Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes
- Fecha
- 30 de enero de 2024
- Sala
- Sexta
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 17115-2023, sentencia de 30 de enero de 2024
Resumen
Se acoge la protección contra la Caja de Compensación Los Héroes: los descuentos en la remuneración son arbitrarios, pues reinició la cobranza extrajudicial de un crédito ya judicializado y sin acreditar aviso previo, privando al titular de parte de sus remuneraciones.
Texto íntegro
Santiago, treinta de enero de dos mil veinticuatro.
A los folios N° 14 y 15: a todo, téngase presente.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que comparece nombre reservado, y deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en realizar descuentos a sus remuneraciones para el cobro de un crédito social, con lo cual se vulneraría el derecho fundamental consagrado en los numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
La recurrente pretende que se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente; restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como los que puedan efectuarse durante la tramitación de la presente causa; y se condene en costas a la recurrida.
Expone que con fecha 13 de febrero del año 2018, suscribió el pagaré Nº 103773955, a favor de la recurrida, por la suma de $4.985.821, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $164.949, venciendo la primera de ellas en febrero de 2018. Asimismo, en el referido pagaré se estipuló que el simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente, pactó la facultad a su empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.
Señala que perdió su única fuente de ingresos, terminando la relación laboral con su empleador, y al quedar sin trabajo vio enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha 30 de septiembre de 2018.
Narra que C.C.A.nombre reservado lo demandó ejecutivamente el 29 de mayo de 2019, iniciándose la causa Rol C-17790-2019, tramitada ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes con nombre reservado”, en que se ha declarado abandonado el procedimiento con fecha 18 de diciembre de 2023.
Resalta que el hecho de haber sido declarado abandonado el procedimiento es producto única y exclusivamente a desidia, dejación y negligencia de la recurrida en la prosecución y finalización del proceso judicial que ella misma voluntariamente promovió. Asevera que, comenzar un procedimiento de cobro judicial y no realizar todas las diligencias tendientes a su prosecución y finalización, sin fundamento, ni racionalidad alguna, denota una instrumentalización irresponsable e inaceptable de los tribunales de justicia de nuestro País.
Hace presente que en el mes de octubre del año 2023, logró obtener un empleo bajo la dependencia de SAEP Empresa de Servicios Transitorios Limitada, y comenzó a trabajar con la legítima expectativa de percibir remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo a lo pactado con su nuevo empleador.
Alega que a pesar de lo anterior, al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2023, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $164.949.- por concepto “Descuento Crédito Personal CCAF”. Afirma que esto importa un detrimento ilegal y arbitrario de $164.949 a su remuneración mensual.
Destaca que, jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar descuentos que finalmente ordenó a su empleador, por lo que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación en su remuneración mensual, especialmente considerando que la recurrida había judicializado el cobro de la deuda con anterioridad al descuento que por este acto se alega.
De todo lo anterior se desprende que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida de manera forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregarle ninguna información previa, ni tampoco a su empleador.
En cuanto al derecho, cita los artículos 21 y 22 de la Ley N° 18.833, para afirmar que la recurrida ha realizado un uso arbitrario e ilegal de esta normativa. Alega que se trata de un acto de autotutela que consiste en un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que se le ha privado y ha perturbado de su derecho de propiedad sobre $164.949 pesos de su remuneración, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses.
En cuanto a la arbitrariedad del acto, alega que la recurrida al momento de interponer la demanda ejecutiva ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja Los Héroes ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo.
Para apoyar los fundamentos de su recurso, acompaño una copia de la liquidación de remuneraciones del recurrente correspondiente al mes de noviembre de 2023; y copia del Ebook de la causa ROL C-17790-2019, tramitada ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, sobre demanda ejecutiva interpuesta por Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes en contra de nombre reservado.
Segundo: Que, informando, Rosario Infante Medina, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, solicita el rechazo, con costas, del recurso de protección.
