nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Juan Carlos Silva Quezada, abogado, actuando en favor de doña nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-03306-2021, de 13 de enero de 2021, emitida por el Departamento Contencioso de la Unidad Jurídica en causa R-144-278-2020, en virtud de la cual rechazó el uso de licencias médicas por parte de la recurrente provenientes del subsidio contemplado en la Ley Sanna, Ley 21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica. Alega que este acto vulnera las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En favor de la recurrente expone que su hija, de actuales ocho años, fue diagnosticada con leucemia lifoblástica aguda el 16 de marzo de 2020, esto la llevó a presentar licencias médicas para estar presente en el tratamiento de quimioterapia de su hija. El padre de la niña las abandonó, desarrollando una vida con una nueva familia en la ciudad de Toronto, Canadá, razón por la cual solicitó al Compin Subcomisión Sur poder hacer uso de las licencias médicas que por Ley Sanna le hubiesen correspondido al padre para acompañar el tratamiento de su hija, indicándosele que para ello era necesario primero, que por resolución judicial se le otorgase el cuidado personal de la niña, lo que cumplió según consta en causa RIT N° C-3394-2020, del Juzgado de Familia de Pudahuel, instancia en que demandó el cuidado personal de su hija en contra del padre, y mediante resolución de fecha tres de diciembre de 2020, se acogió a trámite la demanda y se accedió otorgar el cuidado personal provisorio de la niña de autos a la recurrente. Dicha demanda aun está pendiente de notificación mediante exequatur.

Sin embargo, posteriormente Compin Subcomisión Sur se negó a cancelar las licencias médicas que le correspondían al padre de la menor de autos, por lo que solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social un pronunciamiento sobre el caso, declarando que la recurrente puede acceder a las licencias que corresponderían al padre por un plazo de 90 días, fundado en el artículo 15 de la Ley Sanna. El motivo por el cual SUSESO rechazó la petición, es que el padre de la niña no tiene la calidad de trabajador dependiente que cotice en el territorio nacional, por lo que no correspondería dar aplicación a la norma especial del artículo 15, ya que no es cotizante del Seguro Sanna, lo que es una interpretación de la ley evidentemente errónea, que se aleja de su espíritu, pues no se puede limitar el otorgamiento de un beneficio respecto del cual se cumplen todos los requisitos, solo porque el padre abandonó a su hija para vivir en otro país.

Agrega además que Chile celebró con Canadá un convenio que permite el goce de beneficios previsionales en ambos países, dando continuidad a las cotizaciones obtenidas en cualquiera de ellos, con independencia del lugar de residencia, el que fue promulgado por Decreto Supremo N° 311 de 4 de marzo de 1998, del Ministerio de relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial el 29 de Abril del año 1998 que incluye prestaciones de salud.

Alega vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica, porque la negativa al goce de los beneficios de licencias médicas impide a la recurrente tomar los necesarios descansos para un adecuado acompañamiento del tratamiento de su hija. También se afecta el derecho de propiedad, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución contra la que se recurre, y en su lugar se disponga que la recurrida debe dictar una resolución que conceda el goce de las licencias médicas, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), señaló que cumpliendo la recurrente con los requisitos legales, se le otorgó el subsidio por licencias médicas desde el 01 de abril de 2020, autorizándose en total otros seis subsidios de licencia médica hasta completarse un total de noventa días, siendo rechazadas todas las demás prórrogas solicitadas a partir del 29 de septiembre de 2020 hasta el 5 de enero de 2021, siempre con el fundamento de haber excedido el plazo máximo por el cual se puede acceder al beneficio. Señala que con fecha 4 de junio de 2020, mediante la Resolución de folio S57703, fue autorizado por COMPIN la licencia médica extendida por 15 días a contar del día 1 de mayo de 2020 en base a ser una continuación de la anterior y según los mismos elementos analizados para autorizar la primera licencia. De ahí en más, se continuaron autorizando las licencias médicas que cubrían los periodos siguientes con las Resoluciones de Folio S57704; S7705; S57706; S57827; S58004. En total, hasta la Resolución de Folio S58004 fueron autorizados 90 días, los que luego se aumentaron en 90 días adicionales en virtud de la contingencia sanitaria y lo dispuesto en los DS 4, 104 y 269 del Ministerio de Salud. Luego de completados los periodos de días señalados, fueron rechazadas todas las prórrogas del beneficio a contar del 29 de septiembre de 2020 con la Resolución Folio S5951 de la Subcomisión Sur de COMPIN RM hasta el día 5 de enero de 2021.

