nombre reservado con HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA

Santiago, trece de febrero de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

1°.- Que comparece don Marco Salas Muñoz, abogado, e interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado y en contra del Servicio de Salud Oriente Hospital Luis Calvo Mackenna, por haber incurrido en una omisión ilegal y/o arbitraria consistente en haber terminado anticipadamente su contrata, acto notificado con fecha 29 de noviembre de 2023, que vulnera las garantías de los numerales 2 y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que la relación laboral de la recurrente con el Ministerio de Salud, comenzó el 18 de marzo de 2010, mediante Resolución Exenta Nº 1006 de fecha 28 de abril de ese año, la que da cuenta que ingresó a prestar servicios en el Hospital Regional de Antofagasta, grado 13, bajo la modalidad de contrata, hasta el 13 de marzo de 2023, día en que renunció a petición de la recurrida, y continuó trabajando para el Estado de Chile, pero en el Hospital Luis Calvo Mackenna, en el cargo de Jefa de Servicio de Apoyo, profesional grado 8,44 horas, dependiente de la Subdirección de Recursos Físicos del referido Hospital, cargo al que postuló en el marco de un concurso público, siendo seleccionada.

Señala que tiene continuidad laboral de 13 años, bajo la modalidad de contrata, lo que acredita con el certificado emitido por nombre reservado, Jefa del Departamento Administracion del Personal del Hospital Regional de Antofagasta, en que se reconoce que la recurrente tiene una disponibilidad de 50 días de feriado legal acumulado del año 2023, 5 días de permiso administrativo y 14 días de permiso de descanso reparatorio correspondiente al año 2023, documento que está fechado en Antofagasta el 8 de marzo de 2023, y que fue ratificado por el emitido el 7 de diciembre de 2023, por doña nombre reservado, Subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital Luis Calvo Mackenna, en que reconoce que la recurrente registra a esa fecha los siguiente permisos legales, feriado legal por 45 días pendientes y descanso reparatorio por 14 días pendientes.

Indica que luego de su traslado a Santiago, comenzaron situaciones de acoso por parte de su jefatura, no entregándole la información necesaria para desempeñar su cargo e incluso realizándole un escarnio público.

Expone que el 29 de noviembre de 2023, se le notificó en forma personal y mediante documento que títula como “notificación de renovación parcial de contrato” por la Subdirectora de Gestión de las Personas, que su trabajo terminaba, remitiéndosele además carta por correo certificado a su domicilio, dando cuenta de la notificación de renovación parcial de contrato por resolución N°1390 de fecha 3/07/2023, hasta el 31 de enero del año 2024.

Puntualiza que la protegida jamas ha sido mal calificada en sus 13 años de servicios, ni tampoco se le ha realizado sumario administrativo para terminar su relación laboral.

Reprocha que el acto recurrido de poner término anticipado no está suficientemente fundado lo que lo convierte en un acto arbitrario e ilegal, y que está amparada por la teoría de la confianza legítima en la renovación de contratas, en atención a los 13 años de servicios ininterrumplidos, principio aplicado en materia administrativa, que busca proteger los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen sus derechos.

Agrega que la determinación que la persona nombrada prestará sus labores “mientras sus servicios sean necesarios” entrega a la Administración la facultad de poner término a tales prestaciones con anterioridad al cumplimiento del plazo establecido, pero de manera fundada, expresando los motivos por los cuales ya no son requeridos. Señala que esta fórmula constituye una habilitación consignada en su nombramiento que guarda relación con el carácter temporal o transitorio del mismo, pero no excluye la fundamentación del acto administrativo.

Fundamenta que de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que las sustenten, y en este sentido, el término anticipado de la contrata, como cualquier acto administrativo debe satisfacer los estándares de motivación, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad.

Relata que se le solicitó a la recurrente la restitución de un celular para asignárselo a su reemplazante, lo que confirma que no hay motivo alguno para desvincularla, porque el cargo sigue siendo desempeñado por otro funcionario.

En definitiva, indica que el término anticipado de la contrata de la recurrente, no tiene fundamento alguno para tal efecto, y por lo tanto, tal acto es arbitrario e ilegal, al no expresar fundamentos suficientes y no cumplir con lo dispuesto en la Ley N° 19.880. Una interpretación distinta significaría aceptar que la permanencia de un funcionario se encuentra sujeta a la mera voluntad del Jefe Superior del Servicio, cuestión que contraría la tendencia actual a profesionalizar la Administración del Estado.