Reconoce la existencia del crédito y los descuentos, así como de la existencia del juicio ejecutivo que ha terminado por abandono del procedimiento, sobre lo cual, en particular, señala que en cuanto a las consecuencias jurídicas que produce la declaración de abandono del procedimiento, se pueden distinguir efectos procesales y civiles, pues este produce efectos formales, procesales y de fondo de carácter civil. Desde luego, las consecuencias procesales causados por la sentencia firme que declara abandonado el procedimiento es en lo inmediato la pérdida del derecho de las partes a continuar el procedimiento, el cual desaparece totalmente con el efecto mediato de no poder hacerlos valer en un nuevo juicio. Los efectos de carácter civil que esta situación procesal produce son: que no se extinguen las acciones que el actor dedujo en el juicio cuyo procedimiento se declaró abandonado, ni tampoco las excepciones opuestas por el demandado; el que subsisten los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos, y que no se interrumpe la prescripción por la notificación de la demanda practicada en un procedimiento declarado abandonado, siendo este efecto consecuencia lógica de haber desaparecido todo el procedimiento y extinguido por tanto el juicio.
Alega que una vez declarado el abandono y estando en conocimiento de que el deudor retomó su trabajo, la recurrida, conforme lo permite el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y la Ley N°17.322, solicitó reiniciar el descuento de las cuotas del crédito social. Este descuento se efectuó en el mes de noviembre de 2023, siendo recaudada la cuota en diciembre de 2023. En consecuencia, no existe aquí un actuar “caprichoso” o “injustificado” de parte de la Caja de Compensación al cobrar la deuda pasado un tiempo después de haber recibido el último pago de cuota, por cuanto en el intertanto, como ya se ha relatado, se inició un juicio ejecutivo de cobranza de pagaré que se terminó por abandono del procedimiento, por lo que las acciones de la recurrida para intentar el cobro del crédito se mantuvieron vigentes. Agrega que con posterioridad al término de ese juicio y conforme a la normativa citada, se reinició el cobro extrajudicial, tal cual lo permite el señalado artículo 156.
Reclama que la recurrida ha dado cumplimiento estricto a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social en el Compendio de Crédito Social, en el punto 1.17.3. “Reinicio de Descuentos”, al enviar el correspondiente aviso al señor nombre reservado, informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizan y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones. Detalla que una vez transcurrido el plazo de 15 días otorgado para que el recurrente ejerciera alguna de las alternativas ofrecidas, esto no concurrió, por lo que la recurrida procedió a informar a su empleador del descuento de las cuotas referidas.
Finalmente, afirma que a la fecha no se ha declarado la prescripción ni de la acción cambiaria emanada del pagaré ni de la acción ordinaria emanada del contrato de mutuo.
En cuanto al derecho, alega que no se cumplen los presupuestos para que se pueda acoger el presente recurso de protección, porque la recurrente en su libelo pretensor pasa por alto algunos datos que importa mencionar, a fin de contar con toda la información pertinente para entender si efectivamente aquí se ha vulnerado alguna garantía constitucional. Detalla que cuando en el año 2018, el señor nombre reservado solicitó el crédito lo hizo comprometiéndose que lo pagaría en 60 cuotas mensuales, pero sucedió que habiendo pagado sólo 7 de las 60 cuotas cayó en mora, es decir, habiendo pagado menos del 10% del capital del crédito, afectando con ello a otros trabajadores y al patrimonio del Fondo Social que administra la Caja Los Héroes. Por lo tanto, cabe preguntarse aquí cuál es el derecho de propiedad vulnerado, si el del señor nombre reservado o el del Fondo Social, que si bien administran las Cajas de Compensación pertenece a todos los trabajadores/as afiliados a una Caja de Compensación, y que al igual que el señor nombre reservado, acuden a las Cajas para atender sus necesidades diversas de financiamiento. Por lo que un deber ineludible de las Cajas de Compensación, es obtener el recupero de los créditos para no perjudicar al Fondo Social que beneficia a otros trabajadores, igual que benefició a la recurrente.
Alega que al recurrente se le entregó un monto de dinero que destinó a cubrir alguna necesidad que tenía en ese momento, y que de no haber obtenido ese préstamo no la podría haber satisfecho y quizás hasta habría sufrido un perjuicio o un daño por la falta de ese dinero. Junto con ello y dada la naturaleza propia del contrato de crédito, se comprometió a devolverlo a 60 meses plazo, aceptando pagar el precio por esa facilidad (los intereses), y respecto de todo ello manifestó su voluntad libre y espontáneamente suscribiendo al efecto el contrato y su pagaré. Afirma, entonces, que no se comprende cómo podría el señor nombre reservado haber sufrido una privación, perturbación o amenaza en su garantía del derecho de propiedad cuando él mismo aceptó que se le descontaran mensualmente las cuotas de un préstamo. Él mismo aceptó que mes a mes y durante 60 meses una parte de sus remuneraciones se destinara a pagar el crédito.
