nombre reservado con UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

Santiago, trece de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Don nombre reservado, ha interpuesto recurso de protección en contra de la Universidad Diego Portales, señalando que desde el año 2014, es estudiante de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad recurrida, manteniendo un buen rendimiento académico.

Agrega que en septiembre de 2017, fue diagnosticado con una sintomatología asociada a un cuadro psicopatológico -esquizofrenia- motivo por el cual ha tenido que someterse a variados tratamientos farmacológicos, lo que le provocaban estados de somnolencia, desconcentración y problemas cognitivos permanentes que devinieron en intermitencias y retrasos en sus semestres, sin perjuicio de lo cual igualmente logró aprobar la mayoría de los ramos con excelentes notas el año 2018.

Refiere que el año 2019, tuvo que cursar por tercera vez la asignatura “Modelo Estocástico” pero su desempeño se vio perjudicado por un cambio en su tratamiento, circunstancia que resulta ajena a su voluntad, lo que explicó a la Universidad y envió un certificado médico en julio de 2019 a la Secretaría de Estudios, solicitando ser calificado de manera diversa para poder aprobar la mencionada asignatura, sin recibir respuesta alguna.

Añade que, posteriormente, en diciembre pasado cuando quiso matricularse para el año en curso, supo que estaba en proceso de eliminación de la Universidad, frente a lo cual se comunicó con el Secretario de Estudios don nombre reservado, quien se limitó a señalarle que debía esperar la decisión del Comité de Gracia de la Universidad, comité que con fecha 23 de enero de 2020 rechazó su petición.

Estima como infringida la garantía constitucional consagrada en los numerales 1°, 11 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita se ordene restablecer el imperio del derecho.

Don nombre reservado, por la Universidad Diego Portales, evacuó informe señalando que el recurrente ingresó a la carrera de Ingeniería Civil Industrial el año 2014, suscribiendo un contrato de prestación de servicios educacionales cuyas cláusulas sexta y séptima establecen los deberes del alumno y una declaración del mismo, en virtud de los cuales acepta regirse por los Estatutos y Reglamentos de la Universidad y que ésta puede aplicar medidas disciplinarias, aceptando la aplicación del Reglamento del Estudiante de Pregrado.

Señala que previo a cualquier análisis, es necesario señalar que el recurrente no impugna el procedimiento aplicado para este caso, más aún indica que recurrió en contra de la resolución que lo eliminó de la carrera. Dicho de otra manera, no existe cuestionamiento alguno al procedimiento aplicado por su representada que concluyó con la eliminación del alumno de la carrera, quedando indemne, en consecuencia, el debido proceso. Lo que reclama el recurrente es que, no obstante los documentos acompañados, no se acogió su solicitud.

Destaca que según el contrato de prestación de servicios educacionales, este contiene cláusulas que establecen las obligaciones de los alumnos, a saber:

“SEXTA: Deberes del Alumno. La calidad de estudiante conlleva esencialmente la obligación de cumplir con los deberes provistos en los reglamentos vigentes en la Universidad Diego Portales, en especial, el reglamento de convivencia estudiantil, el reglamento de estudiante de pregrado y las modificaciones sucesivas que, en conformidad a los estatutos, experimenten (...).El alumno reconoce y acepta expresamente la facultad de la Universidad para aplicar las medidas disciplinarias en los términos establecidos en dichos Reglamentos y por las causales que allí se establecen”.

“SÉPTIMA: Declaración del Alumno. Se deja constancia que el alumno conoce y acepta la normativa interna de la Universidad, en especial, el Reglamento del Estudiante de pregrado, el de Convivencia Estudiantil y el documento denominado “Condiciones Generales de Matrícula”, todos los cuales constituyen parte integrante del presente contrato de prestación de servicios educacionales”.

