Protección contra Universidad de Chile

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Máximo Pávez Cantillano, abogado, por sí y en favor de nombre reservado, ingeniero civil, profesional en calidad de Contrata grado 9° del Centro Sismológico Nacional, dependiente de la nombre reservado y nombre reservado de la Universidad de Chile, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Universidad de Chile, y en especial en contra de la Rectora de la Universidad, profesora nombre reservado, y en contra del nombre reservado y nombre reservado, profesor nombre reservado, por los actos administrativos ilegales y arbitrarios dictados por esas autoridades en el contexto de un sumario administrativo, y que por acto administrativo terminal, correspondiente a Resolución Exenta N°00627 del 16 de octubre de 2023, se le aplicó la sanción disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con un goce de 70% de su remuneración con la consiguiente constancia en su hoja de vida de una anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación correspondiente, de conformidad a lo prescrito en el artículo 124 del Estatuto Administrativo, por la ocurrencia de supuestos hechos calificados de conducta de maltrato laboral, lo que vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, esto es, la integridad física y psíquica de las personas, la igualdad ante la ley, el derecho a un debido proceso, tanto por el desarrollo de una investigación y un procedimiento racional y justo y sin juzgamiento de comisiones especiales.

Solicita:

1.- Que se declare el decaimiento e ineficacia del proceso administrativo disciplinario producto de las dilaciones excesivas e injustificadas en su materialización.

2.- Que tanto las Resoluciones Exentas Nº00627 de 16 de octubre de 2023; N°00681 de 14 de diciembre de 2022, ambos del nombre reservado y nombre reservado; y la Resolución Exenta de la Rectora de la Universidad de Chile N°01707 del 05 de octubre de 2023, sean declaradas ilegales y arbitrarias, pues devinieron en la aplicación de una sanción completamente desproporcionada, además de haber sancionado de forma definitiva un proceso con dilaciones indebidas tornando definitivamente en ineficaz el proceso administrativo sancionador.

3.- Que varias actuaciones procesales y de fondo esenciales del procedimiento administrativo sustanciado en contra del recurrente, sean declarados arbitrarios e ilegales.

Da cuenta que mediante Resolución Exenta N°02958 de fecha 06 de noviembre del 2018, el nombre reservado y nombre reservado de la Universidad de Chile, Sr. nombre reservado, dispuso de una investigación sumaria con el objeto de investigar los hechos denunciados por la Sra. nombre reservado (profesional calidad a contrata grado 10°), en contra del nombre reservado (profesional en calidad de contrata grado 9°), ambos del Centro Sismológico Nacional de dicha unidad académica, siendo este último Jefe de Operaciones de dicho Centro. Se designó fiscal al señor nombre reservado, académico de esa nombre reservado, grado 5°.

Luego, a través de la Resolución Exenta N°01230 del 21 de junio del 2019, el Sr. nombre reservado y nombre reservado resolvió elevar a sumario administrativo la investigación sumaria, designándose en calidad de fiscal sumariante a la Sra. nombre reservado, grado 8° de la EDU. Dicha resolución, además, determinó que los antecedentes recopilados hasta esa fecha fueran puestos a disposición de la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria de la Universidad de Chile.

Cuestiona que dicha resolución no se encuentra debidamente fundamentada tornándola completamente ilegal, al no describir los hechos que serían de mayor gravedad ni indicar el fundamento de tal decisión, lo que fue impugnado por el actor, lo que fue desestimado.

Indica que, con fecha 19 de octubre de 2019, se produce la formulación de cargos a través de la resolución N°04, en el cual se describen los hechos que finalmente configurarían la infracción a las normas del estatuto administrativo. Dicha resolución fue notificada personalmente con fecha 19 de octubre de 2020. Esta formulación de cargos se hizo sin oír la declaración del inculpado en el sumario, lo que llevó a dejar sin efecto dicha resolución a través de la Resolución Nº5 del 20 de octubre del 2020.

Luego, por Resolución N°6 del 28 de diciembre de 2020, se formularon cargos en contra del recurrente Sr. nombre reservado, siendo notificados el 11 de enero de 2021. A su vez, con fecha 06 de septiembre se dictó la Resolución N°12, que reformuló los cargos en contra del denunciado. Dicha resolución se notificó el 24 de septiembre del 2021. Luego, el recurrente presentó su primer escrito de descargos con fecha 25 de enero del 2021 y con fecha 04 de octubre del 2021 la contestación de la reformulación de cargos.

