nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 41; téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña Francisca Macarena Cruz Arancibia, abogada, actuando a favor y en beneficio de don nombre reservado, profesor de Filosofía, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, socióloga; doña nombre reservado, profesora de lenguas y literatura; doña nombre reservado, profesora de educación media; y de doña nombre reservado, profesora de ciencias, por haber creado un perfil de Instagram llamado "rodtorrance.ripoff" utilizando fotografías del recurrente sin su consentimiento ni autorización, conteniendo denuncias públicas por abusador y estafador contra su persona y pegado carteles con la leyenda "SE BUSCA" con su fotografía en postes cercanos a su lugar de trabajo y residencia. Actuaciones que considera ilegales y arbitrarias, ya que se han realizado imputaciones calumniosas e injuriosas, atacando gravemente su honra y reputación, amenazando además su integridad física y psíquica al verse en la obligación de no salir de su hogar por temor a sufrir ataques, todo lo cual ha vulnerado los derechos fundamentales de honra, imagen personal, libertad de trabajo e integridad física y psíquica, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19, numerales 1°, 4°, 16° y 24°, por lo que solicita se ordene la eliminación de cualquier publicación o cartel asociado a esta denuncia en contra del señor nombre reservado.

Expresa que con fecha 24 de noviembre de 2023, la recurrida nombre reservado creó un perfil de Instagram titulado "rodtorrance.ripoff" utilizando fotografías del recurrente sin su consentimiento, el cual contenía 4 partes con denuncias tituladas "DENUNCIA PÚBLICA POR ABUSADOR Y ESTAFADOR. nombre reservado", redactadas por las recurridas nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y otra persona identificada como "Jenna". Dicho perfil consta de 14 publicaciones con 5 fotografías del recurrente, teniendo 605 "me gusta" y 33 comentarios al momento de interposición del recurso.

Posteriormente, refiere que las recurridas procedieron a pegar carteles con la leyenda "SE BUSCA", agregando "POR INFIDELIDAD, PRACTICAS SEXUALES DE RIESGO, EX – NAZI, MANIPULACIÓN Y POR DEBER $2600 DÓLARES POR CONCEPTO DE VISA EN EE.UU", utilizando fotografías del recurrente sin su autorización, en postes ubicados frente a su lugar de trabajo y en los alrededores de su domicilio. Debajo de dicho cartel, agregaron otro con el texto "¡TENGA MUCHO CUIDADO! nombre reservado es una persona que mintió, manipuló y engañó al menos a 4 personas al mismo tiempo, con quienes mantuvo relaciones sexoafectivas sin que ninguna supiese. Fue irresponsable y puso en riesgo la integridad física de quienes decía amar, por lo que sugerimos alejarse lo más posible!", incluyendo un código QR que redirige al perfil de Instagram creado.

Además, una de las recurridas, nombre reservado, compartió en su perfil @veganpiante con más de 9.000 seguidores, una "Historia" invitando a difundir este caso, calificando al recurrente como un "fascista infiltrado en círculos de organización ácrata", una "persona peligrosa" que repartió infecciones de transmisión sexual, realizando un llamado a organizaciones antifascistas a tener cuidado.

Como consecuencia de lo anterior, afirma que el actor se ha visto en la obligación de mantenerse en su hogar y posteriormente mudarse por temor a sufrir ataques contra su integridad física al salir, considerando las amenazas proferidas en los carteles pegados cerca de su domicilio, en una población altamente ideologizada. Todo esto le ha causado un profundo estrés, crisis de pánico y ansiedad, requiriendo licencia médica y medicación.

Por otro lado, refiere que sus actividades laborales se han visto afectadas ya que los carteles se ubicaron fuera del colegio donde trabaja como profesor de adolescentes, quienes tienen acceso a Instagram y por tanto, a las denuncias realizadas en su contra. Adicionalmente, se utilizaron fotografías privadas que no se encontraban en redes sociales, sino sólo en manos del recurrente, así como capturas de conversaciones privadas entre él y una de las recurridas.