Pide acoger la presente acción, declarando que el término anticipado de contrata de la actora le ha privado o perturbado en el legítimo ejercicio de sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política, que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho, entre ellas, mantenerla o reintegrarla en el ejercicio de sus funciones, dejando sin efecto la decisión de término anticipado adoptada y ordenar el pago de sus servicios adeudados durante todo el período en que la decisión impugnada le prive de la función, con reajustes e intereses; estableciendo que sólo podrá ser desvinculada en su cargo, bajo resolución fundada previo sumario administrativo o por calificaciones deficientes que así lo ameriten, todo con costas.

2°.- Que la recurrida en su informe solicitó el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Puntualiza que el Hospital Luis Calvo Mackenna, no posee ningún vínculo laboral o contractual con el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta, y que se trata de entidades distintas en el sentido funcional, orgánico, financiero y administrativo, con representantes legales diferentes, que dependen de disímiles Servicios de Salud, con presupuestos diferenciados. De manera que, estima el recurrido, este solo antecedente bastaría para rechazar el recurso interpuesto, ya que la recurrente trabajó en un período de 5 años para dos empleadores distintos. En ese sentido no puede invocar la confianza legítima, pues no cumple con los requisitos necesarios, como los señala la jurisprudencia y doctrina.

Por otra parte, hace presente que la recurrente renunció voluntariamente al Hospital de Antofagasta, y luego fue contratada por Hospital Luis Calvo Mackenna. Asevera en este sentido, que la actora interpreta de manera amplia y antojadiza la figura del empleador, como que sería el Estado de Chile representado por el Fisco, lo que lleva a la conclusión obligatoria, que el recurrido entonces debió haber sido el Ministerio de Salud o el Estado de Chile por intermedio de la figura del Consejo de Defensa del Estado, quien debió haber sido emplazado en esta acción.

Afirma, además, que el presente recurso no es la vía idónea para los fines perseguidos, atendido que la presente acción cautelar es autónoma, excepcional, que goza de tramitación urgente e informal, por lo que en ningún caso esta instancia extraordinaria puede transformarse en una de lato conocimiento. Adiciona que en el ordenamiento jurídico nacional, existe un procedimiento de reclamo especial ante la Contraloría General de la República, (CGR), para el caso en que se hubiere producido un vicio de legalidad que afecte los derechos de los servidores públicos que se rigen por estatutos administrativos de sujeción especial, que en la especie, se encuentra contenido en el artículo 160 del DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. En ese mismo sentido, señala que el Dictamen Nº E156.769, de 17 de noviembre de 2021, de la CGR, que contiene el nuevo Instructivo sobre confianza legítima en las contratas. Además, tal órgano, con fecha 16 de enero de 2019, con el objeto de optimizar la tramitación de los reclamos en comento creó la Unidad de Protección de Derechos Funcionarios. Asimismo, refiere que el 9 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.280, que hace aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo para la protección de las garantías fundamentales.

Concluye en este aspecto que el propio legislador y la CGR establecieron los mecanismos de impugnación pertinentes y especiales de los actos administrativos como la resolución recurrida en estos autos, en sede judicial y administrativa, los que no han sido ejercidos por la recurrente, siendo esas y no otras, las vías especiales y aptas para reclamar de su eventual irregularidad.

Afirma que en la especie se está frente a una contrata aprobada por Resolución Exenta N° RA N° 116616/841/2023 de fecha 03.04.2023 del Hospital Luis Calvo Mackenna, que designó a la actora nombre reservado, luego se dictó una prórroga de contrata, aprobada por Resolución Exenta N° RA N° 116616/1390/2023 de fecha 03.07.2023 del citado Hospital. Ambas contratas expiraron por el transcurso del tiempo o cumplimiento del plazo estipulado, de manera que operó una forma normal de término de los actos jurídicos. Agrega, que no se necesitó dictar una nueva resolución, no se aplicó sanción y la recurrente desde un inicio estuvo en conocimiento del vencimiento de su contrata en su nuevo trabajo, la cual duró nueve meses.

En consecuencia, indica que la recurrente tiene menos de un año de trabajo para su nuevo empleador Hospital Luis Calvo Mackenna, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, por consiguiente, reitera, que no cumple el plazo requerido para tener una legítima expectativa de renovación de contrata.

En atención a lo anterior, argumenta que no procede invocar la causal de término anticipado de la contrata, toda vez que ésta finalizó por cumplimiento del plazo, esto es, el 31 de Diciembre de 2023, según se desprende de la Resolución Exenta N° RA N° 116616/1390/2023 de fecha 03.07.2023 del Hospital Luis Calvo Mackenna, que prorroga la contrata para la actora, desde el 01/07/2023 hasta el 31/12/2023.

Con respecto a esta situación, asevera que no procede la dictación de una resolución fundada que justifique la no renovación de contrata. Enfatiza que la actora no se trasladó del Servicio de Salud Antofagasta al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, como lo sostiene, sino que tuvo que renunciar a su primera contrata, de manera que perdió la continuidad en el Servicio y la confianza que le amparaba cuando laboraba en el Hospital de Antofagasta.