TERCERO: Que, informando el Superintendente don Roberto Barraza Saavedra, en representación de SUSESO, solicitó el rechazo del recurso de protección, señalando que como autoridad se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas.

En primer lugar, alega que la materia sobre la que trata el recurso en realidad se engloba en el derecho a la seguridad social, contemplado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no esta protegido por la acción constitucional contemplada en el artículo 20 del mismo Código Político.

En subsidio de lo anterior, argumenta que por aplicación del artículo 3 de la Ley Sanna, el beneficio de salud en ella contemplado solo puede beneficiar a quienes tengan la calidad de trabajadores dependientes en Chile de acuerdo al Código del Trabajo, los funcionarios de la Administración del Estado y los cotizantes independientes. El padre, en el presente caso, no tiene la calidad de trabajador en Chile y, por tanto, no es cotizante del Seguro SANNA. Así, no se puede traspasar del padre a la madre un beneficio del cual el primero no es cotizante.

En tercer lugar, plantea que gozar de un beneficio de licencia medica no es un derecho indubitado, razón por la cual la petición de la recurrente sobrepasa los límites del recurso de protección.

Así, entendiendo que la recurrida actuó dentro de sus facultades legales y de conformidad a la ley, concluye que no existe vulneración a las garantías constitucionales denunciadas, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

CUARTO: Que, la recurrente acompañó a su recurso los siguientes antecedentes: 1.- Copia del acto impugnado, la Resolución exenta número R-01-UJU-03306-2021, de fecha 13 de Enero del año 2021, emitido por el Departamento Contencioso de la Unidad Jurídica en causa R-144-278-2020. 2.- Un informe médico emitido por el Hospital San Juan de Dios, Servicio de pediatría, correspondiente a la Unidad de Hemato Oncología, en donde se diagnostica que la hija de la recurrente adolece de Leucemia Linfoblástica aguda común, en cuya parte final señala expresamente que: “paciente debe acudir de urgencia al Hospital al Hospital en caso de fiebre o sangrado por riesgo vital”. 3.- Resolución emitida por el Juzgado de Familia de Pudahuel de fecha 3 de diciembre del 2020, dictada en la causa RIT número C-3394-2020, sobre tuición personal, en que ser otorga el cuidado provisorio de la menor a la recurrente.

QUINTO: Que, corresponde rechazar la primera alegación que realiza la recurrida SUSESO, la que deduce en forma previa a entrar al análisis del fondo de la acción interpuesta, porque si bien los hechos que se invocan en el recurso tratan una materia vinculada con el derecho a la seguridad social, contemplado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que efectivamente hasta ahora no está protegido por la acción constitucional contemplada en el artículo 20, no se ha esgrimido por la recurrente la vulneración de esta garantía fundamental en particular, sino que la de los numerales 1 y 24 del artículo 19, derechos que se encuentran expresamente amparados en esta norma. Por lo demás, la circunstancia que se oponga “en forma previa” por la recurrida, nunca podría significar que esta Corte deba abstenerse de entrar a conocer sobre el fondo de la acción constitucional deducida, especialmente cuando se esgrimen vulneradas otras garantías fundamentales, por parte de un ente del Estado.

SEXTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SÉPTIMO: Que, sobre la existencia del acto en contra del cual se recurre, no existe controversia que la SUCESO dictó la Resolución Exenta N° R-01-UJU-03306-2021, de 13 de enero de 2021, emitida por el Departamento Contencioso de la Unidad Jurídica en causa R-144-278-2020, en virtud de la cual rechazó el uso de licencias médicas por parte de la recurrente provenientes del subsidio contemplado en la Ley N° 21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica, la que señala como motivos para negar esta prestación solicitada: “Que para que opere esta regla especial para el uso del permiso, se requiere que el padre y la madre tengan la calidad de trabajadores bajo la legislación chilena, es decir, que coticen como tales en nuestro territorio, reuniendo los requisitos del artículo 5 de la ley 21.063, situación que en el caso en consulta no se verificaría, por cuanto don nombre reservado, no tiene la calidad de trabajador en Chile, y por ende, no es cotizante del Seguro Sanna”.

OCTAVO: Que, respecto al requisito referido a la ilegalidad o arbitrariedad del acto administrativo impugnado, se debe considerar que la Ley N° 21.063, más conocida como Ley Sanna, establece un seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal, recibiendo durante ese período un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración o renta mensual, en los términos y condiciones señalados en la Ley, de cumplirse de determinados requisitos mínimos de cotizaciones. También serán beneficiarios del seguro el padre trabajador o la trabajadora que tenga a su cargo el cuidado personal de dicho niño o niña, otorgado por resolución judicial.

NOVENO: Que, para acceder al beneficio la recurrente acreditó ante la autoridad administrativa que tiene la calidad de madre de una menor que sufre de una enfermedad catastrófica diagnosticada como leucemia lifoblástica; que por resolución judicial del Juzgado de Familia de Pudahuel, se le otorgó el cuidado personal de su hija menor de 8 años; que cumplía con los requisitos exigidos por la Ley N°21.063, dado que anteriormente, por medio de la Resolución de Folio S57702, Compin RM Subcomisión Sur se le autorizó el primero de los permisos conferidos que otorga el mencionado seguro, otorgándosele algunas licencias en su favor, que se aumentaron en 90 días adicionales en virtud de la contingencia sanitaria y lo dispuesto en los DS 4, 104 y 269 del Ministerio de Salud. Luego de completados los periodos de días señalados, fueron rechazadas por la autoridad administrativa todas las prórrogas del beneficio a contar del 29 de septiembre de 2020 con la Resolución Folio S5951 de la Subcomisión Sur de COMPIN RM hasta el día 5 de enero de 2021.

DÉCIMO: Que, por consiguiente, el beneficio que reclama la recurrente y cuya goce se ha negado ejercer por parte de la recurrida, no corresponde el derecho a usar licencia médica SANNA por el período que le correspondía a ella en su calidad de trabajadora, que le fue reconocido anteriormente, sino que el período adicional que le corresponde por tener el cuidado personal de la menor, por lo que la cuestión de esta causa se centra en determinar el sentido y alcance que correspondía otorgar por la autoridad recurrida, al artículo 15 inciso segundo de la Ley N° 21.063, norma previsional que en su parte pertinente establece: “En los casos que el padre y la madre sean trabajadores con derecho a las prestaciones del Seguro y uno de ellos tenga el cuidado personal del hijo o hija otorgado por resolución judicial, este último tendrá derecho a la totalidad del período de permiso que corresponde a ambos padres. Sin perjuicio de lo anterior, el padre o madre que tenga el cuidado personal del hijo o hija podrá igualmente traspasar hasta el total del período máximo que le corresponde, al otro padre o madre”.

UNDÉCIMO: Que, conforme a su tenor literal, la interpretación realizada por la recurrida a esta regla excepcional del artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 21.063, restringe su aplicación y no se conforma con el sentido y alcance que correspondía otorgarle, en cuanto se trata de una norma previsional excepcional, que busca cautelar y resguardar de manera más amplia, inclusive la situación especial de aquellos niños y niñas que sufriendo de una enfermedad catastrófica, sólo están al cuidado personal de solo uno de sus progenitores o un tercero.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, esta Corte considera que la resolución dictada por la Superintendencia de Seguridad Social al rechazar el reclamo de la recurrente que negó el pago de las licencias médicas, incurrió en un acto ilegal porque restringió el legítima ejercicio de un derecho reconocido en la ley, sin encontrarse facultada para ello, realizando para ello una interpretación errada al artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 21.063, al exigir como requisito adicional el que “ambos padres” residan y coticen en Chile, en favor de instituciones de salud; además es arbitraria, porque discrimina y deja sin protección los casos de niños, niñas y adolescentes cuya situación de vulnerabilidad es mayor, porque no solo se encuentran afectados por una grave enfermedad, sino que además han sido abandonados por alguno de sus progenitores.