Como fundamentos jurídicos, plantea en primer término la procedencia de la acción de protección ante la afectación ilegal y arbitraria de los derechos fundamentales del recurrente. Argumenta que se ha vulnerado su derecho a la honra reconocido en el artículo 19 N°4 de la Constitución, que forma parte de su patrimonio moral y está vinculado a su dignidad humana, ya que las expresiones calumniosas e injuriosas emitidas en redes sociales por las recurridas buscan lesionar su honra e imagen con ánimo dañino. También se alega la infracción al derecho de propiedad sobre la imagen personal del artículo 19 N°24, ya que las recurridas utilizaron fotografías y reproducciones del recurrente sin su conocimiento ni autorización.

A su vez, alega la afectación de su derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1, dada la obligación de mantenerse recluido en su hogar por temor a ataques, así como las crisis de pánico, ansiedad y estrés generadas por esta situación que lo obligaron a solicitar licencia médica y tratamiento farmacológico.

Alega el recurrente la vulneración de su libertad de trabajo del artículo 19 N°16, ya que los afiches pegados fuera de su colegio ponen en conocimiento estas denuncias a la dirección, profesores, apoderados y estudiantes que tienen acceso a las redes sociales, afectando gravemente su reputación y relaciones en la comunidad educativa.

Refiere que en el actual contexto las redes sociales deben ser consideradas como un medio de comunicación, por lo que la publicación de las recurridas debió sujetarse a condiciones mínimas exigibles a quienes publican en medios de comunicación social. Se argumenta que no se logra determinar el interés público que se buscaba cautelar con estas publicaciones usando expresiones ofensivas, las cuales infringen incluso las propias normas comunitarias de Instagram. Además, arguye que el derecho a la libertad de expresión no puede sobreponerse al derecho a la honra y la imagen personal, y que mantener estas publicaciones en redes sociales perjudica considerablemente bienes jurídicos que el Estado debe proteger.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se aperciba a las recurridas a eliminar todo comentario o comunicado publicado en descrédito y deshonra del recurrente en Instagram u otros sitios web o redes sociales, así como datos personales o imágenes suyas. Que se les ordene remover todos los carteles, “pósters” (sic) o afiches pegados en postes. Y que se abstengan de publicar en lo sucesivo cualquier comentario denostativo respecto a su persona, ya sea en redes sociales o a través de “pósters” (sic), carteles o afiches. Todo con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado a la recurrida doña nombre reservado, ésta expone que, si bien reconoce la autoría del relato número 3 referido en el recurso, en el que narra la experiencia que sufrió por parte del recurrente y que le generó un diagnóstico de candidiasis, deniega cualquier otra relación con los hechos alegados y la responsabilidad por la presunta vulneración de derechos que se le imputa.

En cuanto a los hechos, la recurrida alega tres errores fácticos en la narración del recurrente. El primero consiste en suponer que ella tuviera posesión del perfil de Instagram referido, cuestión que no se condice con la realidad, pues no tiene control alguno sobre éste ni conocimiento de su propiedad original o personas con acceso a sus credenciales. Explica que su relato fue solicitado y acordado con dos de las otras recurridas, quienes estimaron haber sido vulneradas por el comportamiento del recurrente, pero que una vez compartido, no tuvo control sobre su publicación y conservación en el perfil de la red social.

El segundo error fáctico alegado es que el perfil y los relatos que allí se narraban ya no existen actualmente en la plataforma de Instagram ni sus publicaciones asociadas, por lo que la vulneración alegada por el recurrente sería imposible en la actualidad. La recurrida afirma haber buscado el perfil para revisar las presuntas vulneraciones, enterándose de su eliminación, desconociendo quién es responsable de ello, en qué momento ocurrió, los motivos que generaron tal decisión y si fue voluntaria o producto de denuncias del propio recurrente que ocasionaron su eliminación por parte de la plataforma.

