nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Karlivis Yolimar Castro Sarmiento, abogada, en favor de Yaluzmar Coromoto nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., por haber rechazado mediante acto de fecha 17 de julio de 2025 la solicitud de retiro de fondos para extranjero, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita se ordene a la recurrida a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente.

Expone que durante julio de 2025 realizó ante la AFP Hábitat una solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros bajo ciertas condiciones.

Sin embargo, recibió un comprobante de rechazo indicando que no procedía su solicitud por no cumplir con los requisitos señalados en las letras a) y b) del número 1 de la mencionada ley, específicamente porque no acompañó los documentos originales de su título profesional como abogada, presentando solo fotocopias del diploma, y porque el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que acompañó vence el 31 de julio de 2025 y se presentó sin legalización (apostilla).

Sostiene que ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la Ley 18.156, siendo procedente el retiro de fondos, pero que la AFP realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen, constituyendo esto una obstaculización en su proceso.

Argumenta que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria y que la exigencia de requisitos adicionales constituye una obstaculización indebida.

Respecto al certificado de afiliación señala que este puede ser verificado y validado a través del sitio web oficial mediante un código de verificación, y que la normativa aplicable no exige expresamente que dicho documento deba ser legalizado o apostillado, sino únicamente que el peticionario se encuentre afiliado a la seguridad social de su país de origen. Añade que es de conocimiento público que la Embajada y Consulado de Venezuela en Chile se encuentran cerrados, lo que imposibilita la obtención de documentos apostillados.

En cuanto al título profesional, explica que la solicitud se realiza online, imposibilitando la presentación de documentos originales, pero manifiesta su disposición a exhibir la documentación original si fuera el único obstáculo para efectuar el retiro.

En cuanto al derecho, señala que la negativa de la AFP vulnera el derecho a la igualdad ante la ley por otorgar un trato desigual, desconociendo la aplicación de la ley y dando un trato diferenciado frente a otros extranjeros y solicitudes análogas; y el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, al privarle de ejercer dicho derecho y de disponer de fondos que pertenecen a su patrimonio.

Sostiene que el acto recurrido es ilegal porque exige requisitos no contemplados en la normativa, y arbitrario por establecer condiciones imposibles de cumplir dada la situación diplomática entre Chile y Venezuela, contraviniendo el principio de que a lo imposible nadie está obligado.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y, se deje sin efecto la resolución de fecha 17 de julio de 2025, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y realizar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. en el siguiente tenor.

En primer término, plantea la improcedencia del recurso de protección en este caso. Señala que esta acción constitucional, de carácter cautelar, está destinada a amparar el libre ejercicio de derechos preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes ante actos arbitrarios o ilegales que impidan, molesten o amaguen su ejercicio. Sostiene que la recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza de carácter arbitrario o ilegal, sino que pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio está definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que pretende, imponiéndole el cumplimiento de requisitos claros y objetivos que no acredita haber cumplido. Advierte que cualquier controversia sobre si corresponde o no acceder a la solicitud requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el Sistema de Pensiones vigente.

En cuanto al fondo, expone que el día 4 de julio de 2025, la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos a técnicos extranjeros según la Ley 18.156, acompañando copia de su cédula de identidad, fotocopia de título de abogada, copia de contrato y anexo de contrato de trabajo celebrado con el empleador Nera Chile SPA, y una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) de 1 de julio de 2025, sin firma responsable ni apostilla.

Indica que el 10 de julio de 2025, la Fiscalía de la Administradora emitió el informe legal FDE Nº501/2025, señalando que no se habían cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del número 1 de la normativa pertinente, por cuanto: a) se acompañaron solo fotocopias del diploma profesional, debiendo presentarse los documentos originales; y b) el certificado de afiliación al IVSS vencía el 31 de julio de 2025 y se acompañó sin legalización (apostilla), requiriéndose un certificado emitido por la entidad de seguridad social que acreditara que durante todo el período que trabajó en Chile tuvo derecho a prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y fallecimiento, debidamente apostillado.

Argumenta que debe exigir la presentación de documentación pertinente que acredite el cumplimiento de los requisitos de la Ley 18.156, la cual debe estar debidamente legalizada; en caso contrario, no puede dar curso a la solicitud. Cita el Oficio N°24472 de 26 de octubre de 2015 de la Superintendencia de Pensiones, que establece que todo trabajador, independiente de su nacionalidad, debe enterar cotizaciones para su cobertura previsional y no como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios, siendo la Ley 18.156 una norma excepcional que debe interpretarse restrictivamente.

En cuanto al derecho, arguye que la Ley 18.156 requiere para la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros: ser extranjero, ser profesional o técnico, estar afiliado a un régimen de previsión social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (acreditado mediante certificación de la institución de seguridad social debidamente legalizada), y que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa al deseo del trabajador de mantener la afiliación a un régimen de previsión fuera de Chile.

Alega que la constancia electrónica de cotizaciones presentada por la actora debe acompañarse con la debida legalización o apostilla por tratarse de un documento emitido en el extranjero que se pretende hacer valer en Chile. Precisa que la verificación en línea del documento no es el mecanismo de validación que establece la legislación chilena respecto a documentos emitidos en el extranjero. Agrega que, si bien la embajada de Venezuela emitía un documento alternativo para facilitar el trámite a sus compatriotas, éste no es un documento único e irremplazable para obtener el beneficio, existiendo siempre la alternativa general que opera para cualquier afiliado extranjero.

Manifiesta que el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados, y el artículo 345 bis del mismo cuerpo legal, contempla como excepción la apostilla para instrumentos otorgados en Estados parte de la Convención de La Haya.

Niega que exista una obstaculización del proceso de solicitud o una mala interpretación de la norma, afirmando que ha procurado dar estricto cumplimiento a la Ley 18.156 y normativa de la Superintendencia de Pensiones. Rechaza que exista una imposibilidad absoluta de obtener la documentación necesaria para acreditar la cobertura previsional en Venezuela, puesto que el IVSS sí emite certificaciones que deben presentarse apostilladas.

Finaliza señalando que no se han vulnerado las garantías aludidas, ya que la negativa a efectuar la devolución de cotizaciones a quien no cumple los requisitos legales constituye el cumplimiento del mandato legal, siendo la revisión de antecedentes efectuada de manera profesional y objetiva para todos los afiliados, añadiendo que los fondos previsionales se encuentran en la cuenta individual de la recurrente, quien podrá usarlos conforme a la normativa del D.L. 3.500 cuando cumpla los requisitos para pensionarse o acceder a otras prestaciones previsionales.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección, con costas.

TERCERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Habitat de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente.

La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

QUINTO: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y… b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”

SEXTO: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, este no satisface no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, no siendo idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N° 18.156, ya que este debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Hábitat S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por la recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: Que, a mayor detalle es importante consignar que al ingresar a web del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N° 23bf51573-2025609, datos proporcionados por la recurrente, figura el siguiente mensaje: “LA CONSTANCIA CON CODIGO DE VERIFICACION: 23bf51573-2025609 se encuentra Vencida”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el presente recurso de protección a favor de Yaluzmar Coromoto nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Se previene que el Ministro señor Matías de la Noi estuvo por no expresar lo consignado en el considerando octavo.

Se previene que el Abogado Integrante señor Cristian Parada concurre al rechazo de la acción deducida solo por lo expresado en el considerando octavo de este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-17163-2025.

En Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.