Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por haber archivado erróneamente su solicitud d

C.A. Santiago Santiago, doce de marzo de dos mil veintiséis.

Proveyendo los escritos folios 49 y 50: a todo, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que comparece, mediante formulario, nombre reservado, de nacionalidad peruana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por haber archivado erróneamente su solicitud de residencia definitiva. Dicha resolución se funda en que la recurrente se encontraría fuera del país desde mayo de 2023; sin embargo, según expone, tal supuesto es errado, toda vez que refiere que registra un reingreso al territorio nacional en agosto de ese mismo año.

En virtud de lo anterior, solicita que se desarchive su solicitud de residencia definitiva.

SEGUNDO: Que, informa el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes.

En cuanto a los antecedentes de hecho que sirven de base señala que doña nombre reservado, extranjera de nacionalidad peruana, ingresó por primera vez a territorio nacional con fecha 28 de febrero de 2015, a través del paso fronterizo correspondiente al Aeropuerto Comodoro nombre reservado.

Con posterioridad a dicho ingreso, mediante Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 20 de julio de 2015, emanada del entonces Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se le otorgó una visa de residencia temporaria por motivos laborales, en calidad de titular y por el plazo de un año, permiso que se mantuvo vigente hasta el día 28 de agosto de 2016. Luego, a través de Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 23 de junio de 2022, del mismo Departamento, se le concedió a la recurrente una visa temporaria en virtud del proceso de regularización del año 2021, también en calidad de titular y por el plazo de un año, permiso que estuvo vigente hasta el día 4 de agosto de 2023.

En lo que respecta a la solicitud de permanencia definitiva formulada por la recurrente, refiere que con fecha 19 de mayo de 2023 la recurrente presentó una solicitud de residencia definitiva individualizada con el ID N°NUM002. No obstante, mediante Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 26 de agosto de 2024, notificada en la misma fecha, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió archivar dicha solicitud y restituir a la peticionaria la suma correspondiente a los derechos pagados por el permiso solicitado, en atención a que, según los registros de la Policía de Investigaciones de Chile proporcionados a esa autoridad, la recurrente registra como último movimiento migratorio una salida del territorio nacional con fecha 27 de mayo de 2023, sin que consten ingresos posteriores al país.

En cuanto a los fundamentos de derecho invocados por el Servicio Nacional de Migraciones para sostener la legalidad de la resolución impugnada y solicitar el rechazo del recurso, refiere que la autoridad que dictó la resolución impugnada, dentro del ámbito de sus atribuciones legales y reglamentarias, sin que pueda reprochársele vicio alguno de incompetencia.

En segundo lugar, en cuanto al fondo de la decisión adoptada, sostiene que con la entrada en vigencia de la Ley N°21.325, en virtud de su artículo sexto transitorio, el permiso de permanencia definitiva fue asimilado al beneficio de la residencia definitiva contemplado en el artículo 78 de dicha ley, entendida esta como el permiso para radicarse indefinidamente en Chile.

En este contexto, hace referencia al artículo 65, inciso segundo, del Reglamento de la mencionada ley, el cual dispone que, tratándose de ausencias del país superiores a doce meses, el extranjero requerirá acreditar cuarenta y ocho meses continuos o discontinuos de residencia para poder postular a la residencia definitiva. La autoridad argumenta que, por analogía y coherencia sistémica, si la normativa exige dicho período de residencia extendida ante ausencias prolongadas, carece de sentido jurídico y práctico continuar tramitando un procedimiento administrativo cuando la persona se ha ausentado del país por más de un año sin haber acreditado previamente ese tiempo de residencia. En tal virtud, la autoridad recurrida califica la situación de la recurrente como constitutiva de un notorio abandono del procedimiento administrativo.

En tercer lugar, como fundamento normativo de la decisión de archivo, invoca el artículo 40 de la Ley N°19.880, que establece como uno de los modos de conclusión del procedimiento administrativo la dictación de una resolución final debidamente fundada. Señala que, en el caso de autos, la resolución de archivo cumple con dicho estándar, puesto que contiene en su parte considerativa las razones que motivaron la decisión adoptada.