Puntualiza que dentro de los deberes del alumno se encuentran aquellos que dicen relación con las exigencias académicas, de forma tal que, su no cumplimiento acarrea una consecuencia, la que se encuentra prevista en el artículo 32 del Reglamento del Estudiante de Pregrado, el cual establece que las causales de eliminación de los alumnos de una carrera por razones de índole académica son las siguientes:

a. Reprobar por segunda vez, tres o más asignaturas, en el plan de estudios en que se encuentra inscrito el alumno.

b. Reprobar una misma asignatura tres o más veces, en el plan de estudios en que se encuentra inscrito el alumno.

c. Reprobar más del 50% de las asignaturas cursadas en un año académico.

Explica que el proceso de eliminación de un estudiante se rige por una serie de normas y procedimientos, en este caso, establecidos en el Reglamento del Estudiante de Pregrado y en el Reglamento de la Facultad de Ingeniería, los que se encuentran debidamente publicados en la página web de la Universidad.

Añade que, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento del Estudiante de Pregrado, “Los alumnos que hubieren incurrido en causal de eliminación, tendrán derecho a solicitar al Comité de Carrera respectivo, su permanencia en la Universidad”.

A su vez, el artículo 35 del Reglamento de la Facultad de Ingeniería señala: “El Comité de Carrera es responsable de revisar la situación académica de los alumnos en condición de causal de eliminación y de resolver las solicitudes de permanencia que presentan estos estudiantes. Este comité está conformado por cada Director de Escuela, dos académicos jornada nombrados por el Consejo de Escuela y un estudiante de la carrera representante del Centro de Alumnos”.

Por otra parte, en el artículo 33 del mismo Reglamento, se establece que es la Comisión de Gracia, la que conocerá las solicitudes de reconsideración de alumnos cuya eliminación haya sido confirmada por el Comité de Carrera respectivo.

Finalmente, está la Comisión Especial de Gracia de la Vicerrectoría Académica, que es la encargada de recibir las solicitudes de alumnos que incurren por primera vez en una causal de eliminación cuya solicitud de permanencia en la carrera o programa respectivo haya sido rechazada por el Comité de Carrera y por la Comisión de Gracia de la Facultad, que no es el caso del recurrente, ya que él había incurrido en causal de eliminación en el segundo semestre del año 2016, aquella vez, por la causal contemplada en la letra c) del artículo 32 del Reglamento del Estudiante de Pregrado, esto es: “Reprobar más del 50% de las asignaturas cursadas en un año académico”. Sin embargo, mediante Resolución N° 070/2016 de fecha 11 de agosto del mismo año se accedió a su solicitud de permanencia. Luego, el segundo semestre de 2017, el alumno solicitó la anulación de sus estudios lo cual también le fue concedido de manera excepcional.

En cuanto al rendimiento académico del estudiante, aclara que éste fue siempre deficiente, acumulando un promedio general de notas de 3,6 y de las 50 asignaturas que pudo inscribir en los 6 años que estuvo como alumno de la Universidad, reprobó un total de 21 asignaturas.

Refiere entonces que el alumno nuevamente incurrió en causal de eliminación, el segundo semestre del año 2019, esta vez la causal de la letra b) del artículo 32 del Reglamento del Estudiante de Pregrado, esto es: “Reprobar una misma asignatura tres o más veces, en el plan de estudios en que se encuentra inscrito el alumno” porque, efectivamente, el señor nombre reservado reprobó la asignatura “Modelos Estocásticos” por tercera vez. Ante aquella situación, el recurrente solicitó su permanencia al Comité de Carrera el que en esta ocasión rechazó su solicitud, para luego ser rechazada la apelación ante la Comisión de Gracia de la Facultad.

En cuanto a su situación disciplinaria, es necesario hacer presente que el alumno durante el año 2016 fue objeto de un Tribunal de Honor, instancia que revisa la conducta de los alumnos al interior de la Universidad cuando estos han vulnerado el Reglamento de Convivencia Estudiantil. En dicha ocasión fue objeto de una sanción que consistió en la suspensión de un semestre académico, según dan cuenta las resoluciones que se acompaña en un otrosí de este escrito, sanción que podría haber llegado a dos semestres académicos de suspensión, pero que, sin embargo y, nuevamente en una actuación pro alumno se le aplicó la más baja que contempla el reglamento respectivo para el tipo de conducta en que incurrió.