El tercer error de hecho que sorprende a la recurrida es lo relativo a los carteles que se habrían pegado cerca del lugar de trabajo del recurrente. Afirma desconocer absolutamente su existencia, no tener interés, medios ni disponibilidad para realizar tal acción, ignorando si realmente existen pues no vive ni se desenvuelve en los lugares mencionados. Agrega que, como madre primeriza hace menos de medio año, pegar carteles con códigos QR no está dentro de sus prioridades, desconociendo quién podría haberlos pegado y las razones para hacerlo en caso de ser reales, pues el recurrente no presentó prueba alguna de ello.

En cuanto al derecho, plantea como primera defensa la inexistencia actual de la vulneración alegada, pues al no existir ya el perfil de Instagram que sería la base fáctica de la acción, ésta queda sin fundamento para continuar. Agrega que la petición principal del recurrente de eliminar publicaciones o comentarios deshonrosos ha resultado satisfecha sin necesidad de pronunciamiento, y que aun cuando quisiera satisfacer todas las peticiones, no tiene control para fabricar o recrear las condiciones que le permitan tener injerencia sobre la base de la presunta vulneración, estando la existencia o eliminación del perfil fuera de su control y en manos de quien posea las credenciales de acceso. Por ello, estima que el recurso deviene en improcedente al no poder recobrar el imperio del derecho respecto de una vulneración que, con fundamento o no, ya se ha solucionado.

Como segunda defensa de fondo, la recurrida alega la falta de correlación entre el comportamiento que se le atribuye y la vulneración de los derechos mencionados por el recurrente. Sostiene que de los cuatro derechos invocados, sólo dos serían directamente subsumibles al comportamiento que se le imputa, siendo los otros dos una mera consecuencia indirecta que escapa a su control.

Con respecto al derecho a la libertad de trabajo que se alega vulnerado, la recurrida estima incomprensible tal afectación, pues no ve cómo su actuar podría subsumirse en la privación, perturbación o amenaza que el recurso de protección busca corregir. Descarta absolutamente la privación al no haber despido ni presiones externas con miras a finalizar la relación laboral. En cuanto a la perturbación, si bien podría alegarse por la licencia médica que el recurrente afirma tener debido a los hechos imputados, estima que ello sólo podría enmarcarse en la afectación original al derecho a la honra y propia imagen, al no existir perturbación a la continuidad laboral proveniente del empleador, usuarios del servicio educativo o accionar explícito que signifique tal perturbación.

Por último, argumenta que la amenaza a este derecho no puede configurarse únicamente en el miedo a la reacción que la situación pudiera generar, sino que requiere un accionar que se configure explícitamente como amenaza de afectación futura, nada de lo cual coincide con lo alegado por el recurrente ni puede presumirse por el solo temor a un eventual despido o renuncia, inherente a toda relación laboral.

Respecto a la presunta vulneración del derecho a la integridad psíquica, la recurrida sostiene que ello no es más que un intento de extender la hipotética afectación a la mayor cantidad de derechos protegidos por esta acción. Argumenta que, si bien toda vulneración de derechos puede generar algún grado de afectación psíquica, ello no implica que la acción vulneratoria genere además una vulneración a la integridad psíquica, siendo esta última una mera reacción natural a una situación contraria a los intereses propios, sin que pueda correlacionarse con la vulneración del derecho de cuya afectación emana.

