nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dos de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en su favor, y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de la de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos por concepto de crédito social desde su remuneración, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República asegura en el numeral 24 del artículo 19º.

Funda su recurso expresando que, con fecha 15 de noviembre de 2017, suscribió el pagaré N°022CON100476181, en favor de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por la suma de $ 3.400.376, por concepto de capital, más los intereses correspondientes; que se pagaría en 60 cuotas mensuales, conforme detalla.

Sostiene que se vio impedido de cumplir con el pago de dicho pagaré, por lo que dicha entidad interpuso demanda ejecutiva en su contra con fecha 09 de mayo de 2023, como consta en causa Rol C-7583-2023, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, seguida ante el 12º Juzgado Civil de Santiago, que se encuentra en tramitación.

Aduce que desde el mes de mayo del año 2023 está trabajando bajo la dependencia de Workforce Staffing EST Spa, pero que, al momento de revisar su liquidación de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2023, se percató de dos descuentos denominados “Crédito Personal Caja La Araucana Cuota 1/1” realizado por intercaja, por las sumas de $ 108.080 y $ 13.789. Explica que procedió a solicitar sus liquidaciones de sueldo anteriores, constatando que en el mes de septiembre y octubre de 2023 se habían realizados descuentos por las mismas sumas de dinero.

Al respecto sostiene que ello constituye un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación de su derecho de propiedad, toda vez que no habría sido informado previamente por algún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida.

Agrega que la referida caja, al momento de interponer la demanda ejecutiva ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, considera arbitrario que mediante sistema de intercaja verifique la retención de montos equivalentes al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial.

Por todo lo expuesto, y previa referencia a la normativa sobre la materia y jurisprudencia, solicita se acoja el recurso, con costas, ordenando cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente y restituirle los descuentos efectuados, así como también, los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

Acompaña copia de las liquidaciones de sueldo aludidas e E-book de la causa civil singularizada.

Segundo: Que, evacuando informe por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana comparece, a folio 12, doña nombre reservado, abogada, quien solicita el rechazo de la acción interpuesta.

Precisa que a la fecha de su presentación, ha realizado a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, las siguientes remesas: enviadas con fecha 20/09/2023, por $108.080 y $ 13.789; enviadas con fecha 20/10/2023, por $108.080 y $ 13.789; y enviadas el 21/12/2023, por $ 108.080 y $ 31.209.

Asimismo, hace referencia al marco normativo que rige la materia y hace presente que es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley. En ese sentido, alude al mecanismo “InterCajas”.

Destaca que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en correlato con el artículo 58 del Código del Trabajo.

En definitiva, funda su obrar en la normativa vigente, aduciendo la calidad jurídica en que su representada ha actuado, ya que ha solicitado el descuento en calidad de mandataria de Los Andes C.C.AF., la que constituye su acreedor.

Tercero: Que, asimismo, a folio 15 evacuó informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, a través de la abogada Inés Riquelme Arao, quien solicitó el rechazo del recurso.

Explica que dicha Caja de Compensación con fecha 15 de noviembre de 2017 otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito que detalla, por un capital inicial de $ 3.400.376.-, a una tasa de Interés de 2.05%, pagadera en 60 cuotas. Pormenoriza los pagos verificados y las parcialidades en estado de morosidad.

Asimismo, sostiene que el 25 de febrero de 2022 se le otorgó al recurrente un crédito por $899.021, a una tasa de 1.83%, pagadero en 48 cuotas, cuyo primer vencimiento fue el 30 de abril de 2020. Afirma que las cuotas que restan tienen fechas de vencimiento entre el 31 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2024.

Concluye que, en la especie, se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación, de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833, es pertinente y oportuno.

A continuación, se refiere al carácter social del crédito otorgado por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro según la citada norma. Reclama, a su vez, que procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos, y que ni siquiera cuenta con un derecho indubitado que obste a su exigibilidad. Destaca que la acción emanada del mutuo es distinta a la acción cambiaria.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de las garantías fundamentales, señala que éstas solo se podrían ver afectadas si se estuviera cobrando un crédito prescrito lo que no se da en el presente caso. Incorpora citas jurisprudenciales sobre la materia.

Acompaña el expediente de los créditos sociales aludidos.

Cuarto: Como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que de los antecedentes allegados a la presente acción puede inferirse que la recurrida, al mismo tiempo que pretende hacer uso de su derecho a descontar de la remuneración del trabajador parte de las cuotas adeudadas, en virtud de lo establecido en la Ley N° 18.833, interpuso demanda ejecutiva en su contra con fecha 09 de mayo de 2023, como consta en causa Rol C-7583-2023, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, seguida ante el 12º Juzgado Civil de Santiago, que se encuentra en tramitación.

En la referida causa, notificado el recurrente, opuso la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, a lo cual el ejecutante CCAF Los Andes se allanó, como consta en dichos antecedentes. La última actuación en dicho juicio es haber citado a las partes a oír sentencia, omitiéndose por el tribunal recibir la causa a prueba.

Por lo anterior, al pretender el descuento de las cuotas, al mismo tiempo que ha ejercido la acción civil por ese mismo concepto, la recurrida pretende un doble pago, lo que no puede ser aceptado por esta judicatura, pues ello importaría un enriquecimiento injusto, desde el momento que al haber interpuesto la acción ejecutiva debe estarse a lo que resuelva el órgano jurisdiccional, litigio que se encuentra pendiente, como se indicó en el párrafo precedente, teniendo presente que la recurrente CCAF Los Andes se allanó en dicho litigio a la excepción de prescripción total de la acción ejecutiva.

Sexto: Que, en virtud de lo anterior, al haber optado la recurrida por una decisión jurisdiccional del conflicto, sin duda aquello le resta valor al cobro unilateral efectuado mediante el descuento aplicado al recurrente, afectando así el derecho fundamental de este último, respecto de su patrimonio, garantizado en el N° 24 del Artículo 19 de la Carta Fundamental, motivo por el cual la acción cautelar debe ser acogida, en la forma que se indicará en lo dispositivo.

Por estas consideraciones, y con lo dispuesto, además en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debiendo esta última institución cesar en los descuentos efectuados al recurrente, así como restituir al actor todos los descuentos ya efectuados, así como los que ha realizado durante la tramitación de este recurso, con costas.

Acordado con el voto en contra del ministro Sr. Mera, quien estuvo por rechazar el recurso de protección, en virtud de los siguientes fundamentos:

I.- Que el artículo 22 de la ley 18.833, ya transcrito en su inciso primero, entrega a la Caja una facultad, de manera que estando probado que ésta le dio a la recurrente un mutuo dinerario a la recurrente, el que no ha sido pagado en su totalidad, la recurrida se ha limitado a ejercer un derecho que la legislación le concede, de manera que difícilmente puede tacharse su conducta de ilegal o arbitraria.

II.- Que es cierto que respecto de la acción cambiaria emanada del pagaré suscrito por la recurrente la recurrida CCAF Los Andes se allanó en dicho litigio a la excepción de prescripción opuesta por la parte ejecutada, mas ello no obsta a que aquella aún es deudora por la obligación que contrajo al celebrarse el mutuo, sin que exista sentencia judicial que declare la prescripción de la acción ordinaria emanada de este contrato real.

III.- Que, luego, como se dijo, no existe ni ilegalidad ni arbitrariedad en el obrar de la Caja, el que se encuentra amparado por lo que dispone el artículo 22 de la ley 18.833.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Tomás Gray y el voto disidente por su autor.

N°Protección-17118-2023.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la Abogada Integrante señora Soledad Krause Muñoz. No firma el Ministro señor Mera por encontrarse ausente.