nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, diez de diciembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 15: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, egresado de derecho, en representación de nombre reservado, funcionario de Carabineros de Chile, interponiendo recurso de protección en contra del General Director de Carabineros don nombre reservado y del Coronel Allison J. Larrañaga Pino, por mantener vigente una medida de baja de las filas institucionales por mala conducta y no resolver su reincorporación pese a existir una Vista Fiscal que revierte dicha medida, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que han transcurrido más de dos años desde que se dictó la Vista Fiscal que propuso dejar sin efecto la baja, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 3 inciso quinto, 4, 7 letra g), 9, 16, 18 inciso segundo, 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 13 de febrero de 2022, mediante Resolución Exenta N° 48, se dispuso la baja por mala conducta con efectos inmediatos del Carabinero nombre reservado, tras ser víctima de una agresión por parte del ex Carabinero nombre reservado. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2022, la Fiscal Administrativa propuso innovar en dicha medida disciplinaria, sugiriendo en su lugar una sanción de 5 días de arresto con servicios.

Agrega que, pese a que el sumario administrativo fue cerrado y la Vista Fiscal notificada al afectado el 24 de noviembre de 2022, quien manifestó su conformidad, hasta la fecha no se ha dictado resolución definitiva que ordene su reincorporación. Señala que se han realizado gestiones ante el Coronel Larrañaga Pino y el General Director de Carabineros, sin obtener respuesta concreta, limitándose la institución a informar mediante Nota 301 de 17 de junio de 2024 que el sumario continúa en tramitación.

Sostiene que la demora injustificada en resolver vulnera el principio de celeridad establecido en el artículo 7° de la Ley 19.880, así como los derechos a un debido proceso, dignidad y trabajo, configurándose una forma de violencia institucional que afecta la integridad psicológica del funcionario. Añade que se han infringido también las disposiciones de la Ley 18.575 sobre carrera funcionaria y el derecho a la protección de la salud al mantenerlo bloqueado del sistema Dipreca.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y se ordene dejar sin efecto la baja del funcionario nombre reservado, disponiendo su reincorporación inmediata con todos sus derechos legales y reglamentarios. En subsidio, pide que se ordene a Carabineros de Chile dictar la resolución correspondiente en el plazo que la Corte disponga, con costas.

Segundo: Que, según consta del informe evacuado por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, se solicita el rechazo del recurso de protección fundado en tres argumentos principales: la ausencia de un derecho indubitado que amerite protección constitucional; la improcedencia de utilizar la acción de protección como una vía declarativa de derechos; y la extemporaneidad del recurso al haber sido interpuesto fuera del plazo legal de 30 días.

En cuanto al primer fundamento, señala que el recurso de protección, por su naturaleza cautelar, extraordinaria y sumarísima, requiere como presupuesto básico la existencia de un derecho indubitado cuya tutela se persigue. En el caso concreto, el recurrente pretende ser reincorporado a la institución alegando que la sola emisión de la Vista Fiscal lo habilitaría para ello, lo cual constituye un error, pues dicho acto administrativo únicamente representa una propuesta de sanción que puede ser acogida o rechazada por la autoridad competente, encontrándose pendiente la emisión del dictamen definitivo por parte de la Prefectura "Santiago Andes".

Respecto al segundo argumento, expone que el recurrente intenta transformar esta vía recursiva en una instancia declarativa de derechos, alejándose de la naturaleza cautelar propia del recurso de protección. Esta circunstancia ha sido expresamente reconocida por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 25.121-2015, donde se estableció que la acción de protección no persigue la declaración de derechos sino únicamente satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales preexistentes.

En relación al tercer fundamento, indica que el recurso resulta manifiestamente extemporáneo, por cuanto la medida administrativa impugnada ("Baja por conducta mala, con efectos inmediatos") fue dispuesta y surtió efectos durante el año 2022, excediendo con creces el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema para la interposición del recurso de protección.

Finalmente, concluye solicitando que se rechace el presente recurso por las consideraciones expuestas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el acto reclamado como ilegal y arbitrario corresponde a la Nota 301, emitida el diecisiete de junio del año en curso por el Director Nacional del Personal, quien actúa por delegación del General Director de Carabineros. Dicha nota rechazó la solicitud del recurrente para que se dictara una resolución de reincorporación del señor nombre reservado a las filas de Carabineros de Chile, quien había sido dado de baja de la institución mediante la Resolución N° 48 de fecha trece de febrero de dos mil veintidós, la cual aplicó una medida administrativa provisional de baja por mala conducta con efectos inmediatos.