Precisa que se abrió un término probatorio a partir de la Resolución N°15 y 16 de fecha 30 noviembre de 2021, la cual fue notificada el 01 de diciembre de 2021. Con fecha 08 de julio del 2022 se dicta la resolución N°20 fijando el término probatorio entre los días 11 y 29 de julio del 2022 en los cuales constan diversas diligencias incluyendo la declaración de testigos.

Añade que, con fecha 24 de agosto del 2022, a través de la Resolución N°23 se emite la vista fiscal, dando por acreditado la participación del denunciado en los hechos que se investigan.

Explicita que con fecha 14 de diciembre del 2022, por la Resolución N°00681, el nombre reservado y nombre reservado de la Universidad de Chile, nombre reservado, resolvió la aplicación de la sanción de suspensión del empleo por tres meses, con un goce de 70% de su remuneración con la consiguiente constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación correspondiente, de conformidad a lo prescrito en el artículo 124 del Estatuto Administrativo.

Menciona que dicha resolución se notificó, de manera ilegal a través de un correo electrónico, con fecha 27 de diciembre de 2022.

Relata que el 04 de enero de 2023, se presentó recurso de reposición con apelación, en subsidio, por parte del recurrente nombre reservado, el que por Resolución Nº00223 del 01 de marzo de 2023, fue rechazado por el nombre reservado y nombre reservado, elevando los autos a la Rectoría de la Universidad, la que por Resolución Exenta Nº01707, del 05 de octubre del 2023, resolvió rechazar la apelación interpuesta de manera subsidiaria por el Sr. nombre reservado en contra de la Resolución Exenta Nº00681.

Finalmente, da cuenta que con fecha 21 de diciembre de 2023, se notificó en forma personal, al recurrente de la Resolución Nº00627 de fecha 16 de octubre del 2023 que aprobó el sumario y aplicó la sanción disciplinaria.

Los cargos que se imputaron a recurrente fueron los siguientes:

a) “Realizar comentarios descorteses, alzando la voz a la Sra. nombre reservado, el 27 de septiembre de 2016. Lo anterior, en la sala de reuniones, ubicada en el quinto piso del edificio de Geofísica.

b) Realizar comentarios descorteses, alzando la voz, a la Sra. nombre reservado, señalándole ¿Quién te crees que eres?, el 27 de septiembre de 2016. Lo anterior, en la sala de reuniones, ubicada en el quinto piso del edificio de Geofísica.

c) Realizar comentarios descorteses, alzando la voz, a la Sra. nombre reservado, señalándole “Párate, tenemos que hablar” y llevándola a la Oficina de Administración, que pertenecía al Sr. nombre reservado, Sra. nombre reservado y Sr. nombre reservado, en el mes de abril de 2017. Lo anterior, luego de que la Sra. nombre reservado hubiera hablado con el Sr. nombre reservado.

d) Realizar comentarios descorteses, alzando la voz, a la Sra. nombre reservado, en el mes de abril de 2017. Lo anterior, en la Oficina de Administración, que pertenecía al Sr. nombre reservado, Sra. nombre reservado y Sr. nombre reservado, y luego de que ella hubiera hablado con el Sr. nombre reservado.

e) Realizar comentarios descorteses, alzando la voz, a la Sra. nombre reservado, señalándole “¿Acaso tienes algún problema? Arreglémoslo ahora” “si me dices que no me voy y dejo de perder mi tiempo”, en el mes de junio de 2017. Lo anterior, luego de ir a buscar a la oficina a la Sra. nombre reservado y llevarla al pasillo para enseñarle lo anterior.

f) Calificar en nivel deficiente a la Sra. nombre reservado, en el factor “Condiciones Personales”, argumentando: “La funcionaria se encuentra como interviniente en un sumario administrativo por eventual acoso laboral y mantiene una tensa relación con algunos integrantes del Centro, lo que dificulta el trabajo en equipo y el clima laboral”, el 01 de agosto de 2017. Lo anterior, como consecuencia -conforme señala la evaluación- de ser interviniente en un procedimiento disciplinario de acoso laboral.

g) Calificar en nivel deficiente, a la Sra. nombre reservado, en el factor “Comportamiento Funcionario”, argumentando: “Por el mismo sumario no respeta las jerarquías y líneas de mando. Existe una excesiva preocupación por situaciones que no le corresponden”, el 01 de agosto de 2017. Lo anterior, como consecuencia de ser interviniente en un procedimiento disciplinario de acoso laboral.

h) Quitar funciones a la Sra. nombre reservado, asignándoselas al funcionario Sr. nombre reservado, quien estaba a cargo de la Sra. nombre reservado, en el mes de septiembre del 2017, sin motivo justificado.

