nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 19: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación la Araucana, representada legalmente por su Gerente General nombre reservado.

Señala que el 08 de enero del 2015 solicitó un crédito de dinero a C.C.A.F. La Araucana, por la suma de $5.020.632, pagaderos en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $157.494 cada una, con vencimiento la primera de ellas el 28 de febrero del año 2015, cayendo en mora a partir de la cuota N°21 con vencimiento en 31 de octubre de 2016.

Indica que la Caja recurrida efectuó mensualmente dos descuentos en sus remuneraciones desde el mes de agosto a noviembre de 2023, todos los cuales suman un total de $1.126.555.

Estima que la recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada reviviendo un beneficio que la legislación prevé para un cobro oportuno de acuerdo al artículo 22 de la Ley 18.833, el cual consagra una facultad excepcionalísima. Sostiene que esta modalidad está pensada para ser un cobro razonablemente respaldado y oportuno.

Asevera que esta una forma de autotutela que conculca su derecho de propiedad, e igualdad ante la ley garantizados en el artículo 19 N° 24 y 19 N ° 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene que la recurrida se desista de los descuentos por planilla y devuelva todos los dineros descontados con motivo del crédito señalado, con costas.

Segundo: Que informa por la recurrida la abogada Yasna Vukic Z., quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Cita los artículos 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, y asevera que las Cajas de Compensación tiene la obligación legal de proteger el fondo social razón por la que una vez ubicado un deudor se remite la respectiva nómina de descuento.

Alude a la existencia de dos créditos sociales, uno cuyo folio es el N°138-000230309, otorgado en julio de 2014, por un monto nominal de $5.309.516, pactado en 60 cuotas mensuales; y otro cuyo folio es el N°138-000236596, otorgado en enero de 2015 por un monto nominal de $5.020.632, pactado en 60 cuotas mensuales, agregando que respecto del primer crédito se pagó 31 cuotas, durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y respecto del segundo 20 cuotas, durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Reconoce que haber remitido nóminas de descuento correspondientes a ambos créditos, gracias a lo cual, actualmente se encuentran pagadas 35 y 24 cuotas, respectivamente.

Asevera que descuentos practicados en la liquidación de remuneración tienen su origen en los créditos sociales contraídos con C.C.A.F. La Araucana, que eran de pleno conocimiento del actor, no sólo desde que el momento en que le fueron otorgados, sino además atendido el hecho que el recurrente autoriza a realizar los descuentos a su actual y futuros empleadores en los pagarés correspondientes.

Arguye que es falso que la Caja no haya ejecutado acciones para perseguir el cumplimiento de los créditos atendido los descuentos efectuados durante el 2016, 2017, 2018 en ambos créditos, y añade que el tiempo transcurrido no es impedimento para aplicar los descuentos atendido que en este caso la acción emanada de los pagarés y mutuos no están prescritas conforme los plazos de prescripción señalados en el Código Civil. Asegura que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y no opera de pleno derecho, por ende, las sumas de dinero recibidas en préstamo siguen siendo plenamente exigible.

Concluye que en la especie nos encontramos frente a dos créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es legal, pertinente y oportuno, y el recurso de protección no resulta la vía idónea para declarar que no se realiza un cobro oportuno.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que lo fundamentalmente alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario, son dos descuentos ordenados efectuar por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana en la remuneración del actor desde el mes de agosto a noviembre de 2023, respecto de las cuotas acordadas con ocasión de un préstamo social que le fue otorgado el año 2015.

Quinto: Que la sola consideración de que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que responden a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana en el mes de enero del 2015, por más de cinco millones de pesos, cuyo pago pactó en 60 cuotas, las que dejó de pagar a contar de la número 21, lo que no desconoce el actor, quien tampoco alega que la acción de cobro no sea actualmente exigible, siendo precisamente ella la que justifica los descuentos mensuales que se efectúan a su remuneración, dado que la prescripción de la acción para cobrarlo no habría sido declarada judicialmente. Por su parte, la recurrida también dio cuenta de la existencia de un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana en el mes de julio de 2014, por más de cinco millones de pesos, cuyo pago pactó en 60 cuotas, lo cual acreditó mediante la documental acompañada y guarda relación y concordancia con la existencia de dos descuentos de los que da cuenta el recurso.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el recurrente solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad de la obligación que es causa de los descuentos, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

Sexto: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección constitucional deducido por nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-17100-2023.