Como tercera defensa, esgrime que la determinación de autoría de los presuntos carteles corresponde a un procedimiento de naturaleza distinta al de la acción de protección. Afirma que la presunta existencia de los carteles se condice más bien con un actuar de carácter delictual concordante con el delito de injuria del Código Penal, cuya fijación de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad debe determinarse en sede penal y no por esta vía. Agrega que el recurrente no brindó prueba alguna de la existencia de los carteles y que, aun así, faltaría determinar su autoría para establecer la responsabilidad de eliminarlos, negando ser quien los pegó o saber quién pudo haberlo hecho. Sostiene que no puede hacerse cargo de un comportamiento que desconoce y escapa a su control, pues aun cuando cediera a las peticiones del recurrente e intentara retirar los carteles, nada impide que sean pegados nuevamente por cualquier interesado, cayendo en el absurdo de tener que sacarlos constantemente, sin justificación para asumir tal carga por ser autora de un relato inexistente en plataforma alguna.

Concluye que las reglas del recurso de protección no brindan la oportunidad investigativa y término probatorio que requiere la determinación del comportamiento del que se le acusa, como fue advertido por el tribunal al declarar inicialmente inadmisible la acción.

Por estas consideraciones, solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, por los fundamentos de hecho y de derecho narrados, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, informando en autos la recurrida doña nombre reservado, profesora de biología en educación media, expone que si bien reconoce la autoría del relato N°4 referido en el recurso, en el que narra la experiencia que sufrió por parte del recurrente y que le generó un diagnóstico de candidiasis, niega rotunda y tajantemente toda otra relación con los hechos alegados y la responsabilidad por la hipotética vulneración de derechos que se le imputa.

En cuanto a los hechos, arguye que el recurrente incurre en tres errores fácticos en su narración. El primero consiste en suponer que ella tuviera posesión del perfil de Instagram referido, cuestión que no se condice con la realidad, pues no tiene control alguno sobre éste ni conocimiento de su propiedad original o personas con acceso a sus credenciales. Explica que su relato fue solicitado y acordado con dos de las otras recurridas, quienes estimaron haber sido vulneradas por el comportamiento del recurrente, pero que una vez compartido, no tuvo control sobre su publicación y conservación en el perfil de la red social.

El segundo error fáctico alegado es que el perfil y los relatos que allí se narraban ya no existen actualmente en la plataforma de Instagram ni sus publicaciones asociadas, por lo que la vulneración alegada por el recurrente sería imposible en la actualidad. Afirma haber tratado de buscar el perfil y publicaciones para investigar los hechos denunciados, pero no tuvo éxito, implicando que a la fecha no existen antecedentes fidedignos u objetivos que demuestren la afectación de los derechos recurridos y hagan necesaria la intervención de este tribunal para restablecer el imperio del derecho.

El tercer error de hecho que sorprende a la recurrida es lo relativo a los carteles que se habrían pegado cerca del lugar de trabajo del recurrente. Afirma que si ya desconocía la propiedad del perfil, es imposible que tuviera conocimiento de la existencia de los presuntos carteles, por lo que la acción no debe dirigirse en su contra, atendido que las publicaciones y carteles pueden realizarse y pegarse por cualquier persona, no siendo imputables a ella pues los ignora y desconoce absolutamente. Agrega que en ese período residía en Estación Central, no teniendo interés, medios ni disponibilidad para realizar una acción como pegar carteles con códigos QR, máxime si el recurrente no acreditó en forma alguna los hechos que denuncia.

En cuanto al derecho, plantea como primera defensa la inexistencia actual de la vulneración alegada, pues al no existir ya el perfil de Instagram que sería la base fáctica de la acción, ésta queda sin fundamento para continuar. Sostiene que la petición principal del recurrente de eliminar publicaciones o comentarios deshonrosos ha resultado satisfecha sin necesidad de pronunciamiento, y que aun cuando quisiera satisfacer todas las peticiones, no tiene control para fabricar o recrear las condiciones que le permitan tener injerencia sobre la base de la presunta vulneración, estando la existencia o eliminación del perfil fuera de su control y en manos de quien posea las credenciales de acceso. Argumenta que, para la procedencia del recurso de protección deben concurrir como presupuestos: a) una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de ella se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución. Por ello, estima que la acción no puede prosperar al no existir en este caso una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a su persona, ni privación, perturbación o amenaza de derecho alguno que requiera tutela, pues los actos denunciados no son efectuados por ella, siéndole inoponibles.

