nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURDIAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro.

Proveyendo al escrito folio 11: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Comparece nombre reservado, colombiano, médico cirujano, interponiendo acción de protección en contra de la SUSESO, por la dictación de RESOLUCIÓN EXENTA N° D-01-S-00374-2024, que le aplicó una multa a beneficio fiscal de 60 UTM y suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas, lo que importaría la afectación de las garantías establecidas en los N° 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso y que se deje sin efecto la mencionada Resolución.

Explica que en el expediente administrativo D-47992-2023, mediante Resolución Exenta N°D-01-S-00413-2023, de fecha 02 de agosto de 2023, notificada con fecha 12 de septiembre de 2023, se aplicó por parte de la SUSESO una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales y suspensión por 30 días de la facultad para otorgar licencias médicas, por haber reincidido por primera vez la emisión reiterada de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico.

Luego, en el expediente administrativo D-115161-2022, mediante Resolución Exenta N°D-01-S-00534-2023, de fecha 27 de septiembre de 2023, notificada con fecha 03 de octubre de 2023, se aplicó por parte de la SUSESO, una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales y suspensión por 90 días de la facultad para otorgar licencias médicas, por haber reincidido por segunda vez en la emisión reiterada de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico.

En contra de la referida resolución, se interpuso un recurso de reposición en el expediente D 179007-2023, el que fue rechazado por la Resolución Exenta N°D-01-S-00083-2024, de fecha 01 de febrero de 2024, siendo notificada el día 07 de marzo de 2024, por lo que ésta quedó firme o ejecutoriada con fecha 01 de abril de 2024.

Señala que la SUSESO inició una investigación de oficio, respecto del otorgamiento de un total de tres licencias médicas emitidas por el profesional, comunicándole el inicio de esta investigación mediante Resolución Exenta N.º D-02-UCLM-00473-2023 de fecha 04 de julio de 2023, por la que se le solicitó informe con el fundamento médico considerado y la ficha clínica respectiva, respecto de las siguientes licencias médicas: A. Licencia Médica N° 78385846-0, emitida el 04 de noviembre de 2022, a nombre reservado, RUN N° RUT reservado, por 18 días. B. Licencia Médica N° 78158977-2, emitida el 02 de noviembre de 2022, a nombre reservado, RUN N° RUT reservado, por 19 días C. Licencia Médica N° 78292741-8, emitida el 03 de noviembre de 2022, a nombre reservado, RUN N° RUT reservado, por 18 días.

Luego, la SUSESO, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° D-01-S-00374-2024, de fecha 18 junio del 2024 señaló que “los antecedentes reunidos en la investigación y que constan en el expediente digital permitieron a la Unidad de Control de Licencias Médicas de la SUSESO, determinaron que profesional nombre reservado, RUN RUT reservado emitió las licencias médicas folios 78385846-0, 78158977-2 y 78292741-8, con evidente ausencia de fundamento médico, esto es, con falta de una patología que produzca incapacidad laboral temporal, por el o los periodos de reposo prescritos”. Y en cuanto a la determinación de la sanción, se indicó: “Aplíquese nombre reservado RUN N° RUT reservado, las sanciones de multa a beneficio fiscal de 60 UTM y suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas, previstas en el numeral 4 del artículo 5° de la Ley 20.585, por haber reincidido por tercera vez en la emisión reiterada de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico”.

Señala que la sanción impuesta por la recurrida afecta su derecho consagrado en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política, desde que se le impide ejercer su fuente de ingreso y poder tener los recursos para financiar la enfermedad que padece de tipo autoinmune y grave.

Sostiene que la emisión de las licencias médicas cuestionadas, se encuentra fundamentada en informes médicos que dan cuenta de la serie de atenciones que han tenido los pacientes y como se han evaluado para concluir el diagnostico. Agrega que durante la tramitación del procedimiento, su parte evacuó el informe médico de rigor, acompañando antecedentes de respaldo.

