de la misma ley, que faculta al administrador, con autorización del comité, a suspender dicho servicio. Agrega que el recurso fue interpuesto ante sede incompetente, ya que conforme a los artículos 44, 46 y 47 de la Ley de Copropiedad, las controversias deben resolverse primero ante los Juzgados de Policía Local o un juez árbitro, según el caso.

Concluye que los actos impugnados fueron ajustados a derecho, fundados en la ley y en el reglamento de copropiedad, y que no existió arbitrariedad ni ilegalidad, solicitando que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, según se desprende de lo expuesto por la actora en su recurso, el acto que se califica de ilegal y arbitrario es la aplicación de una multa, a su juicio sin fundamento ni procedimiento previo y la decisión del administrador de ordenar el corte del suministro eléctrico al departamento N°1311 por el no pago de dicha multa.

Sexto: Que, en primer lugar, cabe apuntar que el arbitrio impetrado no es la vía para resolver el conflicto de marras, toda vez que el propio Reglamento de Copropiedad de Condominio Fermín Vivaceta señala los pasos e instancias para la resolución de conflictos, amén de los procedimientos que dispone la propia ley para ello.

Así, el artículo 47 de la Ley de Copropiedad N° 21.442 ordena que los conflictos surgidos en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria que se promuevan entre copropietarios o entre estos y la Asamblea de Copropietarios, el Comité Administración o el Administrador o entre estos mismos órganos de administración del Condominio podrán resolverse en la Municipalidad respectiva con una solución extrajudicial. La Municipalidad estará facultada para citar a reuniones a las partes en conflicto y proponer vías de solución; en tanto que el artículo 44 de la Ley de Copropiedad dispone que será competencia de los Juzgados de Policía Local correspondientes y se sujetarán a las disposiciones de la ley Número 18.287 y, en subsidio, del Código de Procedimiento Civil todas las contiendas que surjan en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria que se promuevan entre copropietarios o entre estos y la Asamblea de Copropietarios, el Comité Administración o el Administrador o entre estos mismos órganos de administración del Condominio que no hayan podido solucionarse en las asambleas correspondientes. A su turno, el artículo 46 de mismo cuerpo legal, ordena que los conflictos al interior de la Copropiedad podrán someterse a la resolución de un juez árbitro (arbitrador, mixto o de derecho), según lo estipulado en el artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales de solución, levantando un acta, con los acuerdos adoptados.

De lo anterior, queda de manifiesto que el recurso de protección impetrado no es la vía para la resolución del conflicto de marras.

Séptimo: Que, asimismo, esta Corte no advierte que la recurrente tenga un derecho indubitado cuyo ejercicio esté siendo amenazado o privado por alguna acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida; ni tampoco que se amaguen alguna de las garantías constitucionales protegidas por la acción cautelar de marras.

En efecto, lo que se observa es que al copropietario se le ha cursado una multa dictada a resguardo de las normas del Reglamento de Copropiedad del Condominio San Fermín de Vivaceta, el que ha sido dictado de conformidad con la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, sin que el recurrente haya ejercitado los derechos ni haya iniciado los procedimientos para resolver el conflicto con el Administrador, como ya se ha señalado.

Octavo: Que, por otra parte, y a mayor abundamiento, de los antecedentes allegados a estos autos, se constata que la multa cursada y denunciada como ilegal por la recurrente fue notificada el 25 de marzo de 2025, en tanto que el recurso de marras se presentó el 30 de julio de 2025, claramente excediendo el plazo para interponer esta acción cautelar, de conformidad con el Auto Acordado Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección que otorga al efecto un plazo solo de 30 días.

Noveno: Que, por consiguiente, y de acuerdo a lo que se viene desarrollando, la presente acción de protección no puede prosperar, al no acreditarse la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales de la recurrente.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Vidaurre.

N°Protección-17221-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por el ministro (S) señor Daniel Aravena Pérez y por la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller. No firma la abogada integrante señora Vidaurre por encontrarse ausente.