i) Alterar la jerarquía en el ejercicio de sus funciones a la Sra. nombre reservado, quitándole la facultad de coordinar y estar a cargo del trabajo de los Sres. nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, a fines del año 2017, sin motivo justificado.

j) Realizar comentarios descorteses y difundir rumores falsos respecto de la Sra. nombre reservado, en octubre del año 2017, señalando que sus colegas se quejaban del comportamiento de la Sra. nombre reservado, cuestión que fue posteriormente desmentida por dichos funcionarios, mediante carta dirigida al Sr. nombre reservado.

k) Promover la firma entre los integrantes de su equipo -y subordinados- de una carta titulada dirigida al Sr. nombre reservado, en el mes de octubre de 2018, la cual denuncia un mal ambiente laboral”.

Alega que la resolución que eleva la investigación a sumario administrativo es ilegal por cuanto adolece de manifiesta falta de fundamentos. Así, no distingue en su contenido los “vistos” de los “considerandos; no indica las razones por las cuales se cumplirían los requisitos legales para poder elevar la condición de investigación sumaria a sumario administrativo, menos fundado en el transcurso del tiempo, y no se hace cargo ni pondera toda la prueba aportada por nombre reservado ni de los otros declarantes.

Sustenta como segunda Infracción, la del inciso 5° del artículo 19 N°3 de la Constitución Política en cuanto a la prohibición de juzgamiento por Tribunales Especiales, fundado en que se sustrajo la competencia de un fiscal designado conforme a derecho para entregarla una fiscal basado única y exclusivamente en el razonamiento de que existe una Unidad especializada para investigar los hechos calificados como de acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria, a la cual se le da competencia de manera retroactiva al Decreto Exento Nº0048891 del 26 de noviembre de 2018 de la Rectoría de la Universidad de Chile. De tal manera, que la Fiscal designada nombre reservado (y su sucesora), resulta ser incompetente desde el punto de vista del efecto retroactivo de las leyes y del principio del juez natural.

Refiere como tercera infracción, la arbitrariedad e ilegalidad en la resolución que formula cargos al señor nombre reservado, sin ninguna diligencia que dé cuenta de un procedimientos e investigaciones racionales y justos, siendo una copia textual de la formulación de cargos que quedó sin efecto por disposición del fiscal.

Agrega que, existió ilegalidad flagrante, en atención que las únicas diligencias investigativas fueron la solicitud de la hoja de vida del sumariado, la minuta de declaración de nombre reservado y la propia declaración de nombre reservado., lo que vulnera el artículo 135 del Estatuto Administrativo, que establece que establece que la investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación.

Adicionalmente, argumenta que se consignó la posibilidad de la toma de declaración de nombre reservado, además de otros antecedentes escritos aportados por él, dictándose la Resolución Nº06 de fecha 28 de diciembre de 2020 en la que se formula cargos, siendo esta resolución idéntica a la que había formulado cargos anteriormente y que había quedado sin efecto, la que no se encuentra debidamente fundamentada al omitir de manera deliberadamente todos los antecedentes aportados por este.

Identifica como cuarta y quinta infracción, las actuaciones que se no encuentra firmadas por la fiscal y por el actuario, contraviniendo expresamente el inciso final del artículo 130 del DFL N° 29 que fija el texto de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, como no haberse notificado personalmente al requirente del cambio de actuario (resolución N°19 del 23 de junio del 2022).

Puntualiza como sexta infracción, la falta de imparcialidad y discriminación arbitraria en la forma en que la fiscal sumariante realizó las preguntas a los testigos, con sesgos incriminatorios para las tres testigos mujeres de la denunciante, relación a los testigos del investigado.

Cuestiona que la Fiscal no aplica la prescripción de hechos descritos en la vista fiscal contenida en la Resolución N°23 de fecha 24 de agosto del 2022, solo haciéndolo para los cargos formulados en la letra a) y b) sobre realización de comentarios descorteces en el año 2016, habiendo debido aplicarla, para los otros cargos que fueron reformulados, en infracción del artículo 158 del D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, del plazo de 4 años de la acción disciplinaria.

Levanta como octava irregularidad, que la vista Fiscal da por acreditado un hecho, pero reconociendo que el denunciado en el sumario no era el responsable del mismo, en cuanto a la calificación deficiente de la Sra. nombre reservado.

Asevera como novena irregularidad, que la resolución que aplica la sanción de parte del nombre reservado y nombre reservado, no se notificó personalmente vulnerando el artículo 131 del Estatuto Administrativo, sino a través de un correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2022.