Como segunda defensa de fondo, alega la falta de correlación entre el comportamiento que se le atribuye y la vulneración de los derechos mencionados por el recurrente. Sostiene que de los cuatro derechos invocados, sólo dos serían directamente subsumibles al comportamiento que se le imputa, siendo los otros dos una mera consecuencia indirecta que escapa a su control.

Respecto al derecho a la libertad de trabajo que se alega vulnerado, la recurrida estima incomprensible tal afectación, pues no ve cómo su actuar podría subsumirse en la privación, perturbación o amenaza que el recurso de protección busca corregir. Descarta absolutamente la privación al no haber despido ni presiones externas con miras a finalizar la relación laboral. En cuanto a la perturbación, si bien podría alegarse por la licencia médica que el recurrente afirma tener debido a los hechos imputados, sostiene que ello sólo podría enmarcarse en la afectación original al derecho a la honra y propia imagen, al no existir perturbación a la continuidad laboral proveniente del empleador, usuarios del servicio educativo o accionar explícito que signifique tal perturbación. Arguye que no puede presumirse una vulneración a este derecho por el solo temor a un eventual despido o renuncia, inherente a toda relación laboral. Finalmente, argumenta que la amenaza a la libertad de trabajo no puede configurarse únicamente en el miedo a la reacción que la situación pudiera generar, sino que requiere un accionar que se configure explícitamente como amenaza de afectación futura, nada de lo cual coincide con lo alegado por el recurrente ni puede presumirse por el solo temor a perder el empleo.

En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la integridad psíquica, la recurrida sostiene que ello no es más que un intento de extender la hipotética afectación a la mayor cantidad de derechos protegidos por esta acción. Argumenta que si bien toda vulneración de derechos puede generar algún grado de afectación psíquica, ello no implica que la acción vulneratoria genere además una vulneración a la integridad psíquica, siendo esta última una mera reacción natural a una situación contraria a los intereses propios, sin que pueda correlacionarse con la vulneración del derecho de cuya afectación emana.

Finalmente, como tercera defensa, esgrime que la determinación de autoría de los presuntos carteles corresponde a un procedimiento de naturaleza distinta al de la acción de protección. Afirma que la presunta existencia de los carteles se condice más bien con un actuar de carácter delictual concordante con el delito de injuria del Código Penal, cuya fijación de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad debe determinarse en sede penal y no por esta vía, pues el fin del recurso no es preparar una acción civil o penal. Agrega que el recurrente no brindó prueba alguna de la existencia de los carteles y que, aun así, faltaría determinar su autoría para establecer la responsabilidad de eliminarlos, negando ser quien los pegó o saber quién pudo haberlo hecho. Sostiene que no puede hacerse cargo de un comportamiento que desconoce y escapa a su control, pues aun cuando cediera a las peticiones del recurrente e intentara retirar los carteles, nada impide que sean pegados nuevamente por cualquier interesado, cayendo en el absurdo de tener que sacarlos constantemente, sin justificación para asumir tal carga por ser autora de un relato inexistente en plataforma alguna.

En ese orden de ideas, refiere que las reglas del recurso de protección no brindan la oportunidad investigativa y término probatorio que requiere la determinación del comportamiento del que se le acusa, como fue advertido por el tribunal al declarar inicialmente inadmisible la acción.

Por estas consideraciones, solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, por los fundamentos de hecho y de derecho narrados, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, informando la recurrida doña nombre reservado, socióloga, expone que le sorprenden poderosamente las alegaciones contenidas en el recurso y estima que éste debe ser rechazado por carecer de fundamentos, contener graves errores tanto de forma como de fondo y no haber tenido ella participación alguna en los hechos que se le imputan o atribuyen.