Afirma que la RESOLUCIÓN EXENTA N° D-01-S-00374-2024 reclamada, en ninguno de sus vistos o considerandos, cuestiona o Desacredita, la existencia de una PATOLOGÍA que pueda causar Incapacidad Laboral en cada caso, la que se encuentra justificada en base a patologías previamente constatadas.

Refiere que, el cuestionamiento administrativo en estos tres casos apunta, al periodo de reposo médico de cada paciente en particular, periodo total de reposo que no corresponde que sea imputado a su parte para sancionarlo. En efecto, lo que se cuestiona es el periodo de reposo, el que no puede ser adjudicado solo a su parte, desde que tales periodos de reposo han sido emitidos por distintos profesionales médicos en el tiempo y que los periodos de reposo por él prescritos -18 y 19 días-, resultan muy inferiores a la sumaria total de los días.

Agrega que la Resolución Exenta reclamada, deja de manifiesto que al SUSESO ha ejercido una fiscalización en base a un objetivo o finalidad distinta de lo previsto en la ley y sin respetar los términos establecidos en la misma, pues (i) no se ha cuestionado la existencia de la patología que sustenta la emisión de las licencias médicas; (ii) solo se cuestiona la extensión del periodo de reposo prescrito, pero en base al reposo total anterior, que no es imputable al reclamante; (iii) y que el fundamento de conclusión, en cada caso, cuestiona el diagnóstico médico del reclamante, no la emisión de licencias médicas en “evidente ausencia de fundamento médico”. Todas estas razones llevan a que la resolución debe ser revocada.

En síntesis, indica que la RESOLUCIÓN EXENTA N.º D-01-S-00374-2024 reclamada, de la SUSESO, utiliza la causal de fiscalización prevista en la Ley N°20.585, consistente en “Evidente Ausencia de Fundamento Médico”, con otros objetivos y para otras finalidades totalmente ajenas a lo que corresponde por ley, en forma arbitraria y discrecional.

Sostiene que, en el caso particular, no se han cumplido ninguno de los requisitos o criterios administrativos establecidos por la propia Entidad Fiscalizante en calidad de “Instructivo” para los efectos de la fiscalización ejercida en base a la Ley Nº 20.585, vale decir, la SUSESO ha obrado en abierta vulneración a las Instrucciones y Directivas propias, que no pueden ser desconocidas ni justificables.

En todo caso, indica que de considerarse legal el actuar de la recurrida, es del todo arbitrario, desde que no se deja constancia de cuál es la metodología empleada por la SUSESO para arribar a la conclusión a la que llega.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, sostiene que los hechos descritos importan la afectación de los derechos previstos en los N° 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto, indica que la decisión pone en peligro la vida del recurrente y de sus pacientes y que además ha recibido un trato desigual respecto de otros profesionales que nos los hostigan como a él. En el mismo orden de ideas, refiere que la libertad de trabajo también se ve perjudicada, porque se le priva de su herramienta fundamental para la atención de sus pacientes, mientras que la decisión tampoco afecta su patrimonio.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja el presente recurso y que se ordene a la recurrida que deje sin efecto la sanción de la multa a beneficio fiscal de 60 UTM y suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas, previstas en el numeral 4 del artículo 5° de la Ley 20.585, absteniéndose de ejecutar la sanción pecuniaria y habilitando desde ya al profesional requirente para la emisión de licencias médicas, sin perjuicio de las demás medidas que la Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condena en costas.

Evacúa informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, solicita que se declare la improcedencia de la presente acción de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con la aplicación de la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas, que establece un régimen especial de reclamación para los interesados, en las materias que se indica, en los términos señalados en los incisos primero y tercero del artículo 58 de la Ley N° 16.395, según lo prescrito en el inciso final del artículo 5º de la citada Ley Nº 20.585.

En subsidio de lo anterior, informa señalando que el artículo 1° de la Ley N° 20.585, estableció que su finalidad dice relación con indicar regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), mediante la aplicación de las medidas de control y fiscalización, relacionadas con dicho instrumento.