Aduce como décima irregularidad, el inicio del procedimiento sumarial a partir de una prueba obtenida de manera ilícita, consistente en un audio grabado a propósito de una reunión sobre el tema de las calificaciones de la Sra. nombre reservado, lo que realizó sin consentimiento de los partícipes, tanto del Sr. nombre reservado como del Sr. nombre reservado, lo que llevó a presentar una querella criminal en contra de la denunciante por el artículo 161-A del Código Penal, elemento que fue omitido en la vista fiscal y en la resolución sancionatoria.

Controvierte como undécima alegación, la desproporcionalidad en la sanción aplicada. Indica que, el acto sancionatorio carece de motivación o fundamentación ya que la resolución recurrida sólo hace una descripción enunciativa de los antecedentes que tuvo en consideración para aplicar la medida disciplinaria, no bastándose a sí misma para explicar cuál es el fundamento a partir del cual se establece una falta a la probidad.

Finalmente argumenta como duodécima ilegalidad, la dilación indebida en la resolución del sumario administrativo lo que ha hecho perder eficacia al proceso administrativo sancionador. En efecto, los hechos que se invocan como fundamento del proceso transcurren durante los años 2016, 2017 y 2018, quedando definitivamente sustanciado y resuelto a fines del año 2023.

Enuncia que concurre la institución del decaimiento o pérdida de eficacia del procedimiento sancionador, teniendo en cuenta que la máxima autoridad de la Universidad soslayó que desde la formulación de cargos hasta la dictación de la sanción pasaron más de 3 años -y más de 5 desde que se inició la investigación sumaria-, no puede sino concluirse que el procedimiento sumario ha perdido toda oportunidad, volviéndose ineficaz y por tanto ilegal.

Solicita que se declare el decaimiento del proceso administrativo sumarial finalizado a través de la notificación de la Resolución Exenta N°00627 del 16 de octubre de 2023 del nombre reservado (s) de la nombre reservado y nombre reservado por la dilación excesiva e injustificada de su tramitación haciéndolo definitivamente ineficaz. En subsidio de lo anterior, se deje sin efecto las Resoluciones Exentas Nº00627 de 16 de octubre de 2023; N°00681 de 14 de diciembre de 2022, ambos del nombre reservado y nombre reservado; y la Resolución Exenta de la Rectora de la Universidad de Chile N°01707 del 05 de octubre de 2023 sean declaradas ilegales y arbitrarias, y se dispongan de cualquier otra medida que esta Corte considere pertinente para reestablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que comparece doña Liliana Galdámez Zelada, abogada, Directora Jurídica de la Universidad De Chile, en representación de la Universidad de Chile, cuyo representante legal es la Rectora doña nombre reservado y en representación del nombre reservado y nombre reservado, profesor nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Precisa que, a través de la Resolución N°02958 del 6 de noviembre de 2018, emitida por el nombre reservado y nombre reservado, se ordenó la instrucción de una investigación sumaria, para investigar los hechos relatados por doña nombre reservado, funcionaria del Centro Sismológico Nacional, que acusó malos tratos y represalias por parte del recurrente, en su calidad de Jefe de Operaciones del mencionado Centro, quien se desempeñaba como profesión Ingeniero Civil Industrial, a la cual se encontraba vinculado estatutariamente con la Universidad de Chile, a partir del 1 de julio de 2013, a través de un cargo profesional, grado 9°, con una jornada de 44 horas.

Con fecha 28 de diciembre de 2020, a través de la Resolución N°6, se formularon cargos contra el recurrente, en cuanto los comportamientos descritos, con excepción del descrito en la letra k), dan cuenta de una infracción a los deberes establecidos en el artículo 61 letra b), c) y g), del Estatuto Administrativo, de orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; de realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución y de observar estrictamente el principio de probidad administrativa. Además de una contravención a la prohibición contemplada en el Artículo 84 letra m) de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, m) realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.

Precisa que, con fecha 24 de agosto de 2022, a través de la Resolución Nº23, se emitió Dictamen en el Sumario Administrativo, a través del cual, la nombre reservado en Comisión llegó a la conclusión que el Sr. nombre reservado incurrió en conductas constitutivas de acoso laboral respecto de la funcionaria denunciante Sra. nombre reservado, en calidad de autor.

Para la determinación de la sanción, se tuvo a la vista que el recurrente registraba la aplicación de una medida disciplinara consistente en una multa de un 15% de su remuneración, de acuerdo a lo resuelto por el Sr. nombre reservado, según resolución Nª00229 del 17 de agosto de 2021, además de haber tenido una anotación demérito por medida disciplinara, según consta en su hoja de vida.