Lo anterior, si bien es cierto dice relación con una conducta de convivencia, si permite al menos, establecer el perfil del alumno quien en diversas oportunidades ha incurrido en vulneraciones a los distintos reglamentos que regulan la actividad, tanto académica como conductual, de los miembros de la Universidad y, en todas ellas se le ha permitido seguir adelante.

Asimismo, el año 2017, específicamente el segundo semestre de dicho año, el alumno solicitó la anulación de sus estudios lo cual también le fue concedido.

Es necesario hacer presente que la anulación dice relación con; “aquel alumno que, por motivos fundados, retira los cursos que había inscrito, reteniendo su derecho a reinscribirlos en el siguiente período académico.” Es decir, es una decisión facultativa de la Escuela autorizar la anulación de los cursos, dicho de otra manera es un excepción que ello ocurra, sin embargo, para el caso del recurrente se le permitió anular sus estudios el segundo semestre del año 2017, demostrado nuevamente la actitud por alumno de mi representada.

Destaca que las Universidades son instituciones dotadas de autonomía, por lo que generan su propia regulación, que en este caso son los Reglamentos ya referidos cuya aplicación no puede estimarse como arbitraria o ilegal, toda vez que dichas normas se aplican a todos los alumnos por igual y el derecho a solicitar la permanencia no conlleva su necesaria aceptación y, porque la eliminación de un alumno de la carrera que cursa, por incurrir en una causal académica, prevista en los reglamentos de la Universidad, después de haber aplicado un procedimiento no impugnado, no puede ser visto como un acto ilegal.

Señala que se infiere que para la procedencia del recurso es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

Por estos motivos, aduce que no se observa cómo o de qué forma la eliminación de un alumno de la carrera que cursa por incurrir en una causal académica, prevista en los reglamentos de la Universidad, después de haber aplicado un procedimiento que no está impugnado, puede ser visto como un acto ilegal. Por lo demás el propio recurrente señala; “Sin perjuicio de haber presentado la documentación correspondiente esta fue rechazada por el comité de gracia siendo apelada dicha resolución y pese a todos estos antecedentes, con fecha 23 de enero de 2020 se resolvió rechazar mi petición, siendo notificado el mismo día vía correo electrónico por parte del decanos de la facultad don nombre reservado”.

Sin perjuicio de lo expresado en el cuerpo de este escrito, es menester señalar que cualquiera sea la calificación que se de a los hechos sometidos al conocimiento de este tribunal no existe vulneración alguna de los derechos que invoca como afectados el recurrente. 1.- Integridad psíquica de la persona. Sobre el particular, indica que desde el momento en que se aplicaron los procedimientos señalados en los Reglamentos Internos de la Universidad, los que permiten conocer y resolver las situaciones generadas por las conductas de los alumnos, cualquiera sea su condición, calidad o estatuto que tenga dentro de la Universidad, se protege y garantiza la imparcialidad en las decisiones que adopte como cuerpo colegiado las diversas instancias llamadas a conocer del asunto, lo que en caso alguno puede llevar a una afectación de la integridad física o psíquica de una persona. 2.- Derecho a la libertad de enseñanza. Según lo establece el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política de Chile, la libertad de enseñanza dice relación con “el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.”

