nombre reservado con MUTUAL DE SEGURIDAD

Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por haber dictado la Resolución Exenta N° R-01-UME-105050-2024 de fecha 2 de julio de 2024, que rechazó la calificación como enfermedad profesional del diagnóstico de síndrome del túnel carpiano y epicondilitis derecha, actuación que la recurrente considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita una nueva evaluación con profesionales idóneos.

Expone la recurrente que se desempeña laboralmente como ayudante de cocina en el Hotel HF Wang, donde lleva trabajando hace más de 3 meses. Señala que, durante el ejercicio de sus funciones, ha comenzado a padecer molestias en sus manos, padecimiento que la llevó a consultar diversos médicos y a la mutual de seguridad, donde le diagnosticaron síndrome del túnel carpiano bilateral y epicondilitis a derecha.

Agrega que su trabajo de auxiliar de cocina, implica actividades físicas con sus manos, pues al llegar a la cocina debe pelar y lavar todos los ingredientes necesarios para cocinar, así como realizar otros trabajos manuales y usar diversos productos en cocina, los cuales implican movimientos repetitivos todo el día.

Por ello, ingresa una Denuncia de Individual de Enfermedad Profesional el 8 de mayo de 2024 a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, para estudio de posible enfermedad laboral. Dicho organismo calificó como de origen común la patología presentada con diagnóstico de "Síndrome del túnel carpiano, Epicondilitis derecha". Adjunta la resolución emitida por dicha entidad Acudió entonces con fecha 27 de mayo de 2024 a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando en contra de la decisión de la Mutual. Esta entidad procedió a confirmar lo resuelto, mediante la resolución que ahora impugna, concluyendo que no era posible establecer una relación de causa directa entre el trabajo desempeñado y el cuadro clínico presentado, estimando que en las actividades laborales no se evidenciaban factores de riesgo condicionantes de la afección.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene una nueva evaluación por profesionales idóneos para determinar el origen laboral de su patología.

Segundo: Que, informando el recurso, comparece don nombre reservado, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M.), señalando que, analizada la base del sistema Maestro Licencias Médicas Fonasa, la licencia médica N° 102873583-5 de la recurrente, se encuentra aprobada por dicha Comisión en cuanto a su reposo laboral, según consta en la copia de resolución de aprobación que acompaña.

Agrega que la realización del pago de la mencionada licencia médica le corresponde a la Caja de Compensación Los Andes, entidad con la que la recurrente deberá tramitar dicho pago, conforme lo dispone el artículo 23 del D.F.L. N°44/78 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que Fija Normas Comunes para los Subsidios por Incapacidad Laboral de los Trabajadores nombre reservado.

Tercero: Que, también informando el recurso, comparece don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, alegando en primer término su extemporaneidad, fundado en que la recurrente interpuso la acción el 15 de julio de 2024, cuando ya había tomado conocimiento de la situación al menos desde el 27 de mayo de 2024, fecha en que presentó su reclamo ante la Superintendencia, por lo que habría transcurrido el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso por tratarse de materias relacionadas con el derecho a la seguridad social, específicamente con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad, materia que pertenece al campo de la seguridad social y que se encuentra expresamente excluida por el constituyente del ámbito de la acción de protección, al no estar contemplada en la numeración taxativa del artículo 20 de la Constitución Política.

En cuanto al fondo, expone que con fecha 27 de mayo de 2024, la recurrente reclamó contra la decisión de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que calificó como de origen común la patología presentada, consistente en "Síndrome del túnel carpiano y Epicondilitis derecha". Señala que mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-105050-2024 de 2 de julio de 2024, previo análisis de los antecedentes médicos y laborales aportados por el referido organismo administrador, tales como ficha clínica, informes médicos e imagenológicos y estudio de puesto de trabajo, los profesionales médicos de la Superintendencia concluyeron que la afección de la trabajadora es de origen común, toda vez que no fue posible establecer una relación de causa directa entre el trabajo desempeñado y el cuadro clínico presentado.

Agrega que según el informe del Dr. nombre reservado, especialista del Servicio, de fecha 30 de junio de 2024, el estudio de puesto de trabajo no evidenció factores de riesgo por ausencia de combinación de posturas, presentando sólo flexión de muñeca con golpe de talón, pero sin agarre o pinza, y en codo solamente una tarea con extensión con supinación y fuerza mínima.

En definitiva, sostiene que su actuación se ajusta estrictamente a sus facultades constitucionales y legales como organismo fiscalizador del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ejerciendo las atribuciones que le confieren los artículos 7°, 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, y el artículo 30 de la Ley N° 16.395, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su proceder. Por estas consideraciones, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Cuarto: Que, respondiendo el requerimiento formulado, emite su informe don nombre reservado, en representación de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien expone que la recurrente ingresó a dicho organismo administrador el 05 de agosto de 2024, refiriendo adormecimiento en ambas manos, lo que asocia a movimientos repetitivos en su trabajo como ayudante de cocina.