En atención a ello, la nombre reservado propone al Sr. nombre reservado la aplicación de la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con un goce de 70% de su remuneración, con la consiguiente constancia en su hoja de vida.

De esta manera, se eleva el expediente al Sr. nombre reservado, para su conocimiento y resolución. Así, con fecha 16 de octubre de 2023, a través de la Resolución Nº0027, la Decana (S) aprueba sumario señalado y aplica al recurrente la sanción de suspensión por tres meses, con un goce de la remuneración en los términos propuestos.

Al efecto, con fecha 4 de enero de 2023, el Sr. nombre reservado dedujo recurso de reposición, con apelación en subsidio, en contra de la Resolución Exenta N°00681, de 14 de diciembre de 2022, el Sr. nombre reservado y nombre reservado”.

Por medio de Resolución Exenta N°00223, de 1 de marzo de 2023, el Sr. nombre reservado y nombre reservado resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por el Sr. nombre reservado, y ordenó elevar los autos a esa Rectoría para el conocimiento del recurso de apelación interpuesto en subsidio, en que se dictó Resolución Exenta Nº01707, del 5 de octubre de 2023, que rechazó en definitiva, la apelación interpuesta.

Se refiere al marco normativo sobre la Universidad de Chile y al contexto del quehacer universitario en el periodo en que se ventilaron los hechos.

Explica sobre Decreto Universitario Exento N° 048891 de 2018, que crea la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria y el Decreto Universitario Exento N° 0019942 de 2019, que aprueba el nuevo protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria.

Argumenta que la Universidad de Chile no ha incurrido en omisiones o actuaciones arbitrarias o ilegales; muy por el contrario, ha tomado las medidas pertinentes en atención a la gravedad de los hechos denunciados a esa Casa de Estudios Superiores y tramitado el procedimiento de sumario administrativo apegado a una estricta legalidad.

Se refiere a la denuncia, instrucción del procedimiento sumario y formulación de cargos, como a los descargos y el término probatorio, como vista fiscal y resolucion que aplica la sanción disciplinaria.

Plantea que, en relación con las normas y principios del debido proceso, tanto el nombre reservado como Rectoría consideraron que han sido respetados durante la tramitación del procedimiento disciplinario en análisis, con especial énfasis en los principios de presunción de inocencia del inculpado durante todo el procedimiento y antes de que sea sancionado, el derecho a defensa del inculpado, la bilateralidad de la audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos a las resoluciones que sean dictadas en el marco del sumario administrativo.

Que, en este orden de ideas, en cuanto a los principios de bilateralidad, derecho a defensa y doble instancia, el Sr. nombre reservado tuvo la oportunidad procesal para formular descargos, acompañar y rendir prueba, y presentar los recursos administrativos que correspondan, lo cual se materializó en las presentaciones que.

Que, sobre el particular, tanto el nombre reservado como Rectoría consideraron que se tuvieron por acreditados los hechos que fundan los cargos formulados en las letras f) y g) de la Resolución N°06, de 28 de diciembre de 2020.

Detalla que con fecha 11 de noviembre de 2020, se tomó una segunda declaración al Sr. nombre reservado, según consta a fojas 546 a 551 del expediente; y a través de Resolución N°06, de 28 de diciembre de 2020, de la Sra. nombre reservado, fueron formulados cargos al Sr. nombre reservado, según rola a fojas 604 a 607 del expediente. Por tanto, se concluyó que los cargos formulados al Sr. nombre reservado, a través de Resolución N°06, de fecha 28 de diciembre de 2020, de la Sra. nombre reservado, fueron determinados después de la declaración tomada al recurrente con fecha 11 de noviembre de 2020, por lo tanto, se desestimó la alegación del Sr. nombre reservado señalada en el párrafo anterior.

Asevera que, en lo tocante a la alegación referida a la demora en la tramitación del sumario administrativo, y si bien lo anterior no constituye un vicio del procedimiento como bien lo manifiesta el recurrente, cabe señalar que todas las actuaciones se encuentran respaldadas en cuanto a su duración en el expediente, el cual ha sido objeto de recursos jerárquicos, recusación de Fiscal, cambio de Fiscal, entre las múltiples actuaciones, adicionalmente a la labor investigativa del instructor.