Concluye, de lo anotado en los últimos dos párrafos, que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, porque no se ha ejercido ninguna acción distinta respecto de la que se habría ejercido contra otro afiliado en sus mismas condiciones, las que se ajustan plenamente a la normativa vigente en la materia; y que tampoco existe un acto u omisión que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de uno de los derechos o garantías que expresamente tutela el artículo 20 de la Constitución.
Para apoyar los fundamentos del informe, acompaña copia del pagaré correspondiente al crédito N° 103773955, con firma y huella del recurrente; copia de cartola de pago del crédito N° 103773955; y copia de carta enviada al recurrente en octubre de 2023, informando sobre el reinicio de los descuentos de su crédito moroso.
Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.
Cuarto: Que el mérito de los antecedentes expuestos por las partes y documentos acompañados, permiten establecer:
a.- Que la recurrida Caja Los Andes, otorgó un crédito al recurrente por la suma de $4.985.821, el 13 de febrero de 2018, por concepto de capital más los intereses correspondientes, con una cuota mensual de $164.949, pagadero en 60 meses, a contar de febrero de 2018.
b.- Que el recurrente incurrió en mora en septiembre de 2018.
c.- Que la Caja Los Héroes, judicializó el cobro de las cuotas morosas del crédito, interponiendo demanda ejecutiva, en contra del señor nombre reservado, la que ingresó bajo el rol N° C-17790-2019, ante el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, causa que se declaró abandonada por resolución de 18 de diciembre de 2023, constando certificado de encontrarse firme y ejecutoriada dicha resolución con fecha 9 de enero de 2024.
d.- Que la Caja Los Héroes, mediante el convenio de cobro intercajas, procedió a notificar al actual empleador del actor el descuento de las cuotas del crédito social, directamente por planilla de sus remuneraciones mensuales, en los meses de noviembre y diciembre de 2023, por montos de $ 164.949 mensuales.
Quinto: Que, en cuanto a la normativa legal aplicable al caso, si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833, establece, que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.
En este caso, la Caja respectiva, ante la mora en el pago, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito con el actual empleador del protegido, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, al revivir un cobro basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en este caso, de modo que, tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que ejerció ante el Cuarto Juzgado Civil de esta ciudad la acción de cobro ejecutiva, según ha quedado asentado, y que la circunstancia de encontrarse abandonado el procedimiento incoado, en ningún caso importa que la recurrida Caja Los Héroes, quede habilitada para perseguir el cobro mediante el mecanismo establecido en el precepto legal precitado.
Sexto: Que, en ese sentido, la sujeción a la Constitución y las leyes proscribe la arbitrariedad, debiendo de acuerdo con la función pública que ejerce la recurrida conducirse motivada y racionalmente, encontrándose obligada, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al protegido, luego de transcurrido tan extenso lapso de tiempo y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del recurrente de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Al efecto se constata que si bien la parte recurrida acompaña una carta que alega haber enviado en octubre de 2023 al recurrente para comunicar que se realizarían descuentos en las remuneraciones que le paga su nuevo empleador, no consta comprobantes de envío y recibió de dicha misiva en los antecedes de la causa.
Séptimo: Que, constatada la arbitrariedad del acto en que ha incurrido Caja Los Héroes, y la afectación al derecho de propiedad del protegido, en tanto se le priva de parte de sus remuneraciones, ejerciendo abusivamente sus atribuciones, especialmente en casos como éste, al ejercerse respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo sin aviso previo, reiniciando una cobranza extrajudicial a la que renunció al optar por la vía judicial, independientemente de su estado procesal, no cabe sino acoger la acción de protección intentada respecto de la citada Caja de Compensación.
Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, disponiéndose el reintegro y devolución de las sumas descontadas y la abstención por parte de dicha entidad recurrida de ordenar los descuentos que motivan el presente recurso Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Protección N° 17115-2023.