Señala que, conforme al Libro III, Título III del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744, se procedió a efectuar los exámenes y estudios pertinentes para determinar si la patología descrita tendría una relación directa con el trabajo realizado, según lo prescrito en el artículo 7° de la Ley 16.744.

Agrega que del estudio electrofisiológico practicado a la paciente se observaron signos de compromiso neurogénico del nervio mediano a nivel de la muñeca (túnel carpiano) bilateral, de tipo sensitivo motor, intensidad moderada y curso crónico. Sin embargo, el Comité de Calificación de Enfermedad Profesional concluyó que la enfermedad de túnel carpiano bilateral y epicondilitis a derecha no puede ser atribuible al ejercicio de sus funciones, debido a que el Estudio de Puesto de Trabajo no comprobó la presencia de factor disergonómico en la frecuencia, tiempo e intensidad que exige el artículo 7 de la Ley 16.744, no observándose repetición, posiciones extremas de los segmentos estudiados ni tampoco aplicación de fuerza.

Indica que, en virtud de lo anterior, el Comité de Calificación de Enfermedad Profesional procedió a calificar la dolencia como de origen común, siendo derivada a su sistema previsional para continuar su tratamiento, decisión que fue posteriormente confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-105050-2024.

Quinto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que se confirmó la decisión de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, en cuanto a que no procede otorgar la cobertura del seguro de la Ley Nº 16.744 y esa determinación se adoptó por Resolución Exenta N° R-01-UME-105050-2024 de fecha 2 de julio de 2024, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 15 de julio de 2024, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

Asimismo, cabe añadir que en este tipo de casos resulta razonable que el plazo para recurrir se contabilice a partir de la resolución final de la Superintendencia, desde que ella marca, como se dijo, el término definitivo de la vía administrativa, que deja como único camino para procurar revertir la decisión que se estima arbitraria e ilegal la del recurso de protección de garantías constitucionales.

No puede exponerse al recurrente a que, en el evento de deducir el recurso contra la decisión que le afecta, se le responda que debe agotar primero la vía administrativa y que luego cuando lo haga, agotada esa vía, se le diga que debió reclamar contra el acto original. Otorga mayor certeza la postura de esperar el agotamiento de la sede administrativa, mediante el ejercicio de todos los recursos que prevea el ordenamiento para el asunto de que se trate, antes de exigir que se recurra a la tutela constitucional ante los tribunales ordinarios de justicia.

Séptimo: Que, respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por la recurrida, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte del derecho a la seguridad social, que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, cabe señalar que si bien el otorgamiento de licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral al cual éstas pueden dar origen se insertan dentro del marco del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que lo que se censura por la recurrente es la falta de motivación de la resolución que confirmó el rechazo de sus licencias médicas, lo que podría significar una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre prestaciones económicas a las que el ordenamiento jurídico le otorga titularidad y cuya afectación la habilita para recurrir a esta vía urgente y excepcional de protección. Razón por la cual dicha alegación será desestimada.

Octavo: Que, en la especie, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta N° R-01-UME-105050-2024 de fecha 2 de julio de 2024, que confirmó la decisión de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción en cuanto a que no procede otorgar la cobertura del seguro de la Ley Nº 16.744; ello, sin perjuicio de que en el recurso mismo se mencione, además la licencia médica 3102873583-5, la cual por lo demás se encuentra aprobada de acuerdo a los antecedentes aportados por la COMPIN respectiva.

Noveno: Que, conforme al artículo 7º de la Ley Nº 16.744 “Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.

Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del Servicio Nacional de Salud.”.

Décimo: Que, teniendo presente el ámbito dentro del cual se desenvuelve un recurso de protección, conforme se ha indicado anteriormente, no podría esta Corte -sin con ello afectar la legalidad del órgano llamado a resolver la materia- determinar que la enfermedad que aqueja a la recurrente es de naturaleza profesional y no de origen común como se sostiene por la repartición pública recurrida, desde que tal definición debe realizarse dentro de un procedimiento normativamente regulado, por los órganos competentes establecidos en la ley 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y su Reglamento (Decreto N° 101, de 29 de abril de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), tal como aconteció en la especie, razón que determina el rechazo del recurso.

Por lo demás, no puede obviarse que la presente vía, dada su naturaleza cautelar de urgencia, no es aquella prevista por el legislador para conocer y resolver de la materia en que se funda el arbitrio en análisis, cuyo debate debe ser desarrollado en la sede que naturalmente corresponde a dichos asuntos, en el presente caso, ante un juzgado laboral, conforme dispone expresamente el artículo 420 del Código del Trabajo.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado Sr. Manuel Luna Abarza N° Protección-17082-2024.

No firma el ministro (s) Sr. Aravena, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.