nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, empleada, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, Rut RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, RUT: RUT reservado, por haber efectuado descuentos de su remuneración por concepto de un crédito social moroso desde el año 2018, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que han transcurrido más de siete años desde que la obligación cayó en mora, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene a la recurrida abstenerse de continuar con los descuentos y restituir lo indebidamente retenido.

Expone que en el año 2016 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito social", pactado en diversas cuotas que serían descontadas conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sin embargo, en el año 2017 fue desvinculada de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos y cayendo en mora en el año 2018, lo que vulneraría gravemente sus derechos, haciendo presente que es divorciada, jefa de hogar con tres hijos, por lo que le fue imposible continuar pagando las cuotas estando cesante.

Señala que en diversas ocasiones concurrió a diferentes sucursales de la recurrida intentando regularizar su situación, no obstante, la única opción ofrecida era repactar la deuda, con el consecuente incremento artificial de la misma. Indica que comenzó a recibir llamados advirtiendo que, de no repactar, se iniciarían acciones judiciales en su contra. Añade que durante la pandemia y los últimos años no ha podido conseguir un trabajo estable.

Expone que han transcurrido más de cinco años desde que cayó en mora, sin que durante ese lapso la Caja de Compensación haya efectuado gestión alguna tendiente a perseguir el cobro de la deuda judicialmente.

Refiere que en el año 2023 logró encontrar trabajo nuevamente y, luego de un par de meses recibiendo sueldo normalmente, con fecha 18 de julio de 2024 fue informada por su empleador que le harían una reliquidación del mes de junio por un descuento correspondiente al 10% de su sueldo imponible, en razón del crédito social con la recurrida.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad sobre su remuneración, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Argumenta que si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados "descuentos por planilla" directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, al ser un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de remuneraciones del empleador y reembolsar los montos indebidamente descontados en un plazo de 10 días hábiles. Asimismo, en el primer otrosí solicita orden de no innovar para que la recurrida se abstenga de realizar los descuentos de su remuneración y de amenazar a su empleador.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe requerido, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por la abogada Inés Riquelme Arao, solicita el rechazo del recurso por falta de oportunidad, fundando su pretensión en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

En primer término, expone que otorgó a la recurrente dos operaciones de crédito social, las cuales se encontrarían impagas y en cobranza judicial, sin que se haya declarado en ningún caso la prescripción de las mismas.

Sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria, por cuanto los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor conforme al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Agrega que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, argumentando que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, y que, mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente, la obligación de pagar la suma recibida en préstamo existe y es plenamente exigible. Añade que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección.

Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta que, sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por la recurrente, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito y la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Precisa que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, no obstante, dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Por estas razones, solicita tener por evacuado el informe y rechazar por falta de oportunidad la acción de protección interpuesta.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que teniendo en consideración que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes manifestó expresamente acceder al cese definitivo del crédito y a la restitución de aquellas sumas que hayan recibido, a partir de la reanudación de los cobros; por lo que en definitiva ya accedió a la solicitud planteada por la parte recurrente, por lo que resulta claro que, a la fecha, ha cesado la actuación que se pretendía subsanar mediante la interposición de la presente acción cautelar.

En razón de lo dicho precedentemente, y no existiendo, a la fecha, un acto u omisión arbitraria e ilegal, y con ello tampoco alguna medida que esta Corte pueda adoptar para reestablecer el imperio del derecho, la presente acción deberá ser rechazada, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17211-2024.

Pronunciada por la Sexta Sala, integrada por los Ministros señor Mario Rojas González, señora Marisol Andrea Rojas Moya y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.