Que en este mismo ámbito, la Rectoría determinó rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio por el Sr. nombre reservado, confirmando la sanción impuesta mediante Resolución Exenta N°00681 de 14 de diciembre de 2022 de la nombre reservado, esto es, la suspensión del empleo por tres meses, con un goce del 70% de su remuneración, con la consiguiente constancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor de calificación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 del Estatuto Administrativo. Lo anterior consta en Resolución Exenta N°01707 de 05 de octubre de 2023, de la Dirección Jurídica de la Universidad de Chile.

Que la mencionada resolución fue notificada personalmente a don nombre reservado con fecha 16 de octubre de 2023 según consta en expediente sumarial.

Que se dictó la respectiva resolución de término del procedimiento disciplinario, N°00627 de 16 de octubre de 2023 de la nombre reservado, que aprueba sumario administrativo, notificada el 24 de noviembre de 2023, controlada de legalidad por la Contraloría Universitaria, con fecha 27 de noviembre de 2023 y nuevamente notificada personalmente tanto a la denunciante como al denunciado con fecha 21 de diciembre de 2023, con el objeto que pudiesen interponer el recurso establecido en el artículo 160 del Estatuto Administrativo ante la Contraloría General de la República, en caso que quisieran hacer uso de esa prerrogativa.

Con fecha 21 de diciembre de 2023 se remitió Memorando a la Unidad de RRHH de la nombre reservado, informando sobre la aplicación de la sanción disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses, respecto del funcionario nombre reservado.

Alega la excepción de extemporaneidad del recurso interpuesto dado que con fecha 21 de diciembre de 2023, se le habría notificado la Resolución Exenta N°00627 del 16 de octubre de 2023, que aprueba la investigación sumaria instruida por la Resolución N°02958 de 2018. No obstante, este acto administrativo, viene solamente a materializar la decisión a la que se arribó en el sumario administrativo, por medio de Resolución Exenta N°00681, de 14 de diciembre de 2022, el Sr. nombre reservado y nombre reservado aplicó sanción a don nombre reservado.

Argumenta que, el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar un sumario administrativo. En efecto, de la tramitación misma del procedimiento disciplinario queda en evidencia que el actor no ha alegado vicio alguno que afecte la legalidad del procedimiento sumarial. No obstante, al plantear la presente acción constitucional persiguen que se deje sin efecto el procedimiento disciplinario de la especie, el que, por lo demás, se encuentra afinado. De este modo, lo pretendido por el recurrente consiste en que esta Corte dicte una nueva resolución a través de la cual sean absueltos de los cargos formulados en el sumario, sustituyendo con ello la potestad disciplinaria del nombre reservado referida y de la Rectora de la Universidad de Chile, lo que es improcedente.

En este contexto, señala que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios administrativos, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la formulación de cargos y su debido emplazamiento; la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquéllos pueden hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen.

Plantea que la Universidad de Chile no ha incurrido en ninguna acción u omisión, ilegal o arbitraria. La omisión ilegal y arbitraria que reclama el recurrente es la no dictación de un acto administrativo fundado por parte de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que ponga término al sumario administrativo ordenado instruir mediante la Resolución N°0551, sin embargo, en los hechos, dicho acto administrativo ya ha sido dictado y notificado.

Hace presente que, en el desarrollo del libelo impetrado, el actor no señala garantías constitucionales conculcadas en el desarrollo de éste.

Alude que la falta de fundamentos de la resolución que eleva la investigación a sumario administrativo, más allá de la absoluta extemporaneidad de esta alegación, cabe señalar que, en la resolución referida, se indicó la necesidad de elevar la investigación a sumario administrativo, atendido a la relevancia de los hechos descritos y ventilados que motivaron la instrucción de una investigación sumaria.

En cuanto a sobre el supuesto juzgamiento de tribunales especiales, debe descartarse, toda vez que, todas las autoridades que han intervenido en este proceso lo han hecho en virtud de las normas reglamentarias que regulan los procedimientos disciplinarios para los estudiantes de la Universidad de Chile, es decir, bajo un título legal, y en ningún caso auto atribuyéndose una potestad ajena a la regulada.

En relación a la arbitrariedad e ilegalidad de la resolución que formula cargos, por medio de Resolución N°12, de 6 de septiembre de 2021, la Fiscalía en comisión, reformuló los cargos signados con los literales c) y d) de la Resolución N°06, de 28 de diciembre de 2020. Lo anterior, da cuenta de la prolijidad con que se desarrolló la investigación, puesto que precisamente la reformulación de cargo, versó sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos, más no de las circunstancias ni las infracciones a los deberes funcionarios, respecto de los cuales el recurrente, en definitiva, fue sancionado.