Considerando el texto de la norma transcrita, no parece plausible que el aplicar una medida como lo es la eliminación de una carrera por parte de la recurrida, luego de cumplir con sus procedimientos, pueda afectar el derecho del recurrente a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y muchos menos a escoger un establecimiento de enseñanza para sus estudios. 3.- Derecho de propiedad. Por último, en lo que dice relación con el número 24 del artículo 19 de la Constitución, es dable señalar que con la aplicación de una consecuencia, cuyo origen estuvo en una situación en la que el propio alumno se encuentra inmerso, no se afectó el derecho de propiedad que el recurrente tiene sobre su calidad de alumno, no sólo porque la eliminación de la carrera del Sr. nombre reservado resuelta por las instancias respectivas, se funda en un procedimiento conocido y obligatorio que respeta el principio de la bilateralidad de la audiencia y está prevista en los reglamentos internos, sino que, principalmente, porque la calidad de estudiante está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, dentro de los cuales está el dar cumplimiento a las exigencias académicas que impone la malla curricular a fin de lograr en un futuro la obtención de un título profesional cumpliendo de esa manera con los procesos formativos que mi representada se ha dado.

Finaliza señalando que ninguna de las garantías constitucionales invocadas han sido vulneradas por lo que solicita el rechazo del recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

Segundo: Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Tercero: Que recurre en contra de la decisión que le comunicó el Secretario de Estudios don nombre reservado, quien se limitó a señalarle que debía esperar la decisión del Comité de Gracia de la Universidad, Comité que con fecha 23 de enero de 2020 rechazó su petición por Resolución N°01/2020, confirmando la medida de eliminación de la carrera.

Señala que ingresó a la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad recurrida en el año 2014, y su salud fue diagnosticada con crisis de pánico y tratamiento psiquiátrico, que culminó en un diagnóstico de esquizofrenia, por el cual ha tenido que someterse a variados tratamientos farmacológicos, lo que le provocan estados de somnolencia, desconcentración y problemas cognitivos permanentes que devinieron en intermitencias y retrasos en sus semestres.

Cuarto: En cuanto a su trayectoria académica a lo largo de los años de su carrera, ya en el año 2016, fue objeto de un proceso de eliminación, el cual luego de solicitar se dejara sin efecto, le fue acogida su solicitud. Sin embargo, con posterioridad dado su deficiente rendimiento académico, promedio general de notas 3,6, 21 ramos reprobados y un mismo ramo por tercera vez, fue nuevamente objeto de eliminación, por la causal de la letra b) del artículo 32 del Reglamento del Estudiante de Pregrado, esto es: “Reprobar una misma asignatura tres o más veces, en el plan de estudios en que se encuentra inscrito el alumno”, misma causal que contempla el Reglamento Facultad de Ingeniería y el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales que se suscribe al matricularse, siendo rechazada su solicitud para ser readmitido en los estudios.

En razón de ello se dirigió al Comité de Gracia de la Universidad, por carta de 20 de Enero de 2020, en la que solicita reconsideración atendido su estado de salud, la que fue respondida desfavorablemente el 23 de Enero, en forma general, y conjuntamente con las solicitudes de otros alumnos que también estaban en situación de eliminación, pero solo por razones académicas.

Quinto: Que debe tenerse en cuenta que su caso específico es diferente, ya que aparte de la situación académica, al actor puso en conocimiento de la Universidad, en Julio del 2019, a través de la Secretaría de Estudios, su diagnóstico médico, solicitando ser calificado de manera diversa para poder aprobar la mencionada asignatura, sin recibir respuesta alguna.

Lo anterior, dado que sufría una patología psiquiátrica grave, como es la esquizofrenia, enfermedad que requiere medicamentos a permanencia, que alteran su real saber y entender, y su capacidad de concentración, lo que unido a un cambio en la medicación en el último tiempo, dificultaba aún más, su capacidad de estudio.

Sexto: Que toda la defensa de la Universidad se centra en las deficiencias académicas del recurrente, en razón de las cuales y aplicando la normativa de la Universidad y de la Carrera -que el alumno aceptó al ingresar y suscribir el contrato de incorporación a la institución educacional- al incumplir aquéllas en el área académica, se le eliminó de la misma.