En cuanto al presente caso, refiere que en el marco de dicha Ley, y como consta en el expediente del procedimiento investigativo CÓDIGO D-88066-2023, en el marco del PLAN DE FISCALIZACIÓN PARA EL AÑO 2023, de la UNIDAD DE CONTROL DE LICENCIAS MÉDICAS (U.C.L.M.), de una muestra de 1226 licencias médicas emitidas entre el 1° de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023, se seleccionan 3 de ellas para efectos de fiscalizar el correcto uso de la facultad de emitir licencias médicas por el ahora recurrente de los autos de la referencia.

Hace presente que el recurrente ya había sido sancionado por incurrir en la emisión de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico en oportunidades anteriores.

En cuanto al procedimiento seguido en contra del recurrente, da cuenta de la notificación de inicio de la investigación respecto de tres licencias médicas, momento en el cual se le otorgó un plazo de 10 días al recurrente para informar acerca de la justificación o fundamento de las mismas. Además, el recurrente acompañó informes médicas de fecha 17 de julio del año 2023.

El proceso concluyó con la dictación de la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N° D-01-S-00374-2024, de 18 de junio de 2024, en la que se determinó aplicar al Dr. nombre reservado, la sanciones de multa a beneficio fiscal de 60 UTM y suspensión por un año de la facultad para otorgar licencias médicas, previstas en el numeral 4 del artículo 5° de la Ley 20.585, por haber reincidido por tercera vez en la emisión reiterada de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico.

Sostiene que tras evaluar el caso se concluyó que las licencias médicas no estaban justificadas, pues el emisor no acompaña informe médicos, ni otros antecedentes clínicos que permitan determinar la necesidad de reposo o que demuestren rol terapéutico del mismo. Respecto de la mencionada decisión se interpuso recurso de reposición el que fue rechazado.

En cuanto a las alegaciones del recurrente, descarta la afectación de las garantías constitucionales señaladas en su recurso, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condena en costas.

Se ordenó traer los autos en relación:

CONSIDERANDO:

1°.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

2°.- Que, en cuanto a la normativa que regula la materia, el artículo 1º de la ley 20.585 refiere que “La presente ley tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento”, regulando en sus artículos 5º y siguientes un procedimiento para este fin, facultándose a la Superintendencia de Seguridad Social para iniciar una investigación cuando un profesional de la salud emita licencias médicas “con evidente ausencia de fundamento médico”, pudiendo aplicar sanciones, como sucedió en la especie, en que se notificó a la reclamante el inicio de una investigación por tres licencias médicas extendidas. Se siguió en este el procedimiento que la ley prevé: el recurrente presentó los antecedentes que justificaban —en su concepto— las licencias cuestionadas y formuló sus descargos en ante una comisión compuesta por médicos, dictándose luego la Resolución por la cual se la sancionó con 60 UTM por el cargo citado, además de un año de suspensión del derecho a emitir licencias médicas.

3°.- Que, entonces, si en todo el procedimiento la autoridad administrativa se ciñó estrictamente a lo que la ley 20.585 ha previsto, respetándose en todo momento los derechos que dicha normativa otorga al médico investigado y habiendo llegado el organismo técnico a la conclusión antes transcrita, no se advierte ninguna ilegalidad que permita acoger la acción constitucional interpuesta. Y en cuanto a que no se fundamentó la resolución final, lo cierto es que esta se basa en los antecedentes acompañados al procedimiento administrativo, a lo que hay que agregar que el inciso tercero del artículo 5º de la ley 20.585 indica que la Superintendencia de Seguridad Social resolverá “de plano y fundadamente”.

4°.- Que, en consecuencia, si el organismo técnico ha cumplido con la ley, ajustándose al procedimiento que la ley ha establecido, ha otorgado al médico investigado todos los derechos que le asisten y ha resuelto fundadamente y sobre la base de lo que una comisión compuesta por médicos determinó, la acción no puede prosperar pues la juridicidad de todo lo obrado y, específicamente, de lo resuelto, está a salvo, máximo si estamos en presencia de un recurrente que ha sido reincidente en la falta que se le imputa.

5° Que, en consecuencia, se descarta la existencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal que haya afectado las garantías constituciones denunciadas por el recurrente en su recurso.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y notifíquese.

N° Protección 17131-2024