nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Ernesto Manríquez Mendoza, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria de no pronunciarse respecto de su solicitud de prórroga de visa de residente temporal, lo que a su juicio vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y del debido proceso, consagrados en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de prórroga de visa en 30 días, bajo apercibimiento legal, y que se emitan los documentos que acrediten que se encuentra en situación migratoria regular.

Expone que el día 7 de febrero de 2023, el recurrente presentó una solicitud de prórroga de residencia temporal por el sistema informático establecido para el efecto por el Servicio Nacional de Migraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Migración y Extranjería, y 42, 43 y 62 de su Reglamento, la que hasta la fecha de interposición del presente recurso no ha tenido respuesta, ya sea en el sentido de conceder o denegar la prórroga solicitada.

Alega que dicha omisión atenta contra los artículos 4, 7, 8, 14 y 27 de la Ley 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo, además del 3 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, siendo por ende ilegal. Agrega que su fundamento es la negligencia del Servicio Nacional de Migraciones, hecho no justificable legalmente, lo que la hace además arbitraria.

Argumenta que la omisión en resolver por parte del Servicio Nacional de Migraciones infringe el derecho a la igualdad ante la ley y la garantía procedimental administrativa de resolución en un plazo razonable, toda vez que el recurrente ha sido sometido a una inaceptable lotería, en donde algunos extranjeros ven una resolución dentro de plazo, mientras que la mayoría ve pasar uno o más años de espera sin una resolución final, demora excesiva que no tiene una justificación aceptable.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de prórroga de visa de residente temporal presentada dentro de trigésimo día hábil contado desde la notificación de la sentencia, bajo apercibimiento legal, y que emita con carácter inmediato todos los documentos que acrediten que se encuentra en situación migratoria regular.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso el comprobante de envío de solicitud de prórroga de visa de residente temporal correspondiente al recurrente.

Segundo: Que por el Servicio Nacional de Migraciones, evacuaron informe los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Luis Ignacio Salvo, quienes solicitan el rechazo del recurso por no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Exponen que don nombre reservado, ciudadano venezolano, ingresó por primera vez a Chile el 30 de mayo de 2019 por el complejo fronterizo Chacalluta. El 28 de enero de 2020, mediante resolución exenta N°17.902, se le otorgó una visa temporaria sujeta a contrato por 2 años, vigente hasta el 2 de marzo de 2022.

Luego, el 7 de febrero de 2023, el extranjero realizó una solicitud de residencia temporal para realizar actividades remuneradas lícitas, ingresada bajo código 61256004. Puntualizan que en virtud de dicha presentación se emitió un certificado de solicitud en trámite que acredita su situación regular en el país.

Posteriormente el 11 de septiembre de 2023, por comunicación electrónica a folio N°46108950, se informó al recurrente que su solicitud no se encontraba en condiciones de avanzar, requiriéndole acompañar en un plazo de 60 días: contrato de trabajo actualizado y certificado de vigencia laboral firmado ante notario. En la misma comunicación se le indicó que debía pagar los derechos correspondientes. De los registros de la autoridad, consta que el extranjero acompañó antecedentes a su solicitud el 11 de octubre de 2023, encontrándose actualmente en etapa de "Resolución" desde el 61256004.

En cuanto a los argumentos en defensa de la legalidad y falta de arbitrariedad del acto, precisan que la Ley N°21.325 y el D.S. N°177/2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública establecen las funciones y atribuciones del Servicio Nacional de Migraciones para resolver solicitudes de residencia temporal en Chile. En ejercicio de dichas atribuciones es que se tramita la solicitud del recurrente.

Asimismo, dan cuenta que actualmente el actor cuenta con un certificado de permiso en trámite que acredita su condición migratoria regular, pudiendo ejercer actividades remuneradas e ingresar y salir del país libremente durante la tramitación, en virtud de los artículos 77 inciso 1° y 79 del D.S. N°177/2022.

Por otro lado, señalan que el plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 es de naturaleza no fatal, por lo que puede ser superado por la Administración sin que ello implique una ilegalidad o arbitrariedad, siempre que exista un caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, el aumento exponencial de flujos migratorios y solicitudes recibidas constituye un caso fortuito que justifica un retraso por sobre el plazo legal, situación que ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en fallos recientes.

Finalmente, en cuanto a que la mera tardanza en resolver no constituye una conducta que vulnere garantías fundamentales, la recurrida citó la sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°115.064-2022, que desestimó una acción de protección en contra del Servicio por tardanza en tramitar una solicitud, por cuanto no se logró acreditar que ello vulnerara derechos fundamentales. Este criterio fue reiterado en fallos posteriores de dicho tribunal.