En cuanto a los hechos, reconoce haber mantenido una relación sentimental con el recurrente desde abril de 2021 hasta agosto de 2023, fecha esta última en que por diferencias irreconciliables decidieron ponerle término. Agrega que en noviembre de 2023 se enteró por las otras recurridas de publicaciones realizadas en un perfil de Instagram denominado "rodtorrance.ripoff", pero afirma que se comete un grave error al atribuírsele participación en la creación o administración de dicho perfil, pues no existen indicios que apunten a ello, siendo esperable que la contraparte explique con relativa exactitud el contexto o razonamiento concreto e inequívoco para dar por establecido ese hecho, lo que no ocurre. Asimismo, alega desconocer la identidad de quien se encuentra detrás de dichas publicaciones, las que actualmente son inexistentes al igual que el propio perfil referido.

Respecto a los relatos publicados en dicho perfil en los que ella aparece mencionada, la recurrida afirma que si bien existen algunos hechos similares a los que vivió en su relación con el recurrente y que comentó con familiares, amigos y su psicólogo, hay datos imprecisos y le resulta imposible determinar con exactitud a quienes les refirió esos detalles, careciendo absolutamente de conocimiento del origen, autoría o credenciales de acceso a tales publicaciones.

En relación a la afirmación del recurrente de que las recurridas procedieron a pegar carteles alusivos a su persona, la informante sostiene que existe una carencia absoluta de elementos descriptivos mínimos que permitan establecer que alguna de ellas realizó tal acción, desconociendo por su parte la existencia, contenido y ubicación de esos presuntos carteles.

En cuanto al derecho, argumenta en primer término la ausencia de las vulneraciones alegadas, por cuanto al evacuar el presente informe se ha constatado la inexistencia de los elementos digitales tenidos en vista para configurar la acción ilegal o arbitraria que perturbe o amenace los derechos invocados. Cita jurisprudencia en tal sentido y afirma desconocer si los carteles referidos realmente existen al no haber tenido oportunidad de comprobarlo.

Como segunda defensa de fondo, alega la ausencia de requisitos de la acción de protección, pues estima que no basta con señalar a determinadas personas como autoras de acciones ilegales o arbitrarias para dar por establecida su participación, siendo menester explicar fundamentadamente quién, cuándo y cómo se realizó la acción vulneratoria, so riesgo de carecer de legitimación pasiva por ser indeterminado el sujeto de quien proviene. Arguye así que el recurso, si bien analiza latamente los derechos presuntamente conculcados, no desarrolla con mediana exactitud cómo éstos se habrían vulnerado por ella o terceros, lo que a su juicio resulta imperativo para permitir a los recurridos evacuar el informe con certeza de la acción que se les atribuye o defenderse genéricamente.

Finalmente, sostiene el incorrecto ejercicio de la acción constitucional por parte del recurrente, quien en el cuerpo de su libelo utiliza expresiones que denotan un carácter calumnioso en los hechos, haciendo referencia a delitos contra la indemnidad sexual. Agrega que éste además afirma haber agotado una vía privada para terminar con las afectaciones, sin señalar a qué se refiere con ello y generando con tal aserto una evidente mala fe, por cuanto podría llevar a pensar que el asunto se encuentra en algún otro procedimiento, concluyendo entonces que esta vía no resulta idónea para substanciar las alegaciones vertidas en el recurso, como lo estimó previamente este mismo tribunal al declararlo inadmisible.

Por estas consideraciones, solicita rechazar en todas sus partes la acción de protección deducida, por no resultar la vía procesalmente idónea e incurrir en graves errores de fundamento, con expresa condena en costas.