Séptimo: Que, sin embargo, como él propio actor destaca, no se evaluó ni se tuvo en consideración su estado de salud, lo que parece exigible, si estamos ante un Comité de Gracia, el cual debió emitir pronunciamiento tomando en consideración esa especial condición, a más de su rendimiento en notas y reprobación de ramos, o a lo menos emitir un pronunciamiento al respecto de carácter fundado.

Octavo: Que al efecto, el Reglamento del Estudiante de Pregrado contempla en su artículo 16, un sistema de calificaciones diferente, a saber: “Determinadas actividades académicas podrán ser calificadas con notas conceptuales. Para dicho efecto, se utilizarán las notaciones AD (Aprobado con distinción), AP (Aprobado) y RP (Reprobado). A cada una de estas notaciones se les otorgará una equivalencia numérica: AD: 7,0; AP: 5,0 y RP: 3,0, exceptuando en aquellas actividades curriculares que explícitamente declaren en el plan de estudio y/o reglamento de titulación la no equivalencia.

La anotación PP se aplicará al estudiante que, por motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no ha cumplido con las evaluaciones finales de un curso o actividad en que se ha inscrito, o se le ha extendido el plazo de entrega del trabajo de titulación o graduación. El uso de la anotación PP deberá ser autorizado por la Dirección de Escuela o Carrera, debiendo ésta definir las exigencias y plazos que deberá cumplir el estudiante para obtener la calificación definitiva conforme a las políticas de la Vicerrectoría de Pregrado. Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, la evaluación no rendida o no entregada en el plazo correspondiente será calificada con nota 1,0.

El referido Reglamento en su artículo 25, también contempla una situación de excepción para los estudiantes que sean madres o padres, que prescribe: “Por su parte, los estudiantes que sean madres o padres podrán justificar en virtud de tal condición, su inasistencia a clases con el correspondiente certificado médico del niño o niña menor de edad, o bien el documento donde conste la asistencia a controles médicos del menor”.

Ninguna de estas alternativas de evaluación se ha aplicado al recurrente como un diferente sistema de calificaciones, ni la consideración de la existencia de certificación médica a su respecto.

Noveno: Que el actor en el petitorio de su recurso, se limita a solicitar se restablezca el imperio del derecho, dejando al criterio de esta Corte las medidas a adoptar.

Décimo: Que en cuanto a las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas, menciona las del artículo 19 N°s 1, 11 y 24 de la Constitución.

Nos detendremos en la del N° 1, que consagra el “derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona Undécimo: La Constitución garantiza ese derecho tanto del punto de vista de la integridad física como psíquica, y en el caso de autos, lo que está en juego es la integridad psíquica del actor, ya que contando con un diagnóstico médico claro y específico, se ha omitido considerar ese antecedente, calificándolo como un educando cualquiera, que no tiene un buen rendimiento académico a lo largo de su carrera, por lo que aplicando la reglamentación vigente, que está diseñada para alumnos sin ninguna afección, se decidió su eliminación.

De esa forma se ha afectado la mencionada garantía, ya que si bien lo decidido por la Universidad puede calificarse de legal, por encuadrarse dentro de la normativa vigente tanto interna como externa, reviste el carácter de arbitrario, al omitir hacer un análisis de la condición de salud del actor, y bajo esa perspectiva, revisar su solicitud de reconsiderar la medida de eliminación.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso deducido por nombre reservado, solo en cuanto, se ordena a la Universidad Diego Portales y específicamente a la Facultad de Ingeniería Civil, reconsiderar la situación del alumno, no solo bajo la perspectiva académica, sino tomando en consideración la patología psiquiátrica que sufre, y a la luz de tales antecedentes analizados en conjunto, se emita un nuevo pronunciamiento respecto de su solicitud de revisar la decisión de eliminación.

Se previene que la ministra señora González, no comparte lo razonado en el motivo octavo.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile.

Protección N° 17184-2020.- No firma la Ministra señora González Troncoso, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora Jessica González Troncoso e integrada por las Ministras señoras María Rosa Kittsteiner Gentile y Gloria Solís Romero.