Quinto: Que, sin perjuicio de que formalmente el recurso de protección aparece dirigido en contra de la Nota nro. 301 de 17 de junio de 2024, lo cierto es que ésta no contiene una decisión que tenga la virtud de vulnerar garantía alguna del recurrente -pues se trata de un acto administrativo consistente en una mera “declaración de juicio, constancia o conocimiento”, en los términos del artículo 3, inciso 6º, de la Ley nro. 19.880-. De esta manera, el acto realmente recurrido es la Resolución Exenta nro. 48, de fecha 13 de febrero de 2022, que dispuso la baja del recurrente por mala conducta con efectos inmediatos.; de lo que se sigue que, al haber sido interpuesto el arbitrio en estudio con fecha 18 de septiembre de 2024, el lapso de 30 días que prevé para el ejercicio de la presente acción cautelar el Auto Acordado de la Exma. Corte Suprema sobre la materia aparece excedido con largueza; situación que impone considerarla extemporánea y, por ello, rechazarla, tal como se dirá en lo resolutivo.

Sexto: Que, con todo y, a mayor abundamiento, se debe tener presente que el inciso 1° del artículo 2° de la Ley N° 18.961, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispone que: “Carabineros de Chile como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado y su personal estará sometido a las normas básicas establecidas en la presente ley orgánica, su Estatuto, Código de Justicia Militar y reglamentación interna”.

Por su parte, el inciso 5° del artículo 127 N° 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, faculta a dicha institución para disponer la baja de las filas con efectos inmediatos, por cuanto dispone que: “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

Séptimo: Que, en consecuencia, la decisión impugnada por el recurrente se enmarca dentro de los supuestos de la normativa antes indicada, en virtud de la cual, la autoridad, se encuentra facultada para disponer la baja inmediata de un funcionario, ante un acto calificado como conducta mala, decisión que no reviste un carácter irreversible desde que se encuentra supeditada al resultado final del sumario administrativo que se instruye a fin de investigar los hechos, posibilitando las instancias de defensa del afectado; cuestión que en la especie aún no acontece, por cuanto, dicho procedimiento, se encuentra suspendido ante la existencia de la causa penal instruida en contra del actor.

En efecto, tal como dispone el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, al funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, si se le aplicare en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas, determinándose su ubicación en el escalafón o rol respectivo, considerando el tiempo que permaneció alejado de la Institución, y el pago de las remuneraciones no percibidas en dicho período.

De dicha norma se advierte, que si la sanción final a imponer al actor en su calidad de funcionario policial -luego de la tramitación del procedimiento disciplinario- no es la eliminación o baja de las filas de Carabineros, deberá disponerse su reintegro y el pago de las remuneraciones que debió percibir en el tiempo intermedio.

Octavo: Que, de lo dicho, resulta dable concluir que la recurrida ha actuado dentro de las atribuciones que la ley le confiere, al tratarse del ejercicio de una potestad disciplinaria concedida a la autoridad policial, la que se encuentra legalmente habilitada para adoptar la decisión impugnada, por lo que, no existe ilegalidad en la dictación de tal acto y tampoco aparece que sea fruto de su mero capricho o arbitrariedad, desde que se encuentra debidamente fundado, por concurrir en los hechos que detalla, la gravedad y grado de comprobación que justifica el ejercicio de tal facultad.

Noveno: Que, estableciéndose la legalidad y razonabilidad de la decisión en contra de la cual se recurre y encontrándose en tramitación el respectivo sumario administrativo, se hace innecesario analizar el carácter que revisten los derechos que se denuncian conculcados.

Décimo: Que consecuente con lo relacionado, la presente acción constitucional habrá de ser desechada, sin perjuicio de lo cual la autoridad recurrida deberá instar por la pronta prosecución del procedimiento sumario, atendido que como lo manifestó su apoderado en la vista de la causa, el motivo por el que se encontraba suspendido, ya ha sido superado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en favor de don nombre reservado, en contra del General Director de Carabineros don nombre reservado y del Coronel Allison J. Larrañaga Pino, sin perjuicio de lo dispuesto en el considerando noveno.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Ingreso Corte N° 17.116-2024 Protección