Sobre la supuesta imparcialidad y discriminación en la forma en que se realizó la prueba de testigos. El fondo de esta alegación es del todo antojadiza toda vez que tienen que ver con la forma en que la nombre reservado realiza la investigación, respecto de la cual, según dispone el artículo 135 del Estatuto Administrativo: “tendrá amplias facultades”.

Respecto de la no aplicación de la prescripción respecto de los cargos de la letra c) y d). Precisa que, para alcanzar la convicción de que los hechos sucedieron como relata la funcionaria denunciante fue necesario corroborar su versión de los mismos, así la Fiscalía realizó un análisis pormenorizado de las declaraciones testimoniales y de los documentos allegados al proceso. De dicho análisis fue posible visualizar un patrón de conducta en el trato del Sr. nombre reservado, toda vez que varios funcionarios que prestaron declaración en ese procedimiento están contestes en relación con que el Sr. nombre reservado tenía una mala forma de tratar a los funcionarios y a las personas en general.

En tal sentido, cabe señalar que los cargos c) y d) se refieren a conductas ocurridas en el mes de abril de 2017, respecto de los cuales, a la fecha de la formulación de cargos, esto es, diciembre de 2020, no se encontraban prescritos, sin perjuicio que luego, en septiembre de 2021, fueron reformulados, no habiéndose modificado en lo sustantivo, sino que solo en el lugar donde estos habrían ocurrido, lo que no permite interrumpir.

Respecto de la supuesta irregularidad de inicio del procedimiento sumarial a partir de una prueba obtenida de forma ilícita, según consta en Resolución Exenta N°02958, de 6 de noviembre de 2018, del Sr. nombre reservado y nombre reservado, que consta a fojas 1 a 16 del expediente, el procedimiento disciplinario de marras fue instruido con el objeto de indagar “eventuales malos tratos y represalias por parte de don nombre reservado” respecto de doña nombre reservado, sin hacer referencia a ninguna grabación en los considerandos ni en los documentos fundantes del acto administrativo precitado.

En cuanto a la supuesta desproporcionalidad de la sanción, arguye que dicho principio de proporcionalidad se encuentra contemplado en el artículo 121, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, según el cual las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes que obran en el proceso.

En consecuencia, de los antecedentes contenidos en el expediente de marras, es posible concluir que la medida disciplinaria dispuesta a través de la Resolución Exenta N°00681, de 14 de diciembre de 2022, del Sr. nombre reservado y nombre reservado, resulta proporcional a la gravedad de la falta cometida, esto es, haber realizado conductas constitutivas de acoso laboral, conforme lo establecido en el artículo 61, letra c), del Estatuto Administrativo, en relación con la prohibición contemplada en el artículo 84, letra m), del mismo cuerpo legal, lo que debe ser concordado con lo dispuesto en el artículo 2° del Código del Trabajo, según el cual, las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona, siendo contrario a ella el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Acerca de la dilación indebida en la resolución del sumario, aclara que la demora en el procedimiento sumarial, por sí no constituye un vicio del procedimiento disciplinario.

Por lo demás, todas las actuaciones realizadas durante el curso del procedimiento disciplinario de marras se encuentran respaldadas en cuanto a su duración en el expediente, en el cual constan las siguientes diligencias y actuaciones, entre otras: 11 tomas de declaraciones (fojas 18 a 23, 109 a 114, 128 a 131, 133 a 137, 147 a 150, 152 a 156, 158 a 162, 187 a 192, 276 a 279, 480 a 487, y 546 a 551); formulación de cargos (fojas 502 a 505, y 604 a 607); presentación de descargos (fojas 666 a 695); reformulación de cargos (fojas 729 a 732); presentación de descargos respecto de los cargos reformulados (fojas 766 a 796); desarrollo de un término probatorio (fojas 803 a 1022), en el cual se acompañaron documentos y se rindieron 9 declaraciones testimoniales; recusación respecto de la nombre reservado (fojas 530 a 537 y 545 a 547), así como diversos recursos administrativos y cambios de Fiscalas y Actuarias(os).

Lo anterior permite establecer que, se han realizado diversas actuaciones y diligencias por la Fiscalía en comisión y por las autoridades competentes de la nombre reservado y nombre reservado, en el marco de sus atribuciones, justificándose el tiempo de tramitación del procedimiento disciplinario en análisis.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, en la especie, el recurrente estima como una vulneración de derechos fundamentales, la dictación de un acto administrativo terminal, correspondiente a Resolución Exenta N°00627 del 16 de octubre de 2023, por medio de la cual se le aplicó la sanción disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con un goce de 70% de su remuneración con la consiguiente constancia en su hoja de vida de una anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación correspondiente de conformidad a lo prescrito en el artículo 124 del Estatuto Administrativo, por la ocurrencia de supuestos hechos calificados de conducta de maltrato laboral.