En definitiva, señala que por los motivos señalados, tampoco se verifica en el caso de marras una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a los derechos invocados por el recurrente en su libelo, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

3°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

4°.- Que, en el presente caso, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la notificación que se le practicó a la actora con fecha 29 de noviembre de 2023, por el cual se puso en su conocimiento la renovación parcial de su contrato por un mes, hasta el 31 de enero de 2024. Tal decisión le fue notificada por doña nombre reservado, Subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas del Hospital Luis Calvo Mackenna.

5°.- Que constituyen hechos no indubitados los siguientes:

A.- Que de los Certificados emitidos por la Jefa de Administración del personal del Hospital de Antofagasta, doña nombre reservado, con fecha 8 y 16 de marzo de 2023, respectivamente, consta que la recurrente nombre reservado, resgistra una disponibilidad de 50 días de feriado legal acumulado del año 2023, 05 días de permiso administrativo y 14 días de permiso de descanso reparatorio correspondiente al año 2023; y que se desempeñó en dicho establecimiento, en calidad de contrata entre el 18 de marzo de 2010 hasta el 12 de marzo de 2023, lo que totaliza 12 años, 11 meses y 25 días.

B.- Que del Certificado suscrito por doña nombre reservado, Subdirectora de Gestión y Desarrolla de las Personas del Hospital Luis Calvo Mackenna, con fecha 7 de diciembre de 2023, consta que la recurrente registra a esa data los siguientes permisos legales: feriado legal, por 45 días pendientes y descanso reparatorio por 14 días pendientes.

C.- Que mediante Resolución Exenta RA N° 110966/37/2023 de 27 de marzo de 2023 se aceptó la renuncia voluntaria de nombre reservado, al cargo de profesional grado 8 EUS, contrata, del Servicio de Salud de Antofagasta, a contar del 13 de marzo de 2023.

D.- Que la actora fue designada a contrata mediante Resolución Exenta RA N° 116616/841/2023, de 3 de abril de 2023, a contar del 13 de marzo de 2023 hasta el 30 de junio de ese año, como Jefe de Unidad asimilado a grado 8 EUS de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales.

E.- Que por Resolución Exenta RA N° 116616/1390/2023, de 3 de julio de 2023, se prorrogó su contrata desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023.

6°.- Que teniendo en consideración el tiempo que la actora se ha desempeñado en el Servicio Público de Salud, tiene una legítima expectativa de estabilidad en el empleo, principio que la Contraloría General de la República, ha desarrollado bajo la figura de la “confianza legítima”, la que además, ha sido reforzada y profundizada por nuestra Excma. Corte Suprema.

7°.- Que, por consiguiente, la decisión de la autoridad administrativa en orden a renovar la contrata de la actora solo hasta el 31 de enero de 2024, resulta arbitrario e ilegal, ya que durante todo el período laboral en el Servicio de Salud Público, 12 años, 11 meses y 25 días, siempre ha sido bien calificada y no se le ha incoado sumario administrativo alguno, para apartarla de sus labores profesionales.

8°.- Que cabe, además, considerar que el recurrido no cuestiona que la actora se haya desempeñado durante el período laboral singularizado en el fundamento anterior, sin solución de continuidad, pues tal circunstancias ha sido expresamente reconocido por aquel, según consta de los Certificados referidos en el considerando 5° letras A) y B).

9°.- Que la conducta del servicio recurrido, descrita en el motivo anterior, ha vulnerado respecto de la actora la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Magna, esto es el derecho de propiedad, ya que la privará, al margen de la ley, de recibir sus remuneraciones correspondiente al período entre febrero y diciembre de 2024, que corresponde al lapso por el cual se le debió haber renovado su contrata, por no existir mérito, como ya se dijo, para no hacerlo, considerando, además, su vínculo laboral se ha extendido pór 12 años, 11 meses y 25 días.

Y de conformidad además con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que se acoge el recurso de protección deducido por el abogado Marco Salas Muñoz en representación de nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Oriente Hospital Luis Calvo Mackenna, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución que dispuso la renovación parcial por un mes de su contrato de trabajo, hasta el 31 de enero pasado, y en su lugar se decide que debe ser reintegrada a dicho servicio público, el que deberá dictar la resolución pertinente renovando la contrata de la recurrente hasta el 31 de diciembre de 2024, en las mismas condiciones que la última renovación, debiendo pagársele sus remuneraciones correspondientes al tiempo ha permanecido separada de sus labores, con costas del recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Carreño.

Protección 17.106-2023.

No firma la Abogada Integrante señora Herrera, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega, conformada por la Ministra señora María Loreto Gutiérrez Alvear y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.