QUINTO: Que, la recurrida doña nombre reservado, evacuando el informe solicitado, requiriendo el rechazo de la acción de protección deducida en su contra, por no haber incurrido en actuación u omisión arbitraria o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

En relación a los hechos, niega las imputaciones efectuadas en su contra en el recurso, argumentando que el recurrente afirma, sin acreditar o sin que aparezca indubitado, que ella habría creado un perfil en la red social Instagram llamado @veganpiante y realizado la acción de difundir el contenido difamatorio alegado, sin ofrecer ningún antecedente al respecto. Agrega que los únicos antecedentes aportados por el actor son capturas de pantalla de "historias" publicadas en dicha cuenta, cuya particularidad es que sólo se mantienen visibles por 24 horas desde su publicación.

En cuanto al derecho, plantea en primer término la improcedencia de la acción de protección, tal como lo resolvió previamente esta Corte a folio 2, por no resultar la vía idónea para ventilar los hechos que el recurrente estime constitutivos de delito, los cuales deben ser denunciados ante las instituciones correspondientes. Argumenta que no se encuentra acreditada la conducta ilegal y/o arbitraria que se le imputa ni la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos del recurrente, haciendo presente que actualmente no existe en el perfil @veganpiante, de titularidad desconocida, el contenido difamatorio alegado, encontrándose allí solo recetas de comida vegana. Por ello, sostiene que en la especie no concurren los requisitos de la acción de protección, por no existir en la actualidad el acto u omisión ilegal o arbitrario que se pretende imputarle ni haber una perturbación, privación o amenaza a los derechos del recurrente.

Respecto a las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas, arguye en primer término que no aparece acreditado que el actor esté afectado en su libertad de trabajo, al no indicar cómo y en qué magnitud ello ocurre ni que sea atribuible a un actuar ilegal o arbitrario de su parte, sin que la conducta de pegar carteles cerca de su lugar de trabajo le haya sido imputada a ella sino a las otras recurridas. Agrega que el recurrente sólo se limita a indicar su temor a ser despedido, lo que en todo caso sería una decisión de su empleador fuera del ámbito de su actuar, sin acompañar antecedentes de índole laboral que den cuenta de una causal vinculada a los hechos de la presente acción.

En cuanto a la posible afectación del derecho a la vida e integridad física y psíquica del recurrente, la informante sostiene que no está acreditado en qué manera y magnitud ello ocurriría ni que sea atribuible a una conducta ilegal o arbitraria suya, sin que se hayan allegado antecedentes que digan relación con una delicada situación de salud del actor vinculada a los hechos que se le imputan, limitándose éste a enunciar que estuvo un período con licencia médica.

Respecto al derecho a la honra, la recurrida reitera que no existen las expresiones difamatorias que se le atribuyen, las que no han sido acreditadas por el recurrente, siendo por tanto imposible que exista una afectación a este derecho atribuible a su actuar.

Finalmente, en cuanto a la posible vulneración del derecho de propiedad, la informante afirma no entender de qué manera ello ocurriría, pues el actuar que se le imputa no afecta, perturba, priva o amenaza indubitadamente este derecho, sin que el recurrente ofrezca antecedente alguno que dé cuenta de una afectación o detrimento en su patrimonio.

Por estas consideraciones, solicita rechazar en todas sus partes la acción de protección deducida, por los fundamentos de hecho y de derecho narrados, con expresa condena en costas por no tener el actor motivo plausible ni antecedentes para accionar constitucionalmente en su contra.

SEXTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEPTIMO: Que, luego de lo dicho, debe tenerse en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es, que se ordene a las recurridas eliminar las publicaciones que estima ofensivas y abstenerse de realizar nuevas.

Sin embargo, las recurridas informan que esas publicaciones ya fueron eliminadas, de manera que no existe acción que esta Corte pueda ordenar al respecto.

OCTAVO: Que, atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo y que hace innecesario e impertinente cualquier mayor análisis en relación con las alegaciones vertidas por los intervinientes.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, en el evento que el actor estimare que con las publicaciones realizadas se afectó su derecho a la honra, podrá impetrar las acciones civiles o penales que estimare pertinente.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, de doña nombre reservado, de doña nombre reservado y de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17097-2023.