nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

Visitos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, de 11 de julio de 2025, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en los Nos 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el 26 de junio de 2025 la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida la devolución de sus fondos previsionales, de acuerdo con la Ley N° 18.156. Precisa que fue notificada el 11 de julio de 2025 mediante la aplicación móvil WhatsApp, que su solicitud no sería aprobada debido a que la "Constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, supera vigencia de 120 días".

Argumenta la parte recurrente que si bien la constancia presenta una fecha anterior a los 120 días exigidos, adjuntó debidamente el documento de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el cual fue emitido por la autoridad competente en Venezuela, y legalizado por el Consulado de Venezuela en Chile, así como por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, expone que la Embajada de Venezuela en Chile se encuentra cerrada y no presta funciones consulares, lo cual imposibilita la renovación presencial o directa de dicho documento, siendo este un hecho de público conocimiento que constituye una situación objetiva que escapa de su voluntad, y que hace aplicable el caso fortuito o fuerza mayor establecido en el artículo 45 del Código Civil.

Previas citas legales, pide se acoja la presente acción y ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Segundo: Que Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que su representada rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente en su calidad de técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida, de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones. Añade que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, ya que en los autos no existe un derecho indubitado. Precisa que la Ley N° 18.156 es una norma de carácter excepcionalísima, por lo que debe ser interpretada en forma restrictiva, debiendo cumplirse copulativamente todos los requisitos que establece, lo que no ha ocurrido. Asimismo, cita jurisprudencia de la Corte Suprema que ha respaldado el correcto actuar de la administradora en casos similares, señalando que las exigencias formuladas encuentran sustento en la ley y los criterios de la Superintendencia de Pensiones.

Solicita, en definitiva, el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con expresa condenación en costas, fundado en la improcedencia de la acción cautelar y en el estricto apego de su representada a la legalidad vigente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales. establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que de los antecedentes acompañados al recurso, así como del informe evacuado por la recurrida, se constata que el actor, de nacionalidad venezolana, mediante solicitud N° 1284679 requirió a AFP Provida la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando contrato de trabajo, anexos, título profesional y declaración jurada notariada.

A su vez, consta que la solicitud fue rechazada de acuerdo a comunicación por mensajería instantánea, indicando que la “la solicitud se encuentra rechazada debido a que la Constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, supera vigencia de 120 días”. De lo anterior se desprende que entre las observaciones que se le formularon a su petición se encontraba que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encontraba vigente al momento de ingresarse el trámite.

Quinto: Que sobre el debate en particular es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley N° 18.156, en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.

Sexto: Que, en este contexto, la revisión de los antecedentes acompañados ante esta Corte, permite concluir que éstos no cumplen con elementos mínimos para corroborar su otorgamiento y validez, y así poder acreditar la efectividad de la afiliación previsional y las coberturas mínimas exigidas por la Ley N°18.156 y por la normativa sectorial de la Superintendencia de Pensiones, puesto que no se encuentran vigentes.

Séptimo: Que, acorde a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que los fundamentos y las exigencias que fundan la negativa de la AFP Provida, encuentran sustento en la ley y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria. Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N°18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Octavo: Que, por lo demás, y tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Corte Suprema y de esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución, pues el rechazo constituye un acto administrativo subsanable, existiendo la posibilidad futura de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Por tales consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-17.152-2025.