Por ello, la recurrida estima que no concurren los presupuestos para la procedencia de la presente acción constitucional, por lo que solicita que se rechace la acción de protección en todas sus partes, con costas.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: comunicación electrónica a folio N°46108950 de fecha 11 de septiembre de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que dicha disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste dicho ejercicio.

Es, por tanto, requisito indispensable para la admisibilidad de la acción cautelar de protección, la constatación de la existencia de un acto ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, resultado del mero capricho de quien lo comete, que provoque alguna de las situaciones descritas y afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en primer término, cabe abordar la solicitud de inadmisibilidad formulada por la recurrida, así como la alegación de falta de legitimación pasiva, que, en síntesis, se fundan en la circunstancia que, conforme a las sentencias que cita, los efectos desfavorables que el recurrente atribuye a la falta de pronunciamiento de su petición, en realidad, son imputables a terceros, que no han observado la ley vigente en la materia.

Quinto: Que, ambas alegaciones deben ser desestimadas, teniendo únicamente presente que, en el presente arbitrio, se identifica claramente una conducta omisiva, que es directamente atribuida a la recurrida, que efectivamente, según reconoce en su informe, persiste al tiempo de la dictación de esta sentencia.

Sexto: Que, en la especie, la parte recurrente funda su acción de protección por la falta de pronunciamiento a su petición de residencia definitiva en Chile, pese a haber transcurrido el plazo de seis meses que consagra el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Séptimo: Que, para resolver, cabe considerar que:

a) El recurrente es de nacionalidad colombiana y solicitó, con fecha 7 de febrero de 2023, ante el Servicio de Migraciones, el beneficio de residencia definitiva; trámite al que se asignó el N° ID 61256004.

b) Dicha solicitud avanzó a la etapa de resolución, encontrándose en ese trámite desde el día 61256004, sin que se haya resuelto a la fecha.

Octavo: Que, en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de residencia definitiva se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ésta no aparece desproporcionada.

Por otra parte, no puede obviarse que el recurrente puede obtener un certificado de solicitud de permanencia definitiva en trámite, lo que le permite desenvolverse normalmente y desarrollar actividades laborales, económicas y en otros ámbitos.

Noveno: Que, además, cabe tener presente que, la Corte Suprema con fecha 20 de marzo del año 2023 en los autos Rol N°115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluye que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

Décimo: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la conclusión del trámite de la solicitud de residencia migratoria, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable, y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la administración no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada con el voto en contra de la ministra Leyton, quien fue de opinión de acoger el aludido recurso, por las siguientes consideraciones:

1°.- Que la ley 19.880, que regula la actividad de la Administración, y establece reglas básicas que se deben aplicar de forma imperativa. Al respecto, cabe subrayar que los principios normativos elementales consagrados en la referida ley de bases, que constituyen una garantía en favor de los particulares frente a la administración, deben ser respetados en el procedimiento administrativo, y al respecto cabe reseñar que el artículo 4º de la citada ley establece cuáles son tales principios, entre los que se incluyen los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad.

A mayor abundamiento, el inciso segundo del artículo 3º de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que, entre otros principios, la administración del Estado debe observar el de impulsión de oficio del procedimiento. A continuación, su artículo 8º indica que los mismos deben actuar “por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos”.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en el artículo 7º de la ley 19.880, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8 de esa misma ley, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

2°.- Que del mérito de lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios a los que se ha hecho alusión, teniendo especialmente en consideración la situación fáctica en la que se encuentra la solicitante. En efecto, es justamente esta omisión la que constituye el proceder ilegal reprochado al recurrido, manteniendo a los afectados en incertidumbre, pese a la obligación legal que tiene de pronunciarse, considerando que el estado de los antecedentes le permite hacerlo, más cuando la respectiva solicitud fue presentada por el protegido con fecha 2 de febrero de 2023.

Lo expuesto es relevante, toda vez que sólo a través de la expedición del acto administrativo respectivo surgen para el administrado una serie de garantías vinculadas con el control jurisdiccional del mismo, revisión que, como se ha señalado, no puede llevarse a cabo en autos debido a la ilegalidad en que ha incurrido la recurrida.

3°.- Que finalmente, la omisión en que incurrió la administración no sólo debe ser calificada de ilegal, sino que, además, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del actor en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-17090-2024.