DÉCIMO TERCERO: Que, en la especie, con su decisión la recurrida no consideró que el artículo 15 inciso 2° de Ley 21.063, reconoce expresamente el derecho de la recurrente, en cuanto se trata de una madre trabajadora con derecho a las prestaciones de ese seguro –reconocido en permisos anteriores-, por lo que tenía derecho no sólo por el período correspondiente a ella, sino que por la totalidad del período de permisos que correspondería a ambos padres, dado que es ella quien actualmente tiene el cuidado personal de la menor que padece de una grave enfermedad, porque el padre no reside ni cotiza en Chile, después por haberlas abandonado.

Una interpretación conforme a la Ley Sanna, y al principio pro persona que integra el derecho a la seguridad social, es aquella que potencie el derecho de todo niño, niña y adolescente que padezca una enfermedad catastrófica –sin discriminación de ninguna especie-, a tener el acompañamiento o cuidado personal por parte de alguno de sus padres o persona que lo tenga a su cuidado; y no aquella que privilegie el pago de una cotización de salud en favor de una entidad de salud previsional.

En estas circunstancias, correspondía además que la recurrida, en cuanto ente del Estado, integrara esta norma con lo que dispone el artículo 3 número 1 de la Convención sobre derechos del Niño, en cumplimiento a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado de Chile, que dispone que en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas, ha de tenerse una consideración primordial, de atender su interés superior.

DÉCIMO QUINTO: Que, también corresponde rechazar la tercera alegación de la recurrida, por la que señaló que la pretensión de la recurrente desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, sobre la base del argumento que la madre de la menor gravemente enferma no tendría un derecho indubitado y preexistente, porque contrariamente a esa defensa, en el presente caso ese derecho existe y tiene reconocimiento expreso y excepcional en el artículo 15 inciso 2° de la Ley N° 21.063, siendo una cuestión diferente que la recurrente lo haya desconocido, al exigir mayores exigencias para acceder a su pleno goce y ejercicio, sin conformarse al tenor literal de esa norma, a los principios que rigen la seguridad social y a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

DÉCIMO SEXTO: Que, por lo mismo, también considera esta Corte que el acto reprochado a la recurrida ha tenido incidencia directa a inmediata en la perturbación a la garantía fundamental que consagra el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, protegida en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, porque el rechazo de licencias médicas naturalmente la impactan severamente en su salud, produciendo un deterioro de la misma, al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de fortaleza, para cuidar adecuadamente a su hija menor de 8 años que padece de una grave enfermedad catastrófica. Además, vulnera su derecho de propiedad, porque afecta su patrimonio que se ve mermado por la decisión de la recurrida que le ha impedido acceder al subsidio por enfermedad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, se acoge, con costas la acción de protección deducida por el abogado don Juan Carlos Silva Quezada, en favor de doña nombre reservado, y se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-03306-2021, de 13 de enero de 2021, emitida por el Departamento Contencioso de la Unidad Jurídica en causa R-144-278-2020, de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en virtud de la cual rechazó el uso de licencias médicas por parte de la recurrente provenientes del subsidio contemplado en la Ley Sanna, Ley N° 21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica, debiendo la recurrida dictar la resolución que en derecho corresponda, que le permitan gozar y ejercer el derecho a las licencias que le reconoce esa ley.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor nombre reservado.

No firma el Abogado Integrante señor Montt, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

N° Protección 1719-2021