En esta senda, solicita la declaración de tres hechos: 1. El decaimiento e ineficacia del proceso administrativo disciplinario producto de las dilaciones excesivas e injustificadas en su materialización; 2.- Las Resoluciones Exentas Nº00627 de 16 de octubre de 2023; N°00681 de 14 de diciembre de 2022, ambos del nombre reservado y nombre reservado; y la Resolución Exenta de la Rectora de la Universidad de Chile N°01707 del 05 de octubre de 2023, sobre la base de su desproporcionalidad y dilaciones indebidas, tornando en ineficaz el proceso administrativo sancionador; y 3.- Que varias actuaciones procesales y de fondo esenciales del procedimiento administrativo sustanciado en contra del recurrente, sean declarados arbitrarios e ilegales.

Quinto: Que, respecto de la alegación de extemporaneidad, esta será descartada, toda vez que el recurrente plantea su recurso en contra de la última resolución dictada en el sumario, por la cual se rechazó el recurso de apelación interpuesto.

El recurso de protección de marras se interpuso dentro de plazo, esto es, con fecha 29 de diciembre de 2023, respecto de la Resolución Exenta N°00627 del 16 de octubre de 2023, que aprueba la investigación sumaria instruida por la Resolución N°02958 de 2018, y que le fue notificada con fecha 21 de diciembre de 2023.

Sexto: Que, en relación con las alegaciones de la recurrente, debemos tener presente que éste solicita la declaración de hechos que no presentan carácter de indubitados, por lo que el recurso de marras no es la vía idónea para conocer de los mismos.

No obstante ello, presentándose el recurso de protección en contra de la Resolución que resolvió y tuvo por aprobado el procedimiento sumario impetrado en contra del recurrente, debemos tener presente que, si bien el recurso invoca infracciones normativas, estas no han sido expuestas de forma clara, ni menos aún acreditadas.

Séptimo: Que, en cuanto al posible decaimiento sostenido por el recurrente, esta alegación también será rechazada, pues no se evidencia una inactividad tal por parte de la recurrida, que permita sostener que se han cumplido los requisitos para ello.

Recordemos que el decaimiento administrativo requiere para su configuración el cumplimiento de determinados presupuestos: a) Que exista un acto administrativo esencialmente terminal, pues lo que trata de resolver el decaimiento son los efectos que ocurren tras la dictación y; b) Que concurra una circunstancia sobreviniente, que puede ser de tres tipos: (i) que afecta la existencia del supuesto de hecho que habilita para la dictación del acto; (ii) que afecte al objeto sobre el cual produce sus efectos el acto administrativo; y (iii) que exista una alteración sobrevenida a la regulación de los efectos del acto, sea que la derogue o que la modifique sustantivamente.

Respecto del primer presupuesto, mientras no concluya el procedimiento administrativo no existe un acto administrativo terminal que genere efectos jurídicos que podrían verse afectados por el decaimiento. En el presente caso, el acto administrativo que concluyó el procedimiento sancionatorio es la Resolución de fecha 16 de octubre de 2023.

El segundo presupuesto, reside en que, por circunstancias sobrevinientes, se provoque la indefensión del interesado. El más común de estos hechos es la dilación injustificada o irracional del procedimiento, lo que no es posible vislumbrar en el presente caso, toda vez que el sumario que aquí se cuestiona se llevó a cabo a través de una serie de etapas, debido a la complejidad y envergadura del mismo.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley 19.880 establece taxativamente las únicas causales de término de los procesos administrativos y que, por su parte, el plazo de seis meses para la conclusión de un procedimiento, al que se refiere el artículo 27 de la Ley 19.880, no tiene el carácter de fatal para el órgano administrativo.

Octavo: Que, en atención a lo expuesto, no se advierten las infracciones y vulneraciones señaladas en el presente recurso de protección, por lo que este deberá ser desestimado, como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso deducido por Máximo Pavez Cantillano, abogado, en favor de nombre reservado, contra de la Universidad de Chile, y en especial de la Rectora de la Universidad, profesora nombre reservado, y del nombre reservado y nombre reservado, profesor nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo de la abogada integrante M. Fernanda Vásquez Palma N°Protección-17214-2023.

No firma el Ministro señor Aguilar, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicio.

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