En cuarto lugar, en lo referido a la discrepancia planteada por la recurrente respecto de los registros de movimientos migratorios, sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones carece de competencia para pronunciarse sobre dicha materia, por cuanto corresponde exclusiva y legalmente a la Policía de Investigaciones de Chile ejercer el control migratorio, el registro de ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional, así como el registro de dichos hechos en el Registro Nacional de Extranjeros, conforme lo establece el artículo 166 de la Ley N°21.325. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad recurrida señala que, en atención a los antecedentes aportados por la propia recurrente —consistentes en el Certificado de Movimientos Migratorios emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú—, en caso de que Policía de Investigaciones de Chile pudiera aportar nuevos antecedentes que confirmaran un eventual ingreso de la extranjera a territorio nacional en la fecha señalada, el Servicio Nacional de Migraciones se declara disponible para proceder a un nuevo análisis de los antecedentes y evaluar el posible desarchivo de la solicitud de permanencia definitiva.

Por lo expuesto requiere el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que a su turno informa la Policía de Investigaciones, señalando que la recurrente no registra órdenes de aprehensiones, arrestos ni arraigos vigentes en su contra y además acompaña el certificado de viajes Nº NUM004, que informa los movimientos migratorios de la recurrente, en el que se consigna que la recurrente registra una salida del país el 27 de mayo de 2023 y una entrada el 7 de febrero de 2025.

CUARTO: Que, en cumplimiento de lo solicitado por esta Corte, la Policía de Investigaciones aclara que no existe en la base de datos de la Policía el ingreso al país correspondiente al 10 de agosto de 2023.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la misma disposición enumera, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen dicho ejercicio. Son requisitos indispensables para su procedencia la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a la ley— o arbitrario — producto del mero capricho— y que este provoque una afectación directa a un derecho fundamental indubitado.

SEXTO: Que el acto impugnado en estos autos es la Resolución Exenta N°NUM003, de 16 de mayo de 2024, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso el archivo de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente.

SÉPTIMO: Que la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, junto a su Reglamento, establecen el marco normativo para el otorgamiento de la residencia definitiva. El artículo 65 del Reglamento dispone que, tratándose de ausencias superiores a doce meses, el extranjero deberá acreditar cuarenta y ocho meses continuos o discontinuos de residencia para poder postular a dicho beneficio. Asimismo, conforme al artículo 166 de la misma ley, corresponde exclusivamente a la Policía de Investigaciones de Chile el control migratorio y el registro de ingresos y egresos de extranjeros del territorio nacional.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes, consta que la autoridad administrativa resolvió archivar la solicitud de residencia definitiva de la recurrente al verificar, a partir de los registros de la Policía de Investigaciones de Chile, que su último movimiento migratorio correspondía a una salida del país con fecha 27 de mayo de 2023, sin que existiera constancia de su ingreso posterior al territorio nacional. Si bien la recurrente alegó haber reingresado al país en agosto de 2023, aportando un certificado de movimientos migratorios emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, la Policía de Investigaciones informó a esta Corte que no existe en sus bases de datos, registro alguno de dicho ingreso, confirmando además que la recurrente solo reingresó a Chile el 7 de febrero de 2025.

NOVENO: Que, respecto a la calificación del actuar de la recurrida, esta Corte estima que no hay acto arbitrario ni ilegal, toda vez que el Servicio Nacional de Migraciones procedió sobre la base de la información oficial proporcionada por el organismo legalmente competente para llevar el registro migratorio, esto es, la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos antecedentes evidencian que la recurrente se ausentó del país por un período superior a doce meses, sin acreditar el tiempo de residencia exigido por la normativa vigente.

Por lo demás, no es ésta la sede destinada a esclarecer la inconsistencia constatada entre la información que anotan los registros nacionales y los de un país vecino sobre los movimientos migratorios de la recurrente, de manera que existiendo controversia sobre un aspecto de hecho esencial para el éxito de sus pretensiones, resulta evidente que la interesada no es titular de un derecho indubitado susceptible de ser protegido por esta vía.

DÉCIMO: Que, a lo anterior se agrega que la decisión que se cuestiona no es un acto terminal del procedimiento destinado a la obtención del beneficio migratorio que se persigue, manteniendo el interesado la facultad de solicitar el desarchivo y sin perjuicio de la posibilidad de efectuar una nueva solicitud cumpliendo con todos los requisitos necesarios, si así lo desea, por lo que no se advierte, en la especie, la existencia de una privación, perturbación o amenaza a sus garantías fundamentales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° Protección-17087-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Graciela Gómez Quitral, conformada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno y el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón.